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Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ve clave que la Administración ayude para que la descarbonización tenga éxito

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Europa Press.– El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que la Administración tiene que ayudar si quiere tener éxito en el proceso de descarbonización de la movilidad, que contempla la prohibición de la matriculación de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. El Ejecutivo socialista estudia una propuesta que contempla vetar la venta de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, así como impedir su circulación a partir de 2050.

En la comisión de Transición Ecológica en el Congreso, Morán indicó que para esta situación todavía quedan 22 años en el caso de la matriculación y consideró necesario tener un proceso de anticipación previo «suficientemente largo». Asimismo, resaltó la importancia de habilitar procesos de ayuda que permitan implementar el tránsito del modelo convencional al nuevo, ante lo que señaló que la Administración tiene que ayudar. «Es un proceso nada menor, por lo que los esfuerzos privados y públicos van a ser considerables y cuanto más largo sea el período de aplicación de las medidas, más capacidad habrá para minorar las consecuencias de los impactos», añadió.

En esta línea, destacó la relevancia de dar certidumbre a las empresas y también herramientas adecuadas para que tomen decisiones en perspectiva de que el retorno de las inversiones tenga un período de tiempo suficiente, con un proceso de anticipación «suficientemente largo». «El Gobierno no toma sus decisiones en términos de medición de votos, sino de medición de vidas. Este compromiso se basa en la salud de los ciudadanos. Por encima de cualquier cosa, el cambio tecnológico se tiene que basar en la salud de los ciudadanos», añadió el secretario de Estado de Medio Ambiente.

Las organizaciones ecologistas lamentan la falta de ambición y los objetivos “insuficientes” de la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras desde País Vasco piden al Gobierno «certidumbres» para la industria en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el anteproyecto de Ley servirá de impulso a la lucha contra el cambio climático y, aunque celebra buena parte de su contenido, lamenta que carece de ambición porque los objetivos planteados de reducción de gases de efecto invernadero son «insuficientes».

Así consta en un documento con comentarios preliminares que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el anteproyecto que se ha dado a conocer. Entre las principales carencias, las ONG opinan que es una «grave omisión» la ausencia de cierre para las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares y que la fecha para prohibir los vehículos de diésel, gasolina o GNC no debería ser 2040 sino 2025 y 2028 en el caso de los híbridos.

En cuanto a la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, las 5 organizaciones señalan que el sistema energético debe ser totalmente 100% renovable, algo que es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. En cuanto a transición justa, celebran su inclusión pero advierten de que conviene ampliar el concepto en cuanto a personas afectadas en la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y las personas.

Respecto a la fiscalidad verde, también ven positiva la intención de que la política fiscal incorpore elementos de incentiven una economía baja en carbono y resistente al clima y que incorpore los costes ambientales, pero creen que faltan referencias más claras en la materia. Por otro lado, critica que en los presupuestos de carbono que proponen haya una condicionalidad porque para ellos ese es un mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte de 100% renovables. Así, señalan que en la ruta hacia la descarbonización de la economía es «imprescindible» el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual en consonancia con las indicaciones del IPCC.

El Comité independiente anunciado es un elemento positivo para las ONG pero requieren más detalle sobre aspectos relacionados con su elección y lo vinculantes que sean sus recomendaciones. Entre los aspectos positivos, valoran que el borrador establezca la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustibles fósiles y acelerar el calendario para la desinversión, así como la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking aunque insisten en que esta prohibición tiene que extenderse a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería o con las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.

Igualmente, celebran que los objetivos contemplados sean revisables y siempre al alza y que no se pueda disminuir su nivel de ambición, ya que los actuales son «insuficientes». Precisamente, sobre los objetivos, apoya los objetivos de reducción de emisiones respecto a 1990, pero aún así la apuesta por reducir un 20% respecto a esa fecha es «todavía insuficiente» para que España contribuya en la medida de su potencial a la necesaria reducción del conjunto de Europa y del mundo. «España debería reducir sus emisiones más que la media europea», señalan.

De hecho, proponen que alcanzar emisiones netas cero en 2040 en vez del 90% en 2050 que propone el borrador, así como aumentar significativamente la reducción de emisiones en 2030. Así, recuerdan que el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno de Sánchez. En definitiva, las ONG han manifestado que el anteproyecto va en la dirección correcta, aunque carezca de la ambición suficiente para llegar más lejos rápidamente.

Para acelerar el proceso, ven necesario que se tramite el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no ha salido a consulta pública, en paralelo al anteproyecto de ley. Finalmente, felicitan al Gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.

Piden «certidumbres» para la industria

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha señalado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se debe seguir trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático para que, además de conseguir una reducción de emisiones de CO2, se logre dar «certidumbres» al sector productivo de manera que pueda realizar esa transición sin perder competitividad. La consejera vasca aseguró que el encuentro ha sido «muy cordial y muy positivo«, e indicó que, tras reunirse con anteriores titulares como José Manuel Soria o Álvaro Nadal, es «la primera vez» que encuentra una «actitud positiva y receptiva», compartiendo alguna de esas preocupaciones.

Tapia ha apuntado que se han tratado sobre todo dos puntos importantes en la reunión. El primero hace referencia a los costes energéticos para la industria. En este sentido, le ha trasladado a la ministra la necesidad de tener «una política energética que ayude a la competitividad del tejido productivo«. La consejera ha recalcado que sobre este punto han encontrado una actitud receptiva por lo que hay opciones de poder trabajar en esa vía, y ha añadido que el Gobierno ya trabaja en medidas concretas.

En este sentido, ha añadido que si se compara lo que paga la industria electrointensiva en País Vasco con lo que pagan en Alemania o Francia, la diferencia es de un 30% más. Según ha matizado, desde el Ministerio plantean que exista un estatuto europeo que abarque la forma de trabajar de las industrias electrointensivas, y mientras que no se haga a nivel europeo, «hay que hacerlo a nivel estatal».

El segundo tema que han tratado en la reunión ha sido el borrador de la Ley de Cambio Climático. Según ha indicado, la ministra le ha reconocido que desde el Ministerio deben dar certidumbre al sector productivo. Así, Ribera ha señalado que si bien es clave la reducción de CO2 y que se deben alcanzar los objetivos de la Cumbre de París, también es necesaria esa certidumbre y permitir que se pueda hacer una transición.

Para Tapia, se debe asegurar que siga existiendo un sector de la automoción «relevante» y que se permite realizar mejoras en redes eléctricas, trabajar en sistemas de recarga y en almacenamiento eléctrico. El borrador plantea el fin de la producción de vehículos de gasolina, diesel e híbridos para 2040. La consejera ha apostillado que hay aspectos de la ley que «hay que mejorar y otros que hay que aclarar«. «Tenemos que conseguir entre todos plantear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a hacer esa transición», ha añadido, para luego incidir en que se queda «con la voluntad de trabajar y aportar para que la política energética sirva como factor de competitividad a la política industrial».

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por el cese unilateral de la central de Garoña

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Europa Press.- La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares. Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación sita en Burgos se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

«La recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012″, destacó la Audiencia.

El Supremo indica que la resolución sancionadora aplicó correctamente el tipo previsto en la Ley del Sector Eléctrico. «en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la central de Garoña, que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW, y la conducta ilícita descrita» en el correspondiente artículo de la Ley del Sector eléctrico. Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta también el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

La CNMC celebra la sentencia

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia está «alineada con los planteamientos del súperregulador. Marín Quemada ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.

«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia está alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada. Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.

Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables… ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», enfatizó.

Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces, se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por España a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.

Por último, tras ser alabado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», apuntó.

El gas licuado por canalización baja un 9,8% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 9,8%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 82,3368 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 91,3469 céntimos de octubre.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha bajado un 11,7%, desde los 76,7448 céntimos por kilogramo anteriores hasta 67,7347 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Ribera: España no puede estar en el «vagón de cola» hacia la descarbonización y ve 2040 como una fecha «razonable»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que España no puede ser el «vagón de cola» en el proceso hacia la descarbonización y subraya que 2040 le parece un «plazo razonable» para adaptarse al objetivo de prohibir en España la matriculación de vehículos con emisiones de CO2.

Ribera destacó la importancia de ir transformándose para liderar esas nuevas alternativas que están surgiendo en el campo de la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente. «Creo que 20 años es un plazo razonable para gestionar dicha transformación», subrayó. Además, afirmó que su sensación es que los cambios se están produciendo muy rápidamente. «Lo peor que nos podemos encontrar es que nos pasa un tsunami por encima, tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria», indicó.

En este sentido, recordó que recientemente tanto representantes de su Ministerio como del de Industria, Comercio y Turismo se reunieron con las principales asociaciones del sector y señaló que dicha mesa de transformación «es fundamental» para asegurar el futuro. «Los que tenemos hoy coches podemos estar tranquilos, tenemos tiempo con coches mucho más eficientes, con motores de combustión y también híbridos», resaltó, al tiempo que indicó que, en la actualidad, el 65% de los coches que exportan se envía a países con normas que limitan la circulación de los motores de combustión en diferentes períodos.

En cuanto a la transformación de la estaciones de servicio hacia la movilidad eléctrica, Ribera indicó que estas instalaciones, por motivos de seguridad, están acostumbradas a cumplir con aspectos más complejos que su adaptación a electrolineras y destacó que hay empresas eléctricas y del sector petrolero que ya se están posicionando en relación con este cambio del modelo de negocio. La titular de la cartera de Transición Ecológica afirmó que hay que evitar que se produzcan «cuellos de botella» en la transformación porque no se cuente con infraestructuras preparadas para acoger esta evolución. «Esto requiere cambios en garajes y también en las vías públicas», señaló.

Por otro lado, afirmó que en todo proceso de cambio se producen desajustes en el marco regulatorio, puesto que fue ideado bajo otras circunstancias, y, respecto al modelo eléctrico, apuntó que la electricidad «tiene gran futuro», al ser el gran vector de desarrollo energético, aunque indicó que hay que llevar a cabo ajustes. Ribera reivindicó que están trabajando en algo que «estaba prácticamente sin hacer» y aseguró que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se tiene que presentar antes de finales de año.

Ningún país es tan ambicioso

Por otro lado, Ribera ha asegurado que «nadie» se ha marcado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero «tan ambicioso» como la propuesta de ley de cambio climático española, que señala que habrá que rebajar el CO2 en 37 puntos en 11 años. Ribera ha defendido que se proponen reducir en 2050 un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa «reducir prácticamente» a cero las emisiones y la transformación «de todo», excepto algunas emisiones residuales de la agricultura que todavía se desconoce cómo gestionar. En definitiva, reivindica que la propuesta de ley «pone patas arriba el sistema eléctrico y parte de la movilidad».

Ribera asegura que la inversión en el almacén gasista Castor estaba avalada por técnicos y ella hubiera sido «irresponsable» oponiéndose

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que Castor fue una inversión avalada por 2 técnicos del Ministerio, por lo que hubiera resultado «irresponsable» por su parte oponerse al criterio técnico e, incluso, hubiera supuesto negarse a cumplir la legalidad. «Los técnicos tuvieron la cautela de introducir un sistema de seguimiento a tiempo real», explicó la ministra.

Según Ribera, este sistema funcionó, al haber alertado de los posibles riesgos que podían producirse y haber procedido a cesar el funcionamiento de la instalación. Por otro lado, Ribera ha cuestionado las «intensas» financiaciones públicas que se destinan a infraestructuras de gas, alegando que el futuro está en alternativas como las renovables y que las inversiones en fuentes de energía deben gestionarse «de otro modo».

Cataluña y el Tribunal Supremo

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha celebrado que el Tribunal Supremo haya sentenciado que los consumidores no tengan que pagar los costes de mantenimiento y operatividad de Castor correspondientes al 2015, según indicó la Consejería de Empresa y Conocimiento. El departamento ha explicado que el alto tribunal ha estimado un recurso presentado por Cataluña para evitar que los usuarios asumieran alrededor de 18 millones de euros de gasto generados por el almacén de gas, en referencia a los peajes y cánones de gas.

Ha indicado que la decisión del Supremo va en línea con la que tomó el Tribunal Constitucional en 2017, que también estimó un recurso de la Generalitat de Cataluña, y ha agregado que también ha impugnado las órdenes de peajes y cánones del gas que afectan a los gastos de 2016, 2017 y 2018 en la misma línea argumental que la de la sentencia actual.

Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».

Fundación Renovables critica «la falta de ambición» del Gobierno para reducir las emisiones mientras Ribera destaca al sector del automóvil

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la transformación del sector del automóvil hacia una industria libre de dióxido de carbono (CO2) se hará de acuerdo a una hoja de ruta que asegure que este siga contando con un peso «relevante» dentro del PIB español. Pero, mientras tanto, la Fundación Renovables ha lamentado «la falta de ambición» en los objetivos de reducción de emisiones al considerar que reducir un 20% las emisiones para 2030 es «insuficiente«.

La Fundación echa de menos una mayor ambición en los objetivos de las renovables, que está fijado en una contribución del 35% para 2030, algo que considera insuficiente, así como en la gestión de la demanda y en eficiencia y ahorro energético. Para la asociación, es imprescindible un recorte del 100% de las emisiones para 2050 respecto a las de 1990, en línea con el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que aconseja un escenario neto de cero emisiones para 2050, frente al recorte del 90% propuesto por el Ejecutivo.

La Fundación Renovables cree que esta falta de ambición es resultado «de las cautelas que emanan del conjunto del documento», como la no fijación de objetivos «ni concretos ni ambiciosos», ni de la reducción del volumen de tráfico y penetración del vehículo eléctrico, ni en autoconsumo ni en rehabilitación energética. En cuanto al objetivo para las renovables, la Fundación propone una penetración en el consumo final de energía de un 50% en 2030, frente al 35% que fija el borrador.

Además, para la Fundación Renovables, «llama la atención» que no se fijen objetivos para el autoconsumo ni en potencia ni en porcentajes de energía, así como que se realicen desarrollos pormenorizados fuera del ámbito del alcance de la futura ley, como pueden ser las redes cerradas, y que, en cambio, no se defiendan los derechos del consumidor y el acceso a los datos de su contador eléctrico en tiempo real.

Ribera: “peso relevante” del automóvil

Por su parte, Ribera ha declarado que su Ministerio, junto con el de Industria, tienen aún pendiente reunirse y dialogar con las patronales del automóvil. «Lo que tenemos es un documento de trabajo mediante el cual se están planteando diversas opciones», ha declarado. Por otro lado, la ministra no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Gobierno establezca multas de hasta 30 millones de euros para los propietarios de gasolineras que en 27 meses no presenten puntos de recarga para coches eléctricos. Esta medida ha sido recogida por el Ejecutivo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático.

El precio de la bombona de butano sube por tercera vez casi otro 5%, hasta los 15,33 euros

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Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano subió un 4,93%, hasta los 15,33 euros, frente a los 14,61 euros que costaba, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, el precio de la bombona de butano registrará su tercera subida consecutiva, tras el repunte del 4,95% que sufrió en septiembre y el del 4,9% de julio. En las anteriores revisiones de marzo y mayo el precio cayó un 4,9%, respectivamente.

Este aumento en el precio se debe, principalmente, a la amortización del déficit pendiente de recuperar del bimestre anterior, que era de 0,7 euros por botella. Las cotizaciones internacionales apenas se han incrementado en este bimestre respecto al anterior (0,6%), aunque los fletes (+7,6%) y la depreciación del euro (0,4%) sí han contribuido al aumento del precio. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 72 céntimos.

Lejos del mínimo: 11,25 euros

Las caídas del 4,9% en marzo y mayo habían interrumpido la tendencia alcista que mantenía el precio de la bombona de butano, después de que en enero repuntara un 1,6% y en noviembre de 2017 un 2,1%. No obstante, las subidas en el precio se recuperaron el pasado mes de julio. Igualmente, en septiembre del 2017 el precio había descendido casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros.

No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular esas 6 revisiones bimestrales al alza. Pese a estas subidas, el butano se encuentra lejos de los 17,5 euros que llegó a registrar en marzo de 2015, que es el tope legal fijado. El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de enero, cuando se revisará de nuevo.

UGT pide a Endesa que acometa las inversiones necesarias para la continuidad de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla

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Europa Press.- La sección sindical de UGT remitió una carta urgente al consejo de administración de Endesa en la que le insta a que realice las inversiones que sean necesarias con el objetivo de cumplir con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea para que las centrales térmicas de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) «puedan continuar produciendo más allá del año 2020».

El sindicato señala que, en caso de no realizar estas inversiones, «se confirmaría la estrategia de descapitalización y desmantelamiento que está llevando a cabo la compañía». A este respecto, la sección sindical de UGT exige que, visto que el consejo de administración ha aprobado «ya el cierre efectivo de las centrales para el próximo 30 de junio de 2020», se prorrogue «con la mayor urgencia posible» el acuerdo marco de garantías, con el consiguiente acuerdo voluntario de salidas, que está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2018.

No hay aún comunicación oficial

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que Endesa haya considerado el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al no estimarlas rentables, pero asegura que el Gobierno aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la compañía sobre esta decisión. Asimismo, la ministra ha recordado que, en caso de que esa decisión sea formalizada, la eléctrica deberá elaborar un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad económica de las zonas que presentan dependencia de estas plantas.

9 centrales térmicas cerrarán pronto

Ribera ha destacado que, de acuerdo con la normativa europea, existe la obligación de hacer inversiones «muy importantes» en aquellas centrales térmicas de carbón que quieran seguir funcionando a partir del año 2020 y que son las empresas propietarias las que deben analizar y valorar si les interesa o no optar por esta medida. Estas han sido las declaraciones de la ministra después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmara que 9 de las 14 centrales térmicas echarán el cierre en junio de 2020, al no haber cumplido las inversiones requeridas por la normativa europea en materia de desnitrificación y desulfurización para continuar con su actividad.

Asimismo, Domínguez prevé que las 5 restantes no alarguen su actividad más allá de 2030. «Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que cerrarán bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó Domínguez.

No ha pedido el cierre

Por otro lado, Endesa ha comunicado a las centrales sindicales que no ha procedido a presentar al Gobierno la solicitud oficial de cierre para sus centrales térmicas. No obstante, la empresa también ha transmitido a los representantes de los trabajadores que el consejo de administración de Endesa ha aprobado su nuevo plan estratégico y que en él no se recogen, al igual que en las anteriores hojas de ruta de la compañía, las inversiones necesarias para adaptar estas dos centrales de carbón a las medidas requeridas por la directiva de emisiones de la Unión Europea.

En su actual plan inversor presentado en 2017, Endesa preveía unas inversiones totales de 5.000 millones de euros en el periodo 2017-2020, de las cuales unos 300 millones de euros se destinarían a adaptar el carbón a las mejores prácticas ambientales. Este plan inversor para el carbón que preveía la energética se centra en las centrales térmicas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña). Las otras centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias), ambas propiedad de EDP España.