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La cara oculta de las subastas

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Se ha celebrado la tercera subasta de potencia renovable en un corto período de tiempo. Subastas que han introducido una cierta sensación de aceleración artificial en el sector renovable español, lo que podría llamar a equívoco a cualquier observador externo. El resultado, como se conoce, es una adjudicación de 3.909 MW de nueva potencia fotovoltaica y 1.128 MW eólicos. Hasta aquí, se cumplen las previsiones de esta nueva subasta de suelo móvil retributivo. Más allá de lo publicado, el envés de la trama, la cara oculta de estas subastas merece una atención más contextualizada.

Es de reconocer la utilidad de la combinación de subastas sucesivas para el propio tacticismo del Ministerio de Energía. En primer lugar, muestra de forma repentina una posición ferviente en pos de las energías renovables, urgidos como estamos a la vez por el cumplimiento de los objetivos españoles para 2020 tras el parón de la primera legislatura prolongada de Mariano Rajoy y de los efectos la reforma eléctrica. Eso, y la situación de los proyectos resultantes de la primera subasta, ha inducido a la técnica del más madera para que los proyectos, por acumulación, vayan entrando en funcionamiento. En todo caso, adjudicar nueva potencia renovable era ya algo obligado, con lo que el Ejecutivo ha hecho de la necesidad, virtud.

En segundo lugar, de forma no menos sibilina, el Ministerio busca un elemento justificativo para promover un recorte adicional de la rentabilidad razonable a partir de 2020, lo que ya se ha expresado como voluntad inquebrantable en círculos públicos y privados. Sería ejecutar otro tajo para volver a una nueva espiral de inseguridad jurídica, arbitrajes y conflictos jurisdiccionales. Esquemáticamente, esta construcción argumental se resume así: Si convocamos subastas y su resultado es que la retribución es a mercado puro y duro, sin incentivos: ¿Qué necesidad hay de retribuir la potencia instalada en el pasado, aunque ya hayamos realizado un recorte hasta el 7,39%? Por tanto, hasta el cero incentivos todavía es posible aplicar una segunda ronda de pasar el cepillo.

En tercer lugar, no menos importante, el Gobierno se aprovecha de la encarnizada lucha entre tecnologías por la nueva potencia. Así se contextualiza el hecho de cebar la bomba de la confrontación intertecnologías de forma que el resultado de las primeras subastas fue predominantemente eólica y esta última fotovoltaica, lo que permite presentarse al Ejecutivo de una forma salomónica y calculadamente equidistante, mientras la artillería retórica se entrecruza. Pero es más, en este contexto de sobrecapacidad, esta confrontación se extiende al resto de tecnologías, que el Ejecutivo quiere mantener pese a los propios titulares de las instalaciones, dado que todos tienen incentivos a que de una u otra forma se trate de retirar potencia, por motivos ideológicos, medioambientales o económicos.

Empresarialmente, su resultado ha supuesto la irrupción con fuerza en el sector renovable de Forestalia con la nueva potencia adjudicada enlas tres subastas y, por orden de magnitud,tanto de Enel Green Power (Endesa) y de Gas Natural Fenosa, reforzando su mix de generación renovable, así como en esta última subasta de los grupos ACS y el grupo X-Elio.

Finalmente, estas rondas de subastas no han quedado exentas de cuestionamientos y polémicas por varios motivos. La complejidad de las mismas, que requirió que el propio Ministro advirtiera a los posibles pequeños concurrentes, después del florecimiento de los operadores maverick, sobre el margen de riesgo regulatorio que el Gobierno se da a sí mismo, para que se hicieran a la idea de la discrecionalidad regulatoria a la que se pueden exponer. Para esa discrecionalidad el Gobierno prefiere un sector empresarializado en lugar de afrontar un escenario de agitación como la ocurrida en el pasado con los pequeños productores fotovoltaicos, además de evitarse los riesgos existentes de que los proyectos no llegasen a entrar en funcionamiento por falta de músculo financiero.

También abonó la polémica la estrambótica falta de neutralidad de cada subasta como evidencian los resultados extremos y maniqueos de cada una. Y, finalmente, la propia controversia que se ha transparentado allende nuestras fronteras en referencia a los “retrasos” y ausencias en la (in)comunicación y notificación de las subastas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Atentos.

La Región de Murcia traslada a Cañete su compromiso en la lucha con eficiencia energética contra el cambio climático

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Europa Press.- El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, se reunió con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, a quien trasladó «el compromiso del Gobierno regional con los objetivos de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático».

«La comunidad y los 45 ayuntamientos de la Región están implicados para reducir un 20% las emisiones de CO2 antes del 2020″, recordó López Miras, quien añadió que la Administración trabajan también en la consecución de otros retos como la reducción de al menos un 20% en los consumos energéticos y el incremento en la utilización de las energías renovables.

López Miras expuso que, debido a su situación geográfica y sus características socioeconómicas, «la Región de Murcia se encuentra entre las regiones con especial vulnerabilidad a los efectos del cambio climático», y por ello solicitó al comisario que la Unión Europea oriente ayudas e inversiones a las regiones en función de su vulnerabilidad y que este criterio sea tenido en cuenta en la distribución de fondos europeos en la política regional después de 2020. «El Gobierno regional es consciente del impacto que el cambio climático puede tener en términos medioambientales, económicos y sociales en la Región, por eso estamos trabajando en diferentes actuaciones para reducir sus efectos», apuntó López Miras.

Entre las líneas de trabajo destacó el Plan estratégico de adaptación al cambio climático de la Región de Murcia. Este Plan busca la implicación de todos los sectores económicos y sociales favoreciendo acciones específicas con el sector empresarial, con los ciudadanos y con las administraciones locales a través del Pacto de los Alcaldes sobre el clima y la energía para promover medidas de eficiencia energética y al que se han adherido los 45 municipios de Murcia. También se refirió al Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020, cuyo objetivo es fomentar el ahorro y la eficiencia, impulsar el uso de fuentes de energía sostenibles y garantizar el abastecimiento energético.

La Región de Murcia se beneficia actualmente de 6 proyectos de la Unión Europea relacionados con el cambio climático y que, en total, suponen una inversión de fondos europeos de 4,3 millones. Entre ellos están las iniciativas Life Adaptate, que desarrolla una metodología para elaborar los planes de acción para el clima y la energía sostenible; Life Forest CO2, para cuantificar sumideros de carbono forestal. También está en marcha el proyecto Elena-Fuensanta, que persigue implantar sistemas públicos de consumo más eficientes; y Citinvest para introducir nuevos modelos de financiación para implantar sistemas de eficiencia energética; y Rehabilite orientado a mejorar las políticas de eficiencia energética en edificios públicos y viviendas.

Además, la Región incluyó los retos de la energía y el cambio climático en los diálogos ciudadanos que organiza sobre el futuro de Europa con el fin de fomentar la participación de todos los ciudadanos. De hecho, dentro del programa de actos de la Semana Europea de la Energía Sostenible, Murcia acogió un debate ciudadano sobre Clima y Energía, enmarcado en la iniciativa del Comité de las Regiones Reflexionar sobre Europa. Las conclusiones de los debates, en los que participaron ayuntamientos, asociaciones empresariales, ecologistas y colegios profesionales, serán trasladadas a Bruselas como aportación ciudadana regional.

Las subastas de suelo móvil

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El espacio entre subasta y subasta de nueva potencia renovable ha amplificado los cuestionamientos de las dos anteriores, en la medida en que ha incidido en la complejidad de la misma y, en consecuencia, en la dificultad de los operadores para su entendimiento; todo ello aderezado por la fórmula española de transición energética pendiente de definición, de la resolución de pleitos y de los arbitrajes abiertos en las instancias internacionales en materia renovable y las amenazas a la seguridad jurídica.

El primero es el anuncio de la tercera subasta de potencia renovable realizado por el propio Mariano Rajoy de forma inmediatamente posterior a la celebración de la segunda, lo que pilló por sorpresa a propios y extraños y, principalmente, a los mismos adjudicatarios de la potencia recién subastada con menos de una semana de antelación. Un anuncio que venía a uncir la necesidad de cumplir con los objetivos de generación y potencia renovable que España tenía, con la comunicación política añadida. El departamento de Energía busca la forma de multiplexar la potencia adjudicada por si fallan los calendarios de puesta en funcionamiento de la misma.

En segundo lugar, y casi en paralelo, las revelaciones y propias declaraciones del ministro de Energía, anunciando la revisión de los criterios de cálculo respecto de la rentabilidad razonable de las instalaciones de régimen especial. Unos criterios instaurados en la reforma eléctrica de 2013 y que, en aplicación directa y virtual de la rebaja del bono español, confirma la comprensión del Ministerio de la rentabilidad en las subastas como “suelo móvil” variable. Interpretación que ha causado un fuerte malestar en los titulares de las instalaciones actuales, además de apuntalar la decisión de los operadores eólicos que deciden no participar en el mercado español por su inseguridad jurídica y su incertidumbre.

Una advertencia, la de Nadal, acompañada además de una admonición hacia las empresas de menor tamaño y a otros operadores maverick, ahuyentándoles en lo que se refiere a la participación en las subastas por su propia complejidad, para que no se vieran atrapados en una posible reducción retributiva, además de las dudas existentes respecto a la viabilidad de la ejecución de los proyectos resultantes. El hecho es que el sector se empieza a apuntar a la tendencia de los contratos bilaterales de suministro frente a la inestabilidad de las subastas.

Por su lado, el ministro que busca sobre todo tener las manos libres para hacer y deshacer, sin aceptar restricciones del marco jurídico, económico, presupuestario, europeo o de la inversión y, a la vez, sin consecuencias derivadas de los grados de libertad de la discrecionalidad en la acción política. Sin embargo, desde instancias europeas se tiene en observación la deriva de la regulación renovable española.

Por otra parte, pese al discurso teórico de comunicación política de neutralidad tecnológica, las condiciones de diseño de cada subasta apuntan o se orientan hacia tecnologías diferentes. Eso le permite al Ministerio conseguir que permanezca viva la lucha entre tecnologías, cuya división tanto éxito ha traído en el pasado a sus responsables para alejar el foco, de forma que, a la vista del corto espacio de tiempo en que se producen estas subastas, la única forma de influir en la mediática es la proliferación de invectivas intertecnológicas. Todo apunta a que esta subasta abrirá la mano con la fotovoltaica, lo cual proporcionará coartada al propio Ejecutivo y dejará sin argumentos a los teóricos de la conspiranoia de los grandes operadores.

En suma, que estamos ante el resultado de una subasta más: de suelo móvil, de calidad de marco regulador, de regulación a la española. Veremos.

El Gobierno permitirá entrar a la potencia renovable “sin ningún tipo de prima” en la subasta del 26 de julio

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Europa Press.- La próxima subasta de renovables, que pondrá en juego al menos otros 3.000 megavatios (MW) verdes, se celebrará el próximo 26 de julio, según anunció el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que mostró su confianza en que esta nueva subasta, al igual que la celebrada el pasado mes de mayo, será «un éxito» y permitirá la entrada de nueva energía renovable «sin ningún tipo de prima» y a precio de mercado.

El ministro señaló su deseo de que esta nueva subasta sea «más compensada» entre las diferentes tecnologías, después de que en la pasada subasta la eólica se adjudicara más del 99% de lo ofertado, quedándose prácticamente fuera la fotovoltaica. No obstante, subrayó que el Ejecutivo debe ser «neutral» en el proceso en lo que respecta a las tecnologías. Por ello, afirmó que el Ministerio de Energía «está abierto» a dar licencias a cualquier parque renovable que quiera instalarse, sin necesidad de acudir a las subastas.

Asimismo, Nadal afirmó que estas subastas van a permitir a España convertirse en uno de los países que «mejor van a cumplir» con los objetivos del 20% de renovables para 2020. A este respecto indicó que, del actual 17,3%, con estas subastas se alcanzará el 19,5% en este objetivo, muy por encima de otros países como Francia, Alemania, Reino Unido o Países Bajos, lo que permitirá que con «muy pocas medidas» se alcance ese 20% en el horizonte de 2020. En la subasta de mayo, las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada y los adjudicatarios ofrecieron el máximo descuento permitido, lo que supone que los proyectos adjudicados se llevarán a cabo sin necesidad de primas.

El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 MW. Forestalia volvió a dar la sorpresa, como ocurrió ya en la subasta del año pasado, al adjudicarse el mayor paquete en la subasta, con 1.200 MW, el 40% del total. Por su parte, Gas Natural Fenosa se adjudicó 667 MW, mientras que Endesa se hizo con una partida de 540 MW y Siemens Gamesa con 206 MW. Otros grupos más pequeños, como Norvento, que ganó 128 MW, y el grupo aragonés Brial, que se hizo con 237 MW, completaron prácticamente el total de los 3.000 MW renovables lanzados.

Para esta nueva adjudicación de potencia renovable del mes de julio se mantendrán los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada de mayo. Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La primera de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria.

APPA advierte al Gobierno de que la subasta de renovables de julio puede provocar «una burbuja de instalaciones»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha considerado que la próxima subasta verde, que se celebrará en julio, es una muestra más de «la precipitación y falta de planificación» en el sector energético y ha afirmado que puede provocar «una burbuja de instalaciones».

La patronal señala que la nueva subasta producirá una acumulación de potencia renovable a instalar, con 6.000 megavatios (MW) en solo dos años y medio, «potencia que podría ampliarse sin límite si el coste para el sistema es inferior al que el Gobierno establecerá en la cláusula de confidencialidad de la convocatoria de la subasta». Para APPA, estos 6.000 MW nuevos, que tendrán que instalarse antes de 2020, suponen «una carga excesiva» para un sector que ha estado 5 años «paralizado por decreto» y encarecerán la ejecución de los proyectos.

Además, considera que el hecho de que el Gobierno desconociera a comienzos de año la capacidad renovable que iba a subastar «constata la improvisación y falta de planificación en la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico peninsular«. Así, el presidente de APPA, José Miguel Villarig, cree que el que se adjudiquen «3.000, 6.000 o 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración». «Cuando estos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro mix y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito«, concluyó.

Cerca de 4.500 MW de solar fotovoltaica esperan su oportunidad en la nueva subasta de renovables del 26 de julio

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Europa Press.– Proyectos con una capacidad conjunta de cerca de 4.500 megavatios (MW) esperan una oportunidad en la nueva subasta de energías renovables organizada por el Ministerio de Energía, que se celebrará el 26 de julio y que permitirá la instalación de más de 3.000 MW. El volumen de megavatios solares interesado por el proceso da muestras del interés en torno a la subasta, que está limitada a proyectos fotovoltaicos y eólicos, a la vista de que son las renovables más competitivas.

Fuentes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) precisan que la cifra de 4.500 MW procede de una estimación de los proyectos que se presentaron a la anterior subasta, en la que la fotovoltaica apenas pudo obtener una potencia residual. Es previsible que este volumen de demanda vuelva a presentarse a la puja del 26 de julio, si bien las fuentes precisan que el dato debe tomarse como un «pronóstico» del sector. En la subasta anterior, también de 3.000 MW, la demanda triplicó la oferta, de modo que quedaron unos 6.000 MW de renovables sin asignar.

Subastar más de 3.000 MW

En el real decreto 650/2017, publicado en el BOE, el Ministerio de Energía abre la puerta a ampliar por encima de los 3.000 MW la potencia adjudicada, lo que eleva las opciones del sector fotovoltaico, que se siente discriminado por el sistema de desempate en el que se priman las horas de producción y, con ello, a la eólica. El artículo 1 del real decreto establece que «el cupo de potencia se incrementará, por encima de los 3.000 MW, para permitir la inclusión de la potencia de todas aquellas ofertas que tengan el mismo sobrecoste que la última oferta adjudicada».

Este incremento en el número de megavatios licitados será posible siempre que el sobrecoste para el sistema «sea nulo» e inferior a un valor que se establezca en una «cláusula confidencial» de la resolución por la que se convocará la subasta. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que su departamento no descarta ampliar la potencia que se adjudicará en la próxima subasta de renovables «si las ofertas son competitivas y a costes interesantes para el consumidor». Navia se mostró convencido de que España alcanzará el objetivo del 20% de energías renovables en el horizonte de 2020.

El Gobierno destina 336 millones a eficiencia energética en entidades locales y regula la subasta de renovables

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Europa Press.- El Gobierno aprobó tres decretos dirigidos a «transformar el sistema energético» actual para hacerlo «cada vez más limpio», para lo que destinó 336 millones de euros a la eficiencia, lanzó una nueva subasta de renovables y fomentará la movilidad eléctrica. El objetivo es alcanzar los compromisos de España en materia de cambio climático, con más energías renovables, un sistema más eficiente pero que, a la vez, no afecte al «bolsillo» de los consumidores.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado la aprobación de un real decreto para lograr los objetivos de eficiencia energética que contempla movilizar hasta 508 millones de euros para fomentar la mejora energética tanto en edificios públicos como para viviendas particulares. «Se trata de como tener los mismos niveles de confort pero consumiendo menos», ha dicho Nadal. En concreto, ha indicado que el real decreto incluye una convocatoria de ayudas de 336 millones de euros para corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, que son unas 7.700 entidades locales. «La mayor ayuda nunca hecha y dirigida a las entidades locales más pequeñas», destacó Nadal.

Además, el ministro aseguró que la mejor manera para combatir la actual ola de calor es «la eficiencia energética y el aislamiento» de los edificios, ya que cuando mejor aislado esté un edificio «menos variaciones de temperatura habrá«. Estas ayudas serán otorgadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Los 336 millones de euros permitirán financiar proyectos de eficiencia energética, calefacción de distrito y movilidad urbana sostenible, desde alumbrado, instalaciones de autoconsumo o edificios públicos, por ejemplo para renovar edificios, puertas o ventanas a 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, Ceuta y Melilla.

En concreto, para lograr la ayuda los municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética (en edificación y en infraestructuras y servicios públicos), movilidad urbana sostenible (transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de red viaria, transporte ciclista y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias) y uso de energías renovables (para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas).

Nadal ha añadido que estas cantidades se combinarán con el Fondo Nacional para la Eficiencia Energética, por lo que en total supondrá una movilización de 508 millones de euros. «La política de eficiencia energética más grande que se ha hecho en España y la eficiencia energética es la mejor de las políticas energéticas», subrayó el ministro, que ha valorado que estas ayudas contribuirán a la reducción de emisiones de CO2, pero también beneficiarán a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en los edificios y espacios urbanos.

A este respecto, el ministro aprovechó para recordar que España, junto a Francia, han pedido a Bruselas cambios en la contabilidad de las inversiones en eficiencia energética para fomentarla, algo que depende de la comisaría europea de Asuntos Económicos y Financieros. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones apenas pueden desarrollar estas inversiones porque generarían un déficit prohibido por la legislación a pesar de que se amorticen a muy corto plazo y así lo exija la normativa comunitaria.

Además, en materia de renovables, ha defendido que el Gobierno ha logrado conciliar que un fomento de las energías más limpias beneficie también a los consumidores, frente a lo realizado «anteriormente», cuando luchar contra el cambio climático aumentando las renovables afectaba económicamente a los consumidores. Nadal ha recordado que el objetivo de España en renovables es de alcanzar un 20% de cobertura en 2020, frente a otros países, como Francia, cuyo objetivo es del 23%; Alemania, con un 18% o Reino Unido, con un 15%.

Así, ha precisado que en la actualidad España está en un 17,3% pero confía en que con la subasta de mayo y las posteriores se alcanzará una cifra del 19,5%, «muy cercana al objetivo» y ha asegurado que en el caso de España «se van cumpliendo los objetivos sin problemas». «Los demás tendrán que hacer un esfuerzo enorme para cumplir en 2020. En nuestro caso se van cumpliendo los objetivos sin problemas», ha defendido Nadal, que ha vaticinado que España será uno de los países con alto nivel de cumplimiento.

Para ello el Gobierno aprobó un decreto que regula la nueva subasta de renovables, como la que el Gobierno realizó en mayo de 3.000 megavatios (MW), que estableció un precio mínimo garantizado de 39 euros por megavatio, y estimó que la próxima subasta tendrá «precios más competitivos». Estas subastas premian la fuente de energía que a igualdad de precio genere más horas de electricidad. Y «por eso» ganó la energía eólica, según el ministro. Ahora se celebrará una nueva subasta en la Península con el objetivo de que favorezca a la energía solar fotovoltaica. «Hay capacidad de sobra para hacer una nueva subasta y completar los objetivos de cumplimiento», añadió.

Nadal recordó que en la subasta pasada las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada y los adjudicatarios ofrecieron el máximo descuento permitido. Esto supone, según ha explicado, que los proyectos adjudicados se llevarán a cabo sin necesidad de primas adicionales a los ingresos que obtienen por el mercado en el escenario de precios de referencia.

Los operadores dudan sobre si se ejecutarán todos los MW renovables adjudicados mientras Acciona también renuncia a la próxima subasta

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Javier Angulo.- A pesar del optimismo trasladado desde el Gobierno y su confianza en que las subastas de energías renovables servirán para cumplir los objetivos climáticos para el año 2020, la duda sobre que todos los proyectos adjudicados en las subastas vayan a ejecutarse prevaleció en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). El mensaje fue unánime: “las subastas serán un éxito cuando los proyectos estén vertiendo electricidad a la red”. Y Acciona no será de las adjudicatarias.

Coherencia pétrea. Por tres veces ha negado la compañía presidida por José Manuel Entrecanales la posibilidad de acudir a las subastas organizadas por el Gobierno después de la moratoria renovable. El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, se mantiene firme en las declaraciones que realizó a Energía Diario en febrero de 2016, cuando descartó que la compañía fuera a optar a potencia renovable en España “en las actuales condiciones regulatorias”. Las condiciones se mantienen desde entonces y, por lo tanto, Acciona no acudirá a la subasta ya que, según Mateo, “no acudimos a la anterior subasta y las condiciones previstas para la próxima son aún peores”, por lo que no serán partícipes de la puja del 18 de julio.

Precisamente, una de las cuestiones que mantiene en pie de guerra al sector renovable es la revisión de la rentabilidad razonable que el Gobierno puede llevar a cabo en noviembre de 2019. De hecho, con la rentabilidad razonable referenciada a la rentabilidad del bono español, parece una posibilidad cada vez más cercana. En este sentido, Enrique de las Morenas, el director de Enel Green Power España, división renovable de Endesa, se refirió a esta incertidumbre señalando que la mejor subasta es aquella en la que quién participa conoce y acepta los riesgos “que sabe gestionar”.

De todos modos, la posibilidad de adjudicar la potencia mediante subastas no es mal vista desde los operadores, pero las condiciones establecidas en España no gustan. “Subastas sí, pero subastas bien hechas”, apuntó Mateo, que denunció que “las subastas se han visto distorsionadas por la aparición de actores que no piensan ejecutar los proyectos y que han adoptado posiciones especulativas”. “Hay que cualificar previamente al que participa en las subastas, técnica y financieramente”, recalcó Xabier Viteri, director del negocio renovable de Iberdrola, que también consideró “complejo” el caso español y reclamó “mayor visibilidad de ingresos, con subastas planificadas y sencillas, que se puedan entender los riesgos”. También demandó que “si se puja por un incentivo, que luego no se modifique”.

En sentido similar, João Paulo Costeira, consejero delegado de EDP Renovables Europa, recalcó sobre las subastas que “no es lo mismo una idea que un proyecto que ya cuenta con conexión a la red y con los permisos; no son ofertas comparables, sólo un número”, por lo que emplazó al Gobierno a modificar su criterio ya que España “necesita” estos MW eólicos para cumplir los objetivos climáticos. Unos objetivos que los operadores coincidieron en señalar que se conseguirán, al menos en lo que atañe al sector eléctrico, “si se ejecutan los proyectos adjudicados en la subasta”, extremo en el que las compañías con tradición en el sector eólico español mantuvieron sus reservas ante la aparición de operadores ajenos al sector.

El único adjudicatario en la última subasta presente en esta mesa de debate, el representante de Endesa, confirmó que la compañía acudirá a la subasta de julio “aunque no con la misma agresividad”. También fueron prudentes los representantes de EDP e Iberdrola, que manifestaron que tienen que estudiar los nuevos límites establecidos al descuento sobre el incentivo y analizar si el acceso a nueva potencia renovable puede suponer la creación de valor para sus accionistas.

Otro asunto en el que coincidieron los operadores fue en demandar al Ministerio mayor planificación energética. Un paso más allá fue el representante de Acciona, que advirtió de que el sistema eléctrico está sobrecapacitado y no se contempla un cierre ordenado de ninguna tecnología convencional. “Hay que limpiar la matriz energética; sobredimensionar el parque de generación, aunque con el resultado de las subastas parezca barato, alguien lo va a pagar”, resaltó Mateo, que apuntó a que el hueco térmico que respalde el despliegue renovable va a demandar pagos por capacidad.

También se abordó la reforma del mercado eléctrico. Costeira indicó que el mayor peso renovable obligará a cambiar el pool ya que la tendencia a 0 que aportan las renovables “no aporta una señal efectiva del precio”. De las Morenas también advirtió de los problemas sociales que generará la mayor volatilidad en el mercado eléctrico que aparejan las renovables, por lo que señaló que el regulador tendrá que buscar fórmulas para reducir la volatilidad que se traspasa directamente al consumidor.

Energía no descarta ante ofertas competitivas ampliar más allá de 3.000 MW la potencia renovable a adjudicar en la subasta

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Javier Angulo / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no descarta ampliar la potencia a adjudicar en la próxima subasta de renovables, que se celebrará en julio, «si las ofertas son competitivas y a costes interesantes para el consumidor». Por ello reconoce que desde el Ministerio han acelerado la tramitación de esta subasta, porque el margen es “estrecho” para que los proyectos eólicos puedan estar en funcionamiento en 2019 y computar para los objetivos de 2020.

Navia aseguró que el decreto permite ampliar los 3.000 megavatios (MW) verdes inicialmente previstos para la subasta, algo que podría suceder ya que en la realizada en mayo hubo mucha oferta, hasta el triple de lo previsto, que «venía por debajo del descuento máximo permitido». «Es indicativo de que hay más capacidad de competir ¿Cuánta más? Espero que mucha, cuanta más, mejor», apuntó al respecto, ya que hasta que no se celebre la subasta en julio no se podrá determinar. El decreto señala que el cupo fijado «se incrementará» por encima de esa cantidad «para permitir la inclusión de potencia de todas aquellas ofertas que tengan el mismo sobrecoste que la última adjudicada», siempre que éste sea nulo o inferior.

De cara al futuro, explicó que se va a tener que seguir incorporando renovables al sistema, pero ya entrados en 2018, aunque habrá que elaborar la planificación energética para conocer la cantidad que tendrá que incrementar España su potencia renovable. No obstante, aseveró que las subastas son, junto a otras fórmulas, la forma de llegar al objetivo que se marque en 2030, sea el 27%, el 30% o el 35%.

Eso sí, el secretario de Estado defendió las subastas como el sistema «más efectivo» para alcanzar los objetivos de renovables y se mostró convencido de que se alcanzará el objetivo del 20% en el horizonte de 2020. «Con lo que tenemos ahora mismo aprobado más esta subasta, que no sabemos todavía cuánto vamos a hacer, estaríamos en el 19,5-19,6%. Nos faltan unas 4 décimas a 3 años para el objetivo. A falta de 4 décimas deberíamos ser capaces de llegar al objetivo adoptando medidas en otros sectores», añadió al respecto.

En su participación en el III Congreso Eólico, Navia afirmó que en esta próxima subasta verde es necesario «profundizar en los descuentos», dando mayor margen a competir entre las tecnologías. A este respecto, afirmo que la experiencia de la anterior subasta fue «muy reveladora» y se debe continuar «por ese camino», con una neutralidad tecnológica que sigue siendo «un elemento fundamental». «Es la primera vez que se consiguen unos volúmenes tan significativos sin que el usuario vaya a tener que pagar una prima. Es lógica económica», añadió al respecto. Asimismo, defendió el modelo de subasta utilizado frente a los de otros países, ya que hay que ser «muy conscientes del coste porque en el pasado asumimos unos costes muy elevados».

Asimismo, mostró la predisposición del Ministerio de Energía a «facilitar» que los adjudicatarios del desarrollo de potencia renovable en las subastas puedan completar los proyectos «en plazo». Por otra parte, Navia insistió en que la planificación energética deber ser «fruto del consenso» entre los distintos agentes del sector, las fuerzas políticas y el Gobierno, y en este sentido enmarcó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la negociación del conocido como paquete de invierno de la Unión Europea. “La lucha contra el cambio climático va a condicionar a partir de ahora toda la regulación energética, indicó el secretario.

A este respecto de la transposición de los objetivos europeos, Navia señaló que debe haber «coherencia» entre los instrumentos y los objetivos para que sean alcanzables de forma efectiva, para lo que consideró que se debe avanzar en las interconexiones energéticas. «No vale de nada marcarse objetivos muy ambiciosos si no nos dotamos de los instrumentos. En algún punto del camino nos daremos cuenta que los objetivos son irrealizables. Nuestra gran preocupación es dotar a esos objetivos ambiciosos de unos instrumentos potentes para alcanzarlos de forma objetiva», añadió al respecto.

En cuanto a las acciones para avanzar en soluciones de almacenamiento energético, Navia avanzó que se ha previsto utilizar una parte del superávit eléctrico acumulado para que España cofinancie la parte que le corresponde aportar a los fondos estructurales que recibe para llevar a cabo proyectos de este tipo, así como de incorporación de renovables. Por otra parte, defendió la normativa del Gobierno que reduce la vida útil de las instalaciones de tratamiento de purines, ya que «da mandato total a la sentencia del Tribunal Supremo». «Nuestro trabajo no es ser generosos, sino hacer una estimación técnica de la vida de la vida útil razonable de la instalación», apuntó el secretario de Estado de Energía.

Navia defiende los Presupuestos en materia energética y los considera «responsables» con los objetivos de cambio climático

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia energética son «ambiciosos y responsables» con los objetivos de cambio climático para alcanzar las metas para 2020. Navia subrayó que estos objetivos de cambio climático son «un desafío a largo plazo», por lo que es necesario tomar decisiones a ese largo plazo, evitando que sean «costosas para el sistema y para el país».

Asimismo, destacó la reactivación en materia de renovables con la subasta de 3.000 megavatios (MW) llevada a cabo en mayo «con unos costes para el usuario muy positivos» y la nueva por otros 3.000 MW que se realizará en julio. «Ahora tenemos que ser más ambiciosos en materia de renovables, siempre acompañado por las interconexiones», señaló. Con estos 6.000 MW que se subastarán este año, Navia consideró que España se sitúa entre los países «más ambiciosos en renovables, pero sin costes para los usuarios y con unas implicaciones muy positivas».

Respecto a la factura eléctrica, Navia reiteró la intención del Gobierno de «seguir bajando», como se hizo en la anterior legislatura, los costes regulados, siempre que «haya margen para bajarlos». No obstante, pidió al resto de grupos políticos ser «responsables» y no llevar a cabo propuestas que en muchos casos suponen elevar los costes del sistema. «La prioridad es ser responsable y no asumir más costes en el sistema», sentenció.