Entradas

El gas licuado por canalización baja un 8,3% en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 8,3%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 76,1041 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 83,0516 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha bajado un 10,1%, desde los 68,4728 céntimos por kilogramo de enero hasta 61,5253 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

España tendrá que abonar 53 millones a la fotovoltaica NovEnergia tras perder su segundo arbitraje internacional por los recortes renovables

Europa Press.- El Estado español ha sufrido su segundo revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en 2010 y 2013, al registrar un laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obliga a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia, según indicaron fuentes jurídicas.

El laudo, en el que los tres árbitros han fallado a favor del demandante, da la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el real decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un «cambio brusco y de sistema» con respecto a los recortes de 2010 aprobados por el PSOE, según indicaron las mismas fuentes. El fallo reconoce el pago por parte de España a NovEnergia, que demandaba el abono de 60 millones de euros, de una indemnización de 53 millones de euros, más las costas y unos intereses del 1,5% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se abone la cantidad.

Asimismo, las mismas fuentes jurídicas destacaron que el fallo se produce después de que en noviembre la Comisión Europea respaldara al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. De esta manera, señalan que la Cámara de Comercio de Estocolmo en su laudo ha subrayado que en el caso de la demanda de un inversor internacional «no se habla solo de Derecho Comunitario, sino de Derecho Internacional Público», por lo que es vinculante y no una competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Según adelanta El Confidencial, el único punto que ha desestimado la corte nórdica ha sido el relativo al impuesto del 7% a la generación que rige desde 2012. Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía indicaron que están estudiando «la posible respuesta que se va a dar al laudo». Además, recordaron que esta situación no solo afecta a España y que hay más países de la Unión Europea que también están pendientes de laudos o arbitrajes en materia de energía como Alemania, Polonia, República Checa o Rumanía, entre otros.

NovEnergia cuenta con una cartera en España de 7 proyectos fotovoltaicos, todos ellos construidos entre 2007 y 2008 y ubicados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, con una capacidad total de 24 megavatios (MW). La firma ha contado en su demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que fue presentada hace dos años y medio, con el asesoramiento del despacho Latham and Watkins, a través de sus socios Antonio Morales y Fernando Mantilla.

En mayo del año pasado, el Gobierno español ya sufrió su primer revés por el recorte a las renovables ante los tribunales internacionales, con el fallo del Ciadi a favor de Eiser Infraestructure, por el que se le condenaba a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

No obstante, el Gobierno presentó ante el Ciadi recurso contra el laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Eiser ya había acudido al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para presentar una petición de reconocimiento del laudo del Ciadi contra el Reino de España, que fue admitida a finales de junio. No obstante, España también recurrió este fallo y pidió su anulación.

España suma 29 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables asciende a 7.566 millones de euros. Entre todas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

Nadal se escuda en la falta de Presupuestos y en la denuncia presentada desde Cataluña para retrasar el euskopeaje

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que la Comisión Europea ha trasladado un expediente informativo al Ministerio por el acuerdo alcanzado el pasado año entre PP y PNV sobre la reforma del peaje eléctrico en Euskadi, en el marco de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, y contra el que el Defensor del Pueblo Catalán presentó una denuncia impulsada por la Generalitat de Cataluña.

Al respecto, el ministro ha incidido en que la materialización del euskopeaje requiere que este año se cuente con Presupuestos Generales en el Estado, así que «la pregunta es también quién va a apoyarlos», ha puntualizado. Asimismo, ha advertido de que también se requiere que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideren «correcto desde el punto de vista de ayudas de Estado» el cambio tarifario, cuestión que ha «complicado muchísimo» las dos denuncias planteadas por instituciones catalanas.

En este sentido, Nadal ha anunciado que la Comisión Europea ha «mandado un expediente informativo al Ministerio para que lo respondamos», ha añadido. «Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos«, ha afirmado, para añadir que se trata de una cuestión «perfectamente planteable» ante las autoridades comunitarias. No obstante, ha insistido en que «si tenemos una demanda preventiva, lo complica mucho».

Nadal se erige en “defensor” de los consumidores mientras Compromís se suma a la revisión retributiva de la distribución eléctrica

Europa Press.- Compromís está de acuerdo en algo con el Gobierno y no es otra cosa que la revisión a la baja de la retribución a la actividad de la distribución de electricidad, lo que parece coincidir con los planes del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha lamentado la «conflictividad judicial» de las compañías eléctricas con las reformas realizadas por el Gobierno y ha defendido la necesidad de tener una factura energética «lo más ajustada posible» en defensa de los consumidores.

Respecto a «la polémica» surgida tras las quejas del sector por la pretensión del Gobierno de recortar la retribución a la distribución eléctrica, Nadal indicó que en España se ha hecho «un enorme esfuerzo» para eliminar la generación de más déficit tarifario ya que «el aumento de los precios no servía para cubrir los costes». Tras destacar que el precio de la energía eléctrica es «clave» para el desarrollo industrial del país, Nadal subrayó que «el peso de la factura eléctrica en los costes del PIB industrial es «muy alto».

«Lo prioritario de la política energética es el desarrollo industrial y que tengamos unos precios competitivos«, ha incidido, para añadir que de no haberse llevado a cabo la reforma de 2013 los precios finales hubieran sido un 42% superiores, lo que era «liquidar la capacidad competitiva de la industria española». En este sentido, Nadal ha lamentado así la «conflictividad judicial» habida en los últimos años, en los que se ha «recurrido todo» y no hay «ninguna norma que no se haya recurrido» por el sector.

De este modo, ha valorado la propuesta realizada desde el Ministerio a las diferentes formaciones políticas para que «de la misma manera que las eléctricas defienden sus intereses» haya «determinados elementos en interés del consumidor que también deben ser corregidos«. «En esto consiste esa tensión, ya que no sería adecuado que el sistema solo se corrigiera a favor de los generadores de electricidad, sino que también habrá que hacer correcciones en el sistema cuando tocan del lado del consumidor», ha descrito, para añadir que «es muy importante tener una factura energética lo más ajustada posible en defensa de los consumidores».

En este sentido, ha incidido en que «cada euro que no se gaste en energía es un euro que no nos lo gastamos en salarios o innovación», por lo que ha subrayado que la política llevada a cabo desde su Ministerio es «defendible y tiene lógica«. «Prácticamente no cambia nada porque determinadas cosas caen hacia las eléctricas y otras hacia los consumidores, por lo que se compensan y el sistema se queda igual, con las empresas rentabilizando sus inversiones», concluyó.

Retribución de la distribución eléctrica

Por su parte, Compromís quiere revisar a la baja la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica de cara al próximo período regulatorio que comenzará en 2020, máxime después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que el regulador detectaba una retribución superior a la establecida legalmente. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Ignasi Candela, registró una proposición para su debate en la comisión del ramo de la Cámara Baja, en la que insta al Gobierno a adecuar estas retribuciones.

Según recuerda en su iniciativa, la CNMC señaló en su Informe de Análisis Económico-Financiero de las Principales Empresas de Distribución del Sector Eléctrico que la retribución de las compañías EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo se situaba en este período por encima del 10%. «Muy por encima del 6,5% en el que, según lo dispuesto en la ley, se debería haber situado», asevera Candela. Las retribuciones fijadas a la distribución de energía en la reforma de 2013 marcaba una tasa ligada a las obligaciones del Estado a diez años, más 200 puntos básicos.

Fitch alerta de la incertidumbre sobre la retribución del sector gasista español debido a la injerencia política

Europa Press.- Fitch Ratings advierte de que persiste «la incertidumbre» sobre el sector gasista debido a la injerencia política a pesar de no haberse concretadopor el Gobierno la amenaza de ajustes a la retribución de la actividad regulada de transporte y distribución de gas.

En este sentido, la agencia de calificación considera que la decisión del Gobierno de aplazar estos recortes al sector no cambia su opinión de que el riesgo de interferencia regulatoria en el sector sigue siendo «más alto que en otras jurisdicciones, lo que podría perjudicar los perfiles de ingresos de las utilities«. De esta manera, cree que la situación pone de relieve las potenciales consecuencias «de la falta de un regulador independiente con un enfoque transparente y consultivo». Así, Fitch Ratings cree que el marco español está más expuesto al riesgo político y a la transparencia en comparación con otros países como Portugal e Italia.

El Gobierno estudia la introducción de ajustes en los costes regulados del sistema energético, centrados en la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas, así como en el sector eléctrico, mediante su inclusión como enmiendas dentro del proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, que se tramitó en el Senado, aunque finalmente estas enmiendas no se materializaron debido a la falta de respaldo del resto de grupos políticos. Asimismo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, estimó que estos ajustes que prevé por sobrerretribución de activos del sector gasista supondrían un máximo de 50 millones de euros.

Los rumores sobre la aplicación de estos nuevos recortes llevó a las empresas energéticas dedicadas al negocio eléctrico y gasista a dejarse en Bolsa 9.000 millones de euros a lo largo de 7 sesiones. Para Fitch Ratings, la propuesta del Ministerio refleja el deseo del Gobierno de reducir los costes regulados del sistema y reestablecer el equilibrio entre los costes y los ingresos «a expensas de las empresas, de forma similar a 2014». Sin embargo, la agencia considera que el sistema gasista está más equilibrado en la actualidad que en 2014, «cuando la razón principal de la reforma fue el creciente déficit tarifario del gas».

Así, señala que, a pesar de los pequeños déficits registrados en 2015 (27 millones) y 2016 (90 millones), este último debido en gran parte a los costes adicionales por el cierre de Castor, se prevé un pequeño déficit para 2017, mientras que a partir de 2018 habrá superávits que ayudarán a ir gradualmente reduciendo la deuda acumulada pendiente de unos 1.000 millones de euros. Por ello, Fitch no cree que la sostenibilidad del sistema gasista sirva de excusa para justificar este recorte a la retribución. Además, el Gobierno actualizó la remuneración por los contadores de gas, lo que supone un impacto negativo de 6 millones de euros para las pequeñas distribuidoras y 40 millones de euros para Gas Natural Fenosa.

El Gobierno identifica 165 proyectos en 12 comunidades autónomas como la potencia adjudicada en la primera subasta renovable de 2017

Europa Press.- El Ministerio de Energía ha identificado todos los proyectos concretos que fueron adjudicados en la primera subasta de renovables, celebrada en mayo de 2017, y que ascienden a 165 repartidos en 12 comunidades autónomas, según indicó el departamento. Esta primera subasta se saldó con la adjudicación de 3.000 MW de instalaciones renovables, el máximo previsto, y sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia.

Se han identificado un total de 165 proyectos concretos: eólicos en su gran mayoría, fotovoltaicos y de otras tecnologías como la hidráulica, biogás o biolíquidos y solar termoeléctrica. Corresponden a un total de 22 promotores. Los 165 proyectos identificados se localizan en 12 autonomías. Aragón, con 80 proyectos, copa el 48,4%. Le siguen Galicia (25), Castilla y León (20), Castilla-La Mancha (13), Andalucía (9), Navarra (5), Cataluña (5), Murcia (4), País Vasco (1), Extremadura (1), Madrid (1) y Asturias (1).

Las solicitudes presentadas en esta primera subasta superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, confirmando así el interés de los inversores por el sector de las energías renovables en España. Esta situación llevó al Gobierno a celebrar una segunda subasta en julio del 2017 donde se adjudicaron otros 5.000 MW renovables, cuyos proyectos concretos están también siendo identificados.

En consecuencia, supone un total de 8.000 MW de nueva potencia renovable, que estará en funcionamiento antes de 2020 y contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior, destaca el Ministerio de Energía. Esta nueva potencia supone un paso decisivo para la consecución del objetivo del 20% de renovables en el 2020. En este sentido, España se situó en 2016 un 17,4%.

Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

Nadal pide al sector energético tener «longitud de miras» ya que la energía es «un factor clave» para el país

Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector energético «poner en común» todas las visiones parciales con las que cada uno pueda contar y tener «longitud de miras» ya que la energía es «un factor clave» para el desarrollo del país. En su discurso con motivo de la entrega de los premios anuales del Club Español de la Energía (Enerclub), Nadal advirtió de la «enorme responsabilidad» del sector energético.

Nadal subrayó que las decisiones que se tomen ahora en el sector afectarán «a la próxima década», por lo que consideró necesario acertar en el actual proceso de cambios que vive el sector. «Si no es así, las próximas generaciones dirán que no estuvimos a la altura», añadió. El ministro destacó que España conseguirá, sin ser un país con grandes recursos energéticos, «ser competitivo si acertamos en la política energética». «Con una estrategia adecuada, tendremos un país de éxito», añadió.

Por su parte, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, tendió la mano «a la colaboración y el diálogo» de todos para convertir los retos que representa este proceso de transición en el sector en «oportunidades para España«. Así, Prado se dirigió al ministro, a quien el año pasado le manifestaba la necesidad de contar con una hoja de ruta con visión a largo plazo, para agradecerle los esfuerzos que desde su Ministerio y otros departamentos se están realizando en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y ofreciéndole la más estrecha colaboración desde Enerclub.

A este respecto, indicó que el sector es «muy consciente de la complejidad del proceso» ya que «aun teniendo claro dónde queremos llegar, son muchos los caminos posibles, el ritmo con el que podemos transitar por ellos y enormes las implicaciones». Además, valoró el proceso participativo en la elaboración de la ley, que busca el mayor consenso posible, y que, en su opinión, «es la clave del éxito de esta futura ley, como también lo es que sea realista y flexible, para poder revisar lo decidido en función de las nuevas realidades que vayan apareciendo«.

En la edición de este año, Enerclub ha premiado al periodista de Europa Press Paco Baeza, dentro de la categoría de Energía Eléctrica, un galardón que fue entregado por la presidenta de Unesa, Marina Serrano. Por su parte, el premio Gas fue concedido a Rubén Esteller, periodista económico de El Economista, mientras que el premio Petróleo fue concedido a Eugenio Mallol, del diario El Mundo.

Por su parte, el premio Energías Renovables ha sido para Manuel Planelles, redactor de El País. Finalmente, el premio Innovación ha sido concedido a Luis Montoto, de ABC Sevilla, y el premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso, que se entrega como reconocimiento a una personalidad por su extensa y dilatada trayectoria profesional y su brillante contribución al sector energético recayó en José Luis Antoñanzas Pérez-Egea.

Nadal pide a las compañías energéticas dejar de recurrir la legislación con el “afán legítimo de rascar hasta el último euro”

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector rebajar la «conflictividad» judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno, para evitar inseguridad jurídica y hacer más sostenible el sistema. «Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria«, espetó.

El ministro ha afeado a las compañías el alto nivel de litigiosidad: «Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro». «Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae», ha continuado Nadal.

Ha defendido que de ello se desprende inseguridad jurídica, ya que el Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema porque no sabe qué se va a recurrir: «Estamos en un toma y daca que no tiene sentido«. El ministro ha realizado esta intervención ante diversos directivos del sector, como el presidente de Endesa y del Club Español de la Energía, Borja Prado, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén. El sector energético ha expresado recurrentemente su disconformidad con la pretensión del Gobierno de rebajar los ingresos regulados que reciben las compañías por distribuir la luz y el gas a lo largo del país.

El ministro habla de “monopolistas”

«No se puede dejar a un monopolista fijar él mismo sus precios», ha asegurado el ministro, que ha añadido que esto generaría ineficiencias y, por ello, los precios deben estar regulados. En este sentido, sostiene que no hay ninguna actividad en la que se retribuya al precio que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos: «Es una actividad sin riesgo, limpia de polvo y paja».

El ministro busca realizar ajustes que permitan lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, y en el caso del sector gasista el ajuste es de 50 millones. En este sentido, Nadal se ha referido al ajuste del factor de retardo, un pago que se realiza por la demora de dos años que se produce para empezar a cobrar por una central y que se retribuye con un interés del 10%. «Un 10% de interés por dos años de financiación. No hay ningún índice financiero que esté ganando eso. Aquí hay una sobreretribución«, indicó. Según Nadal, «antes de subir peajes, el Gobierno va a mirar ámbitos regulatorios en lo que se pueda corregir un desequilibrio en el sistema».