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El PP acusa al Gobierno de paralizar el ATC «de tapadillo» y pedirá explicaciones a la ministra en el Congreso

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, criticó la decisión «de tapadillo» del Gobierno de paralizar los trámites para la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) y ha asegurado que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique esta decisión.

Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando, según ha recordado, existe en la Cámara baja una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión. De hecho, ha señalado que Ribera «hurtó al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

En cuanto a la paralización del ATC, el diputado ha mostrado su preocupación porque desconoce cómo va a garantizar el Ejecutivo la seguridad y la protección radiológica del país sin un almacén así. «Y si la pueden garantizar, me gustaría saber cuáles son las alternativas», ha apuntado. Del mismo modo, alerta del sobrecoste que supondrá que, sin ATC, todas las centrales nucleares tengan que tener su propio Almacén Temporal Individual (ATI) para los residuos nucleares.

«Estamos hablando de una instalación promovida por el PSOE y que contó con el acuerdo casi unánime de ambas Cámaras», ha recordado Mariscal, para señalar que el Ejecutivo socialista ha contravenido ahora el acuerdo parlamentario para tomar una decisión que, a su juicio, «carece de argumentos» y que se toma «por motivos políticos«. El portavoz popular quiso responder, además, a los que rechazaban el ATC por ser contrarios a las centrales nucleares. Para el diputado, el ATC «no tiene relación directa con el futuro o no» de estas plantas, sino con la gestión de residuos.

“Para hacer las cosas bien”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, destacó, sobre la decisión del Ejecutivo central, que es una «gran noticia» y que a partir de este momento se analizará la situación «para hacer las cosas bien». En este sentido, ha señalado que hay que analizar las posibilidades de «presente y futuro de los residuos nucleares«, al tiempo que ha considerado necesario que se cumpla la declaración de impacto medioambiental del proyecto. Asimismo, criticó que la decisión de elegir Villar de Cañas para almacenar residuos nucleares fue «política», algo que tocó «los corazones de los castellano-manchegos», a los que ha reconocido su «tesón» en la voz del presidente regional, Emiliano García-Page.

“Insuficiente” para la plataforma anti-ATC

Por otro lado, la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ha señalado que la decisión del Gobierno central de suspender la tramitación del ATC «es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto». Según reiteró la plataforma, «los terrenos no son los adecuados, como atestiguan los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y del Colegio de Geólogos», es por ello que para la plataforma, estos son argumentos suficientes «para dar el carpetazo definitivo al proyecto inmediatamente».

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería, a juicio de la plataforma, denegar la «autorización previa o de ubicación», para así «impedir que un nuevo Gobierno salido de las urnas pueda reactivar el almacén nuclear en Villar de Cañas». El Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado al CSN suspender temporalmente la tramitación de la «autorización de construcción» del ATC. Pero «nada ha decidido», sobre la «autorización previa o de emplazamiento, cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas», apuntaron desde la plataforma.

Para la plataforma, Ribera tiene «un argumento de peso» para cerrar el proyecto, el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del CSN. Este texto, «se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo«. Para la portavoz de la plataforma, María Andrés, «la ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida». Por ello indicó que están «satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto».

El Gobierno paraliza los trámites del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas para planificar primero su política energética

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Europa Press.- El Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, para «analizar con cierto detalle la situación». El Ministerio para la Transición Ecológica vincula esta decisión a que aún diseña su estrategia energética para la próxima década.

Así se lo ha indicado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, en una carta remitida el pasado 5 de julio y facilitada por este departamento ministerial. En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, quiere expresar su «deseo» de poder analizar «con cierto detalle la situación«.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. «Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual«, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

Fuentes del CSN han recordado que el organismo aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha. A lo largo del proceso ha habido diversos pronunciamientos de los tribunales en relación a aspectos que facilitaban o entorpecían la construcción del almacén.

Ecologistas exigen el cierre nuclear

Por su parte, las organizaciones ecologistas han aplaudido la decisión del Gobierno y han insistido en que se elabore un plan de cierre de las centrales nucleares. Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, esta decisión del Ejecutivo es una «muy buena noticia». «Nos parece un despropósito esta instalación porque no está resuelto ni está decidido qué va a pasar con los residuos nucleares y cuándo se van a dejar de producir». Además, critica el ATC porque, a su juicio, el emplazamiento elegido era «pésimo desde un punto de vista geológico», lo que ha estado provocando «los retrasos y el tremendo sobrecoste» que estaba teniendo el proyecto.

Aun así, Segura apunta que no vale con paralizar los trámites del ATC, sino que hay que acometer un plan de cierre de las centrales nucleares. En su opinión, el desmantelamiento es «factible» con los actuales Almacenes Temporales Individualizados (ATI) que se están construyendo en cada una de las centrales para depositar los residuos. «En todo caso, habrá que sentarse y ver cuántos residuos se van a producir para ver qué hacer con ellos, esa sería la dinámica ahora», añadió.

Para Greenpeace la decisión del Ministerio es «de sentido común». «El cementerio ni se puede ni se debe construir, y menos con la cantidad de irregularidades que tenía encima, con lo cual la decisión más sensata es paralizarlo y poder evaluar realmente si era necesario o no», afirma el jefe del área de Energía de la ONG, José Luis García.

¿Cuántos residuos más se producirán?

El portavoz apunta que antes de tomar una decisión sobre la construcción de un ATC, es «fundamental» conocer el futuro de las centrales nucleares, cuyo cierre considera «fundamental» pues «no se puede construir un cementerio sin saber cuántos residuos va a albergar y para saber esto hay que saber cuántos se van a producir«. Así, añade que mientras esa decisión no se haya tomado, construir un depósito de residuos sería como «empezar la casa por el tejado», suponiendo que el ATC fuese una solución, «que no lo es» para García.

También Amigos de la Tierra considera «positivo» este anuncio del Gobierno central de paralizar el ATC. Tal y como recuerda la responsable del área de Residuos de la organización, Alodia Pérez, los residuos nucleares solo pueden ser confinados y son «muy peligrosos», es decir, se trata de una «tecnología absurda e ilógica». Pérez insiste en que no se produzcan más residuos, que son generados por las centrales nucleares, mientras que a nivel energético piden un mix basado en energías renovables.

El responsable de Cambio Climático de SEO/BirdLife, David Howell, no se muestra en contra de que se construya un ATC, pues «en algún lado hay que almacenar esos residuos enormemente peligrosos». Pero sí pide «debate público» para tomar una decisión sobre el tema, pues reclama que, cuando llegue el momento de decidir dónde ubicar un almacén central, haya una evaluación medioambiental sobre su impacto. Al igual que el resto de organizaciones, SEO/BirdLife apoya un cierre programado de las centrales cuando lleguen al final de su vida útil. «Impiden la entrada de las energías renovables, que si se consideran una opción más segura y enormemente menos costosa que la nuclear», agrega.

Cañete ve “mucho más complicado» reducir las emisiones si se desmantelan las centrales nucleares y las térmicas de carbón simultáneamente

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha defendido, desde la «neutralidad» tecnológica de la Comisión Europea, que hay vehículos diésel actualmente que «contaminan menos y cumplen con la legislación europea». Por otro lado, Arias Cañete califica la situación de España en interconexiones energéticas de «muy crítica” y ha afirmado que «es mucho más complicado reducir altos niveles de emisiones si se desmantela el carbón por una parte y se cierran las nucleares simultáneamente«.

Sobre si considera que España debe prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, Cañete ha manifestado que «un gobierno se compromete a bajar a la reducción de emisiones y eso lo tiene que hacer con un mix energético determinado». De este modo, insistió en que «cada Estado tendrá que hacer su composición de lugar» y que respeta «plenamente» las decisiones» que tome cada uno, incluidas las del Gobierno español.

Asimismo, ha remarcado que «lo único» que él hace como comisario europeo es «verificar» que el plan de energía y clima tenga «una lógica interna» que le permita cumplir los objetivos de reducción de emisiones, de desarrollo de renovables, etc. En este sentido, recordó que el Tratado de la Unión Europea establece que el mix energético es «competencia exclusiva» de los Estados y ha apuntado en la Unión Europea hay «todo tipo de situaciones». «Los que van a prorrogar la vida útil de sus centrales, los que van a hacer nuevas centrales nucleares, los que están cerrando centrales nucleares», manifestó.

Arias Cañete ha defendido que, en este contexto, la Comisión Europea se encarga de «garantizar los máximos niveles de seguridad nuclear». «Esa es la competencia de la Comisión: garantizar la gestión de los residuos nucleares y establecer que todos los Estados cumplan sus obligaciones», ha apostillado. «Ese debate existe en la sociedad», ha reconocido el comisario de Acción por el Clima y Energía, para después añadir que, en la actualidad, la Comisión está financiando programas de cierre de centrales nucleares, que son «costosos, muy largos de ejecutar y muy laboriosos».

Situación «muy crítica» de interconexiones

En lo que respecta a las interconexiones, el comisario europeo considera «muy crítica» la situación de España en interconexiones energéticas, por lo que cree que la próxima cumbre de Lisboa en la que participará el Gobierno español, junto a la Unión Europea, Francia y Portugal, debe servir para volver a «impulsar» el proceso. En este sentido, Cañete consideró que de esta cita del viernes debe salir la redacción de unos acuerdos «que den un impulso a los acuerdos de interconexiones».

A este respecto, el comisario indicó que España se encuentra actualmente en el 6% de interconexión, por lo que es necesario el impulso a los proyectos previstos, como los de los Pirineos con Francia, para estar «más cerca» del objetivo del 10%. El comisario subrayó que el principal problema para el desarrollo de las interconexiones energéticas radica en «la resistencia de las autoridades locales», aunque valoró la actual predisposición del Gobierno francés a su impulso.

Modelos diésel y legislación europea

Finalmente, Arias Cañete subrayó que es «erróneo» hablar de diésel «en general» ya que «hay diésel limpio y diésel no tan limpio». Así, insistió en que Bruselas «no induce a ninguna tecnología», aunque sí que señaló que la Comisión Europea establece unos límites para alcanzar los objetivos de descarbonización y que «luego será la innovación la que diga cómo alcanzarlos». Además, el comisario consideró que en el horizonte de 2030 habrá todavía posiblemente entre un 80% y un 60% del parque de vehículos de combustión y que dentro de ellos «habrá de todo». «Creo que vamos a un proceso de descarbonización y electrificación, pero tiene que tener periodos progresivos«, indicó.

No obstante, afirmó que alcanzar los objetivos no se puede «hacer solo» con motores de combustión interna y señaló que la electrificación en la Unión Europea cuenta con «muchos cuellos de botella». A este respecto, indicó que, en su opinión, los fabricantes europeos apuestan por los modelos de combustión interna, frente a países como China que están impulsando el vehículo eléctrico, y advirtió de que el desarrollo de las baterías es «un reto» para Europa.

Además, consideró que se debe impulsar el desarrollo de puntos de recarga, que en España alcanzan los 1.754, cuando serán necesarios más de 200.000 para alcanzar un objetivo del 30% de reducción de emisiones en 2030 y unos 380.000 si el objetivo se situase en el 50%. Asimismo, advirtió del crecimiento en la penetración de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España, que deberían pasar de los 17.000 en 2017 a más de dos millones para cumplir el objetivo del 30% y a 3,8 millones para alcanzar el 50%.

La demanda de energía eléctrica crece un 1,2% en el primer semestre con la eólica como principal tecnología de generación

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Europa Press.- La demanda de energía eléctrica ha alcanzado los 126.411 gigavatios/hora (GWh) durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto a los seis primeros meses del año anterior, según datos de Red Eléctrica, que indican que si se tienen en cuenta el calendario y las temperaturas, la demanda eléctrica se habría incrementado un 1,1%.

A pesar del crecimiento registrado en el acumulado del primer semestre, la demanda de energía eléctrica peninsular en el mes de junio registró un descenso del 6,3%, hasta los 20.337 GWh, debido a las suaves temperaturas registradas en la primera parte del mes de junio en comparación con el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta el calendario laboral y las temperaturas, la demanda en junio cayó un 3,2%.

El viento ha favorecido la producción de 27.779 GWh de energía eléctrica entre enero y junio del 2018, lo que convierte a la eólica en la tecnología líder en este periodo, con un 22,6% del total peninsular. En comparación con el 2017, la producción eólica se ha incrementado un 10,4%. Por su parte, las lluvias incrementaron la energía hidráulica, que experimenta un aumento del 74% respecto al mismo periodo del 2017, año especialmente seco. Con esta tecnología se han producido 20.821 GWh, lo que significa el 16,9% del total peninsular.

Así, las condiciones meteorológicas del primer semestre han contribuido a la generación renovable, que ha producido casi la mitad (45,8%) del total de la Península y ha incrementado su participación en 8,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2017. Para seguir incrementado la integración de generación renovable en el sistema eléctrico español, Red Eléctrica está trabajando en nuevos proyectos, asociados a la Planificación de Infraestructuras Eléctricas 2015-2020, que permitirán la evacuación de hasta 30.500 megavatios más de renovables a la red de transporte peninsular.

Teniendo en cuenta la aportación de la energía nuclear sobre el total peninsular (20,6% del total), las tecnologías que no emiten CO2 a la atmósfera representaron el 67,5% de la generación del primer semestre del año. Red Eléctrica destaca que la elevada participación de tecnologías renovables en el mix de generación peninsular no habría sido posible sin un paulatino aumento de la potencia renovable instalada, que se ha incrementado un 53% en el periodo 2007-2017.

El Gobierno confirma el cierre de las térmicas sin modernizar para 2020 y de las nucleares a los 40 años

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asumido el cierre en 2020 de 7 de las 15 centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión, y ha condicionado a diferentes circunstancias la supervivencia de las otras 8 que sí que han invertido para continuar funcionando. Asimismo, la ministra confirmó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan los 40 años de funcionamiento, plazo que se cumple en 2028.

Ribera ha expresado su «convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE: tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central«. A este respecto, ha admitido las posiciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a la postura sobre la referencia a tener en cuenta para establecer el cierre o continuidad del parque nuclear, ya que algunos entienden que la referencia a la vida de diseño de las centrales es la fecha que active el cierre de las centrales y otros consideran que se debe aplazar el funcionamiento «más allá del plazo tecnológicamente previsto».

La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la ministra añadió que es preciso abordar las «obligaciones» relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea el cierre adelantado o postergado, tales como las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los residuos peligrosos.

Así, indicó que «no se ha encontrado» al llegar al Gobierno un plan nacional de seguridad de los residuos, por lo que España está «incumpliendo una obligación» europea, y también expuso que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente. En definitiva, cree que es un «tema crítico fundamental» que necesita un análisis «más profundo» así como entender los escenarios económicos y financieros. Sin embargo, ha afeado al anterior Ejecutivo que de estas cuestiones se ha encontrado «más bien poco», salvo algunas disposiciones normativas importantes, con un calendario de fechas «que se echan encima».

En este contexto, considera que es una «ventaja» la capacidad de generación «tan grande» del sistema eléctrico a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después, de forma que se minimice el impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o previsibilidad de cara a inversores y costes. «No podemos actuar con el capricho del ministro de turno», concluyó.

Cierre de las centrales térmicas

Respecto a las circunstancias a exigir a las centrales térmicas que han invertido para seguir funcionando, la ministra ha mencionado la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y «los avances y los costes del resto de los operadores del sistema«, tal y como ha explicado ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

«Las otras 7 centrales, que no han hecho ninguna inversión, no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar», ha señalado Ribera, puntualizando que «los plazos de cierre vienen dados» por la propia Comisión Europea. «Creo que pretender que en un mes es posible cambiar lo que ya existe con fecha de pasado mañana es una cosa un poco rara», apostilló, al tiempo que también invitó a los grupos a proponer medidas para «incentivar o facilitar el proceso de transición» para «modular» esta «salida de las centrales, antes o después».

Respecto al gas, la ministra ha llamado a «evaluar y ponderar» si las instalaciones actuales son suficientes o si es necesario aumentar la capacidad pero, en todo caso, siendo «extraordinariamente cautelosos con respecto a delirios de grandeza en un impulso o crecimiento» de un recurso del que, recalcó, carece España y que además «no tiene una larga vida por delante».

«Cautela, por tanto, con respecto al gas, y eso aplica a prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la generación y con las infraestructuras de gas», ha apuntado Ribera, sin hacer referencia a ningún proyecto concreto, a pesar de que una de las grandes inversiones proyectadas y prioritarias para el anterior Gobierno era la interconexión gasística del MidCat, que conectaría España con Francia a través de los Pirineos. En todo caso, ha diferenciado estas inversiones con el empleo de esta energía «como materia prima en procesos industriales o cualquier otra combinación tecnológica que permita su utilización para fabricar polímeros y facilite más allá de 2050 las emisiones negativas».

Por otro lado, Ribera se ha referido a las subvenciones que pudieran apoyar la generación de energía a través de combustibles fósiles, y ha señalado que hasta ahora no se ha realizado «un diagnóstico» de este sistema en España. Así, ha reconocido que existen «distintas versiones de qué son subvenciones» y cuestionó si hay ayudas «encubiertas» a través de un tratamiento fiscal diferenciado, por lo que ha pedido hacer «un análisis serio» al respecto. En este análisis, apostó por un calendario de eliminación de esas subvenciones, pues considera que «no solo es necesario, sino que es una recomendación del G-20 que no se aplica con todo el rigor que corresponde».

Las emisiones de CO2 crecen un 7% al descender la energía hidroeléctrica y aumentar la generada con carbón, según BP

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Europa Press.- La histórica sequía que se registró en España el año pasado produjo un desplome del consumo de energía hidroeléctrica de un 49% y un aumento del consumo de carbón del 29%, lo que ocasionó un incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 7% en 2017, el aumento más alto desde el 2012.

Según un informe realizado por la petrolera BP, el consumo total de energía en España se incrementó en 2017 un 1,8%, continuando así con la tendencia alcista iniciada en 2015. El petróleo acabó copando el 46,7% del mercado, seguido del gas natural, con un 19,8%; de las energías renovables, con un 11,3%; del carbón, con un 9,7%; de la nuclear, con un 9,5%; y de la hidroeléctrica, con solo un 3%. La fuente de energía que más incrementó su consumo fue el carbón (+29%), seguido del gas natural (+10,2%), de las renovables (+2,2%) y del petróleo (+1,2%). Por el contrario, la nuclear disminuyó un 0,6% y la hidroeléctrica un 49%.

Por su parte, el cambio en los patrones de consumo influyó en los modelos de generación eléctrica. Mientras que la hidroeléctrica pasó de representar el 13,2% del año anterior al 6,7%, la del carbón pasó del 13,6% al 16,6% y la del gas natural pasó del 19,6% al 22,9%. El resto de energías se mantuvieron estables. El presidente de BP en España ve necesario «no decaer en los esfuerzos para seguir impulsando una energía limpia y avanzar en la economía baja en carbono, a pesar de que 2017 ha sido un año en el que las emisiones han vuelto a crecer, fruto de los cambios coyunturales en el mix energético».

En el conjunto del mundo, la demanda global de energía creció un 2,2%, acompañada de un incremento de las emisiones de CO2 del 1,6%. No obstante, las renovables crecieron un 17%, seguidas del gas natural, que aumentó un 3%. La energía nuclear creció un 1,1%, sobre todo en China y Japón; la hidroeléctrica aumentó un 0,9%, lastrada por la caída registrada en Europa; el carbón creció un 1%, su primer incremento desde 2013; el petróleo, un 1,8%. De esta forma, el mix energético estuvo formado por petróleo (34%); carbón (27%); gas natural (23%); energías no fósiles (15%); hidroeléctrica (7%); renovable (3,6%) y un 4,4% nuclear.

La luz sube un 5,76% en junio pero cierra el semestre con un precio un 2,35% inferior al de 2017

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 69,37 euros en su factura de la luz de junio, por lo que esta factura se incrementó en un 5,76% respecto a los 65,59 euros de junio de 2017, lo que supuso una subida de 3,78 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que emplea el antiguo Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 69,37 euros abonados en los 30 días de junio del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de junio, 39,66 euros obedecen al consumo, 2,79 euros al impuesto eléctrico y 12,04 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El año pasado fue un ejercicio que estuvo marcado por la tensión en la factura eléctrica debido, en la primera parte del año, a la ola de frío y, en la segunda, a la sequía. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Un 1,91% más sobre mayo

Sin embargo, la factura de la luz de junio subió apenas un 1,91% respecto al mes anterior, mayo, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,31 euros en junio respecto a los 2,27 euros de mayo. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta manera, el recibo eléctrico vuelve a repuntar ligeramente por tercer mes consecutivo. La menor producción nuclear, debido a las paradas en las centrales de Vandellós y Trillo, así como la más baja generación eólica, han presionado al alza el precio en el pool.

A pesar de esta subida, el recibo de la luz cerró los primeros seis meses del año con una bajada del 2,35% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en junio ha llevado a que el recibo de los seis primeros meses del año se haya situado en 402,69 euros, 9,69 euros menos frente a los 412,38 euros en el mismo periodo del año anterior. En los primeros seis meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 89,8 euros por el término fijo, de 226,81 euros por el consumo, de 16,19 euros por el impuesto de electricidad y 69,89 euros por el IVA.

Este abaratamiento se debe al incremento en la producción eléctrica con tecnologías renovables como el agua o el viento, especialmente en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2017. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

La “fatiga ambiental” de las centrales nucleares, a análisis de los expertos internacionales convocados por la Universidad de Cantabria

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Europa Press.– Expertos de todo el mundo analizaron los avances para establecer metodologías de evaluación de la «fatiga ambiental» de las centrales nucleares. La reunión se enmarca en el proyecto europeo Incefa-Plus, donde participa el laboratorio Ladicim de la Universidad de Cantabria (UC).

Según explica la UC, desde julio de 2015 los quince socios de este proyecto europeo intercambian «experimentos y experiencia» en torno a la definición de metodologías comunes para evaluar la denominada «fatiga ambiental» de los componentes de centrales nucleares, es decir, la aparición y propagación de fisuras en dichas instalaciones, con el fin de mejorar la seguridad de las mismas. En el ecuador del proyecto, el Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (LADICIM), de la UC, responsable del paquete de trabajo 4, destinado a la comunicación y difusión de los resultados, ha organizado diversas reuniones en Santander, a las que han asistido en torno 70 participantes en INCEFA-PLUS, para analizar los avances del proyecto europeo.

Presupuesto: 6 millones de euros

Esta iniciativa, que obtuvo una financiación del programa Horizonte 2020, cuenta con un presupuesto de más de 6 millones de euros. Según el coordinador general del proyecto, Kevin Mottershead, de Wood plc., hasta la fecha se acordaron los estándares comunes para la realización de los tests incluidos en el proyecto y se han obtenido resultados de gran calidad. Se espera que esto concluya en los próximos 12 meses «con una muy buena base de datos para que, a la conclusión del proyecto, contar con unos avances muy importantes de seguridad de las centrales nucleares», señaló.

Se trata, por tanto, de aumentar la seguridad con la que operan todo tipo de centrales nucleares desarrollando metodologías de evaluación que impidan fallos estructurales ocasionados por la fatiga ambiental, según el investigador responsable de INCEFA-PLUS por la UC, Sergio Cicero. La Universidad de Cantabria, además de liderar la difusión del proyecto, participan en el Work Package 3, dedicado a desarrollar el «Procedimiento INCEFA PLUS de evaluación de fatiga ambiental».

Ecologistas y científicos alertan al Gobierno de que cerrar las nucleares disparará las emisiones y el precio de la electricidad

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Europa Press.- Un conjunto de ecologistas, protectores del medio ambiente y científicos climatológicos han expresado su preocupación al Gobierno por incluir en su hoja de ruta el cierre de las centrales nucleares algo que provocaría un aumento de las emisiones y gases contaminantes, además de un aumento en el precio del coste de la electricidad en España.

Así lo indicaron en una carta remitida, entre otros, al Ministerio de Transición Ecológica hasta 20 profesionales internacionales del área de medio ambiente, entre los que se encuentra el ganador del premio Pulitzer y autor de Renovación nuclear y La fabricación de la bomba atómica, Richard Rhodes. A pesar de «alabar» el compromiso de España con la lucha del cambio climático, un país que «ha estado a la vanguardia de la producción de tecnologías de energía con bajas emisiones de carbono», los expertos culpan a la moratoria nuclear promulgada en 1983 por detener la creación de energía nuclear «en una cantidad suficiente como para reemplazar todo el carbón que ahora se quema para crear electricidad«.

Algo similar produjo, a su juicio, el cierre de la central de Santa María de Garoña. Los combustibles fósiles utilizados para reemplazar la energía de esta central generarán alrededor de 2 millones de toneladas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año, el carbono equivalente a casi un millón de automóviles nuevos en las carreteras de España. Los firmantes de la carta también contradicen al anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien afirmó que el cierre de Garoña no tendría ningún efecto en la red eléctrica del país y, sin embargo, según ellos «esta clausura elimina la energía limpia que podría haber alimentado a 1,8 millones de vehículos eléctricos».

De igual forma, la promesa de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cerrar todas las centrales nucleares restantes en el país, «aumentará la producción de energía por combustibles fósiles y, con ello, la contaminación, debido a los factores de baja capacidad y a la intermitencia de la energía solar y eólica», señala la carta. En caso de reemplazarse toda la electricidad proveniente actualmente del parque nuclear en España con la procedente de centrales de carbón y de gas natural, los expertos cifran en 32 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) el posible aumento de las emisiones, lo que equivale a añadir 14,5 millones de automóviles nuevos a las carreteras españolas.

Este incremento en las emisiones haría más difícil cumplir los objetivos establecidos por Europa, además de desencadenar un aumento de los precios de la electricidad, a medida que se vayan cerrando las centrales nucleares. La carta pone como ejemplo lo ocurrido en Alemania, donde se gastaron el año pasado 24.300 millones de euros por encima del precio de mercado por sus tarifas de introducción de energía renovable tras el cierre de sus centrales nucleares. «España puede aprender del error de Alemania y mantener sus centrales nucleares operativas», instan los expertos.

Por todas estas razones, los ecologistas y científicos firmantes afirman que «el siguiente paso para combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire es aumentar la electricidad limpia procedente de fuentes no fósiles y reducir de manera masiva los combustibles fósiles utilizados», de donde procede actualmente más del 40% de la electricidad generada en España. La carta ha sido remitida al Gobierno, Ministerios, Consejerías, Instituciones y Asociaciones y firmada por: Michael Shellenberger, presidente de Environmental Progress y Héroe del Medio Ambiente por Time.

También por: Erle C.Ellis, de la Universidad de Maryland; Steve Kirsch, consejero delegado de Token; Martin Lewis, de la Universidad de Stanford; Michelle Marvier, de la Universidad de Santa Clara; Norris McDonald, presidente de Esperanza Medioambiental y Justicia; Kirsty Gogan, directora ejecutiva de Energy for Humanity; Alan Medsker, coordinador de Environmental Progress; Richar Muller, de la Universidad de California Berkeley.