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España, entre los países de Europa que aún no ha alcanzado su objetivo de renovables para 2020, con un 17,5%

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Europa Press.– La energía procedente de fuentes renovables representa en España el 17,5% del consumo energético total, aún 2,5 puntos por debajo del objetivo del 20% establecido para 2020, lo que sitúa al país en el grupo de Estados miembros que todavía no ha alcanzado su meta nacional, según los datos correspondientes a 2017 publicados por Eurostat.

11 socios comunitarios ya han alcanzado sus objetivos nacionales para 2020: Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Finlandia y Suecia. Es decir, exactamente los mismos que hace un año. Además, Letonia y Austria se encuentran a menos de un punto porcentual de lograrlo. En el polo opuesto están Países Bajos (todavía 7,4 puntos por debajo de su objetivo particular), Francia (6,7 puntos), Reino Unido (4,8 puntos), Luxemburgo (4,6 puntos), Polonia (4,1 puntos) y Bélgica (3,9 puntos). En el caso de España, la proporción de energías renovables sobre el consumo energético total ha aumentado desde el 8,3% registrado en 2004. Sin embargo, entre 2016 y 2017 sólo se incrementó una décima, para pasar del 17,4% al 17,5%.

Suecia, país con más renovables

En el conjunto del bloque comunitario, la proporción de energías renovables sobre el consumo bruto de energía total alcanzó en 2017 el 17,5%, 5 décimas más que un año antes y 2,5 puntos por debajo del objetivo comunitario para 2020, del 20%. Suecia es el único socio de la Unión Europea en el que las energías renovables tienen un peso superior al 50% (54,5%), por delante de Finlandia (41%), Letonia (39%), Dinamarca (35,8%) y Austria (32,6%). Por el contrario, Luxemburgo (6,4%), Países Bajos (6,6%) y Malta (7,2%) son los Estados miembros con menor proporción de energías renovables a nivel doméstico.

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

Tetra Pak apuesta por la eficiencia energética y las renovables para reducir un 13% sus emisiones de CO2 desde 2010

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Europa Press.- Tetra Pak ha conseguido reducir en los últimos 7 años un 13% sus emisiones de CO2 respecto a sus emisiones en 2010, a pesar de un crecimiento del 19% de envases vendidos en este periodo, según el Informe de Sostenibilidad de la compañía. «Nuestro objetivo de sostenibilidad es limitar nuestro impacto medioambiental en 2020 en toda nuestra cadena de valor en los niveles de 2010, independientemente del crecimiento del negocio”, afirmó el director General de Tetra Pak Iberia, Alejandro Cabal.

“Esto requiere, por nuestra parte, seguir mejorando en eficiencia energética y progresar en el uso de energías renovables», asevera Cabal. En 2016 Tetra Pak asegura que se convirtió en la primera compañía de la industria de envasado de alimentos a nivel global en tener sus objetivos de reducción del impacto medioambiental aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBT). «Continuamos trabajando en nuestro compromiso público RE100 para que, en 2030, el 100% de la energía que utilizamos sea de origen renovable. En la actualidad, este dato ya alcanza el 50% globalmente. En España, el 100% es una realidad», añadió Cabal.

Bruselas pide explicaciones a España y otros 6 países comunitarios por no cumplir parte de las reglas de eficiencia energética

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Europa Press.- La Comisión Europea exige explicaciones a las autoridades españolas por no cumplir correctamente con los requisitos de la normativa comunitaria en materia de eficiencia energética, con la que la Unión Europea quiere cumplir el objetivo de ahorrar un 20% de consumo energético en 2020 (respecto a los niveles de 1990).

El mensaje tiene la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento sancionador, y da a España 2 meses para que ofrezca sus explicaciones. Si no satisfacen a Bruselas, la segunda fase daría otros 2 meses al país para corregir el incumplimiento. Si sigue sin solucionarse la discrepancia, la Comisión podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Junto a España, Bruselas también envió cartas a Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia, Hungría y Rumanía.

Un tribunal ordena al Gobierno holandés que reduzca más rápido las emisiones para cumplir el objetivo del 25% en 2020

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Europa Press.- Un tribunal de apelaciones holandés ha ordenado al Gobierno que reduzca las emisiones de gases con efecto invernadero más rápido de lo previsto, con el fin de garantizar que son al menos un 25% inferiores a los niveles de 1990 para finales de 2020. El año pasado, las emisiones de gases con efecto invernadero en Países Bajos fueron solo un 13% inferiores a los niveles de 1990. El país es uno de los que más contaminan de la Unión Europea.

«El Gobierno ha hecho demasiado poco para prevenir los peligros del cambio climático y está haciendo demasiado poco para ponerse al día», ha considerado el tribunal, que ha ratificado una sentencia de 2015 de un tribunal de distrito. Los planes actuales para combatir el cambio climático prevén que reduzcan las emisiones al 23% en 2020, con el objetivo de reducirlas a la mitad para 2030.

«Pero la incertidumbre sobre el objetivo de 2020 es muy amplia», ha sostenido la corte. «Hay una opción real de que la reducción no llegará al objetivo del 25%, lo cual es inaceptable», ha añadido. El Gobierno ha anunciado que acatará la sentencia y que el objetivo de 2020 está «al alcance». Sin embargo, también baraja recurrir, cuestionando el modo en el que el tribunal ha pesado en decisiones políticas. En su veredicto, el tribunal ha dado una clara victoria al grupo ecologista Urgenda Foundation.

La Unión Europea permite a Bélgica dar hasta 3.500 millones de euros en ayudas públicas a 3 parques eólicos marinos

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Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado el plan de Bélgica de apoyar con hasta 3.500 millones de euros el desarrollo de 3 proyectos de parques eólicos situados en aguas territoriales belgas del Mar del Norte, al concluir que cumple con las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado. En concreto, Bruselas considera que las ayudas que las autoridades concederán a estos 3 proyectos no distorsionarán la competencia y ayudarán al bloque comunitario a cumplir con sus objetivos en materia energética.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que los 3 proyectos incrementarán la cuota de electricidad producida a través de fuentes renovables en Bélgica y reducirá la contaminación. Bruselas ha determinado además que la concesión de las ayudas a estos 3 proyectos «es necesaria» y «tiene un efecto incentivador», puesto que sin apoyo público «los proyectos no serán viables financieramente«. Por último, los servicios de la Comisión Europea han señalado que el nivel de las ayudas «no resulta en una sobrecompensación» y que «ayudarán a Bélgica a cumplir su objetivo de producir el 13% de su energía de fuentes renovables para 2020«.

Moody’s ve bien a España y Portugal para cumplir sus objetivos de descarbonización y prevé que los precios energéticos bajen

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EFE / Europa Press.- La firma de calificación de riesgos Moody’s considera que España y Portugal están en buena posición para cumplir con sus objetivos de descarbonización para 2020 y prevé que los precios de la energía bajen ligeramente en el periodo hacia 2022. Así lo expresa en su informe Las políticas de descarbonización en España y Portugal impulsarán la evolución del mercado de energía hasta 2030, según el cual ambos países reducirán sus emisiones aún más en 2030.

El vicepresidente de Moody’s, Niel Bisset, indicó que la penetración de las renovables en España y Portugal continúa “ligeramente” por debajo del objetivo de descarbonización para 2020, pero confía en el incremento en la capacidad de fuentes renovables, junto con otros avances en los sectores de calefacción y refrigeración y en el transporte. Además, Moody’s destaca que España y Portugal están desarrollando estrategias de transición energética para reducir aún más las emisiones de carbono hacia 2030 en línea con los objetivos de la Unión Europea.

Bisset ha señalado que esperan “que el mercado energético en la Península Ibérica continúe evolucionando gradualmente hacia 2030, caracterizándose por el cierre de las plantas de carbón, el aumento de la penetración de las renovables y la implementación de medidas para asegurar que la generación con gas permanezca como respaldo, posiblemente mediante mercados de capacidad”. Las emisiones contaminantes aumentaron un 4,4% en 2017 en España, la mayor subida en 15 años, debido a la sequía, que hizo descender la producción hidráulica y obligó a usar más la generación con carbón.

Moody’s también ha señalado que espera que bajen ligeramente los precios de la energía en el periodo hacia 2022, según sus previsiones de precios de materias primas y productos básicos, el amplio margen de reserva existente y el modesto incremento de la demanda de energía eléctrica. El crecimiento de la generación de renovables presionará a la baja los precios de la energía eléctrica, una situación que se verá compensada con los cierres de la capacidad de generación eléctrica con carbón.

El primer Barómetro de Transición Energética en España revela la necesidad de impulsar las energías renovables

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Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en un análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías renovables tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética de España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se acrecentó por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la Unión Europea, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Hay una ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización de la economía. Sin embargo, es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la energía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. La evolución es similar a la experimentada en la Unión Europea.

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, que cae un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron a 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido «bandazos» importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares a 2010.

La potencia renovable lleva 8 años congelada en España y pone en riesgo los compromisos europeos de 2020, según Anpier

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Europa Press.– La potencia renovable en España lleva 8 años congelada y pone en riesgo los compromisos de 2020, según la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier). En un estudio, Anpier pone de manifiesto que la evolución de la potencia fotovoltaica en España ha estado íntimamente ligada a los distintos desarrollos normativos y a la seguridad jurídica existente bajo cada entorno regulatorio.

En este sentido, indica que los continuos cambios regulatorios retroactivos y la moratoria renovable socavaron el interés de los inversores, que ante la inseguridad jurídica del sector renovable español decidieron derivar sus inversiones a sectores y países con una regulación más estable. «Esta parálisis podría derivar en incumplimiento de los objetivos de penetración de renovables adquiridos con Europa», advierte Anpier. Asimismo, indica que a causa de la inseguridad jurídica y de las restricciones normativas, España sólo alcanza un 1% del total de potencia fotovoltaica mundial. Para paliar esta situación y aprovechando la reducción de costes de las tecnologías de estos últimos años, el Gobierno estableció un sistema de subastas que tenía como objetivo la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

Actualmente, el 70% de la potencia renovable en España, sin considerar la gran hidráulica, se localiza en manos de 17 empresas. Frente a la concentración existente en la eólica y termosolar, la solar fotovoltaica es la tecnología más atomizada en número de propietarios. No obstante, recientemente se viene observando cómo la potencia comienza a ser agrupada por algunas compañías y grandes fondos de inversión que superan los 100 megavatios (MW) de capacidad. Según Anpier, esta reestructuración societaria ha sido consecuencia directa de los diversos ajustes retroactivos sufridos por la tecnología que ha derivado en problemas de solvencia e incluso en la quiebra de muchos pequeños propietarios, los cuales se han visto obligados a vender sus instalaciones a precios muy bajos.

Así pues, considera que el futuro reparto del sector renovable español dependerá de lo que finalmente se ejecute. Asumiendo que toda la potencia subastada se ponga en funcionamiento, la distribución de los principales agentes del sector evolucionará de dos maneras muy diferenciadas en los dos sectores principales, eólico y fotovoltaico. Mientras que el primero desagrega la potencia entre más compañías, el segundo tiende a una mayor concentración de la capacidad.

«Esta es la disyuntiva que debe resolver el nuevo Gobierno: ha de fijar la clave de la propiedad del nuevo modelo de generación energética que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmienda la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética», señala Anpier. Para la asociación, no se puede mirar al futuro sin resolver el «tremendo error» que se cometió en el pasado.

«Hay que dignificar a las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese», argumenta. Por eso ve «imprescindible» devolverle a este colectivo la seguridad jurídica.

A nivel mundial, la energía fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento, potenciada principalmente por el desarrollo, en los últimos años, de esta tecnología en algunos países de Asia, como China, India o Japón, según el anuario de Anpier. Este último año se ha superado la barrera de los 400 GW acumulados, superando los 393 GW nucleares en el mundo. Por otro lado, cabe destacar que entre China, Estados Unidos, Japón y Alemania, esto es, los países con mayor potencia instalada en el mundo, cubren casi el 70% de la potencia instalada total.

El Gobierno fija un nuevo techo a las emisiones de gases contaminantes de España para los horizontes 2020 y 2030

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Europa Press.– El Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas para reducir las emisiones contaminantes de España a la atmósfera, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, según anunció la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Así, se establecen nuevos compromisos nacionales con nuevos techos a las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y partículas finas PM 2,5.

Además, el Real Decreto prevé la elaboración de un Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica con medidas aplicables a sectores como la agricultura, la generación de energía, la industria o el transporte, entre otros. También se establecerá una red de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas. Con esta decisión, el Gobierno establece nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones, que deben cumplirse para 2020 y 2030. Con la aprobación de esta norma se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2016, que establece los compromisos de reducción de emisiones de los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas (más conocida como Directiva de Techos).

La reducción de las emisiones de estos contaminantes acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono contribuirá a reforzar la protección de la salud y del medioambiente y a mejorar la calidad del aire. Para ello, será importante que los sectores afectados integren la variable medioambiental en sus actividades, de manera que la inversión se desplace hacia tecnologías más limpias y eficientes.

El Real Decreto establece la obligación estatal de aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación para establecer medidas aplicables a todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes. El programa contendrá medidas que impulsen un comportamiento más sostenible de los sectores mencionados y que permita garantizar el cumplimento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. En todo caso, el programa tendrá que ser aprobado y presentado a la Comisión Europea, como muy tarde en abril del 2019, y deberá ser revisado de manera periódica.

Por otro lado, el Decreto establece que se creará una red de seguimiento del impacto de la contaminación atmosférica para realizar un seguimiento de sus efectos negativos en los ecosistemas. La red, que permitirá seguir la contaminación en ecosistemas naturales y seminaturales, ya se está constituyendo y cubre tres regiones biogeográficas de la Península Ibérica. En concreto, tanto los emplazamientos de las estaciones como los parámetros medidos deberán comunicarse a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente. El Ministerio para la Transición Ecológica fijará los puntos que conformen esta red utilizando, cuando sea posible, emplazamientos y datos recabados según otros programas de medida ya en marcha.