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Aragón quiere que el Gobierno declare las cuencas mineras como zona estratégica mientras Castilla y León confía en los compromisos

EFE.- Mientras la Junta de Castilla y León mantiene su plena confianza en los compromisos del Gobierno central respecto al mantenimiento y reactivación de la minería del carbón, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se comprometió a solicitar una entrevista con el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, para pedir para las cuencas mineras de Teruel la declaración de zona estratégica.

Además, Lambán anunció que el Gobierno de Aragón declarará de interés autonómico cualquier inversión en la central térmica de Andorra o las que se produzcan en la zona, lo implica facilitar los plazos de tramitación. También que visitará en los próximos 15 días las minas y la central, donde querría ser recibido por los máximos representantes de Endesa, es decir, de la matriz Enel, «para por fin descubrir todos las cartas con las que jugamos» y ver si es posible dar mayor velocidad a las tramitaciones para que la necesaria inversión en la central, que depende de la regulación del sector, se produzca cuanto antes.

Así lo indicó el presidente socialista tras reunirse, junto con los consejeros de Economía y Presidencia, Marta Gastón y Vicente Guillén, con miembros de la Mesa en defensa del sector minero-eléctrico de Andorra y comarca, compuesta por representantes sociales, económicos e institucionales, a los que ha transmitido el «compromiso rotundo» del Gobierno con las cuencas mineras. Según Lambán, han coincidido tanto en el diagnóstico de la situación de las cuencas mineras como en las soluciones a adoptar, que pasan por dos líneas de actuación simultáneas: la defensa del carbón y la puesta en marcha de un plan de reindustrialización y diversificación de la economía local.

Además, han compartido la necesidad de insistir ante el Ministerio de Industria y la Unión Europea en definir la futura regulación del sector, que es fundamental incidir en las necesarias inversiones de modernización de la térmica de Andorra. Puntualizó, al respecto, que va a pedir una entrevista con José Manuel Soria, que espera que se produzca a la mayor brevedad posible, porque «la gravedad del problema no permite ninguna clase de demora». Ha explicado que pedirá para las cuencas mineras la declaración de zona estratégica al entender que reúnen más condiciones para serlo que las de Asturias y de Castilla y León de cara a posibles necesidades de suministro de carbón en un momento determinado.

Asimismo, han subrayado la necesidad de impulsar un plan de reindustrialización en la zona, y para ello, ha dicho Lambán, se intensificará el trabajo para intentar combinar las posibilidades de financiación a partir del plan nacional dirigido a las zonas carboníferas con acciones propiamente autonómicas y que pasarían por actualizar los estudios existentes para definir los sectores en los que pueden ser más competitivas para priorizar inversiones en la zona.

Por su parte, el representante sindical de la mesa de la minería, Antonio Planas, incidió en la grave situación que atraviesa el sector minero-eléctrico y ha exigido a Endesa que invierta en la central para adaptarse a la normativa ambiental europea y emita «humo limpio», porque de lo contrario desaparecerán la central y las minas y por tanto, las comarcas afectadas. Planas, que espera que también visiten la planta de Andorra representantes de la italiana Enel, para hacerles ver la grave situación que atraviesan en la zona, calcula que Endesa tendría que decir si invierte o no en la central a finales de mayo y espera que para entonces esté la orden ministerial de ayudas.

«Que un ministerio esté en funciones no significa que deje de trabajar. Lo que le pedimos es que trabaje», subrayó Planas, quien ha incidido que es un problema nacional y en que la mesa en defensa del sector minero-eléctrico de Andorra y comarca no descarta movilizaciones. Según el Gobierno de Aragón, el complejo minero-eléctrico de las comarcas turolenses da trabajo a más de 1.000 personas directamente y más de 4.000 indirectamente, representando aproximadamente el 40% del PIB de la provincia.

Castilla y León aún confía

Por su parte, la Junta de Castilla y León mantiene su plena confianza en los compromisos del Gobierno central respecto al mantenimiento y reactivación de la minería del carbón. «Los compromisos del Gobierno siguen a pesar de estar en funciones y nosotros trabajamos con ello», afirmó la vicepresidenta y portavoz de Castilla y León, Rosa Valdeón. Para esta comunidad autónoma, ha añadido Valdeón, «sigue vigente todo lo acordado en el Plan del Carbón» para que el mineral autóctono «sea viable y sea considerado como de calidad, a través de mecanismos que favorezcan su utilidad». En la Junta de Castilla y León «seguimos esperando a que el Ministerio de Industria y Energía cumpla lo que dijo en su momento«, ha concluido.

Santamaría justifica ante las zonas mineras que estar en funciones limita las capacidades mientras el PSOE dice tener la solución

EFE / Europa Press.- Mientras el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, asevera que con un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez «mañana mismo» se podrían arreglar problemas como el de la minería del carbón, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, justifica que la voluntad de trabajar por encontrar una solución que dinamice las comarcas mineras «sigue intacta» pero que la capacidad de reacción de un Ejecutivo en funciones es más limitada.

Sin embargo, señaló que para la situación del carbón nacional se trabaja dentro de los márgenes que puso Bruselas ya en la anterior legislatura del PSOE y que deja todo «muy condicionado» a ese calendario, que prevé la retirada de las ayudas progresivamente hasta 2018. En funciones, indicó la vicepresidenta, la «capacidad no es la que puedes tener en otros momentos» pero que «sigue intacta» la voluntad de «trabajar por encontrar soluciones y lograr dinamizar esas zonas y darles una salida dentro de los mandatos de Bruselas». Sáenz de Santamaría concluyó que en este tema, como en otros, la capacidad de reacción de un gobierno en funciones «no es tan inmediata» pero que es el escenario que se vive actualmente.

El consejero de Empleo asturiano, Francisco Blanco, afirmó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, le había transmitido que las ayudas a la minería comprometidas estaban paralizadas. Desde Industria, no ha habido comunicación oficial sobre este tema. Se trataría de la tramitación de 250 millones de euros del vigente Plan de la Minería que no fueron incluidos en los Presupuestos Generales de 2016.

El PSOE “arreglaría la minería”

Por su parte, el secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, aseveró que con un gobierno presidido por Pedro Sánchez «mañana mismo» se podrían arreglar problemas como el de la minería del carbón, un sector con el que el Mariano Rajoy «ha incumplido todos los compromisos».  En este sentido crítico «un incumplimiento más» de Rajoy con la minería y recordó que hace unos meses el presidente del gobierno, ahora en funciones, anunció en León la aprobación de 250 millones de euros del plan del carbón, en presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.  «Hemos sabido que esas ayudas no van a llegar, lo que es una puntilla más del Gobierno del PP a la minería«, sentenció.

«Ensañamiento» del Gobierno con carbón

Por otro lado, el procurador socialista Celestino Rodríguez denunció lo que considera un «ensañamiento» del Gobierno central con la minería del carbón tras dar por perdidas las ayudas complementarias anunciadas por Rajoy en septiembre y no cumplir el Plan del Carbón vigente. El representante socialista ha afirmado que del Gobierno de España se lo cree ya «todo» con relación a las cuencas mineras, porque «las únicas noticias siempre han sido mazazos sobre el carbón» que Juan Vicente Herrera, ha tratado de «maquillar con palabras», pero que no ha dado pasos «con hechos» sino que se ha convertido en una «maza».

El procurador del PSOE por la provincia de León ha remarcado que únicamente 800 de los 6.000 empleos vinculados directa o indirectamente al sector de la minería del carbón en la Comunidad figuran aún como afiliados a la Seguridad Social y que muchos de ellos están inmersos en expedientes de regulación de empleo como es el caso de la Hullera Vascoleonesa. «Conflictos ha habido siempre en la minería, pero Herrera y Rajoy van a conseguir lo que no consiguió ni la dictadura, que es acabar con el carbón», según Rodríguez.

País Vasco acusa al Gobierno de no tener voluntad de rebajar los impuestos a la energía

EFE.- La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, acusó al Gobierno de no tener voluntad política para rebajar los impuestos de la factura eléctrica a industrias intensivas en electricidad, lo que pone «en juego» la competitividad de muchas empresas y el futuro laboral de cientos de trabajadores.

En este sentido, Tapia insiste en denunciar que los sectores productivos industriales de consumo intensivo soportan en Euskadi costes de electricidad «notablemente superiores» a los de sus competidores directos europeos. Recuerda que, en comparación con países como Francia y Alemania, esta diferencia en costes asciende respectivamente a un 33% y un 27% más, lo que representa un «grave condicionante» para su competitividad. La consejera considera urgente poner en marcha medidas con celeridad como en Alemania, donde hay exenciones fiscales para sectores de gran consumo energético.

En el caso de Euskadi, asegura, el Gobierno Vasco no dejará de presentar ante el Ministerio de Industria propuestas con medidas y alternativas para superar una desventaja competitiva que afecta a la industria vasca. Pero alerta de que estas demandas no están siendo acogidas por el Gobierno con la trascendencia y celeridad que requiere el asunto, lo que demuestra la «nula voluntad política» del Estado. La consejera reconoce que la evolución de los precios de la electricidad hace que la competitividad de las empresas siga siendo un foco de preocupación prioritario para el Gobierno Vasco.

Tapia pone en valor los avances que se han logrado en País Vasco en relación a la eficiencia energética, con la diversificación de fuentes de energía, el desarrollo de renovables, políticas públicas, la implementación de nuevas tecnologías y la sustitución de fuentes como el petróleo y el carbón por el gas natural. También destaca los planes energéticos impulsados por municipios vascos con la colaboración del Ente Vasco de la Energía, que están provocando una mejora del consumo y un ahorro en las facturas. Así, la consejera señala que las políticas de eficiencia energética han logrado ahorros «equivalentes al 40% de la demanda energética vasca actual».

El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la Ley del Sector Eléctrico del Gobierno al desestimar el recurso de Cataluña

El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley del Sector Eléctrico aprobada en diciembre de 2013 por el Gobierno del PP, desestimando así el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la normativa al considerar que invadía competencias autonómicas.

En su sentencia, el Constitucional considera que la mayoría de los preceptos impugnados son respetuosos con el reparto de competencias en la materia y determina cómo deben ser interpretados ciertos artículos para ser conformes con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía. En su fallo, el tribunal explica cuáles son los aspectos que la doctrina viene considerando «básicos» en materia de energía y, por tanto, competencia del Estado. Así, de forma general, el Constitucional tiene declarado que el ámbito de lo básico incluye las determinaciones que aseguran un mínimo común normativo, «una orientación unitaria y dotada de cierta estabilidad».

La sentencia cree que el Estado tiene la competencia para autorizar las instalaciones eléctricas en función de la potencia instalada y de la tensión. Además, argumenta que el Estado tiene las competencias de regulación en la resolución de conflictos entre usuarios finales de energía eléctrica y empresas suministradoras. Los recursos consideraban que la ley del sector eléctrico «vacía de contenido» la competencia de la Generalitat en materia de energía y de consumo, y perjudica la competitividad de la industria catalana.

La sentencia cuenta con dos votos particulares, uno por parte de la vicepresidenta del Tribunal y ponente de la resolución, Adela Asua. En su voto particular, Asua discrepa de la declaración conforme que la sentencia hace del art. 43.5 de la Ley, ya que el precepto invade competencias autonómicas al atribuir al Estado «facultades ejecutivas que no le corresponden». Afirma que en una materia compartida, como es la energía eléctrica, el Estado puede asumir funciones ejecutivas solo cuando sea necesario para garantizar «las bases estatales», presupuesto que «no concurre aquí».

El otro voto particular es del magistrado Juan Antonio Xiol, al que se han adherido los magistrados Encarnación Roca y Fernando Valdés Dal-Ré, que disienten también de la declaración conforme de ese artículo, según la cual la competencia para resolver corresponde a un órgano estatal. En su opinión, la resolución de esos conflictos corresponde a las comunidades autónomas, por tratarse de una competencia de ejecución.

Industria paraliza los fondos mineros adicionales prometidos en septiembre mientras las comarcas buscan en Europa una solución a su futuro

EFE.- Mientras en Bruselas se está conformando un frente común desde la Asociación de Comarcas Mineras Europeas (Euracom) que apueste por una solución a la crisis del sector productivo de carbón y por la reactivación de las comarcas mineras, en España el Ministerio de Industria ha paralizado los fondos mineros adicionales comprometidos por el Gobierno y que se añadirían a los 250 millones aún pendientes de ejecutar para el periodo 2013-2018, según el consejero de Empleo del Gobierno asturiano, Francisco Blanco.

Según Blanco, esta decisión se la notificó el pasado lunes el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y constata, a su juicio, «el carácter electoralista» del anuncio del Gobierno de reabrir la tramitación de estos fondos lo que supone «una nueva tomadura de pelo» para las comarcas mineras. El consejero señaló que Nadal justificó esta decisión en el hecho de que el Gobierno se encuentra en funciones y que esta medida requeriría de trámites que tendrían que ser aprobados por el Consejo de Ministros.

Blanco, que recordó la existencia de 250 millones de euros «bloqueados» en el vigente Plan de la Minería que no fueron incluidos en los Presupuestos del Estado para 2016, ha señalado que tras el anuncio del Gobierno el Principado empezó a elaborar los proyectos y los convenios necesarios para recibir esta financiación. El Gobierno asturiano tiene en marcha varios recursos judiciales para exigir del Estado el pago de 322 millones de euros al Principado con cargo a los fondos mineros.

Mientras tanto, el comité ejecutivo de Euracom celebra su reunión en Bruselas para buscar soluciones al carbón europeo, a la que acuden delegaciones municipales del resto de países europeos miembros de esta asociación como Polonia, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, República Checa y Eslovenia. El comité ejecutivo de Euracom intentará consensuar y materializar propuestas de actuación conjunta, buscando el máximo apoyo europeo, en el diseño de estrategias de discriminación positiva en favor del carbón comunitario.

Unas estrategias que, a juicio de Euracom, deben contemplar incentivos a su consumo basándose en estándares de producción sujetos a criterios medioambientales, laborales, sociales y de calidad en la extracción que no aportan los países de los que procede el carbón importado. También se analizará el contenido de los diferentes informes sobre la Estrategia Europea de la Seguridad Energética 2014-2019, en la que el carbón europeo está llamado a seguir jugando un papel vital y crucial en el abastecimiento energético de Europa. Por último, se prevé analizar y evaluar la posibilidad de que las comarcas mineras europeas se beneficien de inversiones productivas e infraestructuras con cargo a los fondos europeos.

La Fiscalía archiva la denuncia por prevaricación en el recorte a las renovables

Redacción / Europa Press.- La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada contra la orden ministerial IET/105/2014, por posible prevaricación en el llamado hachazo a las renovables, según lo denomina la Fundación Renovables. En la denuncia, presentada por la fundación y la Plataforma por Nuevo Modelo Energético, se pedía a la fiscalía realizar una investigación para esclarecer si había habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la “arbitrariedad y falta de respaldo técnico” a la hora de fijar los criterios de la orden.

El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, mostró su «decepción» por el archivo de la denuncia, ya que, en su opinión, las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía «demuestran la solidez de los argumentos expuestos en la denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el Ministerio de Industria sobre esta importante normativa«. No obstante, la Fundación Renovables señala que todavía hay que esperar a los dictámenes de la Comisión Europea y, en su caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto.

El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, consideraba que el Gobierno del PP legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop, que indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, sucedía en este caso. Concretamente, la denuncia de estas organizaciones se dirigía contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías.

Los contratos con las consultoras

De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno. Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demostraban que los «errores» en la normativa, que justificaban en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de su aprobación.

Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, denunció “otras contradicciones”, como que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que consideraba «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Bruselas da un ultimátum a España para que cumpla todas las normas de la directiva sobre eficiencia energética en edificios

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que cumpla con la totalidad de las exigencias recogidas en la directiva comunitaria sobre eficiencia energética en edificios, al haber encontrado algunas deficiencias en la legislación nacional que traspone la normativa comunitaria. Así, desde Bruselas se advierte de que si el Gobierno español no adopta en el plazo de dos meses las medidas exigidas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Concretamente, el análisis de la legislación española revela defectos sobre la definición de los estándares de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) y su aplicación, que así deben de ser los edificios nuevos desde 2021. Igualmente, la Comisión Europea señala que las exenciones que incluye la normativa nacional sobrepasan las previstas por la directiva comunitaria. La directiva en cuestión obliga a los Estados miembros a establecer requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios nuevos y existentes, velar por la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exigir la inspección regular de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Soria ve la caída del precio del petróleo como una «noticia extraordinaria» para España aunque afecte a empresas como Repsol

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, asegura que la caída del precio del petróleo es una «noticia extraordinaria» para la economía, aunque tenga un impacto negativo en los resultados de empresas como Repsol. En este sentido, Soria explicó que la caída del precio del petróleo es «muy buena noticia» para un país importador como España, pues le supone la «inyección directa» en la economía de 15.000 millones de euros.

Sin embargo, apuntó, esto a su vez supone «mucho menos ingresos» para los países productores, que algunos son clientes de España y de sus empresas, para las que «no es una buena noticia». Repsol, dijo el ministro, como «le ha pasado a todas las petroleras del mundo a distinta escala», se encuentra en un proceso de ajuste por la evolución de los precios del petróleo.

Defiende su legislación en carburantes

Soria también defendió su reforma de la Ley de Hidrocarburos, realizada por el Gobierno en la pasada legislatura, y se preguntó qué márgenes tendrían los operadores de carburantes si no se hubiesen adoptado estos cambios legislativos, al ser preguntado acerca del aumento de los márgenes de los operadores detectado por la CNMC durante 2015. El ministro indicó que, de las 370 nuevas estaciones de servicio abiertas tras la entrada en vigor de la nueva ley, el 90% es independiente. En ellas se puede repostar «por tres o cuatro céntimos menos» que en las convencionales, afirmó.

“Quitando poder al oligopolio” petrolífero

La reforma incluye medidas como la limitación del número de gasolineras a los operadores con un peso superior al 30% en una provincia, así como la reducción en los periodos de duración de los contratos suscritos entre los operadores y los empresarios. «Se les está quitando poder de oligopolio a los operadores», señaló, antes de indicar que aún es necesario acometer nuevas reformas en el mercado mayorista como las ya aplicadas en el minorista. De esta forma, «se irán alineando los márgenes con Europa», añadió.

APPA Biomasa reclama 645 MW nuevos de biomasa para cumplir los objetivos de renovables de 2020

Europa Press / Servimedia.- APPA Biomasa considera que no se cumplirán los objetivos de biomasa previstos en 2020 en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 si no se adjudican 645 megavatios (MW) nuevos de biomasa. En este sentido, la sección de Biomasa de APPA indica que los 200 MW adjudicados en la subasta de enero son «claramente insuficientes» para llegar a los 1.587 MW, que contempla el PANER puesto que actualmente hay 742 MW instalados a los que se sumarían los 200 MW subastados.

De los 1.587 MW, que contempla el Paner, 1.187 MW corresponden a biomasa sólida y 400 MW a biogás. Por otro lado, la Planificación Energética 2015-2020 del Ministerio de Industria prevé la instalación de 8.537 MW renovables nuevos, de los que 275 MW, según el documento, corresponden a biomasa. Para cumplir los objetivos del PANER, la Planificación, en lugar de los 275 MW previstos, debería haber contemplado la instalación de los 645 MW mencionados, de los que 470 MW serían de biomasa sólida y 175 MW de biogás, señala APPA.

En el caso de que las nuevas adjudicaciones se hagan mediante subastas, APPA Biomasa pide al nuevo Gobierno que se corrijan los requisitos de adjudicación de la subasta de enero para evitar resultados «poco realistas» como los que en ella se dieron. «El actual Gobierno desoyó las recomendaciones de los productores, que pedían entre otras cosas que se limitara la participación a empresas de un mismo grupo para impedir que agentes externos al sector de la biomasa pudiesen distorsionar el resultado y se terminaran adjudicando bloques de potencia que, finalmente, pudieran no ser ejecutados», señala.

La asociación considera que el mecanismo de adjudicación finalmente adoptado era «permeable a la especulación y muy excluyente, especialmente para las pequeñas cogeneraciones con biomasa en industrias y las plantas pequeñas y medianas de biomasa, que no podían competir en la subasta debido a las grandes diferencias en economía de escala». Ante esta circunstancia, APPA Biomasa pide un «apoyo sostenido» al sector por los beneficios energéticos, ambientales y sociales que la generación con esta tecnología renovable conlleva. Más concretamente, APPA demanda que las instalaciones de biomasa no tengan límite máximo de producción de 6.500 horas, como no lo tienen las instalaciones de cogeneración, y que se elimine el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica.

Castilla y León propone a Bruselas la creación de un «incentivo verde» para el carbón

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, presentó a la Comisión Europea una propuesta para crear un «incentivo verde» que dote de bonificaciones fiscales al carbón español y europeo, con el objetivo de hacer más competitiva la industria de este sector. Tras reunirse con representantes de Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia, Del Olmo explicó que las consecuencias de esta nueva ayuda serían «efectivas e inmediatas» y darían al sector de la minería «una tabla de salvación donde agarrarse».

Mediante la implantación de este incentivo, explicó la consejera, el precio de la tonelada del carbón, actualmente de 65 euros, recibiría una bonificación de 13 euros que permitiría a las centrales térmicas poder comprar carbón autóctono, «que es de mejor calidad» según la consejera. Del Olmo recalcó que es la primera vez que se propone la implantación de un incentivo verde, y que éste tendría beneficios a largo plazo al hacer que las minas «sean más competitivas», lo que contribuiría al mantenimiento de empleos en el carbón. La consejera aseguró que desde la dirección de Competencia de la Comisión Europea se comprometieron a estudiar esta propuesta «para ver si es compatible con la normativa comunitaria«.

Del Olmo también propuso al Ejecutivo comunitario la imposición de aranceles al carbón de importación, si bien esta iniciativa ha sido planteada «con menor fuerza» debido a que subiría los precios de la energía eléctrica. La titular de Economía y Hacienda recordó que el sector minero ha registrado «una pérdida importantísima» de empleo en los últimos diez años, de casi el 85% según sus datos, por lo que se trata de un área “a revitalizar”.

Lealtad al Ministerio de Industria

Por su parte, el alcalde de León, Antonio Silván, señaló sobre la crisis del sector de la minería que «a veces la voluntad y el deseo no llevan al resultado esperado», aunque reconoció ciertos «logros». El alcalde de León aseguró que la minería es algo que los castellanos y leoneses llevan en su ADN, por lo que es especialmente dura la situación que atraviesa el carbón. Según indicó, desde Castilla y León se está realizando un esfuerzo «permanente y diario» en defensa de este sector en el que participan todas las administraciones y agentes sociales.

Eso sí, según reconoció, a veces se ha interpretado desde la comunidad que no existía mucha «empatía» sobre este asunto por parte del Ejecutivo central, por lo que ha defendido la postura de reivindicación de la Junta, «pero siempre desde la lealtad». De hecho, ha añadido que la solución a la situación del sector minero no pasa exclusivamente por el Gobierno autonómico o el central, ya que la Unión Europea tiene un papel fundamental. Ha insistido en que los mineros están siempre presentes en las negociaciones e indicó que, «a veces la voluntad y el deseo no llevan a los resultados esperados, aunque poco a poco se están produciendo logros».