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Los trabajadores de Inovyn exigen una solución a Industria tras impedirse a la empresa participar de la interrumpibilidad eléctrica

Europa Press.- Mientras la plantilla de Alcoa en San Cibrao (Lugo) se muestra «preocupada» ante la proximidad de la subasta de interrumpibilidad, medio millar de personas se concentraron frente a la planta de la empresa Inovyn en Martorell (Barcelona) para reclamar una solución a la situación que puede atravesar la empresa si no participa en la subasta eléctrica del próximo lunes derivada de un incumplimiento del contrato de interrumpibilidad eléctrica entre Inovyn y Red Eléctrica de España (REE).

Los trabajadores de Inovyn han reclamado que se habilite su participación en la subasta eléctrica de 90 megavatios que se celebrará el lunes 31 de agosto «para asegurar la viabilidad de la empresa y sus 500 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos», según reivindicó Jordi Calvo, presidente del comité de empresa. Inovyn, que acordó adquirir la planta a Solvay este mismo año, presentó un recurso administrativo ante el Secretario de Estado de Energía solicitando la anulación de la sanción ya que, según indicó, «de confirmarse la resolución tendría graves consecuencias financieras para la viabilidad de la planta de Martorell«.

«El tiempo nos apremia, nos asfixia», remarcó Jordi Calvo, que ha pedido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que levante cautelarmente la sanción y permita la participación de la empresa en la subasta y en el mecanismo de interrumpibilidad del sistema eléctrico. El líder sindical indicó que hasta el momento están realizando la reivindicación de manera conjunta con la dirección de la empresa para garantizar que la planta mantiene su rendimiento y los puestos de trabajo, pero Calvo advierte: «Depende de lo que pase el lunes, ya se verá si seguimos de la mano».

El contrato de interrumpibilidad eléctrica de Inovyn con REE consiste en unos pagos compensatorios realizados por parte de REE a la empresa a cambio de que reduzca el consumo eléctrico en su planta con avisos de poca antelación cuando hay una punta de demanda en la red. REE detectó incumplimientos en dos ocasiones este año, por lo que Industria emitió una resolución en la que establece que se devuelvan los pagos realizados durante la primera mitad de 2015 y excluye a Inovyn de participar en la interrumpibilidad de 2015 y 2016. Inovyn ha recurrido argumentando que los incumplimientos se debieron a un tercero: la instalación de cogeneración adyacente a la fábrica pero que gestiona Cofely.

CCOO exige conservar el trabajo

El secretario general de CCOO, Joan Carles Gallego, aseguró que exigirán «compromisos fuertes» a la Generalitat de Catalunya y al Ministerio de Industria para conservar los puestos de trabajo de la planta química Inovyn-Solvay en Martorell (Barcelona) ya que ha advertido de que se puede estar poniendo en peligro «el empleo de más de 500 personas«. Por ello ha señalado que no van a permitir que haya una actitud que ponga en cuestión el empleo y la actividad económica y, en este sentido, ha indicado que la posición del sindicato «será fuerte y exigente» y pedirán un cambio de comportamiento de la empresa de Martorell.

«Preocupación» de Alcoa en Lugo

La plantilla de Alcoa en San Cibrao, en los municipios lucenses de Xove y Cervo, se muestra «preocupada» ante la subasta eléctrica de interrumpibilidad en la que la multinacional intentará conseguir «un precio aceptable». El vicesecretario del comité de empresa, Carlos Farré, señaló que, aún así, tienen «confianza» en que «todo salga bien» en la subasta, en tanto que Alcoa es «el máximo consumidor de energía eléctrica de este país».

«No es normal el sistema en el que todos los años hay que ir a una subasta para que los grandes consumidores tengan un precio aceptable. Esto provoca que no haya inversiones a largo plazo», lamentó Farré, que destacó que otros países que se encuentran en la misma situación «lo han solucionado de formas más aceptables para productores y consumidores».

¿Por qué la CNMC quiere ser ’trending topic’?

La CNMC ha vuelto con fuerza a la actualidad energética en los últimos días de agosto. Tras la seria, profunda andanada jurídica que ha recibido este verano este panorganismo regulador español de los sectores de actividad, de los mercados, de la competencia, de que los  precios estén bien y de un cierto concepto de justicia social (además del hecho de mostrarse solícito para lo que se le demande hacer, de ahí su utilidad). Eso sí, pronunciando frecuentemente la palabra independencia, aunque sea en vacío retórico. El problema de la CNMC es que ya no puede desprenderse de su pecado original: el exterminio de sus órganos predecesores por el Gobierno recién entrado, merced a un informe de partida elaborado por una consultora, encargado con las conclusiones y consecuencias previstas de antemano.

Eso implica que le resulta imposible quitarse el estigma de seguidismo al Gobierno  y de sus directrices, como en un ejercicio de gimnasia sueca. Cosa que, hablando en serio, tampoco ha ocurrido. ¿Qué graves polémicas han existido entre el Gobierno y esta versión CNMC y su ‘totum revolutum’ ? ¿Cuántas dimisiones ha habido? En lo energético, ¿con qué consecuencias fácticas más allá de una posición indefinida en cuestiones como las subastas CESUR, la rentabilidad razonable, el autoconsumo o la interrumpibilidad? ¿cómo mantiene una dogmática visión referidas a los mercados energéticos (creencias retroprogresivas) deslizadas o como transfondo en sus dictámenes para respaldar las intervenciones del Ejecutivo o su respuesta pronta a lo que se le demanda, sin mucho más que lugares comunes y poca herramienta analítica? En otros sectores, las comprensiones de los mismos (diagnósticos) dejan mucho que desear, lo que deviene en medidas y omisiones. Y, en otras, directamente, las medidas y omisiones son lacerantes, cuando no la cascada de expedientes sancionadores diarios buscando legitimación por hiperactividad.

Por  tanto, en el organismo, con la ofensiva judicial en marcha en el Supremo y su descrédito  en el terreno político y económico,  cunde la impresión, consciente o inconsciente, de que un cambio de Gobierno se traducirá en otra operación de destrucción creativa (y, en este caso, con mucha razón y sin nadie que defienda el engendro). Por eso,  hay intentos, un poco inverosímiles a la vista de los resultados, de disimulo y voluntariosos ademanes de adecentamiento. Esto es, cómo se hace esto en España: hay que “comunicar mejor”. Pero lo que se hace, se sigue haciendo igual y con las mismas consignas, en contra la tozuda realidad de que lo que más comunica son los hechos.

Pero, además, como todas las situaciones en la que hay que poner una vela a Dios y otra al diablo, las cosas no acaban todo lo finas que tenían que ser. Repasemos las noticias de los últimos días. Por un lado, se puede decir que, aparentemente, en el lado del debe de la CNMC hacia el Gobierno, se ha conocido lo que podríamos denominar un matiz para entendidos que, por otra parte, no lo es tal. Así, la CNMC  no está de acuerdo con la desindexación de los precios en la energía prevista en el Real Decreto de desarrollo de la ley. Pero es que, en realidad, el Gobierno tampoco aunque así lo haya escrito en el copia-pega intersectorial al elaborar la ley. Aquí el organismo ha querido vender en los medios una cierta «disensión» con el Ejecutivo. Ha sabido ver el «gap»

En el lado del haber, el Gobierno, a la vista de la evolución del petróleo en estos días, amaga con los precios de los carburantes. Ahí está la CNMC rauda y veloz a proponer  30 medidas y crear un “#hashstag” (una palabra clave en Twitter para agrupar comentarios en torno a un tema e intentar hacerla “trending topic”, una tendencia entre los usuarios de esta red). Incluso, seguramente que esto habrá sido acudiendo al community manager del organismo, encargándole una iniciativa de “competencia friendly”, por lo que se ha propuesto publicar por Twitter y en el blog, un seriado con las 30 recomendaciones coincidiendo con la operación retorno y mandar una nota de prensa para decir que lo hará. Imaginemos a los conductores españoles leyendo eso de que los operadores petrolíferos no puedan participar en el accionariado de CLH, como primeras dos recomendaciones. ¿Qué preguntas podría hacerse alguien medianamente inteligente sobre un asunto de ‘política’, ordenación de los mercados, gobierno y ‘corporate’?  Error de misión, y por tanto, error de público, de target, de medio y de mensaje. E inanidad de la medida a estas alturas de campeonato. Este es el sino de los órganos reguladores ‘independientes’  en los tiempos de Twitter

Y, finalmente, el ministro de Economía Luis de Guindos, a cuenta de lo mismo, de los precios de los combustibles, acaba de decir que el Gobierno se apoyará en la CNMC para garantizar que la bajada del petróleo se traduce en el precio de los combustibles que pagan los consumidores españoles. Hasta utilizó en sus declaraciones, en referencia a la CNMC, ‘cuidadosamente’ la clausula “aunque se trata de un órgano independiente”. Considerando a Marín Quemada un hombre de su confianza, no está nada mal esta finta discursiva. Que quede claro todo.

En resumen, contra la dureza argumental y factual de los comportamientos del mismo organismo vistos con detenimiento, lo explícito de la relación con el Ejecutivo, de los cuestionamientos jurídicos a punto de reventar y de los reproches a nivel europeo sobre el formato del organismo, esto es lo que tenemos: su twitter, su blog y unas ganas inconmensurables de buscar reputación digital siendo “trending topic”.

Las demandas contra España ante el CIADI por los cambios retributivos a la fotovoltaica se elevan a 20

EFE.- La sociedad SolEs Badajoz ha presentado una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según consta en la página web del organismo.
Con éste, son ya veinte los procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 19 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje las sociedades RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, y Cavalum; la eléctrica alemana E.ON; un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München; y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, los últimos hasta ahora. Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las primas que ofrecía la regulación española y que se vieron modificadas con posterioridad. Dichas demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones retributivas.

Alcoa atemoriza a la plantilla por su ‘situación crítica’ en vísperas de la subasta de interrumpibilidad

El presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, ha trasladado a los trabajadores de la planta asturiana la «situación crítica» que atraviesa el sector del aluminio a nivel global y, especialmente, las plantas españolas.  De esta forma Alcoa, transmite a sus trabajadores la «situación crítica» del sector del aluminio y ha advertido que  tendrá que «tomar decisiones» si persiste el panorama de este año.

Fuertes pérdidas por crisis de demanda

Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente del Comité de Empresa de Alcoa en Asturias, José Manuel Gómez, quien ha dicho que la reacción de los trabajadores en la reunión fue inicialmente de sorpresa ante los duros mensajes que trasladaron desde la dirección.  En un momento del encuentro, según Gómez, el presidente del Alcoa se refirió a las «fuertes pérdidas» que tienen las plantas españolas, sobre todo las de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). La situación que les dibujaron desde la situación es muy mala y les dijeron que el fuerte descenso del autoconsumo chino está propiciando que los precios del aluminio bajasen a unos niveles nunca vistos y que haya menos margen para exportar.

Las subastas de interrumpibilidad de principios de septiembre podría ser «insuficiente»

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo fijó a comienzos de mes las reglas para las nuevas subastas para la asignación del servicio de interrumpibilidad que ofrecerán los grandes consumidores de electricidad en 2016, que ha convocado para los días comprendidos entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Esta subasta provocó el año pasado incertidumbre en Alcoa, que llegó a amenazar con despidos. Finalmente se celebró otra subasta que satisfizo a la compañía.

Sin embargo, la dirección ha advertido este martes a los trabajadores que de seguir la situación así en 2015, ni siquiera una buena subasta podría servirles. «Nos vino a decir que si las cosas siguen así tomarán algún tipo de decisión, aunque no concretó en qué plantas», ha explicado Juan Manuel Gómez, consciente que las instalaciones españolas no están en muy buena posición por culpa de los costes eléctricos.

José Manuel Gómez cree que Alcoa debería estar centrada en la subasta de interrumpibilidad de la próxima semana, porque podría servir para que las plantas españolas estuvieran al nivel, a nivel de costes eléctricos, que las que existen en otros lugares a la hora de competir. Preguntado sobre si cree que el mensaje que han transmitido desde la dirección busca presionar para conseguir unos mejores resultados en la subasta, Gómez ha explicado que no lo sabe, aunque teme que pueda ser una forma de «ponerse la venda antes que la herida.

La gasolinera con el diésel más barato de España está en la isla de Tenerife

Europa Press.- La estación de servicio con el litro de diésel más barato de España se encuentra en la isla de Tenerife, en el municipio de Guía de Isora, según el geoportal de precios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta gasolinera lleva como rótulo Shell Acentejo y se encuentra en el número 272 de la Carretera General del Norte. Ofrece el litro de gasóleo, consumido por el 80% del parque automovilístico español, a 0,76 euros.

Este precio es un 30% inferior a la media nacional, situada en 1,096 euros tras seis semanas a la baja gracias al abaratamiento del crudo. El geoportal muestra que los territorios extrapeninsulares, con una fiscalidad más ventajosa para los carburantes, son los que ofrecen el combustible más barato. En Melilla se puede encontrar por 0,84 euros, frente a los 0,86 euros de Las Palmas o los 0,92 euros de Ceuta.

Aragón ofrece los más baratos

En la Península, el litro de gasóleo de automoción más barato lo ofrece una estación de servicio de Bonarea en Zaragoza, situada en la carretera de Sastago, en el municipio de Bujaraloz. Esta instalación ofrece el litro a 0,924 euros, por debajo de los 0,926 euros ofrecidos por otra gasolinera de Bonarea en Huesca o los 0,93 euros marcados en la gasolinera más barata de Salamanca. En La Rioja, Córdoba y Valencia, el litro se puede encontrar a 0,94 euros. En estos casos, también juega un aspecto crucial el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos.

En cuanto a Madrid y Barcelona, las gasolineras más competitivas ofrecen el litro de diésel a 0,98 euros y 0,96 euros, respectivamente. En total, hay ocho provincias peninsulares en las que el litro más barato se sitúa por encima del euro. De media en España, el precio del litro se situó la semana pasada en 1,096 euros, un 0,8% menos que en la semana anterior, y consolidó la tendencia a la baja iniciada a comienzos de junio, cuando el litro de este carburante pasó a costar menos de 1,2 euros.

El Gobierno destina 4.227 millones a Energía, un 12,5% menos al ajustar el déficit tarifario y la caída del petróleo

Redacción / Agencias.- El Gobierno reducirá un 12,5% la partida presupuestaria de 2016 destinada a políticas energéticas, hasta los 4.227 millones de euros, por la caída del precio del petróleo y las reformas acometidas en el sector que, a juicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, han logrado el «equilibrio» en el sistema eléctrico, según expuso el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para presentar las cuentas.

Nadal explicó que el presupuesto destinado al área de energía es «relativamente escaso» al tener la Secretaría de Estado de Energía principalmente una función regulatoria y destinarse el presupuesto principalmente al «moderado» personal formado por 100 personas. En todo caso, sostuvo que los presupuestos para 2016 responden «adecuadamente» a las necesidades y que la reducción de las partidas obedece a la «corrección» del déficit tarifario,

A este respecto, destacó que al inicio de la legislatura existía un «importante» déficit estructural de unos 10.000 millones de euros anuales que, de haberse trasladado al recibo, habrían supuesto un incremento de cerca del 40%, por lo que el «objetivo fundamental» ha sido eliminar este déficit. Así, señaló que no sólo se ha acabado con este déficit del sistema eléctrico, con un 2014 que ha sido el primer ejercicio en equilibrio, sino que además 2015 será el primero «en superávit en más de una década» y ha permitido una reducción en los peajes eléctricos.

Por partidas, la relativa a la compensación por extracostes de los sistemas eléctricos aislados extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) alcanzará los 1.481 millones, cuando rondan los 1.800 millones, «740 millones a cargo de los presupuestos y la otra mitad a cargo del consumidor», lo que supone un 16% menos por la reducción del precio del petróleo y la puesta en marcha de los reales decretos que regulan dicha retribución, que permite reducir su coste.

Dentro de la financiación de costes del sistema eléctrico, que cuenta con un presupuesto de 3.896 millones, destacan los 2.704 millones derivados de los impuestos que pagan las compañías eléctricas por la generación de electricidad, del 7% equivalente, una partida inferior en 285 millones a la de 2015, debido a un ajuste en el canon hidráulico y a que la recaudación por este concepto es especialmente elevada en 2015, en el que se ha producido mucho con carbón y gas.

Nadal señaló que la recaudación será «bastante más elevada» en 2015 respecto a 2014, con una previsión de 240,5 millones de euros adicionales, a pesar de que este año la producción de energía eléctrica es un 30% inferior a la del 2014 en su componente hidráulico, «que es lo que está elevando el precio del mercado, pero se introduce una mayor recaudación tributaria de las térmicas, lo que permite una mayor flexibilidad desde el punto de vista de los peajes».

Al sistema eléctrico se destinarán 450 millones procedentes de los ingresos de las subastas de derechos de emisiones de gases efecto invernadero, siendo 120 millones más que este año. En materia de carbón, el presupuesto del Instituto de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ascenderá a 407 millones, en línea con 2015, de los que 301 millones corresponderán a transferencias. Igualmente, aumenta el montante destinado para restauración medioambiental, que pasa de 15 a 25 millones, mientras que se reduce, de 271 a 247 millones, la partida para prejubilaciones y bajas incentivadas ya que muchos de sus beneficiarios pasan al régimen ordinario de la Seguridad Social.

Por otra parte, apuntó la importancia que los presupuestos dedican la eficiencia energética, «clave para alcanzar los objetivos, ya que la mejor energía es la que no se necesita generar gracias a la eficiencia». Respecto a la eficiencia energética, se crea una nueva partida de 11,2 millones de euros para contribuir a financiar el IDAE, pero se suprime la partida de ayudas a la compra de vehículos eficientes o PIVE anteriormente incluida puesto que «este año no tiene sentido» porque el programa logró sus objetivos.

De acuerdo al proyecto de Presupuestos, el Gobierno destinará 17 millones al fomento de la demanda de vehículos limpios y energéticamente eficientes en 2016. Los fondos para eficiencia energética, que ascendían a 75 millones de euros, se articularán a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al que contribuyen todas las empresas energéticas y que prevé contar con unos recursos de 200 millones de euros.

Iberdrola contrata el suministro de contadores inteligentes por 80 millones de euros a 4 proveedores españoles

EFE.- La compañía eléctrica Iberdrola ha adjudicado a 4 proveedores españoles, ZIV, Sogecam, Sagemcom y Landis+Gyr, contratos para suministrar más de 3 millones de contadores inteligentes por un importe cercano a los 80 millones de euros, según la empresa. Estos contratos se enmarcan en el proyecto STAR (Sistema de Telegestión y Automatización de la Red) que Iberdrola está desarrollando en las 10 comunidades en las que tiene redes de distribución.

Los cuatro proveedores suministrarán los contadores entre octubre de 2015 y diciembre de 2016 para avanzar en la implantación de la red eléctrica de última generación de Iberdrola. La eléctrica instaló ya más de 5 millones de contadores inteligentes en España, lo que supone la modernización del 48% de su parque de contadores con una potencia contratada igual o inferior a 15 kilovatios. Este cifra supera el programa oficial fijado por el Ministerio de Industria, que obligaba a renovar el 35% de los 10,5 millones de contadores para 2015. En el primer semestre, Iberdrola compró equipos y servicios por un valor aproximado de 2.100 millones de euros y realizó pedidos a mas de 13.000 empresas.

Facua critica que las compañías eléctricas reduzcan al mercado libre el plazo de pago de las facturas de acuerdo a la normativa

EFE / Europa Press.- La asociación Facua-Consumidores en Acción advierte de que las compañías eléctricas, a partir de un real decreto de diciembre de 2012, aplicarán un plazo menor para que los consumidores paguen las facturas de la luz y, en virtud del mismo, las penalizaciones por retrasos  pasrían a aplicarse a los 7 días en lugar de a los 20 que se venían aplicando. De este modo Facua asegura de que las compañías están notificando a los usuarios el cambio en las condiciones contractuales a los usuarios del mercado libre, lo que afecta a todos los recibos con domiciliación bancaria de este tipo de consumidores.

«El ministro de Industria está muy preocupado porque hay tantas familias que no pueden hacer frente al recibo de la luz. Pero no por sus dificultades económicas, la carestía de las tarifas y las alarmantes cifras de pobreza energética. Básicamente, lo que le preocupa al ministro Soria es que las eléctricas tarden en cobrar. Por eso ha reducido el plazo que tienen los usuarios para pagar, facilitando que se aceleren los cortes de suministro y que aumente la cuantía de las penalizaciones por abonar las facturas con retraso», criticó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Según señala Facua, los clientes de la compañía Iberdrola están recibiendo las nuevas condiciones contractuales donde, además del plazo de pago, se establece que si el cliente se retrasa en los pagos tendrá unos intereses de demora anual de más de dos puntos. Por ello, con este motivo, la asociación lamenta la falta de sensibilidad del Gobierno con la situación económica que viven muchas familias, aunque la aplicación de esta normativa sea para los consumidores libres.

De hecho, el corte de suministro por impago de la tarifa PVPC sigue manteniendo el procedimiento establecido en la legislación desde hace 15 años, que establece que pueden suspender el suministro «cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago».

En torno a esta cuestión, también es preciso recordar la campaña que se promovió en el mes de mayo para que los consumidores rechazaran las domiciliaciones de los recibos para alargar el período de pago de las facturas de la luz.

La Fundación Renovables rechaza la nueva propuesta de RD sobre autoconsumo, pero no alegará

La Fundación Renovables ha decidido no presentar alegaciones al borrador modificado de R.D de Autoconsumo al considerarlo un ‘intento de maquillaje’ que, a su juicio, ‘pretende que no se desarrolle el autoconsumo en España’.

La Fundación, en un comunicado hecho publico hoy, ha manifestado su posición contraria al texto, al cual ‘solo cabe una enmienda a la totalidad’. Sin embargo, no alegará al mismo para ‘evitar la complicidad’ con el proceso regulatorio del mismo, efectuando lo que en lenguaje parlamentario de conoce como una ‘enmienda a la totalidad’

La Fundación Renovables, considera que los cambios introducidos en esta propuesta son ligeros, engañosos y engañosos, tanto en lo referente a las pequeñas instalaciones, como en la apertura a la utilización de baterías.

La Fundación Renovables considera que estor cambios se han producido por motivos electoralistas y populistas en el escenario político existente, en un ‘intento de bajar el precio de la electricidad’.

La fundación se ha mostrado contra el modelo regulatorio actual y la política del gobierno, recordando los conflictos internacionales y arbitrajes que tiene abiertos nuestro país con motivo de las medidas intrumentadas por el Gobierno en la denominada ‘reforma eléctrica’ de la pasada legislatur

El Gobierno confía en que el cambio de presidente en ENRESA «no afecta» al desarrollo del proyecto del silo nuclear

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que el cambio de presidente en la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), tras la dimisión «por motivos personales» de Francisco Gil-Ortega «no afecta al desarrollo del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC)» que para el Parlamento es una instalación «necesaria» y «urgente».

En una respuesta escrita al diputado Compromís Joan Baldoví, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que el proyecto está pendiente de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) remita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su informe sobre la autorización previa y de la Declaración de Impacto Ambiental que deberá enviarle el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, el primero de estos informes, el del organismo encargado de la seguridad nuclear en España, ya ha sido aprobado y enviado a Industria en la última semana de julio, aunque en una fecha posterior a la respuesta parlamentaria. De este modo, queda pendiente la Declaración de Impacto Ambiental del departamento que dirige Isabel García Tejerina.

El informe del CSN es preceptivo y ha autorizado de forma previa el emplazamiento, con una serie de condiciones que serán de cumplimiento obligado. Si dicho pronunciamiento del CSN hubiera sido negativo, entonces su carácter sería vinculante, de modo que el proyecto no podría ser autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En este contexto, interrogado por el diputado sobre si la instalación tiene sentido debido a que algunas centrales nucleares disponen ya de almacenamientos temporales individuales (ATI), el Gobierno subraya que el ATC es la «alternativa que históricamente se ha considerado más racional» para la gestión temporal en España del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad.

Además, respecto al punto de vista ambiental, considera que la existencia de un ATC, donde se almacenará el combustible gastado que ahora se almacena en los ATIs, se evitará la dispersión de estos residuos radiactivos de alta actividad entre ocho ATIs diseminados por la geografía española.En este sentido, destaca que esta alternativa permitirá liberar el emplazamiento de una central, una vez que ésta se haya desmantelado, dejando libre el emplazamiento para otros usos.En cuanto a la protección física, estima que «es más fácil» controlar una instalación que varias instalaciones dispersas por la geografía española y que la solución del ATC permite «centralizar y racionalizar» los recursos disponibles.

Sobre los aspectos técnicos, expone que el ATC es una instalación «autónoma» que dispone de los equipos necesarios para «recibir, manipular y almacenar» el combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad. Igualmente, explica que la instalación del ATC, a diferencia de los ATI cuenta con zonas activas –celdas calientes– en las que se puede manejar y acondicionar el combustible gastado, lo que permite la eventual apertura para su análisis y reparación de un contenedor que sufriera alguna incidencia, además de contar con instalaciones en las que investigar el comportamiento del combustible durante el almacenamiento temporal y con relación a su gestión final.

Por ello, insiste que estos motivos hacen que «la disponibilidad» de un ATC sea «la estrategia» que se ha contemplado «por los distintos Gobiernos» en el Plan General de Residuos Radiactivos, donde el Ejecutivo establece las estrategias de gestion de residuos desde 1987. En ese sentido, recuerda que el ATC es la estrategia contemplada también en el ámbito parlamentario que «en diversas ocasiones» pone de manifiesto la «necesidad» de contar con esta instalación.

El Gobierno alude a los pronunciamientos parlamentarios sobre la cuestión, como el informe del 17 de noviembre de 2010 realizado por la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años del Congreso de los Diputados. En ese documento se apunta que para completar el ciclo de gestión de los residuos, es «urgente» construir y poner en servicio el Almacén Temporal Centralizado (ATC), en cumplimiento de las resoluciones del Parlamento, que alojará en condiciones seguras el combustible gastado procedente de nuestras centrales nucleares.

Al mismo tiempo, resalta el «enorme avance» que en cuanto a seguridad tendrá el combustible gastado, protegido de cualquier contingencia, en un edificio diseñado para ser capaz de resistir cualquier eventualidad del exterior.»La seguridad en el interior no presenta ningún problema, pues no incorpora instalación alguna susceptible de ser operada, mantenida o vigilada, solo requiere ventilación natural, como se puede comprobar en el que ya está en servicio, desde hace unos años en Holanda», concluye el Ejecutivo.