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La tarifa regulada de gas natural baja un 4,6% para el primer trimestre del año

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Europa Press.- La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural ha bajado un 4,6% de media respecto al último trimestre del año 2018, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este descenso en la tarifa se vio acrecentado por la modificación de la fórmula de cálculo de la TUR aprobada en diciembre, que supone una modificación de la fórmula del coste de la materia prima, y por la congelación de los peajes del sistema gasista para 2019.

La TUR1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente y cocina y cuyo consumo no excede los 5.000 kilovatios hora (KWh) anuales, bajará un 3,8%, mientras que la TUR2, que emplean consumidores que también tienen calefacción de gas (entre 5.000 y 50.000 KWh al año) lo hará un 4,8%.

El descenso en el recibo del gas para el primer trimestre de 2019 se debe, principalmente, a una caída del 10,8% en el coste de la materia prima en los mercados internacionales, que depende de 3 componentes: el gas de base (42,1% del coste), el gas estacional (57,9%) y la prima de riesgo por cantidad (factor que afecta a gas de base y gas estacional).

Así, el nuevo coste del gas de base es de 21,8 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 9% respecto a la tarifa vigente, mientras que el nuevo coste del gas estacional, que solo entra en el cálculo en las actualizaciones de octubre y enero, es de 25 euros por MWh. En el caso de la prima de riesgo por cantidad, que también solo se aplica en las revisiones de octubre y enero, toma un valor del 3,3%, lo que incrementa el coste de la materia prima (gas base y gas estacional) en ese mismo porcentaje.

Así, el precio del gas natural rompe con la serie de subidas que había registrado en 2018, con un incremento del 3,4% en la revisión de julio y de un 8,4% en la de octubre. En el primer trimestre de 2018 la tarifa de gas natural ya registró una importante subida del 6,2%, aunque en el periodo de abril a junio se abarató un 3,4%.

Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantendrá congelada en 2019 por quinto año consecutivo. La TUR de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, más de 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,6 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

Coste de la materia prima

«Un análisis del coste de aprovisionamiento del gas natural de España en los últimos 10 años basado en los datos agregados publicados por la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones de las transacciones por aduanas de gas natural, pone de manifiesto la necesidad de actualizar los parámetros de la expresión de cálculo del gas de base en relación con las cotizaciones históricas del Brent para ajustarla a la nueva realidad del mercado», señala la orden ministerial. Es la primera modificación de la metodología de cálculo en los últimos 10 años, y, según el Ministerio para la Transición Ecológica, es «un plazo adecuado para adaptarla a la evolución experimentada por los mercados de gas natural».

Peajes para operaciones de bunkering

Por otro lado, la patronal gasista Sedigas ha celebrado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de aprobar en la recién orden ministerial la implementación de peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. De esta manera, se crea un nuevo tramo de bunkering de GNL para volúmenes inferiores a 2.000 metros cúbicos (m3) y, además, se establece que el peaje de acceso al punto virtual de balance aplicable al biogás inyectado en una red de distribución contará con un término fijo = 0 euros/kwh/día/mes.

Estos peajes tendrán carácter provisional hasta que se publique la metodología definitiva de cálculo que elaborará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sedigas ya valoró el real decreto 335/2018 «en la medida en que definía unos peajes específicos para el suministro a buques que utilizaran GNL como combustible”. No obstante, conforme indicaba la normativa, no serían de aplicación hasta la aprobación de los valores correspondientes a los nuevos peajes y cánones. La patronal fomenta el uso del gas natural y del gas renovable en la movilidad terrestre y marítima, estando sus más de 250 asociados comprometidos con la calidad del aire y la descarbonización del transporte.

La Organización Marítima Internacional y la Unión Europea han asumido el reto de reducir drásticamente el contenido de azufre del combustible de uso marítimo al 0,5% a partir del año 2020 (actualmente se permite un contenido del 3,5%). Como medida de acompañamiento, recientemente OMI ha aprobado una resolución para prohibir el transporte de fueloil no reglamentario destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque. Sedigas destaca que el gas natural es una alternativa «adecuada y competitiva» para alcanzar dicho objetivo y mejorar así la calidad del aire en nuestros puertos y en nuestras ciudades.

El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.

El Gobierno lanza a consulta pública previa la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética mientras Europa también aborda la cuestión

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Europa Press.- Mientras desde Europa se habla de dar a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables, el Gobierno ha lanzado la fase de consulta pública previa de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, a la que se comprometió a través del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aprobado el pasado octubre.

Concretamente, hasta el próximo 17 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene disponible en su web (www.miteco.gob.es) un acceso público directo para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hagan sus aportaciones, que serán analizadas y tenidas en cuenta «con el objetivo de enriquecer esta estrategia y convertirla en un reflejo fiel de las necesidades de la sociedad en materia de pobreza energética«, indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

La consulta se estructura a través de 4 cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas para llevar a cabo la estrategia. Asimismo, también se pregunta si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico deben mantenerse en los términos actuales o hay que reformarlos en algún aspecto, y se solicita opinión sobre qué medidas de eficiencia energética tendrían mayor incidencia a la hora de aliviar la pobreza energética. Para concluir se ofrece la posibilidad de expresar cualquier otra idea enfocada a mejorar la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por otra parte, el Ministerio indicó que, según los últimos datos disponibles, se han registrado un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas al bono social eléctrico, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos: 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.

Actualmente, los consumidores pueden seguir solicitando el bono social eléctrico en cualquier momento, pero ya no tienen acceso al bono térmico, contemplado como una ayuda urgente para este invierno, y deberán esperar a las nuevas medidas que para estos fines defina la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. El bono térmico es una ayuda, una cantidad en metálico según el nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda, que ha concedido el Ministerio este invierno a los beneficiarios del bono social eléctrico para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen, sea cual sea, para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal.

Europa y la pobreza energética

Por otro lado, los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normativas comunitarias que reforman el diseño del mercado eléctrico comunitario y que, entre otras cuestiones, darán a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables. Los negociadores de ambas instituciones europeas han pactado, sin embargo, que las medidas a través de los sistemas de seguridad social deben ser prioritarias en las estrategias de los Estados miembros para atajar la pobreza energética.

Los países de la Unión Europea y la Eurocámara han logrado un acuerdo, en concreto, sobre la nueva directiva y el nuevo reglamento del mercado eléctrico europeo, aunque todavía deben ser aprobadas formalmente por ambas partes para que puedan entrar en vigor. La directiva, además, también permite a las capitales la posibilidad de intervenir la fijación de precios para el suministro de electricidad de otros hogares y empresas pequeñas con el objetivo de facilitar una transición hacia una competencia «efectiva».

El elemento «clave» de la normativa, según apuntó el Consejo de la Unión Europea, es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que «limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas». No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

Las nuevas reglas europeas sobre el mercado eléctrico también buscan reforzar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de electricidad tendrán que ofrecer a sus clientes la opción de cambiar de empresa sin pagar tasas en un periodo máximo de tres semanas a partir de 2026. Los consumidores también tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

El Gobierno aprobará próximamente ayudas a vehículos alternativos mientras el Congreso acuerda una hoja de ruta para renovar el transporte

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Europa Press.- Después de que el Congreso haya acordado una hoja de ruta dirigida a la renovación del transporte privado y de mercancías, tanto terrestre como marítimo, de cara a la transición ecológica, con objetivos a 2030, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno aprobará de manera «inminente» un nuevo plan de incentivos a la compra de vehículos alternativos, con hasta 15.000 euros para vehículos pesados.

En la actualidad, los Presupuestos 2018, aprobados por el PP, recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. Ribera ha destacado también en el Senado la necesidad de que se adopten en España políticas de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero más eficaces en el sector transportes, que supone el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2).

«Actuar sobre este sector es prioritario. Para cumplir con los objetivos de descarbonización hay que tomar medidas de mitigación«, respondió Ribera en el Senado a la interpelación del senador del PNV, José María Cazalis, sobre medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos de transporte e industriales. La titular para la Transición Ecológica ha considerado fundamental el que se promueva el uso de combustibles alternativos, incluyendo en su caso la electrificación parcial y siempre y cuando el origen de la electricidad sea de bajas emisiones.

Ribera también ha hablado del hidrógeno como una posible solución a futuro para reducir las emisiones del sector transporte por carretera y ha subrayado la necesidad de que se impulsen medidas para el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, empezando por la propia Administración central. No obstante, Ribera ha reconocido que sustituir los motores diésel por otros alternativos en camiones es más «difícil».

Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), los camiones transportan 14.000 millones de toneladas de mercancías al año. «El Parlamento Europeo impulsó reducir las emisiones en este tipo de vehículos y ahora los Estados miembro tenemos que acelerar los acuerdos. Hay que pedir a los fabricantes y acompañarlos en este proceso de reconversión», apuntó Ribera, que recordó que los vehículos pesados emitieron aproximadamente 23 millones de toneladas de CO2 equivalente en España en 2016; las furgonetas alrededor de 4 millones, y entre ambos coparon el 30% de emisiones totales del transporte por carretera.

«En España, la senda de emisiones efecto invernadero ha aumentado muy notablemente, sobre todo las del transporte, y deben quedar eliminadas antes de 2050 para cumplir los objetivos de descarbonización de Europa», ha resaltado. Los niveles de reducción de emisiones propuestos por la Comisión Europea en mayo, del 15% en 2025 y del 30% en 2030, establecen un camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.

Hoja de ruta del transporte

Por otro lado, la iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Transición Ecológica fue pactada finalmente con el PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís, que ha salido adelante por unanimidad en la comisión.Concretamente, el Congreso reclama el desarrollo «de forma especial y urgente» de un plan de ayudas dirigido a automóviles y furgonetas más antiguos que considere el nivel de renta, y acordar con comunidades autónomas, sindicatos y patronal «una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares».

Asimismo, pide incentivos para fomentar una infraestructura de recarga de acceso público, mecanismos para que la Administración Pública «asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos», un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos y campañas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.Por otro lado, pide facilitar proyectos de I+D+i en desarrollo de baterías eléctricas y de su reciclaje y fijar unos estándares comunes para los puntos de recarga, que incluya elementos como el tipo de enchufe o la forma de pago.

La hoja de ruta para la transición ecológica en el transporte también propone otras medidas dirigidas a la descarbonización del transporte terrestre de mercancías, y reclama la planificación de las infraestructuras ferroviarias y un plan de implantación del camión ligero eléctrico.En este sentido, pide desarrollar un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada, y también facilitar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías «que permitan descarbonizar completamente el transporte».

Por otro lado, pide también la adopción de medidas en los puertos españoles, donde pide garantizar la energía eléctrica de los buques, pero también facilitar la transformación del transporte de mercancías marítima al gas natural licuado.Así, pide planificar las inversiones para instalar en los puertos, priorizando aquellos localizados en grandes rutas internacionales, sistemas de suministro de gas natural licuado a buques, e incentivar a través de exenciones fiscales o ayudas directas, las inversiones de los armadores para la adaptación de los buques al GNL.

Respecto al suministro eléctrico, el Congreso ha acordado posibilitar que las autoridades portuarias puedan distribuir energía eléctrica a los concesionarios, incluso a través de redes de distribución de energía eléctrica cerrada, y que estos puedan dar suministro a buques atracados. Asimismo, las empresas distribuidoras podrían ser titulares de último recurso de la infraestructura necesaria para el suministro a buques en atranque, una vez que se haya celebrado un concurso y no haya pujado por esta titularidad nadie. En este sentido, pide que las tasas devengadas por la ocupación privativa de la zona portuaria por parte de las empresas de distribución sean consideradas como costes retribuibles.

El Congreso también pide un peaje específico para el suministro eléctrico de los buques, estudiar medidas para facilitar su adaptación al consumo eléctrico, como reducir el impuesto especial de electricidad o incentivos fiscales a la inversión, planificar las inversiones en infraestructura y un calendario para su instalación. Asimismo, pide que esta reforma esté «guiada por el principio de que quien contamina paga» y sea «neutral a la recaudación», incluir a los puertos de interés general en las zonas de distribución eléctrica y reordenar y «simplificar con criterios de eficacia y eficiencia la elevada proliferación de normas y tributos ambientales entre comunidades autónomas y Administración central».

El gas licuado por canalización baja un 13,5% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 13,5%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 71,1666 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,3368 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel baja un 16,5%, desde los 67,7347 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 56,5645 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar. Estos precios no incluyen en la Península y Baleares el impuesto sobre hidrocarburos ni el IVA. En el caso de Canarias, no incorporan el impuesto especial de esta comunidad sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto general indirecto canario.

El sistema eléctrico cerró 2017 con un superávit de 150,5 millones mientras el déficit del sistema gasista alcanzó 24,7 millones

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Europa Press.– El sistema eléctrico arrojó en el 2017 un superávit de 150,5 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que el sector del gas cerró con un déficit de 24,7 millones de euros.

Este excedente en el sistema eléctrico se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución de la distribución, de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos. De esta manera, el sistema eléctrico acumula cuatro años consecutivos en superávit, desde 2014, en que sumó un excedente de 550,3 millones de euros. En 2015, el superávit del sistema eléctrico alcanzó los 469,3 millones de euros, mientras que en 2016 ascendió a 421,45 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

1.440 millones de superávit acumulado

De esta manera, acumulaba más de 1.440 millones de euros de superávit en esos tres ejercicios, aunque el año pasado el Gobierno ya acordó devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en 2015 y 2016, importe que ascendía a unos 500 millones de euros, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Esa no es la única vez que se ha recurrido a este excedente de los últimos años, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica decidió traspasar 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Además, también el actual Gobierno, en el decreto de medidas urgentes aprobado en octubre para combatir la subida del precio de la luz, aprobó, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, introducir la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en 2018 y 2019.

En el caso del sector gasista, el déficit en 2017 fue de 24,78 millones de euros, lo que supuso una desviación negativa del 0,91% sobre la retribución acreditada del sistema. En esta liquidación definitiva se incluyen los pagos con origen en la compensación por la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, realizados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 que anulaba estos pagos. Por otro lado, en la liquidación definitiva del 2017 están incluidos los 9 pagos ya realizados a los titulares del derecho de cobro de la deuda de Castor (Banco Santander, Bankia, Caixabank) hasta la publicación de la sentencia del Constitucional, que ascienden a un total de 60,49 millones de euros.

El Gobierno convoca ayudas por 80 millones para impulsar la instalación de más energía eólica en las Islas Canarias

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado una convocatoria de ayudas por un total de 80 millones de euros para la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias. Según el Ministerio, con esta convocatoria, que será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se posibilitará la entrada de al menos 180 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma.

Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, suponen mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Con todo, el gabinete dirigido por Teresa Ribera valora que en Canarias se han venido realizando esfuerzos en los últimos años que han dado como resultado, por ejemplo, que la isla de El Hierro haya logrado autoabastecerse al 100% con energías renovables de forma puntual. Sin embargo, en 2016, el porcentaje de producción renovable se situó en las Islas Canarias en torno al 8%, frente al 40,2% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año.

Por ello, con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, el Ministerio considera que resulta «imprescindible» la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. «De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2», añade.

En concreto, la convocatoria ofrecerá subvenciones con cargo a FEDER que serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayuda.

Ribera reconoce que la cumbre del clima COP24 no logró incorporar objetivos «más ambiciosos» para cumplir el Acuerdo de París

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido que el paquete reglamentario para la aplicación concreta del Acuerdo de París contra el cambio climático acordado en la cumbre de Katowice (Polonia) no ha logrado incorporar objetivos «más ambiciosos».

Ribera ha reconocido que «no ha sido posible» avanzar en los mecanismos de los mercados de carbono sobre la base de un sistema común de Naciones Unidas además de que ahora no se han incorporado metas «más ambiciosas». No obstante, la ministra subrayó que el mensaje político es «muy positivo«, ya que supone la voluntad de seguir trabajando «de manera cooperativa» para dar respuesta a los «grandes retos globales» en un momento en el que la comunidad internacional «encuentra grandes dificultades» para avanzar en la agenda multilateral y cuando algunos líderes políticos «presumen de su falta de confianza y de su voluntad de ruptura» con respecto a la comunidad internacional.

Ribera ha destacado que lo más importante de este paquete reglamentario, el «corazón» del acuerdo, es que sienta las bases de cómo reportar y utilizar los sistemas de transparencia como herramienta fundamental para ganar confianza en la actuación en materia climática. Entre el resto de medidas que la ministra ha subrayado se encuentran la manera en la que poder anticipar y hacer un seguimiento de la financiación; cuáles son las obligaciones que se asumen en materia de adaptación; de qué manera reflejar en las contribuciones nacionales un incremento de la ambición en materia de mitigación. Ribera encabezó la delegación española, elegida como facilitadora de unas negociaciones en las que estuvieron inmersos cerca de 200 países.

El presidente de la COP24 y secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente polaco, Michal Kurtyka, ha destacado que el acuerdo es consecuencia de 3 años de trabajo y 200 países sentados en una misma sala, «una tarea que no ha sido fácil», hasta lograr un acuerdo «tan concreto y técnico». «En estas circunstancias cada paso adelante es un gran logro», ha apostillado Kurtyka. Este pacto «es un frágil equilibrio. Tenemos que ceder para ganar. Tenemos que ser valientes para mirar al futuro y dar un nuevo paso para la Humanidad», argumentó. Además, ha destacado que este acuerdo tendrá resultados «positivos» para el mundo.

El acuerdo fue el resultado de dos semanas de intensas negociaciones para pactar una normativa que desarrolle en detalle el acuerdo global que se alcanzó en la capital gala en 2015 con el que se pretende limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y que entrará en vigor en 2020. El resultado es un ‘libro de reglas’ de 156 páginas que especifica los criterios para que cada país informe de los progresos en los compromisos de recorte de las emisiones de gases efecto invernadero.

El texto ha sido ya criticado por algunos países y grupos ecologistas que consideran que no es lo suficientemente ambicioso. «La mayoría de la normativa para el Acuerdo de París ha sido creada, algo que debemos agradecer, pero el hecho de que haya países que hayan sido incluidos a rastras y gritando demuestra que no se han concienciado de la urgente necesidad», ha argumentado Mohamed Adow, portavoz de Christian Aid.

Los ciclos combinados de gas independientes piden al Gobierno que no suprima el servicio de disponibilidad

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Europa Press.- La Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (APRIE), que agrupa a empresas como Engie, Bizkaia Energia, Alpiq o Shell, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique la decisión de suprimir el servicio de disponibilidad, recogida en la propuesta de orden de peajes eléctricos para el año 2019, ya que «abocaría a los ciclos combinados a dar un salto al vacío».

El presidente de APRIE, Alfonso Pascual, mostró «la sorpresa y el malestar» de la asociación por la medida planteada en la orden y subrayó que, con ese escenario, «está sobre la mesa» la solicitud de los cierres de los ciclos ante la falta de viabilidad económica de las plantas. «Si se quiere que el gas natural sea esa energía que va a ayudar en la transición, el suprimir este servicio de disponibilidad es abocar a que los ciclos combinados den un salto al vacío», apuntó.

En su propuesta, Transición Ecológica suprime el servicio de disponibilidad actual, uno de los incentivos que forman parte de los pagos por capacidad y que las centrales cobran por estar listas para ser activadas por el operador del sistema en caso de necesidad, evitando unos costes de 170 millones de euros al sistema eléctrico, pero que suponen un recorte a las empresas del sector. La decisión del Ministerio se fundamenta en llevar a cabo un análisis en profundidad del modelo que adopte la Comisión Europea para los mecanismos de capacidad, que incluirá dentro del denominado Paquete de Invierno. Este hecho ya llevó este año a una revisión del plazo de aplicación, de anual a semestral, de los mecanismos de disponibilidad.

Pascual estimó que esta medida supone una merma de unos 20 millones de euros para los asociados de APRIE por los casi 4.000 megavatios (MW) de potencia que gestionan con sus ciclos combinados, lo que pone en peligro, si no hay alternativa, «sus obligaciones» de pagos de nóminas a empleados y de impuestos a municipios. La asociación subraya que ese importe por el servicio de disponibilidad no alcanza para cubrir todo el opex, pero sí que representa «un mínimo balón de oxigeno» para resistir a futuro antes unas perspectivas de salida del carbón y desarrollo de renovables, que deberían hacer a partir de 2022 que los ciclos combinados de gas «tuvieran una mínima rentabilidad razonable».

No obstante, tampoco descartan, en el caso de no producirse una marcha atrás en esta supresión del servicio de disponibilidad por el Gobierno, que sus asociados recurran la orden ministerial. «Nos reservamos todas las alternativas. Cada inversor tendrá que ver con sus accionistas y departamentos legales si se recurre la orden. La vía del recurso no es lo mejor, pero se abordará si no queda otra alternativa», apuntó Pascual, quien subrayó que las empresas están en la obligación de «defender a sus accionistas y las comarcas donde están sus activos».

Asimismo, advirtieron también de que la caducidad del incentivo a la inversión para el horizonte del año 2022 pone en riesgo la continuidad de más de la mitad de los 26 gigavatios (GW) existente de ciclos combinados de gas. «La demanda hay que cubrirla. Entendemos que esta no es la fórmula para transición», señaló Daniel Fernández, vocal de la asociación.

El Gobierno traspasa 60 millones de euros del superávit eléctrico al IDAE para impulsar las energías renovables en las islas

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Europa Press.-El Ministerio para la Transición Ecológica traspasó 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Según la orden publicada en el BOE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de las liquidaciones del sistema, transfiere 60 millones de euros al IDAE procedentes del superávit eléctrico. En la Ley de Presupuestos Generales de 2018 se recogía que, con efectos para ese ejercicio, se podrían convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión a partir de fuentes de energía renovables con cargo al superávit eléctrico, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder y con una cuantía máximo con cargo al sistema eléctrico de 60 millones de euros.

Además, la norma establece que esta partida de 60 millones de euros cuenta con la posibilidad de ser incrementada con otros créditos disponibles del presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la cofinanciación de los fondos comunitarios Feder. El importe se destinará a convocatorias de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables en territorios no peninsulares. Los proyectos tienen que ser susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder.

Inminente Ley de Cambio Climático

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se aprobará este mes. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Sánchez ha defendido que la «modernización» de la economía «pasa por el combate y la adaptación al cambio climático», y para ello ha asegurado que antes de acabar el año aprobará esta norma, con el fin de garantizar «una transición justa con las personas y los territorios damnificados».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a aprobar algunos «aspectos urgentes» de esta normativa a través de un decreto ley, antes de la tramitación del texto como proyecto de ley en el Congreso. Según explicó, el Gobierno mantenía un debate interno sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura ley de cambio climático.