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Rajoy plantea escuchar a «todo aquel que quiera opinar» sobre Garoña y saber si Nuclenor quiere hacer efectiva la reapertura

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Europa Press / EFE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está a la espera de conocer las opiniones de «todo aquel que quiera opinar» respecto a la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que es “muy importante” saber «si las empresas propietarias están de acuerdo en abrir, o no», respecto a la solicitud de Nuclenor de renovar la licencia de explotación de Garoña hasta el año 2031, cuando la planta alcance 60 años de edad.

Nuclenor, el titular del reactor burgalés es una sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Además, Rajoy aseguró que, antes de la decisión final, ya ha solicitado manifestar su opinión a la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, Navarra, La Rioja «y algunos más». Finalmente, confirmó que el Gobierno no tiene aún «decisión tomada» y que aún tiene un plazo «de 6 meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central.

Decisión del Ministerio de Energía

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por 4 votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que Nuclenor cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento. El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.

Fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal aseguraron que durante los próximos meses habrá «contacto y diálogo» con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas. Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN. El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años.

Exigen ceses en el CSN

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que se exige el cierre definitivo de Garoña y el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, organismo regulador que considera necesario «despolitizar«. El texto ha salido adelante con los votos favorables del PNV (5) y PSOE (4), EH Bildu (6), Podemos (2) e Irabazi (1) y el rechazo del PP.

En la moción se reclama además que se inicien «de inmediato» los trámites para «desmantelar» Garoña y se pide al Gobierno Vasco que inste a sus dos representantes en el comité asesor del CSN a «defender» el criterio del Ayuntamiento de Vitoria. Asimismo, se solicita a los servicios jurídicos municipales que «estudien» la posibilidad de acudir «a cuantas instancias judiciales sea posible» si el gobierno central finalmente autoriza la reapertura de la planta. El PP ha intentado sin éxito la aprobación de una moción alternativa que los grupos han rechazado por «escasa» y «quedarse corta».

Facua ve «escandalosa» la decisión

Por otra parte, Facua considera «escandaloso» que el CSN «se vaya a saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. La asociación considera que la supuesta independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y «lamentablemente, todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

A juicio de Facua, el CSN ha tomado esta decisión de permitir la reapertura de Garoña «saltándose sus propios requisitos», una decisión que a su juicio «pone por encima los intereses de las eléctricas de la seguridad de los ciudadanos» y ha recordado que el supervisor exigió a los dueños (Iberdrola y Endesa) unas obras y actuaciones previas que no han llevado a cabo. Asimismo, advirtió de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz.

Facua reitera que se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética «que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español». Por el contrario, considera que el Gobierno debe apostar por formas de generación más baratas «y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

El Gobierno considera que Garoña «no se puede utilizar como precedente para el resto de centrales nucleares que están funcionando»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) “en ningún caso es un precedente” para peticiones futuras de otras plantas que están abiertas y funcionando “ya que es una central singular que ya lleva cuatro años cerrada».

«La decisión que tomemos sobre Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales», reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. «Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento», sentenció. Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular formada por Iberdrola y Endesa. «Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto», señaló Navia, quien añadió que «son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar».

En todo caso, aseguró que «no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». «Eso no supone ninguna duda y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad», apostilló. Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será «las inversiones necesarias para continuar».

«Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto», señaló. Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de 6 meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para «oír a todo el mundo», teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar. El Ministerio de Energía mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión. «Todavía no está definido un calendario de reuniones y no sabemos si serán conjuntas o bilaterales», señaló.

Burgos exige el cierre definitivo

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Burgos exige al ministro de Energía que no avale la reapertura de Garoña e inicie las medidas necesarias para proceder, de manera inmediata, al cierre definitivo de las instalaciones y posterior desmantelamiento. Con los votos del PSOE, Ciudadanos, Imagina y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra del PP, y la abstención de otro concejal no adscrito, procedente del PP, el pleno municipal aprobó esta moción de urgencia presentada por C’s.

Una vez el CSN ha emitido informe favorable a la reapertura, Ciudadanos considera que es el momento de que Burgos se posicione públicamente contra la central nuclear. El aporte energético de Garoña es «marginal», ha afirmado el edil de Ciudadanos, Jesús Ortego, quien también ha incidido en que «no existe acuerdo político» sobre la reapertura de la central y además Nuclenor como empresa propietaria «tiene dudas». «El momento político es diferente y la central también está en un momento técnico diferente», así que Burgos debe exigir al Ministerio de Energía que no avale su reapertura.

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE e Imagina, que creen que es «prácticamente imposible» que la nuclear reabra, porque ya no interesa a las eléctricas desde el punto de vista económico. En el lado contrario se ha posicionado el PP; el edil César Rico rechazó el «cierre político» de Garoña y ha apostado por que sean los propietarios los que decidan el futuro de la central nuclear.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ha acordado pedir a Energía que no avale la reapertura de la central nuclear y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo. Al mismo tiempo, se ha instado a la recuperación y actualización del Plan de Reindustrialización de la zona de influencia, aprobado en 2010 pero paralizado tras la llegada del PP al Gobierno. El PSOE ha defendido que se aprovechen los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para incluir una partida que permita sacar nueva convocatoria del Plan Reindus este año.

Endesa sostiene que alargar la vida de las nucleares «tiene sentido» y que Nuclenor debe evaluar si Garoña es rentable

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EFE / Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha explicado que la decisión sobre la eventual reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) corresponde a Nuclenor, que analizará las inversiones necesarias y determinará «si es rentable o no», al tiempo que sostiene que alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años «tiene todo el sentido», al menos durante esta etapa de transición hacia el nuevo modelo bajo en emisiones que ha diseñado la Unión Europea.

El directivo se mostró defensor de ese horizonte de un 2050 descarbonizado, aunque indicó que, para ello, lo importante es tener «una idea, la voluntad y la condición de hacerlo». «Parece que la energía nuclear será necesaria en esta transición energética hacia un modelo sostenible, al menos hasta 2030″, considera Bogas, que admitió que las plantas nucleares se pueden cerrar pero cuestionó «qué alternativas hay». Una de las opciones sería sustituirlas por centrales de ciclo combinado, que utilizan gas como combustible, pero «las emisiones ya no serían cero«, recordó Bogas.

Sobre Garoña, el consejero delegado de Endesa aseguró no haber recibido «ninguna sugerencia» del Gobierno respecto a qué decisión tomar sobre la reapertura de Garoña e insistió en que Endesa representa el 50% de Nuclenor, por lo que compete a los órganos de la sociedad propietaria de Garoña analizar el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y «tomar una decisión». Además, el directivo de Endesa no consideró esta decisión del CSN sobre Garoña como «un referente» para tratar los futuros casos de otras nucleares.

El CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando el operador de la planta, Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen. Tras el visto bueno del CSN, corresponderá al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta. El departamento que encabeza Álvaro Nadal abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión.

Bogas incidió en que Nuclenor decidirá si la central de Garoña puede ser rentable con las inversiones exigidas, cuyo importe aún no conoce “de forma oficial” y señaló que «no es una cuestión discutir la seguridad» de la planta, porque los criterios en ese ámbito son los que fija el CSN. Bogas ha subrayado que las centrales nucleares españolas son «absolutamente seguras» ya que están controladas tanto por las empresas propietarias como por el CSN, que «desempeña una labor fantástica».

Por su parte, el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, Carlos Sallé, ha preferido no pronunciarse sobre la eventual reapertura de Garoña hasta que los técnicos de la eléctrica estudien las condiciones fijadas por el CSN y el Ministerio de Energía tome la decisión final. En este sentido, el director general de Negocios Mayoristas de Energía de Gas Natural Fenosa, Manuel Fernández, augura un próximo debate sobre la energía nuclear a nivel europeo, porque las centrales están llegando a los 40 años.

Por otra parte, el consejero delegado de Endesa, que reconoció que el sector tiene «un gran problema» con la imagen que traslada a la sociedad y es algo en lo que tiene que «trabajar», pidió también a la Administración «dialogar con las empresas». Asimismo, respecto a la espiral alcista en los precios de la electricidad en el pasado enero, defendió que las eléctricas «no han sacado ningún beneficio» de ello.

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

El CSN impone a la central nuclear de Garoña 10 condiciones que deberá cumplir antes de cargar combustible

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado por 4 votos a favor y 1 en contra establecer un conjunto de límites y condiciones de imprescindible implantación antes de que la central nuclear de Santa María de Garoña, si el Gobierno le concede una autorización, pueda cargar combustible y empezar a producir electricidad.

En una rueda de prensa inusual el pleno, con el presidente, Fernando Martí Scharfhausen, sus consejeros y el director de seguridad técnica y de protección radiológica, indicaron que el CSN evaluó la solicitud formulada por Nuclenor, el titular de Garoña, para establecer las condiciones para operar hasta 2031, cuando llegue a la edad de 60 años, aunque en el dictamen no se establece una fecha máxima, algo que alegan que corresponde, en su caso, al Gobierno. El informe del organismo regulador atómico era preceptivo y vinculante en caso de ser negativo, pero no vinculante en caso de ser favorable, por lo que la decisión corresponde ahora al Ministerio de Energía.

El director de Seguridad Nuclear, Antonio Munuera, ha explicado la propuesta, a la que se opone la consejera Cristina Narbona, y que incluye 8 condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras 2 más específicas como el aislamiento de la contención primaria o la protección de equipos frente a un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado, que están «prácticamente finalizadas», pero también «muchas otras» que, según una estimación inicial de Nuclenor, le podrían llevar «al menos 12 meses de trabajos».

En total, se trata de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificará el cumplimiento de todo ello. Munuera ha precisado además que para su toma de decisión el pleno ha analizado 167 informes, las respuestas de Nuclenor al cumplimiento de la Normativa de Aplicación Condicionada, el estado de cumplimiento de las condiciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y de las Instrucciones Técnicas aplicables. Así, los consejeros han evaluado que las propuestas «son aceptables» desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, pero consideran «necesario» que Nuclenor realice acciones adicionales antes de cargar combustible y operar a potencia.

Estas ITC, los 10 límites y condiciones y otras 15 instrucciones complementarias, incluyen, por ejemplo, un programa de organización y factores humanos, adaptar el sistema de protección frente a incendios, implantar las medidas post-Fukushima. Antes de que el reactor de la planta comience a funcionar se deberán inspeccionar las barras de control, verificar el cumplimiento del programa de actuaciones; revisar el plan de envejecimiento y acometer las pruebas de arranque.

Precisamente, Martí ha afirmado que al CSN le da igual si cuesta 100 que si cuesta 300. “No sabemos ni queremos saber lo que no tenemos que saber. Tenemos el derecho a no saber de eso. Somos responsables de seguridad nuclear y la protección radiológica“, aseveró enérgico. Tanto el presidente del CSN, Fernando Martí, como el resto de consejeros, Rosario Velasco (vicepresidenta), Fernando Castelló y Javier Dies, defendieron el rigor y la independencia del cuerpo técnico y han subrayado de que al regulador «únicamente» le corresponde poner las condiciones y «evaluar» pero que la decisión definitiva corresponde «únicamente» al Gobierno.

Revisión de seguridad en 2023

Del mismo modo, se han desvinculado sobre la «capacidad» de marcar la política energética nacional con una decisión que, por primera vez, pondrá a una central nuclear en la operación a largo plazo, los 60 años de edad, si el Gobierno así lo determina. En todo caso, el informe favorable no establece una fecha de autorización pero sí que las Revisiones Periódicas de Seguridad que deberá pasar Garoña serán como mucho cada 10 años «y la próxima le toca en 2023», según Velasco, que ante el Congreso reivindicó previamente que la misión del CSN en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final corresponde al Gobierno, por lo que insistió en que el CSN «no abre ni cierra centrales».

El presidente Martí Scharfhausen insistió en que el CSN «no autoriza ni desautoriza centrales, sino que marca las condiciones para que puedan volver a operar con seguridad» por lo que ha puesto la pelota del futuro de Garoña en el tejado del Ministerio y del Gobierno, que tendrán que marcar «el plazo» que «no es competencia» del regulador, que debe ser «fiel y escrupuloso» en el cumplimiento de la ley.

Asimismo, instó a «los medios de comunicación» a difundir el «prestigio internacional» de los técnicos del CSN a pesar del «pecado original de sus consejeros» para que su trabajo no se mezcle con «batallas ajenas» a su cometido. «El prestigio de los técnicos está basado en la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación técnica porque el CSN es esencial para los ciudadanos aunque se cierren todas las centrales nucleares», indicó.

Por su parte, Narbona explicó los motivos por los que emitió un voto particular. En su opinión, el regulador no debería ni siquiera tomar una decisión sobre la cuestión sin que la planta burgalesa hubiera terminado de implantar «todas las condiciones y modificaciones previas». La consejera basa la necesidad de votar en contra del dictamen no en la falta de criterio de los técnicos, sino en que esta es la «primera vez» desde 1999 que el regulador concede un informe favorable para la renovación de una central «sin establecer un límite temporal» a la misma y considera que esto «contradice» la guía de seguridad 1.10 que es la que está «en vigor en la actualidad», aunque se esté cambiando actualmente.

Al mismo tiempo, ha recordado una carta enviada en 2015 por Munuera a Nuclenor emplazando al titular a acelerar en las modificaciones que se le requerían como requisito previo para estudiar su solicitud de renovación. Por ello, la consejera no entiende que se haya votado un informe sin cumplir estas condiciones. Si bien, reconoce que había obligación del regulador a responder a la Administración, pero que la ley «no prejuzga la respuesta». «El pleno podía haber dicho no», ha advertido.

A continuación los consejeros han explicado los motivos por los que han votado a favor. Por ejemplo, para la vicepresidenta, Rosario Velasco, ha sido «imprescindible» que se incluyera la RPS cada diez años como plazo máximo. A su juicio, disociar la RPS de la autorización supondrá un «incremento importante» de proactividad de los operadores a la hora de garantizar la seguridad de las instalaciones.  Castelló, por su parte, ve también «muy bueno» separar ambas cuestiones y ha recordado también, respecto a la operación a largo plazo, que en el proceso de renovación de 2009 ya se realizó un análisis del envejecimiento hasta los 60 años de operación que se aprobó por unanimidad y que ahora se ha revisado y actualizado.

En la misma línea, Javier Dies apuntó que en la actualidad 117 centrales en todo el mundo tienen permiso para operar más allá de los 40 años de vida útil y ha garantizado que con las condiciones impuestas por el CSN, si el Gobierno decide autorizar la renovación de la planta, Garoña «estará en unos niveles muy competitivos de seguridad».

El aval a la reapertura de Garoña, punta de lanza para operar las nucleares hasta los 60 años de funcionamiento

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló la reapertura de la central de Garoña (Burgos) si cumple con ciertas condiciones, dando vía libre al Gobierno para que pueda autorizar a la planta a operar hasta los 60 años, hecho sin precedentes hasta ahora en España.

Garoña es una planta nuclear sin clausurar, actualmente en situación de parada segura, y es la más antigua de España. Opera desde 1970 con un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la central de Fukushima, accidentada tras el tsunami que devastó la costa de Japón, y está operada por la empresa Nuclenor (participada por las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola). El accidente ocurrido en Fukushima en 2011 motivó una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en las plantas europeas que concluyó con exigentes requerimientos para Garoña por parte del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España, el CSN.

Ante la fiscalidad introducida por el Gobierno, Nuclenor decidió parar la central en diciembre de 2012, para a continuación solicitar poder operarla hasta el año 2031, de manera que le compensase la inversión requerida en seguridad, que cifran en varios cientos de millones de euros varios expertos consultados. A raíz de esa petición para conectar Garoña a la red hasta 2031, el Ministerio de Industria encargó al CSN que dictaminara si la central estaba en condiciones de abrir, y en caso afirmativo qué inversiones en medidas adicionales de seguridad tendría que ejecutar para hacerlo. 167 informes técnicos mediante, el dictamen del CSN avaló la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor lleve a cabo las inversiones que se le exigen.

No obstante, la resolución favorable del CSN es preceptiva, pero no vinculante y, por tanto, no supone la autorización, que es un trámite que corresponderá al Ministerio de Energía. De producirse esa autorización la decisión final sobre la reapertura de Garoña estará en manos de Endesa e Iberdrola, pero el Ejecutivo habría sentado precedente, ya que sería la primera vez que se diera el visto bueno para que un reactor nuclear siga conectado a la red hasta los 60 años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado sus dudas respecto a la continuidad de las operaciones de Garoña mientras que los responsables de Endesa serían favorables a reabrirla.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969, siendo la primera que funcionó en España, y 2006. Una autorización para Garoña implicaría, también por primera vez, desligar las revisiones integrales de seguridad que ejecuta el CSN cada 10 años de las autorizaciones, lo cual supone que la autorización no está condicionada a ella, como ocurría hasta ahora.

El dictamen favorable a la reapertura de Garoña ha abierto un debate político a varios frentes. Por un lado entre comunidades autónomas, ya que mientras el Gobierno de Castilla y León está a favor de reabrir, el del País Vasco ha reclamado al Gobierno que no dé la autorización. Una mayoría parlamentaria, entre la que se encuentran PSOE, Podemos y Ciudadanos pidió por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no autorizara la reanudación de operaciones de Garoña hasta que no hubiera un debate de fondo sobre el alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción exigen a esos partidos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña. Atentos a la resolución definitiva sobre Garoña  aguardan atentamente otras cinco centrales nucleares que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de los 40 años. La siguiente en hacerlo sería la de Almaraz, en Cáceres.

El CSN volverá a abordar este miércoles la decisión sobre la reapertura de Garoña tras el aplazamiento pedido por Narbona

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó aplazar a este miércoles la «toma de decisión» respecto a la viabilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pudiera volver a conectarse a la red eléctrica y su licencia se renueve hasta el año 2031, cuando cumpla 60 años de funcionamiento, según solicitó su titular, Nuclenor (empresa participada por Endesa e Iberdrola). El aplazamiento fue pedido por la consejera Cristina Narbona, según fuentes del regulador atómico.

El asunto estaba en el orden del día para «toma de decisión» pero, según el artículo 34 del Estatuto del CSN, cualquier consejero podrá solicitar aplazar la deliberación sobre algún asunto concreto hasta la próxima sesión. El presidente puede denegar la petición cuando el asunto haya sido tratado ya en dos sesiones anteriores por lo que, como mucho, la decisión definitiva puede darse esta semana o la próxima, pues el pleno puede pedir un máximo de dos aplazamientos. Así, el CSN indicó que aún «no ha adoptado decisión alguna» respecto a estos expedientes pues se aplazó «el debate y toma de decisión», de modo que el pleno proseguirá este miércoles con el estudio y toma en consideración de estos expedientes.

La petición de Nuclenor es de operar la central hasta 2031 y, por tanto, no lo condiciona a que la planta supere la revisión correspondiente cada 10 años, hecho hasta ahora sin precedentes. No obstante, el visto bueno del CSN no implicará la autorización para operar, que tendrá que determinar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una vez reciba la resolución del CSN. De conseguir esa autorización, Endesa e Iberdrola deberán decidir si les compensa ejecutar las inversiones requeridas para reabrir la planta.

Los consejeros han «analizado en detalle» los «diferentes» expedientes administrativos asociados al proceso de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña. La renovación de la central nuclear de Garoña comenzó a ser debatida el 25 de enero en el pleno del CSN. Si bien, los consejeros tenían ya a su disposición para estudiar la documentación relativa al expediente de la central desde el pasado diciembre.

Se trata de 167 informes realizados por técnicos de 16 áreas del regulador en los que se han empleado 30.000 horas. Todo indica que la conclusión será favorable a la reapertura siempre y cuando Nuclenor ejecute un buen número de costosas inversiones para que la planta burgalesa funcione de manera segura. La documentación incluye también 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de siete meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013.

En concreto, el trabajo de los técnicos a lo largo de 30.000 horas ha incluido el análisis de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), relativa al intervalo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. En ella se revisó la experiencia operativa propia y ajena, la experiencia relativa al impacto radiológico, los cambios en reglamentación y normativa, el análisis del comportamiento de equipos, las modificaciones de la instalación, el análisis Probabilista de la Seguridad (APS), los programas de evaluación y mejora de la seguridad, el control de la configuración de la central y el programa de vigilancia y control hidrogeológico.

De acuerdo con la nueva normativa, el CSN tiene que analizar el cumplimiento del titular en la RPS y la que esté condicionada a una selección previa por parte del regulador. También apunta que Nuclenor debe realizar un estudio de las mejoras que podría tener que realizar, lo que se conoce como Normativa de Aplicación Condicionada (NAC), para actualizar el conjunto de normas que constituyen la base de licencia de Garoña. En ese contexto, el CSN identificó en el proceso de evaluación varios ejemplos en la normativa internacional en materia de guías de seguimiento para evaluar interferencias en evaluaciones electromagnéticas y de radiofrecuencia relacionadas con la seguridad; la cualificación de la seguridad del cableado o los residuos radiactivos, entre otras.

El 2 de junio de 2014, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó un informe preceptivo al CSN según lo previsto en el artículo 28.1 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que había sido modificado el año anterior. El 30 de julio de 2014, el CSN acordó remitir al titular de la central la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de referencia CSN/ITC/SG/SMG/14/01, sobre la documentación y requisitos adicionales para la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña.

Asimismo, el regulador destaca que en la evaluación se han analizado las propuestas de los Documentos Oficiales de Explotación, que acompañan a la solicitud de la renovación de la Autorización de explotación y las posteriores revisiones remitidas por el titular, como resultado del proceso evaluador realizado. En concreto se trata del Estudio de Seguridad, las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, el Plan de Emergencia Interior, el Manual de Garantía de Calidad, el Manual de Protección Radiológica, el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, y el Plan de Protección Física de la central.

Respecto a la autorización de protección física, el CSN señala que la autorización se otorgará «en su caso, por el mismo plazo de validez» por el que se conceda la autorización de explotación. En cuanto a la evaluación de la revisión del Plan de Protección Física, se presentó como soporte a la solicitud de renovación de la autorización de protección física e incluye la incorporación del Almacén Temporal Individualizado (ATI).

El pleno ha examinado también las evaluaciones realizadas sobre modificaciones de diseño de la central para las que se ha establecido un proceso de licencia específico, como un nuevo Sistema de Tratamiento de Gases de Reserva (SBGTS), que fue requerida como una condición derivada del proceso de la revisión de la normativa de aplicación condicionada (NAC) en el informe que emitió el CSN en 2009 y que figura en el punto 20 de la ITC/14.01.

En este expediente, el CSN evaluó también las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) y del Estudio de Seguridad (ES) asociadas a esta modificación de diseño. En concreto, Garoña deberá construir un nuevo edificio con muros de hormigón armado de clase sísmica 1 que alberga este sistema de tratamiento de gases y un montaje del sistema de reserva de tratamiento de gases. Del mismo modo, Nuclenor tendrá que instalar un sistema de ventilación clasificado como «no relacionado con la seguridad» e instalar los servicios auxiliares.

También se abordó «como expediente específico», la sustitución del cableado eléctrico y la reubicación en un nuevo edifico de un centro de control de motores y panel de control del sistema de inyección al reactor de agua a alta presión (HPCI). Entre otros asuntos relativos a Garoña figuraba también la apreciación favorable a la puesta en servicio parcial de las modificaciones de diseño sobre la división eléctrica y del programa favorable de las modificaciones post-Fukushima, que incluye implantar el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), de un Sistema de Venteo Filtrado de Contención (SVFC) y la implantación de los Recombinadores pasivos autocatalíticos de Hidrógeno (PAR). El CSN requirió que este programa deberá completarse “antes de la carga de combustible».

Los técnicos del CSN dedican 30.000 horas y 167 informes para evaluar la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- Ecologistas en Acción considera que sería una «acción insensata» reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que es una «antigualla» y cuya solicitud para renovar su licencia de explotación hasta 2031 ha comenzado a estudiar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos consejeros han recibido «todos» los documentos técnicos elaborados durante 30.000 horas por 16 áreas del organismo regulador para que decidan sobre la renovación de la licencia de operación solicitada por Nuclenor, su titular, en 2014.

En total, el material que tendrán que estudiar se compone por 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de 7 meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013. El informe del CSN es preceptivo, vinculante en caso de ser desfavorable, y en caso de ser favorable correspondería decidir al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). Fuentes del CSN estiman que el estudio y análisis de la documentación se prolongará algunas semanas.

Además, añade que los miembros del pleno han recibido información «detallada» sobre el proceso de evaluación que se ha realizado en el marco del expediente de renovación de la autorización de explotación, así como del estado actual de la central. En concreto, esto incluye las evaluaciones realizadas para la prórroga de la autorización de protección física y la correspondiente revisión del Plan de Protección Física; la autorización de modificación de diseño correspondiente al funcionamiento de un nuevo sistema de reserva de tratamiento de gases y la aprobación de las propuestas de revisión, de los documentos oficiales de la licencia, el Estudio de Seguridad (ES) y las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central.

También incluye las evaluaciones relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos; los programas de implantación de los requisitos de las Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el CSN. Estos requisitos no se incluyeron en la instrucción técnica complementaria (ITC) que se emitió para la adaptación de la central a su actual situación de cese de explotación. El 30 de julio de 2014, pocos meses después de la solicitud presentada por Nuclenor para que la central nuclear vuelva a operar hasta 2031, 17 años más, el pleno del CSN acordó emitir una ITC complementaria, la documentación y los requisitos adicionales respecto a la solicitud de renovar Garoña hasta los 60 años de edad.

«Acción insensata» reabrir esa «antigualla»

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, señaló que «previsiblemente» el organismo regulador emitirá un informe «favorable» sobre la reapertura de la central, algo que para la ONG muestra la «falta de rigor» en el CSN que, en su opinión, «nunca debió aceptar» una solicitud de reapertura por 17 años, hasta que la planta llegue a los 60 años de edad. Además, indicó que se calcula que el periodo antes de que tomen una decisión puede pasar «ampliamente de un mes o incluso más del doble».

Garoña comenzó a funcionar en 1971 y dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, cuando descargó su combustible por motivos económicos. Para Ecologistas en Acción, la central tiene un «largo historial de incidentes graves para la seguridad», entre los que ha destacado la corrosión de elementos clave del circuito primario, como el barrilete o las penetraciones de las barras de control. Asimismo, advierte de las «condiciones de seguridad deplorables» que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la «falta de rigor» del CSN han convertido la continuidad de la central en una «cuestión política», más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

La ONG denuncia que para «facilitar» la cuestión, primero el CSN abrió un periodo de prórroga que Nuclenor dejó pasar y que después modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) «a la medida de Garoña». Por otro lado, Ecologistas calcula que para poner a punto la central se necesitarán inversiones que pueden pasar de 150 millones, sin que supongan garantizar la seguridad y recuerda que el presidente de Iberdrola manifestó su «nulo interés» en reabrirla. «El Gobierno del PP y el CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir una central en la que sus propietarios no están interesados», advierte.

Permiso hasta los 60 años

Castejón da por hecho que el informe del CSN sobre la renovación de la licencia de operación de Garoña será favorable pero con numerosas condiciones y esto sentará «dos graves precedentes válidos» para el resto del parque nuclear español. Se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España y supondrá una autorización para operar hasta los 60 años y considera que el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales.

«El riesgo de mantener Garoña en funcionamiento es inaceptable. Se trata de una peligrosa antigualla situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, la nube radiactiva llegaría con toda probabilidad al País Vasco. Lo más sensato es proceder al cese de explotación definitivo«, ha sentenciado. En este contexto, ha apuntado también a la falta de transparencia del organismo regulador tanto en este expediente como en otras cuestiones, como por ejemplo en la decisión del ATC. «Tendremos que pedirlos a través del portal de la Transparencia», señaló Castejón.

Castilla y León considera que el sistema eléctrico necesita de Garoña, central nuclear cuya reapertura empieza a evaluarse este miércoles

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EFE / Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comenzará este miércoles a estudiar el informe técnico sobre la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) hasta los 60 años de su vida útil. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, considera que Garoña es una planta «necesaria para la producción energética» y cree que si el CSN renueva la licencia de explotación sería una buena noticia.

Pero lo primero, según ha insistido Herrera, es la seguridad de las instalaciones, las personas y el medio ambiente, por lo que ha recordado que la Junta considera «imprescindible» el visto bueno del CSN. En este sentido, Herrera ha indicado que con la actual situación energética, «España no puede permitirse ningún tipo de frivolidad entorno a la garantía de los suministros energéticos. Herrera ha insistido en que «España debe blindar su suministro energético» y ha criticado la falta de planificación del Gobierno central respecto al consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas. Por último, Herrera ha destacado que una posible continuidad de Garoña, tendría una buena repercusión en el empleo del entorno de la zona de Miranda de Ebro.

Arranca debate en el CSN

El pleno de este miércoles tiene uncarácter meramente «informativo» y de momento no se tomarán decisiones al respecto debido a que el informe remitido a los técnicos es «voluminoso», hay mucho material que estudiar y el resultado puede demorarse semanas. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, debe elaborar un informe con los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña, en parada desde diciembre de 2012 por decisión de sus propietarios (Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa). El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta, y si es positivo dejaría la decisión última en manos del Ministerio de Energía.

Según fuentes del Consejo, la decisión sobre Garoña «no se prevé fácil y requerirá semanas para su resolución». Se trata de una cuestión de gran densidad con muchos condicionantes asociados para Nuclenor, la empresa propietaria de la central, y, en cualquier caso, se tratará de un dictamen técnico, tras el cual el Gobierno tendrá la última decisión sobre la reapertura o no de la planta. Según diversas fuentes, la decisión técnica sería finalmente favorable, si bien con un elevado número y muy exigentes de condicionantes técnicos e inversiones para los propietarios en materia de seguridad. Aún con ese dictamen y la eventual aprobación de Energía, la empresa podría finalmente declinar la reapertura de la planta.

Paco Castejón, ingeniero nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, recuerda que los miembros del pleno tienen la facultad de pedir un aplazamiento de la decisión por lo que ésta posiblemente no podría adoptarse este miércoles. El proceso podría llevar «varias semanas o meses», ya que tanto el presidente como los consejeros pueden solicitar hasta dos aplazamientos. A su juicio, el informe resultante del pleno será «positivo condicionado», es decir, el CSN autorizará el funcionamiento de la central de Garoña con una serie de condiciones que Nuclenor deberá aceptar para que se ponga en funcionamiento.

Entre las condiciones, Castejón matizó que existen una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que resaltó el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña así como aspectos como la autorización de explotación, las medidas de seguridad física o medidas a raíz de las pruebas de resistencia post-Fukushima. Además destacó los precedentes que sentaría en el parque nuclear español la puesta en funcionamiento de una central, que actualmente se encuentra en unas condiciones «deleznables».

Araba sin Garoña plantea que se exija al PP el cierre de la nuclear en la negociación de los Presupuestos

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La plataforma Araba sin Garoña ha exigido que el cierre definitivo de esta central nuclear se incluya en las negociaciones de los distintos partidos con el gobierno central (PP) para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2017. Su portavoz, Alberto Frías, ha denunciado la «actitud tibia» de «todo el arco político alavés» que no está exigiendo el cierre de la central a pesar de existir «una mayoría popular» que apuesta desde hace años por el cierre de Garoña.

Frías se dirigió al PP alavés, formación a la que ha acusado de «pucherazo expreso» por no defender en Madrid las mismas posturas que en Araba. «Si los partidos que se comprometieron expresamente a paralizar y no reabrir la central nuclear de Garoña van a seguir pactando con quien plantea reabrirla, estarán desoyendo la voluntad popular«, ha afirmado Frías, quien también ha asegurado que la plataforma denunciará «a todos y cada uno de los partidos que no cumplan con los compromisos que adquirieron para el cierre definitivo de la central»

Además, considera que «se está reproduciendo miméticamente el esquema que posibilitó el accidente de Fukushima», ha advertido, debido a las relaciones que se están dando entre el gobierno, el regulador (en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear) y el operador (Nuclenor).  La plataforma, que «daba por amortizado este tema» ha alertado de los movimientos «escalofriantes» de los últimos dos meses con declaraciones tanto del presidente de la empresa propietaria de la central, José Ramón Torralbo, como del responsable del CSN, Fernando Martí y del nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal. Palabras que, según Frías, abren nuevos interrogantes sobre el futuro de la central que requieren de «una respuesta clara».