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Red Eléctrica de España actualiza su Plan de Acción de Cambio Climático hasta 2020 adaptándolo al Acuerdo de París

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Europa Press.- Red Eléctrica ha actualizado su compromiso con la lucha contra el cambio climático, formalizado en el año 2011, con la renovación del plan de acción 2015-2020, adaptándolo a los numerosos cambios producidos tanto en el panorama internacional, principalmente con el Acuerdo de París, como en la propia gestión de la compañía.

El Plan de Acción de Cambio Climático 2015-2020-2030 determina los objetivos que se han de alcanzar y las acciones propuestas para lograrlos reforzando las principales líneas de acción que ya se estaban desarrollando en Red Eléctrica, según la compañía. Algunas de estas líneas de acción son la contribución a un modelo energético más sostenible; la reducción de la huella de carbono; el posicionamiento y divulgación del compromiso de la compañía en esta materia, y la adaptación al cambio climático, incluyendo como novedad una línea transversal de innovación en este campo.

Una de las principales novedades, según Red Eléctrica, es la ampliación del horizonte de actuación, ya que, además de revisarse los objetivos que se han de alcanzar en 2020, se indican los principales retos para 2030. Respecto a la contribución a un modelo energético más sostenible, el nuevo plan de acción refuerza el compromiso de Red Eléctrica en la consecución de un modelo bajo en carbono, al tener en cuenta en las acciones que hay que desarrollar no solo los objetivos europeos en materia de reducción de emisiones, integración de renovables y eficiencia energética con horizonte 2020 (20-20-20), sino también los establecidos para 2030 (40-27-30).

Asimismo, se introduce un cambio en la definición de los objetivos de reducción de la huella de carbono de la actividad de la compañía en línea con el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC, tal y como recoge la iniciativa internacional Objetivos Basados en la Ciencia. La aplicación de este criterio implica un cambio en el alcance así como en el año de referencia, por lo que se modifican completamente los objetivos generales de reducción, que quedan definidos como: reducción o compensación del 1,5% del total de las emisiones directas e indirectas en el 2020, y del 7% en el 2030.

Para alcanzar estas metas, se definen unos objetivos parciales, entre los que destacan las medidas de eficiencia en el consumo eléctrico, con el fin de reducir el 85% de las emisiones derivadas de este concepto en el 2020 y del 90% en el 2030. También destacan los trabajos ligados al Plan de Movilidad Sostenible para la reducción del 15% de las emisiones asociadas al uso de vehículos de Red Eléctrica en el 2020 y del 30% en el 2030. Por último, la compañía adquiere el compromiso de compensar un mínimo de 20.000 toneladas de CO2 anuales mediante el proyecto El Bosque de Red Eléctrica, además de todas las emisiones que no logre reducir conforme a lo establecido en los objetivos.

El 44% de la electricidad que consume Telefónica ya es renovable, duplicando las cifras de hace un año

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Europa Press.- El 44% del consumo de electricidad de Telefónica es ya renovable, lo que equivale al consumo medio anual de 203.749 hogares. La compañía duplica así el uso de renovables, que hace un año se situaba en el 21%, y acelera para cumplir los objetivos que se ha marcado para contribuir al Acuerdo de París: alcanzar el 50% para 2020 y el 100% en 2030, combinado con una reducción del consumo de energía.

Para hacer público su compromiso, Telefónica se ha adherido a RE100, iniciativa global y colaborativa de empresas influyentes comprometidas con el 100% de electricidad renovable, cuyo objetivo es aumentar masivamente la demanda de esta energía, según señala la compañía. «Nuestro Plan de Energía Renovable nos ayuda a mejorar nuestra competitividad, reducir nuestros costes de operación y compatibilizar el crecimiento con una estrategia sostenible. El objetivo es tener la mejor red, que nos permita ofrecer una conectividad excelente, no sólo en términos tecnológicos sino también la más eficiente y limpia del sector en términos de energía y carbono», explica el CTO Global de Telefónica, Enrique Blanco.

Por su parte, el responsable de la Iniciativa RE100 y The Climate Group, Sam Kimmins, asevera que «al unirse a RE100 y avanzar en sus objetivos de electricidad renovable, Telefónica está demostrando que liderazgo climático y liderazgo empresarial van de la mano». El Plan de Energía Renovable de Telefónica incluye cuatro líneas de acción, en función de los mercados en los que opera y de la regulación vigente en cada uno: adquisición de electricidad renovable con garantía de origen; acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs); acuerdos bilaterales de menor duración, y autogeneración.

Garantías de origen en España

Telefónica argumenta que el avance logrado este año se debe fundamentalmente a la compra de electricidad renovable con garantía de origen en España, que representa un 79% del consumo eléctrico de Telefónica en nuestro país, así como al compromiso de las operaciones de Reino Unido y Alemania, que ya son un 100% renovable. Además, en otros países como Costa Rica y Uruguay, la electricidad que consume la multinacional es renovable en más de un 90%, gracias al alto desarrollo de estas tecnologías en dichos países.

Los PPAs son la vía de actuación preferente en Latinoamérica, donde destaca el acuerdo de Telefónica México para el suministro eléctrico con dos plantas de energía solar fotovoltaica que entrarán en funcionamiento este año y abastecerán a la operadora durante 15 años, lo que supondrá el 50% de su consumo de electricidad anual, según Telefónica, que indica que en 2017-2018 está previsto suscribir nuevos PPAs en otros mercados en los que la regulación lo permite, como Chile, Argentina y Colombia.

Telefónica también detalla que cuenta con autogeneración con energías renovables y está innovando para aumentarla en su red. Actualmente tiene 4.200 estaciones base de telefonía móvil que funcionan de forma autónoma con electricidad limpia y está instalando en Uruguay 16 plantas solares fotovoltaicas en sitios rurales. Con una potencia de 24kWp, generarán casi 600 MWh de energía renovable al año, lo que equivale al consumo medio de 172 hogares. Asimismo, en su complejo empresarial en Madrid, Distrito Telefónica, las placas solares generan más de 3GWh/año.

Además, en los últimos dos años Telefónica ha hecho una inversión de 1,4 millones de dólares en sistemas de generación fotovoltaica en Colombia, lo que le ha permitido sustituir equipos que consumen diésel. Así, evitó la emisión de 474 tCO2, el equivalente a la absorción anual de 91 hectáreas de bosque, y logrará un ahorro anual aproximado de casi 500.000 dólares. Como parte de los nuevos objetivos de energía y cambio climático, la multinacional se ha propuesto reducir el consumo de diésel un 4% anual y para ello iniciará el despliegue de este tipo de proyectos de energía renovable en las demás operadoras del Grupo.

Ciudadanos pide al Gobierno que negocie acuerdos de interconexión de electricidad y de gas con países del norte de África

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Europa Press.- Ciudadanos quiere que el Gobierno potencie la interconexión energética con los países del norte de África, lo que permitiría diversificar el suministro energético y reducir la dependencia del exterior. Según señalan, esta reducción de la dependencia energética permitiría garantizar, en el ámbito de la Unión Europea, “una mayor independencia de su posición diplomática». Además, destacan que España sería el socio que impulsara esta expansión, «dada su posición privilegiada a nivel geoestratégico», permitiendo al país «ofrecer beneficios al resto de socios«.

Así consta en una proposición no de ley que Ciudadanos registró en el Congreso, firmada por su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez. En ella, insta además al Gobierno a que establezca el incremento de la interconexión energética, tanto eléctrica como gasística, como «eje de su política energética y diplomática». Ciudadanos recuerda que los objetivos del país en interconexión eléctrica pasa por alcanzar un 10% del consumo total antes de 2020 y elevar dicho porcentaje hasta el 15% para 2030. Sin embargo, según remarcan, esta capacidad se sitúa actualmente en el 2,8% «y ello tras haberse duplicado dicha capacidad con la inauguración en 2015 de la nueva interconexión de los Pirineos«.

«Del mismo modo, resulta alarmante el enorme coste de oportunidad en el que se está incurriendo al orientar los trabajos de interconexión, de manera casi exclusiva, al norte de la Península Ibérica», manifiesta Rodríguezen su exposición de motivos. La portavoz de Energía considera que «las potencialidades que ofrece la parte norte del continente africano en esta materia son enormes».

Ciudadanos recuerda que las interconexiones contribuyen a cumplir con los objetivos de sostenibilidad medioambiental, y la competitividad del sector energético. Así, destaca que este sistema permite «el aprovechamiento mutuo de la generación de energía renovable en el ámbito eléctrico a través de su exportación dando salida a excesos puntuales» y que, respecto a la garantía de un suministro suficiente, provee «de una red de seguridad en momentos de menor producción».

Por último, subraya que contribuye a crear «un mercado más grande y, por ende, facilita a los intercambios comerciales de energía al incrementar el grado de oferta y demanda del mismo«. «De hecho, es así como esta necesidad se entiende en el seno de las instituciones europeas de cara a la estrategia del Mercado Interior de la Energía», concluye Ciudadanos.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) avala el canon eólico de Castilla-La Mancha

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Europa Press.- La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokkot, avaló el canon eólico diseñado en 2011 por Castilla-La Mancha para que las empresas del sector pagaran una tasa con la que compensar los posibles daños en el territorio y medioambiente por la instalación de parques eólicos.

En sus conclusiones, la magistrada sostiene que el gravamen autonómico «es compatible» con la normativa comunitaria en materia de energía y de impuestos especiales, siempre que el canon «no impida» a España alcanzar las cuotas mínimas de consumo de energías renovables comprometidas con el resto de la Unión Europea. Así, considera «poco probable» que una tasa autonómica suponga una traba para el compromiso global del Estado y recalca que no hay señales de que España «haya incumplido ni vaya a incumplir esa obligación principal». Las conclusiones de los abogados generales no son vinculantes, pero una gran mayoría de sentencias dictadas por el TUE siguen la línea marcada por estos dictámenes.

El canon eólico afecta en Castilla-La Mancha a 115 parques instalados en el territorio regional y supone una recaudación aproximada de 14 millones de euros anuales, que son destinados a la promoción de energías limpias y a medidas medioambientales, según datos del Gobierno regional. Las conclusiones responden a varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la compatibilidad del canon con el derecho de la Unión Europea y con los sistemas de apoyo a las energías renovables. El caso afecta a varias empresas que denunciaron la tasa: Elecdey Carcelén S.A., Energías Eólicas de Cuenca S.A., Iberenova Promociones S.A.U. e Iberdrola Renovables Castilla La Mancha.

En la explicación de su decisión, la letrada del Tribunal con sede en Luxemburgo señala que los Estados miembros pueden aplicar sistemas de apoyo para lograr su cuota de energías renovables, pero que ello no implica que sea «ilícito» establecer gravámenes sobre las instalaciones eólicas. Además considera que el canon «simplemente grava la explotación de las instalaciones, por lo que «no está comprendido» en el ámbito de la aplicación de las reglas europeas en materia de tasas administrativas. Tampoco cree que deba ser interpretado como un impuesto especial, porque no es una forma de gravar indirectamente la energía, sino que la cuota se determina en función del parque eólico instalado.

La eólica y la fotovoltaica se repartirán otros 3.000 MW en una subasta antes del verano

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EFE.- La industria de las renovables volverá a repartirse otros 3.000 megavatios (MW) de potencia instalada con la convocatoria de una nueva subasta que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las jornadas para abordar la Ley de Cambio Climático. El anuncio se produce después de que el pasado 17 de mayo se celebrara otra puja por 3.000 MW, en la que los adjudicatarios ofertaron descuentos máximos, con lo que no percibirán primas o ayudas a la inversión, tan sólo la retribución del mercado.

El presidente del Gobierno señaló queesta nueva subasta, que se celebrará antes del verano, tampoco tendrá «un coste añadido para el consumidor» y ha afirmado que los trámites para llevarla a cabo ya se han iniciado. De hecho, el Ministerio de Energía ya ha elaborado el borrador de real decreto, que se tramitará con carácter de urgencia, para la convocatoria de la subasta, en la que sólo se otorgará nueva capacidad para nuevas instalaciones de energía eólica y fotovoltaica.

Según explica el borrador, en la puja celebrada el pasado mayo, en la que se presentaron ofertas por el triple de los 3.000 MW que se han adjudicado, no lograron asignación proyectos eólicos y fotovoltaicos que suman un alto volumen de potencia y que podrían ponerse en funcionamiento, si consiguen incluirse en el marco retributivo de una subasta que les facilitaría la financiación. Por ello, el Ministerio ha decidido que esta vez la convocatoria sea sólo para esas dos tecnologías, y que se mantenga el procedimiento y las reglas de asignación utilizados en la subasta de hace una semana, que considera que fue «muy satisfactorio».

Sin embargo, las normas que los recogían fueron recurridas ante el Tribunal Supremo por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que afirma que el criterio para resolver empates en las ofertas, el mayor número de horas de funcionamiento de una instalación, les discriminaba frente a la eólica, que obtuvo en esa subasta 2.979 MW, frente al único con que se hizo la fotovoltaica y los 20 MW logrados por otras tecnologías.

El Gobierno, que después de la moratoria que aprobó a principios de 2013 a la concesión de ayudas a las renovables ha celebrado dos subastas, una de 700 MW y otras de 3.000 MW, pretende avanzar en el cumplimiento del objetivo europeo de que en 2020 el 20% del consumo de energía provenga de fuentes renovables. Sólo con la entrada en funcionamiento de los proyectos que se adjudicaron la semana pasada para instalaciones que tienen que estar en marcha antes de 2020 el Ministerio estima que la capacidad renovable de España se incrementará un 10%.

El anuncio de una nueva subasta renovable ha sido acogido de manera desigual por el sector, pues mientras desde la industria eólica se ve como una buena noticia, a las asociaciones fotovoltaicas les suscita dudas. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que la nueva convocatoria es buena para todo el sector renovable, mientras que la UNEF, aunque también la considera positiva, cree que hay reformar su diseño con respecto a la anterior para que sea «verdaderamente competitiva» y sirva para abaratar los precios al consumidor.

En el caso de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, su presidente, Miguel Martínez-Aroca, ha expresado sus sospechas de que con ella se trate de beneficiar a alguna gran compañía, como Iberdrola, que no se adjudicó megavatios. Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA), José María González Moya, ha pedido una planificación de convocatorias que acabe con la «improvisación», que haya cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y que se modifique el mecanismo de adjudicación, que perjudica a la fotovoltaica.

Un modelo bajo en carbono

Rajoy anunció que su equipo va a activar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, en el que se ha comprometido a que habrá una apuesta firme por las energías renovables. Rajoy ha subrayado que España «estará a la altura» del reto que presenta la lucha contra el cambio climático, y que para ello va impulsar «un cambio de modelo», destacando también que esta transición «es el futuro y España no puede quedarse atrás», ya que «la descarbonización de los sectores productivos abre todo un campo de posibilidades para estimular el empleo y la competitividad».

«Vamos a seguir apostando por las renovables de manera más eficiente, pero también por usar menos energía, por reforzar la transparencia y por mantener la estabilidad para evitar el déficit de tarifa del pasado», añadió. El Gobierno, subrayó, elaborará un plan a largo plazo para avanzar hacia la descarbonización, que tendrá objetivos renovables y de eficiencia, y en el que se tomarán «decisiones coherentes entre sí, adaptadas a los avances tecnológicos«. Decisiones que «contarán con la participación» de todos los actores implicados porque «la causa lo exige y lo merece».

Ha apuntado también que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética conllevará un «nuevo modelo productivo y de consumo», e implicará la protección de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. El presidente ha concluido que la lucha contra el calentamiento es «una de las encrucijadas más importante en la historia», y que «hay que tomar medidas urgentes». «La lucha contra el cambio climático es una responsabilidad tan grande que nos va a dar la medida de cada sociedad. La respuesta está en nuestras manos», sentenció.

Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, felicitó al Gobierno por haber puesto en marcha esta ley, que junto a los planes integrados de Clima y Energía y la estrategia de descarbonización a 2050, será «un instrumento fundamental» para el cambio de modelo en España. El comisario subrayó que el cumplimiento del Acuerdo de París requiere «una transición energética de gran magnitud, que implicará la sustitución de los combustibles fósiles por un desarrollo masivo de las energías renovables».

Datos como que la capacidad de generación renovable añadida a nivel global supera a la de cualquier otro tipo de energía desde 2015 o que 146 países cuenten ya con medidas de apoyo a las renovables indican que «estamos ante una transición irreversible», ha insistido. El comisario ha resaltado que la futura Ley de Cambio Climático «es política a largo plazo» y «requiere de un gran acuerdo». «Estamos ante políticas que exigen altura de miras y que no pueden estar sujetas a los avatares electorales», ha indicado, por lo que el proceso para acordarlas debe ser «transparente, abierto y participativo».

El sector eólico prevé inversiones de más de 3.000 millones y 30.000 empleos por los proyectos adjudicados en la subasta

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Europa Press.- Mientras APPA denuncia que la neutralidad tecnológica de la subasta renovable «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias», desde el sector eólico prevén que la instalaciones de los proyectos adjudicados en la subasta, que se saldó con la adjudicación de 2.979 megavatios (MW) a esta tecnología, representen unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

En este sentido, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, asegura que el resultado de la subasta «da esperanza al sector en España, tras varios años de letargo«. Así, subraya que el resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad «la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos para 2020 a un menor coste para el sistema«. No obstante, AEE reclama una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías.

Para ello, considera necesario un calendario de subastas que, «más allá incluso de los objetivos europeos a 2020», tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los objetivos climáticos para 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada transición energética. Además, señala que la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos para 2020.

Así, la AEE confía en que todos los actores implicados en el proceso, como los promotores, fabricantes, entidades financieras y administraciones, «pondrán todo de su parte para ello». La patronal recuerda también que el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos «no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten», por lo que pide que se respeten los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria, lo que pasa «necesariamente» por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

La neutralidad tecnológica era «falsa»

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el resultado de la subasta de renovables, con la práctica totalidad de los proyectos adjudicados a la eólica, constata que su neutralidad tecnológica «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias». Al respecto, la asociación considera que la fotovoltaica «ha visto bloqueado» su desarrollo, al igual que ocurrió en la subasta anterior en la que ni siguiera se contemplaba esta tecnología.

Además, denuncia que el Ministerio de Energía «juega con la incertidumbre», dado que se han subastado solo 3.000 megavatios (MW) de los 8.500 que el Gobierno considera necesarios, en vez de planificar un escenario previsible de desarrollo y transición energética. Así, APPA espera que, en las nuevas subastas, se corrijan «los defectos denunciados por el sector renovable» y tengan cabida otras tecnologías limpias que, sin subastas específicas, «están condenadas a la parálisis indefinida». «Tecnologías necesarias como la biomasa o la minihidráulica, sufren una moratoria encubierta al considerar solo el coste y no la gestionabilidad o la seguridad de suministro», añade.

La eólica, el 99,3% subastado

De los 3.000 MW que se ponían en juego, la subasta adjudicó 2.979 megavatios (MW), el 99,3% del total, a la eólica, al ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; 1 MW a la fotovoltaica, el 0,03%; y 20 MW al resto de tecnologías, el 0,66%, según indicó el Ministerio de Energía. El gabinete dirigido por Álvaro Nadal destacó que la subasta, en la que se adjudicó el máximo previsto, se saldó con el máximo descuento posible, «lo que supone la introducción de energía renovable en el sistema eléctrico sin necesidad de primas que supongan un coste para el consumidor».

Las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, “confirmando así el interés de los inversores por el sector de las renovables en España”, añadió el Ministerio, que subrayó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como entidad supervisora de la subasta, validó sus resultados y confirmó que el proceso «ha sido objetivo, transparente y no discriminatorio y que la subasta se ha desarrollado de forma competitiva, lo que ha permitido adjudicar aquellas instalaciones más eficientes y al menor coste para el consumidor».

Esta nueva potencia renovable, que deberá estar en funcionamiento antes de 2020, contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior y supone un paso decisivo para conseguir un 20% de renovables en el 2020, añade Energía. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, por encima del 13.8% previsto para ese año. El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 megavatios (MW).

Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa se adjudican más de 2.600 MW eólicos en la subasta de renovables

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Europa Press.- El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, la filial verde de Endesa, y Gamesa se han adjudicado más de 2.600 megavatios (MW) en la subasta de renovables celebrada, según indicaron fuentes conocedoras del resultado. La subasta, como se preveía, volvió a contar con tanta presión competitiva que los incentivos quedaron reducidos a cero, como sucedió en la del año pasado, y tuvo como tecnología ganadora a la eólica, que se llevó la mayoría de los megavatios en juego.

Forestalia volvió a dar la sorpresa, como ocurrió ya en la subasta del año pasado, al adjudicarse el mayor paquete en la subasta, con 1.200 megavatios (MW), el 40% del total de los 3.000 MW que finalmente se lanzaron. En 2016, en la subasta que ponía fin a la moratoria verde, el grupo aragonés presidido por Fernando Samper se adjudicó más de 400 MW (300 MW eólicos y más de 100 MW de biomasa) de los 700 MW que se pusieron en juego. Por su parte, Gas Natural Fenosa se ha adjudicado 667 MW en la subasta, mientras que Endesa se ha hecho con una partida de 540 MW y Siemens Gamesa con 206 MW.

Otros grupos, como Norvento, que ha ganado 128 MW, y el grupo aragonés Brial, que se ha hecho con 237 MW, han completado prácticamente el total de los 3.000 MW renovables lanzados, según los datos provisionales de la subasta. Iberdrola, que es la primera empresa por potencia eólica en España con más de 5.500 MW, acudió a la subasta pero no se adjudicó ningún megavatio. También se quedaron fuera de la adjudicación Viesgo y EDP Renovavéis, mientras que Acciona, otro de los grandes del sector, no acudió a la subasta.

La macrosubasta de renovables celebrada ha licitado 2.000 MW, ampliables a 3.000 MW, con las dudas del sector sobre la complejidad del proceso y las peticiones de un sistema de subastas que dé una mayor visibilidad retributiva a largo plazo. El objetivo de la subasta lanzada por el Gobierno es permitir introducir las tecnologías renovables más eficientes en costes y que la convocatoria permita a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de renovables para 2020. Para ello, la subasta ha utilizado un sistema marginalista en el que los interesados pujaron a la baja hasta completar la bolsa de megavatios en juego, finalmente sin incentivos.

Una neutralidad discutida por UNEF

Además, esta subasta se presentaba como tecnológicamente neutral, de modo que podían competir todas las fuentes de generación renovable. Esta circunstancia difería de lo ocurrido en la subasta de 2016, en la que se pusieron en juego 700 MW, de los que 500 MW eran eólicos y los 200 MW restantes, de biomasa, y que se cerró sin incentivos y sin adjudicación para las grandes eléctricas. No obstante, este planteamiento ha generado controversia en el sector, ya que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideró que no había tal neutralidad y solicitó medidas precautelares al Tribunal Supremo para la suspensión de la subasta, que finalmente no fueron aceptadas por el Alto Tribunal, al considerar que el mecanismo beneficia a la eólica.

De hecho, el resultado de la subasta ha sido criticado por el sector fotovoltaico, que se ha considerado discriminado frente a la tecnología eólica. Así, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. La asociación señala que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha asegurado que la subasta constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social».

El sistema de la subasta establecía que las ofertas se realizarían en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas. Como novedad, se realizaron unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los diferentes proyectos generarían al sistema eléctrico. Una vez se conocieron el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculó para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento.

Las ofertas se ordenaron, con independencia de la tecnología, de menor a mayor valor de dicho cociente y resultaron adjudicatarias de la subasta las ofertas que tuvieron un menor cociente hasta alcanzar el límite de potencia subastada. Fuentes del sector anticipaban que este sistema llevaría, al igual que sucedió en la anterior subasta, a un resultado donde las ofertas especulativas lleven tan abajo los precios que se adjudiquen proyectos con unas rentabilidades «poco realistas». De hecho, otra novedad era que los interesados pudieron hacer ofertas negativas para entrar a toda costa en el cupo. De cualquier forma, en caso de que las ofertas eran negativas, se tomó el valor cero.

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

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Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.

El director de Puertos del Estado destaca la importancia del gas natural para reducir las emisiones del transporte marítimo

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Europa Press.– El director de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, ha asegurado que el gas es una fuente energética «muy importante» para el presente y futuro próximo de los Puertos españoles ya que ayudará a cumplir con una directiva europea que obliga a reducir emisiones antes de 2020.

Esta directiva, explicó, «obliga a adaptar toda la flota, todos los navieros y las infraestructuras básicas del lado tierra», apuntó durante unas jornadas del Clúster Marítimo de Canarias (CMC). El gas, por tanto, «no es lo único» pero «sí es muy importante», remarcó. Rodríguez puso encima de la mesa el cambio de modelo de transportes en Europa y dijo que actualmente lo clave es lograr una «logística ecoeficiente» y «reducir costes externos de transporte de todo tipo», como las emisiones, el ruido o la accidentalidad.

La subasta de la discordia

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La historia reciente de las subastas en España en el ámbito de la energía viene precedida de una polémica más o menos intensa, dependiendo del asunto que se subaste. En algún caso tiene que ver con la forma en que se estableció el modelo de subasta; por errores de diseño que, además, se combinaron con la falta de perspectiva económica de la implantación de sistemas más abiertos y transparentes, que atraerían a más agentes inesperados.

Por ejemplo, en las subastas de interrumpibilidad (la subasta en la que grandes consumidores pujan a cambio de un incentivo a cambio de garantizar su disponibilidad a desconectarse de la red en un momento que el operador del sistema lo requiera), la forma en que se articularon derivó en que muchos operadores que anteriormente no eran los usuarios de los mecanismos precedentes (garantía de potencia) fueran los adjudicatarios, expulsando a operadores que habitualmente eran quienes tenían las tarifas integrales. Ello provocó que el Ministerio acabara ampliando y repitiendo las subastas a la vista de que los inicialmente no adjudicatarios de la capacidad amenazaban con cerrar sus instalaciones. Todo ello, pese a su escasa utilización y a la capacidad instalada excedentaria.

Por otra parte, cuando se subastó por primera vez potencia renovable (eólica más biomasa), hace más de un año, ocurrió algo parecido. Aparecieron operadores que se podrían denominar outsider y empresas con poca o nula experiencia en la operación e instalación renovable, que ganaron la potencia que se ofertaba. Tanto es así que, de los proyectos que ganaron la puja, hoy no está disponible ninguno, ni lo que se denominaba en lenguaje castizo de inauguración, la primera piedra y, además, hay una fuerte polémica por la ejecución de las garantías.

Como previo a esta subasta, el objetivo del Ejecutivo con las mismas es llegar a 2020 con un nivel de cumplimiento más o menos aceptable de los objetivos de potencia y producción renovable que se habían interrumpido tras la reforma eléctrica, sucesiva al desmadre de las primas. Ahora hay una cierta prisa, y a la vez contención, dado que el Ejecutivo también ha tenido presiones para ir más allá de cara a la «transición energética».

Esta subasta también empezó con una fuerte polémica alrededor del concepto de «neutralidad tecnológica», que siendo explícitos significa que la tecnología que puje por menos incentivo (solar, fotovoltaica, eólica, biomasa, etc…) se lleva la nueva potencia renovable a instalar. Los tramos de oferta se ordenarán de menor a mayor valor del cociente entre la retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento, con 2.367 horas anuales en la fotovoltaica y 3.000 en la eólica. Por otro lado, el sistema de desempate (por horas de funcionamiento anual) y la limitación del suelo de las ofertas conllevó que el sector fotovoltaico cuestionara la neutralidad de la misma, acudiendo desde UNEF incluso al Supremo.

Por otra parte, otra cuestión muy criticada de esta subasta tiene que ver con los elementos de inseguridad jurídica que anidan en ellas con las salvaguardas y márgenes de discrecionalidad que el Ejecutivo se ha fijado. Inicialmente se subastan 2.000 MW en paquetes de 100 MW y la posibilidad de ampliar la oferta de potencia en otros 1000 MW es una cuestión abierta que cambia las circunstancias de la puja, incluso en el mismo día. Luego está la revisión retributiva cada seis años. En suma, estas subastas han vuelto a conseguir un excipiente en el que el Ministerio se mueve como pez en el agua: la suspicacia entre las distintas tecnologías. Así, la polémica sobre las subastas también es renovable.