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González Ramos (PSOE) urge a Tejerina a prohibir el fracking en todo el país

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EFE.- El diputado nacional del PSOE por Albacete, Manuel González Ramos, ha pedido a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que se prohíba la técnica del fracking en todo el territorio nacional. González Ramos ha hecho esta petición a través de una pregunta durante la comparecencia de la ministra en la Comisión de Medio Ambiente, indicó el PSOE.

El representante albaceteño considera que la fractura hidráulica es una técnica que plantea numerosas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente y ha recordado que, en los últimos años, ha sido objeto de numerosos estudios elaborados por instituciones públicas y privadas que plantean dudas sobre la seguridad de la técnica extractiva. Entre ellos, el publicado en 2011 por el Parlamento Europeo, a instancias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, y otro posterior de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Por este motivo, apelando al principio de cautela de la Unión Europea, González Ramos urge a la ministra a la prohibición de esta práctica para la prospección de hidrocarburos. Además, González Ramos recuerda que las comunidades autónomas, dentro de su ámbito competencial, deberán elaborar una planificación estratégica sectorial para gestionar los impactos y riesgos para la salud pública y medioambiental de cualquier técnica que, de forma agresiva para el entorno, tenga por objeto la prospección, extracción o explotación de hidrocarburos, donde se incluye el fracking.

España duplicará a 900 millones de euros anuales el fondo para luchar contra el cambio climático a partir de 2020

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EFE.- La ministra de Agricultura, y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció «la remisión a las Cortes del Acuerdo de París contra el cambio climático para su ratificación por vía urgente» y resaltó que, en la Cumbre de París, el Gobierno se comprometió a aumentar las aportaciones a la lucha contra el cambio climático hasta duplicarlas, y apuntó que «van a ser 900 millones de euros anuales a partir de 2020, ya que en 2015 han sido 466,7 millones de euros».

Además, ha destacado que el Gobierno «aportará 120 millones de euros al Fondo Verde, de los cuales están desembolsados 2, pero hay un calendario establecido para alcanzarlos en el periodo comprometido hasta 2020». Ha añadido que el Gobierno en funciones «dejó todo preparado para impulsar la ratificación del Acuerdo en cuanto fuese posible». Está previsto que el texto entre en vigor en 2017, tras su aprobación en las cámaras. «París fue un éxito», se acordó la reducción de la temperatura por «debajo de los 2 grados e incluso no sobrepasar el 1,5» y, además, los procedimientos para desarrollar el Acuerdo.

«España participa en la Cumbre de Marrakech en las decisiones que empezarán a adoptarse para implementar París», ya que cuenta con una política efectiva de reducción de emisiones de efecto invernadero que tiene como objetivo la transformación de nuestro modelo económico a uno bajo en carbono. Tejerina resaltó que «hasta ahora 105 países han ratificado el Acuerdo de París, lo que representa un 75% de las emisiones, entre ellos 14 países europeos» y hay una política «más ambiciosa» para la reducción de emisiones de todos los países europeos, que se han fijado en un 40% para 2030 respecto a 1990.

«La Unión Europea ya ha reducido las emisiones en un 22% en 2015, en un período en el que la economía europea ha crecido un 50%», por lo tanto, ha dicho «crecimiento económico y reducción de emisiones es posible«, además, la Comisión Europea «ya ha lanzado el marco normativo para la reducción de emisiones». En la Unión Europea «somos los más importantes donantes de financiación climática para los países en vías de desarrollo», con una aportación de 17.500 millones de euros, con un «incremento significativo con respecto a años anteriores».

Respecto a la elección del candidato republicano Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, Tejerina ha dicho que este país «ya ha ratificado el Acuerdo de París y que espera que continúe proponiendo políticas para luchar contra el cambio climático». Además, «el presidente de la Comisión Europea ha manifestado su deseo de que Estados Unidos mantenga su compromiso» y ha destacado que este país representa entre el 10% y el 11% de las emisiones y «el compromiso es global«.

Uno de los aspectos más difíciles a negociar en Marrakech es lograr la financiación de 100.000 millones de dólares anuales para que los países en desarrollo puedan reducir las emisiones de la mano de entidades financieras, organizaciones internacionales y los propios gobiernos. Está previsto que la revisión del proceso iniciado con el Acuerdo de París se haga en la reunión del clima de 2018, fecha fijada para que los países expongan las medidas adoptadas para descarbonizar sus economías desde 2020.

La Diputación de Álava asegura que el proyecto de extracción de gas de Shesa está en fase “muy preliminar»

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EFE.- El diputado foral de Álava de Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio Galera, indicó que el proyecto para la extracción de gas en el territorio alavés está en fase «absolutamente preliminar» y que Shesa, sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco, sólo contempla utilizar técnicas convencionales y no de fractura hidráulica (fracking).

El diputado foral confirmó que existe este proyecto de Shesa para el pozo Armentia-2, en el entorno de Vitoria, y ha explicado que la institución foral tuvo conocimiento de manera oficial de éste en septiembre a través de una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, que pidió a la Diputación que detallase los aspectos importantes a tener en cuenta en la declaración de impacto ambiental que el Gobierno central debe emitir sobre este proyecto. Según señaló, Shesa ha solicitado permiso para hacer un sondeo exploratorio con técnicas convencionales en Armentia-2, con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.540 metros, durante 164 días de intervención.

Una vez estudiada «a detalle» la información de la promotora, la Diputación emitió un informe, que remitió al Ministerio de Medio Ambiente, en el que señala que el estudio de impacto ambiental debe tener en cuenta que haya una «certeza absoluta» de que no se utilizará la técnica del fracking, así como que de que las sustancias que se usen no tengan afectación en el suelo ni el acuífero de Subijana. «Estamos en una fase informativa y absolutamente preliminar y todavía no hemos recibido el informe de impacto ambiental», concluyó.

La plataforma Fracking ez alertó recientemente de que la sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco estaba tramitando un nuevo permiso para un pozo de extracción de gas. Esta agrupación recordó que hace 20 años se perforó el pozo Armentia-1 mediante técnicas convencionales y se fracasó en el intento, por lo que consideró «no creíble» que ahora esas mismas técnicas vayan a funcionar. En cualquier caso, para la plataforma, el debate actual no es «fracking sí o fracking no», sino el modelo energético en su conjunto.

BNK se retira del permiso Urraca (Burgos), su último proyecto de fracking en España

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EFE.- La empresa BNK España se retira del último proyecto de investigación de hidrocarburos que aún tenía en marcha en España, el denominado Urraca (Burgos), después de que el permiso concedido por el Gobierno haya caducado sin que se haya conseguido la declaración de impacto ambiental favorable.

El permiso de exploración de hidrocarburos Urraca, que afecta a los municipios de Villarcayo, Medina de Pomar y Merindad de Cuesta Urría (Burgos), se otorgó en 2011. En concreto, la concesión se aprobó el 29 de septiembre de 2011 por un plazo de 5 años, que se cumplieron este 29 de septiembre, recordaron fuentes de BNK España. «El permiso ha caducado», insisten, sin que Medio Ambiente haya emitido declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de exploración presentado en 2014.

BNK España planteó abrir hasta 6 pozos de perforación, 2 por cada uno de los municipios afectados, para investigar la presencia de hidrocarburos a través de la técnica del fracking. Las perforaciones requieren de informe favorable previo de Medio Ambiente ya que el proyecto se radica en Burgos y Álava, afectando a dos comunidades autónomas, lo que obliga a que las autorizaciones vengan del Gobierno central. Sin declaración de impacto ambiental, y con el permiso caducado, «no se puede continuar», ha asegurado BNK España. La empresa de origen canadiense no tiene intención de reclamar o pedir responsabilidades el Gobierno central por un retraso que finaliza con la caducidad del proyecto.

Urraca era el último de los proyectos con los que contaba BNK España en el país, después de haberse retirado en junio de Sedano, el otro permiso vinculado a Burgos. En ese caso, su renuncia se justificó en la «incertidumbre legal» en cuanto a la viabilidad del proyecto, centrada en legislación y procesos administrativos. «Motivos técnicos internos», explicaron en su momento fuentes de BNK España, que se queda «sin ningún plan de futuro», así que abandonarán el país, según reconocen. La canadiense es una de las principales empresas del mundo dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.

Tejerina asegura que será prioridad del futuro Gobierno ratificar el Acuerdo de París

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EFE.- El Acuerdo de París sobre el cambio climático no será ratificado por el Gobierno español en funciones, pero será una prioridad para el nuevo Ejecutivo si este lo encabeza el Partido Popular, según indicó la ministra interina de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que participó en la ciudad marroquí de Marrakech en la reunión preparatoria de la cumbre sobre cambio climático, la COP22, que se celebrará entre el 7 y el 18 de noviembre y que Marruecos presenta como «la cumbre de la acción«.

En este sentido, Tejerina señalo que el Gobierno tiene preparados «desde el punto de vista administrativo» los instrumentos de ratificación del acuerdo, pero no piensa hacerlo estando en funciones. Si el próximo Gobierno lo encabeza el PP, indicó, «será un tema prioritario y el acuerdo puede estar ratificado en cuestión de semanas», antes incluso que otros países europeos. En todo caso, aclaró, «España se siente bien representada en Marrakech por la Unión Europea», que ya lo ha ratificado como bloque.

Participación de las empresas privadas

Tejerina insistió en que el Gobierno «tiene un compromiso con el cambio climático» y que se ha orientado a «transformar nuestra economía con políticas efectivas» y no comprando derechos de emisiones como en el pasado, aunque reconoció que aún no hay una hoja de ruta con fechas claras para la reducción de emisiones en los llamados «sectores difusos». La ministra española explicó que, en esta cita «preCOP» de Marrakech, los participantes ven necesario establecerse «reglas de funcionamiento», unas normas en cuya definición participe el mayor número de actores, incluidos aquellos países que lleguen a la cumbre sin haber ratificado el Acuerdo de París. Asimismo, puso el acento en que actores no estatales también participen en la definición de esas reglas.

El presidente de la COP22 y ministro marroquí de Exteriores, Salahedín Mezuar, insistió también en Marrakech en que la cumbre debe ser la «de la acción» y de la puesta en marcha de todo lo que supone el Acuerdo de París, e insistió igualmente en la necesidad de involucrar a actores no estatales. Para Mezuar, la cumbre COP22 deberá tener presentes tres ejes: facilitar el acceso a energías limpias y sostenibles, idear ciudades inclusivas y ecológicas y reforzar una agricultura productiva y no contaminante, todo ello con la vista puesta en los países del sur.

Bruselas exige a España reducir un 26% sus emisiones de CO2 para 2030, lo que supondrá “triplicar los esfuerzos”

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Europa Press / EFE.- España necesita «casi triplicar los esfuerzos» para «cumplir con los nuevos objetivos» de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030 a partir de la base que se está llevando a cabo «pero que sin lugar a dudas necesita reforzarse« según indicó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente después de que la Comisión Europea haya exigido a España que reduzca un 26% sus emisiones de CO2 respecto a sus niveles de 2005 para 2030.

Así lo hizo Bruselas en el marco de su propuesta para repartir el esfuerzo entre los Estados miembro de cara a cumplir la meta colectiva del reducir un 40% las emisiones para 2030. El Ejecutivo comunitario sólo ha pedido a 12 países un esfuerzo mayor que a España en términos del porcentaje de sus emisiones que les ha exigido recortar entre 2021 y 2030. Se trata de Luxemburgo y Suecia son los únicos a los que les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, Dinamarca y Finlandia deberán recortarlas un 39%, Alemania un 38% Francia y Reino Unido un 37% cada uno, Países Bajos y Austria deberán recortarlas un 36%, Bélgica un 35%, Italia un 33% e Irlanda un 30%.

Las metas nacionales exigidas, que van desde el 0% exigido a Bulgaria al 40% que se pide a Luxemburgo y Suecia, se fijaron atendiendo a criterios de «justifica, eficacia desde el punto de vista del coste y la solidaridad» entre países, según el Ejecutivo comunitario. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, argumentó que el reparto es justo entre países porque se basa en «el PIB relativo per cápita de cada Estado», algo que garantiza «la justicia» porque los países con mayor ingreso tendrán que reducir más las emisiones aunque se contempla también un ajuste.

La propuesta cubre las emisiones de los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de emisiones, es decir, vivienda, transporte, la agricultura y la gestión de residuos, responsables del cerca del 60% de las emisiones totales en la Unión Europea en 2014. Cañete explicó que una de las vías de flexibilidad permitirá a algunos Estados, entre los que no está España, cubrir algunas de sus emisiones en estos sectores con permisos de emisiones que normalmente se habrían subastado en el mercado de emisiones. Eso sí, ha dejado claro que habrá un máximo de 100 millones de toneladas de CO2 que se podrán utilizar con permisos entre 2021 y 2030.

La otra vía de flexibilidad propuesta permitirá a los países acreditar hasta 280 millones de toneladas de C02 de ciertas categorías de usos de tierra. Cañete ha explicado que el único criterio válido en este caso será «el peso de las emisiones agrícolas» en los países y ha justificado esta vía de apoyo porque el sector agrícola es el que «más dificultades» tiene para reducir sus emisiones y los países con un sector agrícola «muy intensivo» necesitan «algo de flexibilidad». En este caso, España tendrá una flexibilidad máxima anual del 1,3% respecto a su porcentaje de emisiones en 2005, según consta en la propuesta presentada.

«Esta es una propuesta equilibrada y justa» y tiene en cuenta «las dificultades de cada país»; ha defendido Cañete, que ha asegurado que la propuesta contribuirá al cumplimiento de la meta global europea de reducir un 40% las emisiones de CO2 para 2030 respecto a los niveles de 1990. El Ejecutivo comunitario ha propuesto por primera vez incluir la gestión forestal y el uso de las tierras en los esfuerzos para reducir las emisiones en 2030 por su potencial para capturar carbono. De hecho, los bosques en la Unión Europea absorben el 10% de las emisiones anuales en la actualidad.

España deberá “triplicar sus esfuerzos”

Según el Ministerio de Medio Ambiente, España necesita «casi triplicar los esfuerzos» para «cumplir con los nuevos objetivos» de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030, que a juicio del Ministerio «da una señal muy positiva al resto del mundo» de cara a acelerar la transición hacia un desarrollo bajo en carbono y dar cumplimiento al Acuerdo de la Cumbre de París (COP21). En el caso de España, según el Ministerio, se confirma «la necesidad de casi triplicar sus esfuerzos para cumplir con los nuevos objetivos a 2030 sobre la base de una acción temprana que ya estamos llevando a cabo en el marco actual, pero que sin lugar a dudas necesita reforzarse».

Las organizaciones ecologistas piden al futuro Gobierno un Ministerio de Medio Ambiente y cambiar el modelo energético

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Europa Press.- Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclamaron al futuro Gobierno que el medio ambiente esté «en el centro de todas sus políticas desde los primeros 100 días», un Ministerio de Medio Ambiente propio y una Vicepresidencia de Sostenibilidad, tras una campaña en la que el tema ha estado «ausente» y después de una X legislatura «nefasta» en este ámbito, por lo que llaman a avanzar en el cambio de modelo energético con las renovables.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha lamentado que durante la campaña electoral los cuatro partidos han tenido al medio ambiente «lejos» del debate y esta ausencia supone, en su opinión, «un precedente importante» para la próxima legislatura. Si bien González ha destacado los «pasos parlamentarios» durante la «breve» legislatura undécima, «en contra de las políticas ambientales de los cuatro años anteriores del PP», tales como la petición de derogación del real decreto de autoconsumo. Con ello, espera que se puedan revertir «algunas» de las decisiones «más perjudiciales» para el medio ambiente tomadas en la legislatura anterior.

Para el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el resultado electoral «no es bueno para el medio ambiente», ya que el ganador, el PP, «no se caracteriza» por defender el medio ambiente. Por ello, le exige «lo mismo que la sociedad» como un cambio de modelo energético, el cierre de las centrales nucleares incluido y acción contra el cambio climático. De este modo, ha advertido de que pueden ser «cuatro años perdidos» para la lucha contra la amenaza contra el cambio climático si el Gobierno «orbita entorno al PP». «Las expectativas no son buenas, aunque nuestras reivindicaciones son las mismas para todos», manifestó.

Mientras, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, está «a la espera de como se conforma el Gobierno» y que, esta vez, el medio ambiente «no pague los platos rotos» sino que esté en la agenda real. De este modo, insta al futuro Ejecutivo que tenga el medio ambiente en sus prioridades, «sobre todo los determinantes primeros cien días» para que mejore la «nefasta» legislatura del PP en lo medioambiental.

Desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha advertido de que no habrá regeneración ni cambio de modelo si el futuro pacto no tiene un corazón verde y considera que sería una «irresponsabilidad» política y social no tener en cuenta el medio ambiente. Ruiz no sólo ha pedido un Ministerio de Medio Ambiente «propio» sino una Vicepresidencia de Sostenibilidad para que cualquier política, energética, social, económica o de educación esté «impregnada» por el medio ambiente. «Necesitamos una Vicepresidencia para ahorrar incoherencias de Gobierno entre la política ambiental con la energética o la económica», ha insistido.

Del mismo modo, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, pide un Gobierno que de prioridad el medio ambiente y para ello, ve preciso que haya un Ministerio de Medio Ambiente independiente. A su juicio, entre las cuestiones ambientales que deberá gestionar el próximo Ejecutivo de manera más inmediata será la ratificación «rápida» del Acuerdo de París y «ponerse en marcha» para luchar contra el cambio climático y reducir CO2. La receta para hacerlo, según el representante de WWF, pasa por cambiar el modelo energético, «una de las grandes oportunidades»,  ahora que la sociedad, los partidos y la industria está «preparada para ir a una energía 100% renovable».

Ese, precisamente, cree que sería uno de los asuntos en los que la mayor parte de los partidos «ahora que se necesitarán pactos» pueden llegar a mayor acuerdo, así como en generación de empleo y economía verde, para reducir la cifra de cuatro millones de parados. «El desarrollo rural, la energía renovable, los residuos, todo lo que esté relacionado con una economía baja de carbono es una oportunidad laboral», opina. Por último, reclamó que en la actual coyuntura en la Unión Europea, España abogue por defender la legislación europea «a ultranza» y que no se rebaje la exigencia ambiental. «Si el PP dice que mira por España, debe velar porque a largo plazo no se rebaje la normativa ambiental», aseveró.