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El Gobierno apoya 62 proyectos para reducir emisiones en España

EFE.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha seleccionado 62 nuevos Proyectos Clima que promoverán la reducción de emisiones en España, ahorrando un total de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Los proyectos, correspondientes a la convocatoria 2017 con una dotación que ronda los 36 millones de euros, forman parte de la sexta edición de esta iniciativa, con la que el Gobierno trata de impulsar que la compra de créditos por emitir CO2 se lleve a cabo con iniciativas que reduzcan emisiones dentro del territorio.

Según explicaron fuentes del Ministerio, los 62 proyectos contribuirán a la reducción de emisiones en sectores como la agricultura, el transporte, la edificación o los residuos. Entre los proyectos seleccionados están el uso de vehículos eléctricos para los desplazamientos de trabajadores en algunas empresas, la sustitución de calderas por otras menos contaminantes, sistemas para el tratamiento de purines de las granjas con objeto de reducir su carga contaminante, o implantación de soluciones térmicas con energías renovables. Posteriormente, el Fondo de Carbono del Ministerio adquirirá las reducciones verificadas que logren estos proyectos al precio del CO2 vigente en la Unión Europea.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon en 2017 por la sequía, comprometiendo los objetivos climáticos de España

Europa Press.- El sector eléctrico emitió un total de 74,9 millones de toneladas de CO2 durante 2017, lo que supone un incremento del 17,83% respecto al año anterior, según datos de Red Eléctrica de España. En este sentido, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reconocido que la sequía registrada en España a lo largo de 2017 «complicará la senda de decrecimiento» que, en materia de emisiones de gases invernadero, venía registrando el país en los últimos años.

Así lo ha apuntado en la Comisión de Estudio del Cambio Climático en el Congreso sobre los resultados de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), celebrada en Bonn (Alemania) en noviembre del pasado año. Tejerina ha insistido en que España cumple los objetivos que adquirió en la cumbre de París (COP21) y que su intención es lograr ir «más allá» de las cifras que se esperan del país para 2020. En este sentido, ha recordado que España «va un 10% por delante de sus obligaciones» en materia de emisiones y que en 2016 se han reducido los niveles en un 3,3%, con respecto a 2015.

Sin embargo, ha señalado que esta «senda de decrecimiento» podría «complicarse» como consecuencia de la sequía registrada a lo largo del pasado año y que, debido al mix energético del país, esta situación tendrá graves efectos con la menor aportación de la energía hidroeléctrica y también en la eólica, debido a la falta de viento. Esta situación, no ha evitado que la ministra señale a España como un «socio creíble» para la comunidad internacional, y se ha referido a los últimos informes de la Unión Europea en los que se asegura que el país «cumplirá” con su compromiso de 2020.

La responsable de Cambio Climático en España ha recordado las últimas medidas tomadas por su departamento para cumplir con la Cumbre de París y ha rechazado las críticas de «inacción» que ha recibido por parte del portavoz socialista en la materia, Ricardo García-Mira. Entre las iniciativas compartidas, Tejerina ha recordado que su ministerio, junto con el de Energía y Hacienda, están inmersos en la elaboración del primer borrador de la nueva Ley de Cambio Climático, un texto para el que, según ha reprochado, no ha recibido aportaciones de todos los grupos representados en el Parlamento.

Respondía de este modo la titular de Medio Ambiente a Unidos Podemos y Ciudadanos, cuyos portavoces en esta materia, Juan López de Uralde y José Luis Martínez, respectivamente, mostraron su preocupación por la tardanza a la hora de presentar el texto. La ministra ha explicado el proceso que se ha llevado a cabo en este sentido, en el que, según ha señalado, se ha llevado a cabo un proceso de consulta con los actores y sectores implicados y se ha abierto la norma, también, a la participación pública. «Hemos decidido trabajar escuchando primero. Si nos envían sus aportaciones serán consideradas», ha declarado durante su intervención.

Asimismo, Unidos Podemos y Ciudadanos también han coincidido en destacar contradicciones en los discursos de la propia Tejerina y los del ministro de Energía, Álvaro Nadal. Para Tejerina «no es incompatible poner la energía a precios competitivos, una vez satisfechas las necesidades medioambientales» del país. «El mix energético es determinante, pero una vez que vamos por delante de nuestras obligaciones y con garantías de cumplimiento», apuntó. «Al menos, a nuestro Gobierno le interesan los ciudadanos y las familias a las que les cuesta pagar la tarifa eléctrica cada mes», añadió.

También se enfrentó a las críticas ante la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la COP23 y que lo comparen con la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron, que sí acudieron. «Merkel estaba porque era en Alemania y Macron para convocar otra cumbre. Con este contexto sus acusaciones se debilitan un poquito», ha recriminado.

Emisiones y el sector eléctrico

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon un 17,8% en 2017 toda vez que las fuentes renovables cubrieron el 33,3% de la producción eléctrica peninsular, frente al 40,8% del año anterior, registrando así su peor dato anual en el último lustro, según el avance del informe del sistema eléctrico español de Red Eléctrica de España (REE). Esta caída en la contribución de las renovables se debió principalmente al impacto de la sequía sobre la producción hidráulica, que registró una caída del 48,4% frente al año anterior. Además, estuvo acompañado de una menor generación eólica, que fue un 1,6% inferior respecto al año anterior.

En concreto, la hidráulica solo cubrió el 7% de la demanda en 2017, frente al 14,2% del ejercicio anterior, viéndose así sustituida por una mayor aportación del carbón, que representó el 17%, frente al 13,9% de 2016, y de los ciclos combinados, con un 13,9%, frente al 10,2% de hace un año. En cuanto a las tecnologías que más han contribuido a cubrir la demanda, la nuclear se situó nuevamente en primer lugar, con una aportación del 21,5%, seguida de la eólica, con el 18,2%. Además, las importaciones de energía eléctrica cubrieron en 2017 cerca del 4% de la demanda peninsular, según los datos del operador de la red eléctrica.

Con datos estimados a cierre del año, la demanda de energía eléctrica peninsular en este ejercicio se sitúa en 253.082 gigavatios hora (GWh), con un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda aumentó un 1,7% respecto a 2016. De esta forma, la demanda peninsular mantuvo la tendencia de crecimiento iniciada en 2015 tras cuatro años consecutivos de descensos.

El Ministerio de Medio Ambiente reconoce a OHL sus avances hacia la transición energética con un certificado de movilidad sostenible

Europa Press.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha otorgado a OHL un certificado en reconocimiento a su «implicación» en la promoción de la «movilidad sostenible» entre sus empleados, según indicó. La compañía ha explicado que cuenta con un Plan de Movilidad y Seguridad Vial 2015-2020 pensado para «mejorar la movilidad de los empleados».

En este plan se contemplan medidas como la implantación de servicios de lanzadera o el uso de vehículos eléctricos y de gas natural comprimido. También ha indicado que durante los últimos tiempos desde OHL han impulsado desarrollos de tecnología propia y proyectos de investigación colaborativa en el ámbito de la movilidad de personas y mercancías, así como en las áreas de gestión de infraestructuras, sistemas de pago inteligentes o uso de energía fotovoltaica para iluminación.

La Junta de Andalucía lamenta que el Gobierno central «apoye económicamente» al proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana

Europa Press.- Mientras los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción, referentes en el espacio natural de Doñana, denuncian la subvención a Gas Natural por 6,3 millones de euros para el 2018 señalando que así se fomenta el «agravar» los problemas del parque, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamenta que el Ministerio» siga apoyando económicamente el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Martínez Vidal asegura que esta actuación contrasta con lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevó a efecto recientemente, refiriéndose a que la Junta «ha formulado un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los 4 subproyectos en los que se divide este gran proyecto de almacenamiento de gas».

El director general de Prevención ha explicado que «estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013 y el único proyecto que cuenta con autorización es el de Marismas Occidental«, para el que solicitan que «se paralice la ejecución del proyecto«. «Nuestra petición se ampara en que recientes informes que se han conocido del IGME y del CSIC, que entienden que la evaluación que se hizo de manera fragmentada ni cuenta con el efecto acumulativo ni hace una valoración de riesgo de sismicidad inducida», ha indicado.

Por ello, ha señalado que, según el artículo 44 de la ley 21/2013, se ha solicitado la revisión de estas vías por «concurrir estas nuevas circunstancias y que se han puesto de manifiesto en los procedimientos de quejas que los defensores del pueblo, a nivel nacional y andaluz, tienen abiertos». De esta forma, ha asegurado que «el parecer de la Junta contrasta radicalmente con la forma de actuar del Gobierno que sigue apostando económicamente por este proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, un espacio natural único».

“Pagando para agravar los problemas”

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, incide en que la subvención a Gas Natural «es inmoral e incongruente».Y es que, agrega, se abona una subvención, que supone «la mitad del presupuesto anual para todo el parque», por el almacenamiento de una energía no renovable cuya utilización «agravará los problemas de cambio climático«.Por ello, el colectivo ecologista sigue reclamando la paralización del subproyecto ya en marcha y que se impidan los otros tres, así como una apuesta «clara» de las administraciones por la energía renovable «en todo su espectro y con cabeza».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado que su asociación tiene «todas las esperanzas» puestas en los tribunales, al haber recurrido judicialmente todo el procedimiento administrativo.»Hay un informe del Defensor del Pueblo donde se pone de manifiesto que la iniciativa adolece de un estudio hidrogeológico, con una valoración de impacto incompleta. Lo más triste es confirmar cómo todo el mundo coincide en que hay que hacer una evaluación conjunta y ver la sinergia acumulativa de los proyectos y, sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos».

El Defensor del Pueblo propone cambios al ser eximida la regasificadora de Mugardos de presentar una evaluación de impacto ambiental

Europa Press.- El Defensor del Pueblo instó al Gobierno a que garantice la participación activa de un órgano ambiental antes de tomar la decisión de excluir a ciertos proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, como en el caso de la regasificadora de Mugardos (La Coruña).

Durante 2017 el Defensor realizó distintas actuaciones en defensa del medio ambiente y el entorno rural como, por ejemplo, la actuación de oficio que inició ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando conoció la decisión del Gobierno de eximir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la localidad coruñesa.

Respecto al caso, recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para instalar dicha planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004, ya que al emitirse no contaba con el instrumento de planificación urbanística adecuado. El Defensor subraya que como la planta tenía que pedir autorizaciones nuevas, el Gobierno «decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento».

Por eso, la Institución recuerda que la ley de Evaluación Ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es «necesario» informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

«Así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada», señala el Defensor que, no obstante prosiguió sus actuaciones. En ellas ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Durante 2017 el Defensor del Pueblo actuó también ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población. La Institución tiene el cometido de supervisar que las administraciones realicen tareas de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales y de la contaminación e impacto ambiental. Finalmente, también pide a la administración en sus escritos que tenga en cuenta los aspectos ambientales en la normativa así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras.

El Consejo Nacional del Clima conocerá un primer borrador de la Ley de Cambio Climático en este primer trimestre

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que se ha dado a conocer que el Gobierno trabaja en la preparación de un borrador de anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, que se prevé que esté listo en el primer trimestre de 2018 y se presentará en el Consejo Nacional del Clima.

Durante el Consejo, la ministra ha puesto el acento en la «clara voluntad» del Ejecutivo por dialogar con todas las partes y conseguir que sea «una ley de todos«, por lo que se está elaborando tras lanzar un proceso abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la máxima participación social, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

García Tejerina ha detallado estos hitos desde la creación de un grupo de trabajo interministerial que asegure la coherencia de las actuaciones contempladas en la futura Ley, la creación de una Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética a una economía baja en carbono, las jornadas de debate en las que más de 400 expertos aportaron su conocimiento, o la consulta pública llevada a cabo. Se trabaja, además, para implicar a todos los grupos políticos en la elaboración de la Ley para que se elabore con el máximo consenso.

Medio Ambiente anticipa a la oposición los ejes de la nueva Ley de Cambio Climático, que prevé aprobar en primavera

Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha presentado ante diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según explicaron fuentes parlamentarias, el departamento que dirige Isabel García Tejerina espera tener lista para el primer semestre de 2018.

Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio tiene perfilados estos bloques atendiendo a los principales temas que se han aportado en el concurso de participación, que se abrió el pasado 18 de julio. En total, se han recibido más de 300 aportaciones; la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se va a poner en cuanto a emisiones, la adaptación a las políticas europeas en materia climática, la financiación o el modelo de transición energética que llevará el país son algunos de los puntos más comentados que el Ministerio deberá desarrollar en los próximos meses.

García Tejerina anunció en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22) la elaboración de este texto. También hubo una proposición no de ley por la que los principales grupos en el Congreso, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, solicitaban al Gobierno que impulsara esta norma. La iniciativa planteaba la necesidad de «integrar y armonizar» en una ley todas las estrategias y protocolos existentes en materia de cambio climático, para que España pudiera cumplir los compromisos asumidos en esta materia. Además, llamaban a introducir objetivos concretos y a largo plazo en materia de reducción de emisiones.

Esta reunión de Medio Ambiente con los representantes parlamentarios llega después de una temporada de críticas por parte de algunos partidos de la oposición. El PSOE, aprovechando una moción con medidas para la lucha contra los incendios forestales, apremiaba al Gobierno a poner en marcha la ley de Cambio Climático, al que culpaban, en gran parte, del aumento de fuegos durante este año. Por su parte, Unidos Podemos ha anunciado que presentará su propio texto y esperan llevarlo al Pleno para su aceptación a trámite.

La Junta de Andalucía destaca el compromiso de «llegar hasta el final» para frenar el almacén de gas de Doñana

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que «se están analizando todos los datos que obran en poder» de su departamento para presentar el tipo de recurso «más conveniente» para frenar el proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana, desde el compromiso de «llegar hasta donde haya que llegar» para paralizar una iniciativa que «no convence a nadie» porque «pone Doñana en riesgo».

Fiscal ha afirmado que «es un tema muy serio» y explica que se han pedido todos los datos en los que se apoyan los últimos informes del Defensor del Pueblo Estatal y de su homólogo andaluz. En este sentido, y preguntado sobre si hay colaboración suficiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Fiscal ha apuntado que «en absoluto», porque «a tenor de los últimos informes» de las dos Defensorías, que «han pedido la paralización del proyecto», la respuesta en lo que respecta al Gobierno central es que «se sigue hacia adelante, con lo cual no podemos hablar de colaboración».

Tejerina se compromete con las organizaciones ecologistas a facilitar una reunión con Nadal sobre el carbón y la transición energética

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha comprometido con las ONG ambientales a tratar de facilitar una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para conversar sobre el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón y sobre la transición energética y el cambio climático.

El compromiso surgió en el encuentro periódico de la ministra con las ONG ambientales. Según ha explicado el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, se ha tratado de una reunión de seguimiento de temas en la que se han abordado cuestiones como cambio climático y energía y a este respecto le pidieron a la ministra «más participación» en el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador inicial se espera para el primer tercio de 2018.

González ha señalado el compromiso de la ministra para que la futura norma sea un texto «consensuado» y para «ajustarse» a los compromisos asumidos por España, no para ir más allá. En todo caso, instaron a la ministra a que después de las reuniones del Gobierno con los grupos políticos el texto se analice en el Consejo Nacional del Clima.

Alianza climática contra el carbón

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha añadido que se valoró la Cumbre del Clima que concluyó en Bonn (Alemania). A este respecto, la ministra les ha explicado que España no se ha sumado a la alianza contra el carbón en tanto en cuanto no se conozcan las conclusiones del grupo de expertos que está elaborando la Ley de Cambio climático y Energía, que está valorando varios escenarios en el mix energético. «Hasta que España no tenga claro su escenario no van a hacer público ningún compromiso, pero le hemos pedido un mensaje muy claro y fechas concretas para una transición a una energía y economía bajas en carbono», ha apostillado.

Así, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha añadido que han hablado con la ministra sobre el borrador de Real Decreto que busca evitar el cierre de las centrales térmicas. Ha sido en ese contexto en el que le han pedido a la ministra una reunión con su homólogo de Energía, Turismo y Agenda Digital para que escuche los argumentos de las ONG ecologistas. «La visión de Nadal choca con los objetivos de la Unión Europea y de la lucha contra el cambio climático», ha afirmado Del Olmo que ha destacado el compromiso de la ministra para facilitar una reunión con Nadal.