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Tejerina asegura que «la decisión futura» sobre el proyecto de almacenamiento gasista en Doñana «dependerá de la Junta de Andalucía»

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que su departamento ya realizó la valoración que le correspondía respecto al proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el espacio natural de Doñana, por lo que ha apuntado que «la decisión futura» sobre el mismo «dependerá de la Junta de Andalucía» que es la que tiene que conceder o no la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

García Tejerina ha recordado que el Ministerio entre los años 2010-2013 efectuó «la declaración de impacto ambiental de manera agrupada y no en 4 proyectos». Así, ha precisado que «se hace de manera fraccionada para poder evaluar el efecto conjunto», incidiendo en la valoración agrupada para ver el impacto global. Por ello, ha dejado claro que la evaluación que se ha realizado es «importante» y contó con «informes favorables de la Junta emitidos en 2008», por lo que se ha trabajado «agrupando los proyectos para valorar los efectos conjuntos» y en esa línea van a responder al Defensor del Pueblo.

De este modo, en cuanto al informe del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que pide al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los 4 proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta, la ministra ha explicado que la evaluación se realizó «de manera agrupada» para poder evaluar el proyecto en conjunto e incluso «se evaluaron proyectos que no van a tener una realidad». Por ello, ha ensalzado «la importante» valoración efectuada por su departamento ministerial.

De otro lado, la titular de Medio Ambiente ha indicado que para emitir la Declaración de Impacto Ambiental se tienen en cuenta muchos parámetros, entre ellos, el informe favorable de la Junta, que es un acto administrativo y no político y por tanto, «no se puede modificar». Así las cosas, respecto a la carta que le remitió la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la paralización del proyecto, García Tejerina ha indicado que la Junta de Andalucía es «la responsable» de conceder o no la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto. Por su parte, «el Ministerio ha actuado conforme a la legislación española y la legislación ambiental europea», ha proseguido.

Medio Ambiente alega ante el Defensor del Pueblo que no tiene competencia para revisar el almacén de gas en Doñana

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Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tiene ya competencias en relación con los procedimientos administrativos para la autorización de los 4 grandes proyectos de almacenamiento de gas en Doñana porque las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron tramitadas entre 2010 y 2013. La petición de evaluación conjunta afecta a los proyectos Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé la explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Así respondieron fuentes ministeriales después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana. Además, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la citada evaluación ambiental conjunta. En un escrito, el Defensor solicita a Energía que aclare la situación del proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía, y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.

En este sentido, el departamento que dirige Isabel García Tejerina recuerda que los cuatro proyectos fueron sometidos, desde su presentación por parte del promotor, a diversos procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación española y comunitaria. A ese respecto, estas fuentes subrayan que el Ministerio cumplió con su labor y tramitó las Declaraciones de Impacto Ambiental según lo que establece la normativa estatal y las directivas comunitarias y que en ese proceso tuvo en cuenta los informes favorables de 2008 aportados en los procedimientos por la Junta de Andalucía.

En todo caso, garantiza que en la tramitación que le competía los 4 proyectos no se fracturaron sino que, precisamente, se agruparon en 4 para considerar los efectos acumulativos que se producen puesto que constituyen zonas homogéneas para estudiarse mejor o con más precisión, lo que no constituía ninguna vulneración de derecho. A ese respecto, afirman que ahora ministerialmente le corresponde a Energía  autorizar estos proyectos y recuerdan que la Junta de Andalucía tiene capacidad en este momento para otorgar o denegar las preceptivas Autorizaciones Ambientales Unificadas. Si bien, insiste en que esto se debe en todo caso a pleno sometimiento a las condiciones de las Declaraciones y a la normativa ambiental que se aplique.

Analizar conjuntamente los 4 proyectos

La cuestión es que el Defensor considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera «dudas» sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. En este sentido, el Defensor quiere que se valoren «distintas alternativas» de almacenamiento de gas y garantizar «con un grado de certeza acorde» con su «importante relevancia ecológica» que el espacio no se verá «negativamente afectado» por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan «al mínimo posible».

La institución pidió información adicional al IGME en julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado». Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a Doñana.

La cumbre climática COP23 de Bonn (Alemania) impulsa el cumplimiento del Acuerdo de París al margen de Estados Unidos

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Europa Press.- Bonn (Alemania) acoge hasta este viernes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a la que asisten en torno a 25.000 personas de todo el mundo para tratar de impulsar la acción climática y el desarrollo sostenible y reforzar el cumplimiento de las metas y ambiciones del Acuerdo contra el cambio climático firmado en París en 2015 y avanzar en su aplicación sin la aportación de Estados Unidos.

La primera semana se han celebrado distintos procesos de avance, multitud de eventos paralelos y reuniones entre las delegaciones mundiales. Ahora comienza el segmento de alto nivel. Así, entre este miércoles y jueves los jefes de delegaciones, ministros y jefes de Gobierno y de Estado acudirán a Bonn para el tramo final de negociación. Cada parte podrá intervenir una sola vez durante un máximo de 3 minutos para exponer su posición. Desde España, confirmaron la presencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina desde este miércoles en Bonn.

El Acuerdo de París, alcanzado en diciembre de 2015, fue firmado en abril de 2016 por la mayoría de los países del mundo y entró en vigor en noviembre de ese mismo año, después de que fuera ratificado por más de 50 países que al menos sumaran el 55% de las emisiones de gases efecto invernadero de todo el mundo.

La Cumbre COP23 se centra en el impulso de los países a la aplicación del Acuerdo de París y en elaborar las directrices para aplicar sus disposiciones sobre cuestiones como la transparencia, la adaptación, la reducción de las emisiones, la financiación, la creación de capacidad y la tecnología. El fin será avanzar en todas estas áreas de manera que las directrices «claras» puedan quedar terminadas en la COP24 que se celebrará en Polonia en 2018.

Sin Trump y sin EEUU

Esta será la primera COP sin Estados Unidos, después de que su presidente Donald Trump anunciase su decisión unilateral de salir este acuerdo global, que han firmado más de 190 países. Sin embargo, también se recibirá a Nicaragua, que recientemente firmó el citado acuerdo. Por tanto, solo Siria y Estados Unidos permanecen al margen de la lucha contra el cambio climático, por razones muy diferentes: la primera por la guerra y la segunda por la voluntad política de su presidente.

Una vez el presidente anunció su voluntad de abandonar el Acuerdo de París, surgieron voces discrepantes dentro de Estados Unidos, que anunciaron que voluntariamente seguirían con la lucha contra el cambio climático, y también críticas del resto de la comunidad internacional. Lejos de desencadenar una reacción en cadena para apearse del acuerdo, la mayoría de países señalaron su voluntad de incrementar esfuerzos para compensar así la falta de acción norteamericana.

Ese fue el caso de China, la Unión Europea o de la propia Convención Marco de la ONU. La directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, considera que la decisión de Trump de retirarse de París «fracasó espectacularmente» y provocó una «oleada de apoyos» para la acción climática global. «No hay vuelta atrás y no habrá renegociación y ese mensaje debe quedar claro en la COP23», confía la ecologista. Eso sí, Greenpeace pide a España asumir sus responsabilidades contra el cambio climático y planificar el abandono progresivo y ordenado de las energías sucias como el carbón.

Otra de las tareas principales en Bonn será hacer un primer balance global de esfuerzos colectivos respecto a los compromisos adquiridos en París para 2018. Las ONG ven en esta COP una «oportunidad» para empezar a cumplir con las promesas de París. Para la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España, Tatiana Nuño, España debe asumir una posición firme en la lucha contra el cambio climático y planificar un abandono progresivo y ordenado de las energías sucias.

Las empresas con mayor riesgo de accidente con sustancias peligrosas cubrirán daños entre 300.000 euros y 20 millones de euros

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Europa Press.- Las empresas que realicen actividades empresariales con mayor riesgo de sufrir un accidente con sustancias peligrosas tendrán un año, hasta noviembre de 2018, para depositar las garantías financieras que exige la Ley de Responsabilidad Medioambiental en determinadas actividades industriales, que oscilan entre los 300.000 euros y 2 millones de euros. Así consta en la orden ministerial del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que publica el Boletín Oficial del Estado.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, para determinar el importe de garantía financiera obligatoria, prevista en la Ley 26/2007 de 23 de octubre, el operador deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales de la instalación, según el reglamento de desarrollo parcial de dicha ley. Como resultado del procedimiento, se calcula la cuantía que debe quedar cubierta mediante la garantía financiera obligatoria, a la que deberá añadir un 10% del importe calculado para incluir en la garantía el coste de las medidas de prevención y evitación de daños.

Además, según el artículo 28 de la Ley 26/2007, una vez que los operadores realicen el análisis de riesgo medioambiental, estarán exentos de constituir la garantía financiera obligatoria aquellos que obtengan un coste de posibles daños inferior a 300.000 euros, o a 2 millones de euros si están adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente. También hay un límite máximo de la garantía financiera obligatoria, que establece en 20 millones de euros.

En definitiva, señalan que el importe de la cobertura por responsabilidad medioambiental prevista en la ley debe calcularse a partir del análisis de riesgos de la actividad, por lo que depende fundamentalmente de las características de la instalación y de su localización, así como de la gestión del riesgo que se lleve a cabo. Por tanto, la horquilla de la cobertura cubierta por la garantía financiera obligatoria, estará entre los 300.000 euros y los 20 millones de euros, aunque el Ministerio recuerda que, en todo caso, los operadores también pueden suscribir de forma voluntaria una garantía financiera con cobertura superior.

En concreto, han precisado que las modalidades de garantía financiera según la normativa de responsabilidad ambiental a las que puede acogerse el operador pueden ser alternativas o complementarias. Se trata de tres modalidades: la póliza de seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada; Aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada y Reserva técnica, mediante dotación de un fondo ad hoc, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

El objetivo es reforzar la protección del medio ambiente y asegurar el principio de prevención y del principio de quien contamina, paga en las actividades industriales clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2, según la Orden ARM/1783/2011. La orden ministerial establece que las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2018.

Entre las actividades del nivel de prioridad 1 están sujetas al Real Decreto de aprobación de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como determinadas actividades incluidas en el Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Se trata, por ejemplo, de instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 MW y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de tratar más de 10 toneladas por día.

Por otro lado, las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2019. Estas, por ejemplo son algunas de las incluidas en el anexo I del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), como son determinadas refinerías de petróleo y gas.

Para facilitar esta tarea, el Ministerio, a través de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental ha desarrollado una serie de documentos guía y herramientas de ayuda y ha habilitado un servicio de apoyo y asesoramiento a las empresas afectadas. Por último, el Ministerio señala también que independientemente de la existencia de una garantía financiera obligatoria y de su cuantía cubierta, todos los operadores del anexo III de la Ley 26/2007 tienen responsabilidad objetiva e ilimitada desde que la ley entró en vigor en 2007. Es decir, que tienen la obligación de llevar a cabo todas las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños causados que sean necesarias, independientemente de su coste.

La Junta de Andalucía prepara el recurso para pedir en los tribunales la paralización del proyecto de gas en Doñana

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Europa Press.– El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, anunció que el gabinete jurídico de la Junta «está preparando» el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir la paralización del proyecto de almacén de gas natural en el entorno de Doñana, si finalmente el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncia en esa línea porque «debe realizarse una evaluación conjunta» del impacto ambiental del proyecto ya que «es solo un proyecto y no cuatro».

Fiscal se ha referido al requerimiento que hizo este verano la Consejería al Ministerio para que realizara una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana. De este modo, ha asegurado que por ahora no tiene constancia de que se haya producido la respuesta ministerial pero ha señalado que la Junta envió su escrito y el plazo para responder empieza a contar desde que se produce el registro de entrada.

Administrativamente 4, pero uno real

Por ello, ante la proximidad de la respuesta ministerial, ha apuntado que la Junta «está preparando» ya su recurso para «pedir en los tribunales que se paralice este proyecto». En esta línea, ha recordado el informe del CSIC que alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona, así como ha reiterado que el estudio de su afección se haga de manera conjunta. Por todo ello, el consejero ha indicado que se trata de una cuestión que les «preocupa» y ha dejado claro que «la realidad es tozuda» y todo apunta a que la evaluación debe realizarse de manera conjunta y no por separado porque, aunque «administrativamente» sean cuatro proyectos, «es uno solo», ha zanjado.

La consulta pública para la Ley de Cambio Climático suma ya 170 propuestas, pero varios sectores la tildan de insuficiente

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Europa Press.- La consulta pública abierta por el Gobierno desde el pasado julio para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recibido ya más de 170 propuesta, según ha indicado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), mientras que otros sectores, como ONG ambientales, expertos y organizaciones políticas de la oposición, tildan el proceso participativo de «insuficiente» y de ir «con retraso».

El próximo 10 de octubre finaliza el plazo de la consulta para la elaboración del texto, que tiene como objetivo construir una Ley «con la mayor implicación social», según ha señalado el MAPAMA, que ha añadido que la futura normativa es «un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea«. Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, como ONG ambientales, partidos políticos de la oposición y expertos que han participado en la comisión del Congreso para su puesta en marcha, han criticado el proceso.

Insuficiente valor de la participación

En el caso de Ecologistas en Acción, lamentan que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública abierta ahora «sólo implica preguntas cerradas de orden jurídico». En la misma línea, la ONG Greenpeace España ha expresado su malestar, junto a otras organizaciones ecologistas, por no haber sido invitada a la comisión de expertos creada por el Gobierno para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, y que estará formada por 14 miembros.

Mientras tanto, para el partido socialista, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno de España «va muy por detrás de la mayoría de países». Por su parte, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, expresó durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, «que la participación pública no se debe reducir a colgar un texto en la web para que la gente opine».

Pese a las críticas, según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la «primera vez» que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley «de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio». Asimismo, el Gobierno ha creado un grupo interministerial para la elaboración de la Ley, que se reunió por primera vez el pasado abril.

El Gobierno distribuye 16,3 millones de euros a planes medioambientales y lucha contra el cambio climático en las comunidades autónomas

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Europa Press.- El Consejo de Ministros determinó distribuir entre las comunidades autónomas un total de 16.389.340 euros a distintas líneas de actuación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo Parques Nacionales como planes medioambientales y lucha contra el cambio climático. De esta cantidad, casi 16,4 millones de euros, 10,4 millones se dirigirán a iniciativas de lucha contra el cambio climático, en el marco de los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA): Residuos, Adapta Costas y Adapta-Ecosistemas.

En concreto, el plan PIMA Residuos contará con una dotación de más de 4,9 millones para actuaciones dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en los objetivos de la Ley de residuos y suelos contaminados y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, así como para cumplir los objetivos en materia de energías renovables.

El Gobierno explica que acometerán tres líneas de actuación: Residuos-Compost, para fomentar la recogida separada de biorresiduos, compostaje doméstico y comunitario y construcción de instalaciones de compostaje de biorresiduos para su tratamiento; Residuos-Aceites, para fomentar la recogida separada de aceites de cocina usado de los hogares para destinarlo a producción de biocombustible para el transporte y Residuos-Biogás, para incentivar el uso eficiente de biogás y de la generación de biogás.

También se ha acordado llevar a cabo el plan PIMA Adapta-Ecosistemas que, con 2,5 millones, buscará combatir el cambio climático en las comunidades autónomas con medidas que garanticen que los bosques sean menos vulnerables y adquieran más capacidad de resistir a las condiciones climáticas futuras. Además, este plan permitirá aumentar la retención y secuestro de carbono y, por tanto, a cumplir las obligaciones de reducción de emisiones adquiridas por España.

CaixaBank construye una planta de cogeneración de biomasa en Chile para compensar 22.949 toneladas de CO2 que generó en 2016

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Servimedia / Europa Press.- CaixaBank ha contribuido a poner en marcha una planta de cogeneración de biomasa en Viñales (Chile), con la que compensará, al generar energía procedente de fuentes renovables que se inyectará a la red eléctrica local, 22.949 toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidas a la atmósfera durante el ejercicio 2016.

Según explicó CaixaBank, la construcción de esta planta, que también contribuirá a la reducción de gases invernadero, está enmarcada en el objetivo de la entidad financiera de compensar las emisiones de CO2 derivadas de su actividad durante el año pasado. En esta línea, la entidad señaló que cada año realiza un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero generadas como consecuencia de su actividad corporativa para calcular su huella de carbono y establecer acciones dirigidas a reducirla progresivamente, tal y como han señalado. Para garantizar la transparencia y trazabilidad de la compensación de emisiones, CaixaBank adquiere créditos a través de proyectos del mercado voluntario de emisiones aprobados por el VCS (Verified Carbon Standard).

Por otro lado, Caixabank sostiene que este proyecto contribuirá al «crecimiento sostenible» de Chile al suministrar «electricidad verde» a partir de biomasa, tal y como explicaron desde la entidad financiera, que resaltó que el proyecto chileno ha generado 300 puestos de trabajo durante la construcción de la planta y actualmente emplea a 34 personas «de manera estable». Mientras tanto, la comunidad local «se beneficia de un sistema para fomentar la relación con el entorno» que tiene como objetivo, «construir y mantener relaciones permanentes de confianza y de beneficio mutuo con la comunidad» a través de la creación de «valor económico, social y ambiental», señaló Caixabank.

En esta línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que CaixaBank «asienta la gestión de su negocio en el respeto y la protección del entorno», lo que implica un «firme compromiso» con la conservación del medio ambiente, la mejora de la eficiencia energética y el fomento de un modelo de desarrollo sostenible. Según Gortázar, la entidad financiera incorpora a su gestión los criterios ESG (Environmental, Social, Governance), que «constituyen la base del consenso internacional sobre empresa responsable».

Además, la entidad participa con el mismo objetivo en otros proyectos como la reforestación de un terreno improductivo de 7,5 hectáreas en Santa María del Campo (Burgos). CaixaBank señaló que con estos proyectos compensó un total de 22.964 toneladas de CO2 generadas por el uso de combustibles, gases de refrigeración y el consumo de energía eléctrica en su red de oficinas y servicios centrales durante 2016, lo que supone haber compensado el 63,5% de la huella de carbono. En este sentido, el objetivo de CaixaBank es compensar el 100% de su huella de carbono antes de finalizar 2018 y convertirse así en neutra en carbono, siendo el primer banco de España en alcanzar este mérito.

Finalemente, CaixaBank ha anunciado que son la primera entidad financiera en España que ha recibido de parte del Ministerio de Medio Ambiente el sello Calculo + Reduzco + Compenso del Registro de Huella de Carbono, que sirve para distinguir a aquellas organizaciones que calculan su emisión de CO2 y cuentan con un plan para reducirla. Entre sus medidas para combatir el cambio climático, está su objetivo de que el 100% de su consumo eléctrico provenga de energías renovables para 2018. Otras de las acciones de la entidad son la sustitución de rótulos e iluminación de recintos 24 horas en la red de oficinas por otros con leds y el diseño ecoeficiente de las nuevas edificaciones.

Medio Ambiente selecciona 94 propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes sectores como el transporte

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Europa Press.- La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático Valvanera Ulargui, ha presidido el Consejo Rector del Fondo Español de Carbono (FES-CO2), que ha seleccionado 94 de las 109 propuestas presentadas a la Convocatoria 2017 de Proyectos Clima, que busca reorientar la actividad económica hacia modelos bajos en carbono, según ha indicado el organismo.

Los proyectos seleccionados abarcan sectores como transporte, residencial, comercial e institucional, residuos, agricultura, fluorados e industrias no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, tal y como ha explicado el Ministerio de Medio Ambiente. Según el Ministerio, las propuestas deberán, además, presentar cálculos estimativos de reducción de emisiones efectuados con arreglo a metodologías aprobadas por el Consejo Rector. A partir de ahora, los promotores de las iniciativas seleccionadas podrán presentar un documento de proyecto definitivo en el que se concrete el diseño y principales características de sus propuestas, para efectuar la selección definitiva.

Por otro lado, el Consejo Rector también ha aprobado nuevas metodologías de cálculo de reducción de emisiones para proyectos de conexión de barcos a la red eléctrica de puertos. A juicio del Ministerio, el Fondo de Carbono FES-CO2 se ha constituido como un «útil instrumento de financiación climática», que busca reorientar la actividad económica hacia modelos bajos en carbono al mismo tiempo que se contribuye al cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de reducción de emisiones de gases invernadero.

El Defensor del Pueblo no ve «justificada» la «falta de actividad» de Medio Ambiente ante el almacén gasista en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, asevera que «no parece que la falta de actividad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA) pueda verse justificada» tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el parque Natural de Doñana (Huelva), a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía.

Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal advirtiendo en este sentido y con el objetivo de «parar esta barbaridad», según ha calificado la ONG. Tras esta queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la «insuficiencia» de la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y «no conjunta como exige la legislación», según apunta en el documento.

Así, el escrito señala que «no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación». En este sentido, en su respuesta ante la petición del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los 4 proyectos «se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento» y, por ello, las evaluaciones están por separado, según el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración «no aclaró» qué se considera como «independientes en su funcionamiento» y «parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística».

Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución «esperaba» que la Secretaría de Estado hiciera una «valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor sobre la evaluación del riesgo sísmico». Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la «incoherencia» que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA «sin tener todos los datos necesarios» e «impusiera al promotor que realizase nuevos estudios», y que, sin embargo, después se otorgara autorización «sin un pronunciamiento previo» del órgano competente para «validar correctamente dichos estudios». «Todo parece indicar que la DIA fue incompleta«, señala Fernández.

Informe del CSIC y sismicidad

Por otra parte, el escrito explica que el Defensor del Pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las potenciales afecciones en el espacio natural de Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y Extremadura que señala que «no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero» y pide que se tenga en cuenta. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría alterar el resultado de la evaluación.

Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos en relación con el riesgo sísmico y, especialmente, en lo relativo al almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero. También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los 4 proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.

Andalucía exige paralizar los proyectos

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que «hay que parar» estos proyectos. Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que «hay que analizar los riesgos sísmicos» que, según el CSIC, «no están claros».

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque «confirma», insistió, «lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece». Se trata de la primera acción que se conoce del Defensor del Pueblo después de haber asumido Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que «se estrena de la mejor manera con Andalucía».