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El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso a la ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking, y ha suspendido los preceptos impugnados, según comunicó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, después de recibir la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco faculta a las administraciones públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma, aprobada en junio de 2015, salió adelante con el apoyo de Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los nacionalistas reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking. Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un “inciso” del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las disposiciones transitorias 1 y 2. Además, Erkoreka señaló que el Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El portavoz del Ejecutivo señaló que, por esta causa, los preceptos impugnados no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, y añadió que el Gobierno vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, recordó que, si no hay un pronunciamiento del Constitucional, a los 5 meses se puede reconsiderar la suspensión.

País Vasco dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de abril después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos para tratar de evitar el recurso. La ley vasca del fracking se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas. En un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

En casos similares, el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes de Cantabria, La Rioja y la semana pasada la de Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica, por lo que el Gobierno central entiende que esa doctrina es trasladable al caso vasco. De hecho, en su momento el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. A pesar de ello, cuando el Gobierno anunció su intención de recurrir la ley, País Vasco dijo que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias.

El Gobierno alcanza un preacuerdo con Bruselas para incentivar el carbón nacional sin devolver las ayudas concedidas desde 2011

Redacción / Agencias.- El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que permite incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas, sigue la senda del acuerdo preliminar del plan del carbón 2013-2018 y evita la devolución de las ayudas concedidas desde 2011. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el acuerdo sobre el nuevo sistema de ayudas debe ser ratificado en las próximas semanas por el resto de servicios de la Comisión Europea.

Aparte de eximir a las empresas mineras española de devolver las ayudas, Bruselas se muestra dispuesta a permitir que el Gobierno español incentive en hasta 10 euros por tonelada la producción de carbón nacional. «Se duplicarían las ayudas previstas», afirmó Sáenz de Santamaría, que indicó que en el último mes el precio del carbón internacional ha seguido una tendencia decreciente, lo que aumenta «la pérdida de competitividad» del mineral nacional y «ha agravado» la situación del sector nacional de la minería. El nuevo incentivo se establecerá anualmente y tomará como referencia la diferencia entre el precio internacional y el precio establecido en 2013. «De esta forma, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del comercio internacional», señaló.

El Ministerio de Industria indicó que el acuerdo preliminar se refiere a la autorización del plan de cierre de las minas de carbón no competitivas. El principio de acuerdo se alcanza «tras un largo proceso de intensas negociaciones y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil, dados los compromisos medioambientales de la Unión Europea», señala Industria. En 2010, todos los Estados Miembros aprobaron unas ayudas para facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. Esta decisión limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta finales de 2018 con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas.

Tras este acuerdo preliminar, la Comisión Europea autorizaría el Plan de Cierre y, en consecuencia, las ayudas otorgadas a las compañías mineras desde 2010 serían válidas aunque el acuerdo estableció que las minas competitivas que hubieran recibido ayudas tendrían que devolverlas en caso de que quisieran continuar con su actividad. En España el Marco de Actuación para el período 2013-2018 fue firmado en 2013 por los sindicatos, la patronal Carbunión y el Ministerio de Industria. Sin embargo, este Plan de Cierre estaba pendiente de la autorización de la Comisión Europea.

Industria explica que el acuerdo preliminar incluye también la autorización de un incentivo adicional para las compañías mineras hasta el 31 de diciembre de 2018. En 2016 esta ayuda adicional a la producción supondría un incremento de 10 euros por tonelada, lo que permite duplicar las ayudas previstas con la normativa actual, ya que en el caso de la minería subterránea pasaría de 15 a 25 euros por tonelada, y en el de cielo abierto, que actualmente no recibe ayudas, se pasaría a cobrar 10 euros. En todo caso, las ayudas respetarán el techo establecido por la decisión comunitaria y el resto de su contenido.

Celebración en Castilla y León

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, confía en que los empresarios mineros puedan recibir las ayudas del plan del carbón pendientes desde 2011 y que se otorgue a España la posibilidad de dar ayudas complementarias hasta 2018. Igualmente, espera que las explotaciones no competitivas no tengan que devolver las ayudas recibidas. El presidente de la Junta aseguró que, a falta de cerrarse el acuerdo, España está «en el buen camino» y el sector está «bien orientado».

«El que se haya negociado ya con la Dirección General de la Competencia la aprobación de ese plan de cierre que tenía que presentar el Gobierno de España para que se pudiera desplegar en todo su potencial el acuerdo marco suscrito en 2013 con el conjunto del sector es trabajar en la buena dirección.», ha asegurado Herrera. El presidente regional ha agregado que ahora «lo que hace falta es que eso se confirme y que más pronto que tarde un gobierno que se encuentra en funciones pueda desplegar todos los elementos para que se garanticen esas ayudas y las empresas las reciban para que se pueda mantener actividad y empleo«.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, lo valoró como un «paso adelante importante para mantener la minería productiva», aunque ha pedido celeridad en su aplicación. Por ello lo consideró como una «buena noticia para la minería de Castilla y León» y que puede convertirse en «la tabla de salvación». En su opinión, esta medida «pretende igualar el precio del carbón nacional respecto al de importación», por lo que ha confiado en que las centrales térmicas «puedan comprar carbón autóctono» y «por lo tanto salvar a la minería».

«Estamos trabajando con el Gobierno para que esas ayudas se materialicen lo antes posible y para que se eliminen ciertos requisitos a la hora de obtener estas subvenciones, porque las empresas están en una situación muy delicada», planteó la consejera. Finalmente se refirió también a la aprobación del plan de cierre para el sector, ya que este anuncio era un «requisito imprescindible para que las empresas que han cobrado ayudas desde 2011 no las tengan que devolver de manera inmediata».

De Guindos cree que Soria «pasará a los anales de la historia como un buen ministro» en el ámbito económico

Europa Press / Servimedia.- El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, considera que, más allá de las razones que le llevaron a presentar su renuncia, el exministro José Manuel Soria «pasará a los anales de la historia de la política económica como un buen ministro de Industria, Energía y Turismo».

Guindos, que reconoció que Soria es buen amigo suyo, subrayó que, objetivamente, «más allá del error de comunicación» que cometió en relación a la aparición de su nombre en los llamados papeles de Panamá, “ha sido un buen ministro para España”. En este sentido, ha destacado que cuando Soria llegó al Ministerio de Industria se generaba anualmente un déficit eléctrico de más de 5.000 millones de euros que el político canario fue capaz de cerrar, dando estabilidad al sector eléctrico. También resaltó que durante su mandato creció mucho el sector turístico y que la economía española avanzó en su reindustrialización.

«Yo creo que él se da cuenta de que comete un error de comunicación y tomó la decisión más concluyente, que fue renunciar a todo. Pero, más allá de ese error de comunicación, ha sido un buen ministro», aseguró De Guindos. Preguntado por si comparte la opinión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que ninguna persona que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno, Guindos ha afirmado que «piensa lo mismo» que el titular de Hacienda.

Los ecologistas presentan un recurso de alzada contra la autorización administrativa de Industria al proyecto de Gas Natural en Doñana

Europa Press.– La asociación conservacionista Ecologistas en Acción interpuso recurso de alzada en el plano administrativo contra la autorización otorgada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en reconocimiento de la utilidad pública del proyecto gasista denominado Marismas Occidental, ubicado en el entorno del espacio natural de Doñana. Según el portavoz de Ecologistas, Juan Romero, el colectivo aboga por una revisión del proyecto al considerar que Doñana es «suelo público de todos, que no se puede convertir en una zona industrial».

De ahí el recurso presentado por los ecologistas, donde exponen su postura contraria a la «fragmentación» en cuatro proyectos, denominados Marismas Occidental, Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo, de lo que consideran como una misma iniciativa con un único promotor, Gas Natural Fenosa, y en un entorno similar. «Hay que evaluarlo en su conjunto, calibrar la sinergia y la afección a los espacios protegidos y la Red Natura 2000», añadió el portavoz de Ecologistas en Acción.

En la resolución, Industria otorga a Gas Natural Almacenamientos Andalucía la autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto Marismas Occidental, asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado Marismas. Así, dicha resolución hace alusión a la iniciativa de perforación de dos nuevos sondeos, la instalación de su equipamiento y construcción de dos gasoductos entre instalaciones para la interconexión con la red básica, así como también se contemplan determinadas modificaciones en las instalaciones ya existentes.

En concreto, determina que la empresa constituirá una garantía financiera destinada específica y exclusivamente a cubrir sus responsabilidades medioambientales durante la fase de construcción por un importe de 1,3 millones. Dicha garantía deberá constituirse con carácter previo al inicio de los trabajos y la sociedad debe mantenerla en vigor hasta la puesta en marcha definitiva de las instalaciones, momento a partir del cual podrá solicitar su adaptación a la nueva condición operativa de las instalaciones.

A lo largo del documento se deja claro que el proyecto deberá cumplir y garantizar la seguridad de las personas y medioambiental, por lo que en lo que se refiere tanto a la seguridad y salud de las personas, la seguridad de las instalaciones y operaciones, como a la protección del medioambiente, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación.

Industria deniega su autorización al proyecto de la refinería Balboa en Extremadura para satisfacción de los grupos ecologistas

EFE.- La organización ecologista WWF mostró su satisfacción por la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de denegar al Grupo Gallardo la autorización para la refinería Balboa y celebró que «el proyecto no se va a llevar a cabo». Finalmente, Industria no dio luz verde al proyecto para la instalación de una refinería de petróleo en el término municipal de los Santos de Maimona (Badajoz) y sus infraestructuras asociadas en Sevilla y Huelva, presentado por Refinería Balboa, perteneciente al Grupo Gallardo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en la que se informa de la no concesión de este permiso, contra la que puede interponerse recurso de alzada ante la secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes. De este modo, se cierra un proceso de años de debate, reivindicaciones y protestas a favor y en contra de un proyecto que se anunció en 2003 y que supondría una inversión de 1.200 millones de euros y generaría 3.000 empleos directos e indirectos.

El pronunciamiento de Industria se produce después de que la empresa solicitara autorización para la ejecución de este proyecto al Ministerio en enero de 2008 y presentara el correspondiente proyecto técnico de las instalaciones y el preceptivo estudio de impacto ambiental. El proyecto incluía la instalación de una refinería sobre una superficie aproximada de 200 hectáreas, con una capacidad para procesar 5.750.000 toneladas anuales de crudo y otras materias primas y de generar 5.411.000 toneladas de productos, también al año.

Comprendía además un sistema de recepción y descarga de crudo en el puerto de Huelva, con sistema de monoboya y oleoductos submarino y terrestre que conectarían con un parque de almacenamiento en Huelva que tendría una capacidad total aproximada de 500.000 metros cúbicos. También estaba proyectado un oleoducto de entrada de crudo a la refinería y poliducto, paralelo al anterior, de salida de producto al parque de almacenamiento, con una longitud aproximada de 201 kilómetros que transcurriría por las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz. Además, incluía un poliducto de salida de productos hacia la Terminal de Almacenamiento de CLH en Mérida, en este caso de 47 kilómetros por Badajoz.

Previamente, en julio de 2012, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental (DIA) en sentido negativo de este proyecto, al concluir que previsiblemente causaría efectos desfavorables significativos sobre el medio ambiente, y al considerar que las medidas previstas por el promotor «no eran una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación». Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura denegó la autorización ambiental integrada en noviembre de 2015 basándose en la inviabilidad medioambiental contemplada en la DIA.

Fernández Vara critica la resolución

Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, considera una paradoja la publicación en el BOE del rechazo a la construcción de la Refinería Balboa y que no llegue la DIA para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), que podría significar una salida de futuro para la explotación minera, con un expediente de regulación de empleo temporal. En cuanto al «carpetazo» al proyecto Balboa y sobre si desde Extremadura se ha hecho todo lo posible para que saliese adelante, Vara ha dicho que «habrá quien piense que sí, otros que no y otros todo lo contrario», pero sí es un buen ejemplo de que Extremadura ha intentado aumentar su PIB industrial con iniciativas competitivas.

A su juicio, es un proyecto “que aquí no se han autorizado, en este caso por cuestiones medioambientales, pero que en otras partes de España se han permitido sin ningún problema». Por ello, ha insistido en que algún día, cuando se debata en serio un modelo de financiación habrá que «ponerlas encima de la mesa y cuantificar» estas decisiones “que suponen que en Extremadura no se pueden tener determinadas industrias”.

En este sentido también se expresó el secretario regional de CCOO, Julián Carretero, que acusó al gobierno anterior de Extremadura, del PP, «en connivencia» con el de Estado, de «haber hecho todo lo posible para que en Extremadura no haya una refinería«. A su juicio, esta decisión contrasta con decisiones como la autorización para almacenar gas en el Coto de Doñana y pone de manifiesto que «no se mide a todos por el mismo rasero». Igualmente, desde la secretaría regional de UGT, Patrocinio Sánchez, que consideró que por esas «piedras en el camino» la región se ha quedado sin una refinería que hubiera supuesto industrialización y muchos puestos de trabajo.

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios (CREEX), Francisco Javier Peinado, señaló que esta entidad respaldó desde el primer momento la iniciativa y añadió que «lo que no hay derecho» es que, más allá de las razones, un inversor ha estado 8 años esperando a que se emita una resolución firme. Además, reclamó que se debe ser exigente ante la Unión Europea y el Estado para que «si se quiere mantener una reserva de la biosfera magnífica, esto tiene que tener un coste que tienen que pagar en otros territorios donde no mantienen estas cuestiones, porque a ver si se va a mantener esto como una reserva india».

WWF celebra rechazo a refinería

El coordinador de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, indicó que la decisión de Industria «es la certificación definitiva del no al proyecto por vía administrativa», aunque la empresa puede recurrir. Carmona señaló que el proyecto «se podía considerar muerto» desde 2012 cuando el Ministerio de Medio Ambiente le dio la DIA negativa. Posteriormente, la Junta de Extremadura le denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y ahora la decisión de Industria era «el siguiente paso para declarar el proyecto de la refinería cerrado». «Es una buena noticia que se siga certificando que el proyecto no se va a llevar a cabo», concluyó.

La Unión de Consumidores de Cantabria reclama que el Gobierno autonómico se posicione contra los cargos al autoconsumo

EFE.- La Unión de Consumidores (UCC) reclama que el Gobierno de Cantabria se posicione contra el «impuesto al sol» y que se sume a la prórroga que 8 comunidades autónomas españolas han solicitado al Ministerio de Industria para ampliar el plazo de registro de los paneles solares, que venció el 11 de abril.

Según señala la UCC, numerosas instalaciones de autoconsumo no están inscritas en el registro oficial que preveía el decreto de octubre de 2015, por lo que quedarán en situación irregular con el riesgo de ser sancionados “con multas de elevada cuantía”. El impuesto ha sido objeto de recursos ante diversos organismos por varios colectivos afectados por la nueva regulación, que también ha levantado críticas de organizaciones ecologistas y de consumidores así como de partidos políticos.

La UCC considera que cobrar un peaje por el autoconsumo de energía fotovoltaica es una «injusticia» y una «medida perniciosa» para el desarrollo energético del país y de las energías renovables, además del “perjuicio” que supone a los ciudadanos. A su juicio, la inseguridad jurídica que ha provocado a los afectados aconseja, cuanto menos, que se amplíe el plazo de inscripción de los paneles solares en el registro oficial. Por ello, la asociación reclama que el Gobierno de Cantabria se sume a otras comunidades que ya han solicitado dicha prórroga.

Además, le piden que defienda activamente la “democratización de la producción eléctrica y favorezca el desarrollo de un modelo energético distinto, de aprovechamiento de las renovables frente los a combustibles fósiles”, que facilite la producción por los particulares y su vertido a la red. La UCC exige que no se “penalice y castigue” al ciudadano que hizo inversiones por las que ahora se le penaliza.

Rusia achaca a Arabia Saudí y a otros países del Golfo Pérsico el fracaso en Doha; Venezuela habla de sabotaje

EFE / Europa Press.- El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio Del Pino, lamentó el resultado de la reunión de los países productores de petróleo y la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para decidir una congelación de la producción del petróleo en Doha, y afirmó que ésta fue saboteada. Por su parte, el ministro de Energía de Rusia, Alexandr Novak, achacó a Arabia Saudí y a otros países del golfo Pérsico la falta de acuerdo en la reunión de Doha.

«No es ningún secreto: fueron Arabia Saudí y una serie de países del golfo Pérsico», afirmó Novak al contestar sobre quiénes fueron los responsables del fracaso de la iniciativa. Según el titular de Energía, la falta de consenso para congelar la producción de crudo influirá negativamente en su precio, toda vez que el mercado esperaba el logro de un acuerdo.

«Consideramos que la pelota está en el campo de la OPEP», dijo Novak, que negó que la causa del fracaso de la reunión de Doha fuera la postura de Irán, que ha anunciado que no congelará la producción de petróleo. «No ha sido Irán la causa de la falta de consenso. ¿Cómo puede un país que no ha participado en la reunión ser la causa de que no se haya logrado un acuerdo?», se preguntó. Explicó que Arabia Saudí considera que en el acuerdo deben participar todos los países productores de crudo. «Rusia considera que no es imprescindible que participen todos los países productores. Con los 18 países que participaron en Doha sería suficiente», agregó.

Novak descartó que la ausencia de un acuerdo para congelar la producción de crudo pueda tener consecuencias negativas para Rusia. «Nuestras compañías son altamente competitivas, y creemos que el mercado debe equilibrar la oferta y la demanda», explicó Novak, aunque admitió que la congelación de la producción de crudo permitiría acelerar la consecución de ese equilibrio. Según sus cálculos, sin un acuerdo para congelar la producción, el mercado del crudo, si se mantienen las actuales tendencias, podría estabilizarse hacia mediados de 2017. Al mismo tiempo, Novak recalcó que Moscú considera que aún está abierta la posibilidad de lograr un acuerdo.

Venezuela: la reunión fue saboteada

Por su parte, el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio Del Pino, criticó que “no podemos estar dependiendo de decisiones de última hora de alguien que sabotee una reunión de este nivel y de esta importancia; no podemos poner en un acuerdo de 18 países un condicionante para países que no están presentes en la reunión». En este sentido el funcionario señaló que una nueva reunión entre países productores y OPEP «tiene que ser sobre unas bases diferentes».

El ministro advirtió sobre un impacto negativo en el mercado tras el resultado de este encuentro celebrado en Doha. «Lo que puede pasar ahora es que haya un desplome tan pronunciado de los precios que haga que la realidad nos impulse de nuevo a reunirnos», afirmó. El funcionario venezolano lamentó que la reunión, a la que asistieron 18 países que representan la mitad de la producción mundial y más del 70% de las exportaciones globales, terminara siendo «utilizada para ejercer presión política sobre países que no estaban representados» en el encuentro, en referencia a Irán.

El país caribeño, indicó el ministro, se mantiene dispuesto «a seguir buscando un acuerdo que permita recuperar la estabilidad de los precios del petróleo» pese a «los desalentadores resultados» de la reunión en Doha. «Estamos decepcionados, pero dejamos la puerta abierta, debemos ser perseverantes pese a la decepción», expresó Del Pino. El objetivo de la reunión de Doha era reducir la cantidad de crudo que se inyecta en el mercado, actualmente sobresaturado, para tratar así de frenar la bajada del precio del crudo, que se ha devaluado un 75% en el último año y medio.

Prevén barril en 40,5 dólares

Goldman Sachs mantiene su previsión de que el precio medio del barril de petróleo se sitúe en 40,5 dólares a lo largo de 2016. La firma estadounidense considera que la falta de consenso transmite la señal de que existe una «dirección blanda» entre los agentes que dominan la oferta de petróleo, lo que contribuye a deprimir su precio. Al margen del interés de ganar tiempo, Goldman Sachs considera que el aspecto que impide el acuerdo es la pretensión de Irán de reanudar a buen ritmo la producción para recuperar su cuota de mercado, frente a las reticencias de Arabia Saudí.

En todo caso, la falta de acuerdo no implica que los países de la OPEP vayan a recuperar en breve sus altos niveles de producción. Esta circunstancia, junto a otros factores, recomienda a los analistas de la firma Goldman Sachs mantener su previsión anual de precios. Además, existen otros elementos que pueden contribuir a que los precios suban, entre ellos la huelga de trabajadores del sector petrolífero en Kuwait, que ha provocado una bajada en la producción del país durante el mes de marzo, de 2,85 millones de barriles al día a apenas 1,1 millones.

El mandato de Soria al frente de Industria, marcado por el agujero del sistema eléctrico y las prospecciones en Canarias

Redacción / Agencias.- El mandato de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo estuvo marcado, en el ámbito de las políticas relacionadas con su departamento, por aspectos como las medidas puestas en marcha en la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico, un lastre de 30.000 millones de euros de agujero que por lo menos no ha crecido en los dos últimos años, o la polémica por las prospecciones petrolíferas en Canarias.

Soria también ha tenido que abordar otras cuestiones como la expropiación de YPF a Repsol en 2012, el preconcurso de Abengoa, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los sucesivos planes Pive de apoyo a la compra de vehículos, la apuesta por el fracking o las controversias acerca de Castor, el autoconsumo, Garoña o el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC). En la parte final de la legislatura, la caída del precio del petróleo marcó el pulso del sector y se presentó como un «viento de cola» para la economía. Soria abandona el departamento tras no haber sido capaz de dar explicaciones sobre su aparición en los papeles de Panamá y su relación con empresas offshore, cayendo en numerosas contradicciones.

El mandato de Soria comenzó con la aprobación, en enero de 2012, de la llamada moratoria verde, por la que se suspendía de forma temporal la instalación de nueva potencia renovable incentivada mediante primas. Dos meses después, Industria aprobó un primer recorte de costes regulados del sistema eléctrico, especialmente a la distribución y a los pagos por capacidad, para contener el déficit de tarifa. También en marzo de 2012, Industria se vio forzada a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar el recibo de luz a millones de consumidores para repercutir las subidas que no aplicaron ni el PSOE en su última revisión trimestral antes de salir del Gobierno ni el PP nada más llegar al poder.

Para acabar con el déficit de tarifa, el departamento dirigido por Soria abordó dos grandes reformas, una en 2012 bajo el mandato de Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, consistente en una batería de impuestos eléctricos que contribuyó al cierre temporal de Garoña, y otra en 2013 acometida por el sucesor de Marti, Alberto Nadal, y centrada en los costes regulados. Tras alertar en varias ocasiones del riesgo de quiebra del sistema eléctrico, Nadal presentó un conjunto de medidas por las que los contribuyentes asumirían 900 millones de costes extrapeninsulares, los consumidores una subida del 3,2% en el recibo y las empresas del sector un recorte de 2.700 millones, además de un nuevo esquema retributivo para las renovables.

Este recorte a las tecnologías renovables, que se sumó a los aplicados en la última etapa del PSOE, puso al sector en pie de guerra. Los inversores han presentado recursos ante distintas instancias en España y ante los organismos de arbitraje internacional, que por el momento ya han avalado las medidas aplicadas por el exministro Miguel Sebastián. En todo caso, la reforma energética puso fin al déficit de tarifa que se generaba cada año y permitió que en 2014 el sistema eléctrico arrojase un superávit de 550 millones de euros, que podría verse incrementado en otros 900 millones en 2015. Está por ver si las medidas serán capaces de revertir las subidas del recibo de la luz iniciadas en 2005.

Tras la reforma, se produjo en diciembre de 2013 la polémica de las subastas eléctricas. El mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, alcanzó ese mes cotas históricas e hizo que la subasta del 19 de diciembre para fijar la tarifa de luz para el primer trimestre de 2014 concluyese con un alza del 11% del recibo. El Gobierno suspendió la puja alegando las «circunstancias atípicas» detectadas por el recién creado regulador, la CNMC, y puso en marcha el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la nueva tarifa por horas, que se ha convertido en todo un reto tecnológico, al permitir, para el caso de los contadores inteligentes, la facturación hora a hora.

En el sector eléctrico, la legislatura también ha estado marcada por la subida del término fijo de la electricidad, con la que el Gobierno garantizaba los ingresos del sistema pese a empeorar la señal de ahorro en el consumo, y por el real decreto de autoconsumo, especialmente criticado por el llamado impuesto al sol, por el que estos productores también deben sufragar los costes regulados del sistema. Finalmente, Industria eximió provisionalmente a los consumidores domésticos de pagar cargos por la parte variable de la electricidad autoproducida. El decreto sigue siendo objeto de polémica por incluir fuertes multas y trabas administrativas.

En gas, el Ministerio también reformó los aspectos fundamentales del sistema para atajar un incipiente déficit aunque con menos polémica y en menos tiempo; mientras que en carburantes se introdujeron algunos cambios legislativos para intentar elevar la competencia. En este capítulo energético, Industria se ha dejado, no obstante, algunos temas pendientes como la reforma del mercado mayorista eléctrico, el refuerzo de la eficiencia energética o de los proyectos de interconexiones. También una promesa electoral del PP de 2011: la reapertura de la central nuclear de Garoña, instalación que sigue a la espera de conocer su futuro mientras lleva parada desde 2012. Por otro lado, ha mantenido un conflicto constante durante la legislatura con el carbón.

Por otro lado, la decisión del Gobierno de permitir a Repsol la exploración del subsuelo en aguas canarias generó un fuerte encontronazo entre el Gobierno de Paulino Rivero y la Administración central. La movilización en contra de las prospecciones vino acompañada de la convocatoria de un referéndum cuyos términos anuló el Constitucional y que a efectos prácticos no tuvo mayor repercusión, ya que en enero de 2015 Repsol anunció que bajo las aguas de Canarias hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción. Además, tampoco llegó a realizar otros dos sondeos para los que tenía permiso, uno opcional.

Durante la etapa de Soria al frente de Industria se han aprobado un total de 8 ediciones del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con un importe total de 1.100 millones de euros. Asimismo, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos con el Plan Movele, dotado con 20 millones de euros, y del actual Movea, con 10 millones de euros. Igualmente, el Ministerio ha participado en el Plan PIMA Aire (38 millones de euros).

El ministro offshore

La sucesión de los acontecimientos referidos a la vinculación de José Manuel Soria con los papeles de Panamá ha sido de vértigo en los últimos días. Y ha sido el propio ministro quien, estando las cosas mal, las fue empeorando con sus propias explicaciones. De hecho, cuando se pensaba que Soria estaba preparando su comparecencia en el Congreso del próximo lunes, que ya no se celebrará, se ha conocido el comunicado del ministro justificando su dimisión por los errores en las explicaciones dadas en estos últimos días, sin asumir ninguna responsabilidad más.

Pero hay más. Una cuestión relevante tiene que ver con el fondo de lo que se ha conocido con los papeles de Panamá: la relación que guarda con las sociedades offshore. En toda esta trama, además, vuelve a aparecer en la suerte de negocios familiares del exministro un viejo conocido de la afición, Luis Alberto Soria, su hermano. Por tanto, las preguntas son: ¿Los papeles son ciertos? ¿Esas firmas que aparecen estampadas en los documentos son suyas? ¿Qué hay de verdad? ¿Ha mentido en sus declaraciones? Las explicaciones sobre el fondo de la cuestión y su vinculación a varias sociedades offshore, quedan todavía pendientes, diga el ministro lo que diga y oculte lo que oculte.

Otra cuestión tiene que ver con lo político y comunicacional. José Manuel Soria ha cometido varios errores fruto de lo que sus propios correligionarios señalan en privado como exceso de audacia, personalismo, atrevimiento y falta de humildad. Ha quedado en evidencia un problema de adecuación de su estilo político y de comunicación en su ascenso a ministro, llevándole a un error fatal de cálculo de muy difícil salida. La cara y la cruz de sus características políticas, patentes de una forma muy descarnada: así ha sido Soria, político populista, audaz y atrevido, candidato a casi todo en lo político en estos cuatro años, desde candidato al Gobierno de Canarias a futurible como Ministro de Economía.

Repasando la hemeroteca, Soria coquetea con una cierta forma de populismo en cuestiones y asuntos polémicos. El ya exministro es el mismo que pintó el césped de las glorietas de Las Palmas porque la hierba comprada no se adaptaba al clima o que enviaba a la Península aviones llenos de inmigrantes llegados en cayucos a Canarias. Pero en esos asuntos, Soria se manejaba como pez en el agua en la esfera informativa insular, respaldado por una sensación de falsa pericia.

Quizás acostumbrado al trato con los medios de comunicación de las islas, el ministro en funciones decidió dar desde Lanzarote unas explicaciones rápidas y “por lo sencillo” sobre las primeras revelaciones aparecidas, pero cada uno de los documentos posteriores contradecía las declaraciones “simplificadas” del ministro; el remate se sucedió con la revelación de una sociedad en Jersey hasta 2012. Por tanto, la nueva comunicación política, de rapidez precipitada y de una simplificación informativa y esquematización argumental, posible para espacios más reducidos, no sirve para cuestiones mucho más complejas y delicadas.

En términos de personalismo, también se ha dejado llevar por su propia precipitación a la hora de dar explicaciones y la búsqueda de esa “simplificación” letal, enfrentándose al propio equipo de Moncloa en una discusión con Moragas en un espacio semipúblico y dejando en evidencia a sus compañeros de Gabinete que, por otra parte, lo apoyaron casi de forma tribal. De hecho, alguien tan sobrio en sus elogios y en sus defensas como Luis de Guindos, expresó inequívocamente su apoyo a Soria en público, hecho que no debería pasar desapercibido.

Ya en funciones, la lupa nacional puso el foco en los defectos de Soria, como el exceso de telegenia o la propensión a desenfundar rápido organizando ruedas de prensa: no descubrían nada nuevo pues así se comportó para abolir las subastas CESUR o reducir los precios energéticos según el calendario electoral. Pero ahora su proceder hace un daño incalculable a su partido, en un momento especialmente delicado pues puede significar un punto de saturación en la escalada de la tangentópolis española. La pieza ha caído.

Por sus propios méritos José Manuel Soria está fuera del Gobierno y no puede buscar culpables, como algún medio ha tratado de insinuar. Ya es el ministro offshore del Ejecutivo.

Soria renuncia a sus funciones como ministro de Industria, Energía y Turismo y abandona la política; De Guindos lo reemplaza

Europa Press / Servimedia.- El BOE publicó el decreto mediante el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consumó el traspaso de funciones al ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la renuncia de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Soria también renunció a su acta de diputado y a la secretaría general del PP canario y anunció que abandona la vida política “tras los errores cometidos en los últimos días” en relación a los papeles de Panamá.

En concreto, Soria comunicó a Rajoy su “decisión irrevocable” de renunciar a sus funciones, según explicó. Asimismo, el ministro comunicó también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP canario, abandonando así “todo tipo de actividad política”. El ya exministro se refirió a los “errores” que cometió en sus explicaciones tras aparecer su nombre vinculado a empresas opacas en los Papeles de Panamá. “La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes”, afirma Soria.

Soria ha admitido sus «errores» al explicar sus vínculos con sociedades en paraísos fiscales por «la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de 20 años», si bien aclaró que «ninguna de tales actividades empresariales ha tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de sus responsabilidades políticas«. Por ello, ha adoptado la decisión de dejar «todo tipo de actividad política», teniendo en cuenta «el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a los compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual».

Nacido el 5 de enero de 1958 en Las Palmas de Gran Canaria, casado y con dos hijos, Soria es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Entre 1995 y 2003 fue alcalde de las Palmas, y presidente del Cabildo de Gran Canaria entre 2003 y 2007, así como consejero de Economía y Hacienda y Vicepresidente del Gobierno canario (2007-2010).

Tras la derrota electoral de 2008, se convirtió en uno de los apoyos fundamentales de Mariano Rajoy, participando activamente en la renovación del PP iniciada en el Congreso de Valencia de 2008, donde fue uno de los autores de la ponencia política, cuya redacción provocó la retirada de la entonces presidenta del PP vasco, María San Gil. Soria asumió la cartera de Industria en diciembre de 2011. Rajoy valoró para su elección la sólida experiencia económica del canario, curtido en Ejecutivos de muy distinto color político, comenzando en su tarea como analista de mercado para Venezuela y el Caribe en la Embajada de España en Venezuela entre 1980 y 1981.

En 1984 Soria fue nombrado jefe del Servicio de Importaciones del Ministerio de Comercio y, en 1985, jefe del Servicio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. Posteriormente, pasó a ser asesor del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda entre 1986 y 1987, de donde pasó a dirigir el Gabinete de la Secretaría General de Comercio entre 1988 y 1989. Además, entre 1995 y 1999 fue vicepresidente de la Caja de Ahorros de Canarias.

Traspaso de funciones a Guindos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto mediante el que el ministro de Economía en funciones asume a partir de ahora «el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria». Guindos ejercerá desde ahora estas funciones. De este modo, Guindos se encargará de despachar con los secretarios de Estado y demás altos cargos del Ministerio de Industria, que físicamente se encuentran en el mismo edificio que el Ministerio de Economía, en la plaza madrileña de Cuzco.

PP: la renuncia es «coherente»

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, valoró como «muy coherente» la decisión de José Manuel Soria de renunciar a sus funciones de ministro y señaló que, al haber dejado ese puesto, ya no comparecerá el lunes ante la Comisión de Industria, como estaba previsto. «Es una decisión muy coherente, José Manuel Soria ha ejercido la actividad política de manera ejemplar y quiero reconocerle, como vicesecretario de Organización, nuestro agradecimiento», apuntó.

Maillo destacó que Soria ha renunciado por haber cometido «errores de explicación» tras figurar como administrador de sociedades en paraísos fiscales, no por ninguna irregularidad, de manera que el PP «no cuestiona para nada su honorabilidad». Es más, ha asegurado que en sus muchos años de actividad política ha desempeñado una gestión en la que «nadie le ha podido acusar de nada». Ha recordado además que los papeles se refieren a su actividad profesional previa a dedicarse a la política.

Soria apareció en primer lugar como administrador, durante dos meses de 1992, de una sociedad en Bahamas con la que negó tener ninguna vinculación. No obstante, posteriormente se supo que una empresa familiar, Oceanic Lines, tuvo como accionista mayoritario una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey en la que Soria figuraba también como administrador. Así, el PP apoyó inicialmente al ahora exministro, pero Maillo reconoció que a lo largo de los días hubo «un goteo» ante el que había que actuar de alguna manera.

Montoro es tajante contra Soria

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, afirmó que «nadie puede estar en el Gobierno si ha operado en paraísos fiscales» en referencia a la renuncia de José Manuel Soria. El responsable de Hacienda señaló que aún hay que confirmar si es cierta esa vinculación, aunque subrayó que en estos asuntos hay que ser «claro y rotundo», ya que los miembros de un Gobierno deben ser conscientes de las «obligaciones que asumimos y de los límites». De esta manera, reiteró que sin conocer el detalle concreto, «si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, no se puede estar en el Gobierno en esas condiciones«.

Los datos fiscales del exministro

Soria pagó un total de 24.395,47 euros por IRPF en 2014, según su declaración de bienes publicada en la web del Congreso de los Diputados. El salario de Soria como ministro alcanzó los 73.497,24 euros, a lo que se suman unos ingresos de 669,4 euros por acciones bancarias, 3.460,5 euros por intereses en cuentas bancarias, 1.175,09 euros como renta de actividades agrarias y 12.646,25 euros por venta de fondos de inversión. Así, los ingresos totales se situaron en 91.448,48 euros.