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Rajoy subraya que el futuro del carbón se abordará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha asegurado que el país cumplirá sus compromisos climáticos para 2020 y ha avanzado que trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar también el cumplimiento de los compromisos adquiridos igualmente para 2030. «Estamos trabajando en una nueva Ley de Cambio Climático que sentará las bases para una transición energética ordenada, eficiente y poco costosa para los consumidores», ha indicado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo español ha apostado por mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar en el uso de energías renovables. Para Rajoy, la necesaria transición energética se ha de llevar a cabo por dos vías: la eficiencia energética y el incremento del parque de renovables. El presidente considera que este objetivo es factible y, a modo de ejemplo, ha recordado que durante el año 2017 se llevaron a cabo dos subastas de renovables, por 8.000 MW, «sin necesidad de primar». Pero ha considerado que es imprescindible mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar.

En cuanto a la situación del carbón, el presidente español ha subrayado que esta cuestión también se abordará en la futura Ley del Cambio Climático y ha apostillado: «nada se hace de un día para otro». En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el compromiso de España con la financiación climática y, en este sentido, recordó que se ha pasado de 205 millones de euros en 2012 a 595 en 2016 y que el Gobierno mantiene el compromiso de llegar a los 900 millones de euros anuales a partir de 2020.

Macron: “Estamos perdiendo la batalla”

Por su parte, en el marco de la One Planet Summit, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado una desoladora afirmación sobre la lucha global contra el cambio climático ante docenas de jefes de Estado y de Gobierno y líderes empresariales. «Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático», ha sentenciado. «No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Todos necesitamos actuar», ha recalcado en su búsqueda de un nuevo aliento para el esfuerzo colectivo que fue debilitado el pasado verano con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonaban el Acuerdo del Clima de París.

En este sentido, ha llamado a los líderes reunidos en Paris en la One Planet Summit a lanzar una nueva fase contra el calentamiento global. Sin embargo, durante el encuentro no se produjeron compromisos internacionales vinculantes. El foco se centró en cómo instituciones financieras públicas y privadas pueden movilizar más dinero y cómo los inversores pueden presionar a las grandes corporaciones a cambiar hacia estrategias más sensibles ecológicamente. Más de 200 inversores institucionales que gestionan más de 26 billones de dólares han afirmado que presionarán ante las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que Bruselas aplaude los planes para recudir los requisitos a inversiones ambientalmente amigables para impulsar la economía verde. Esta medida podría ser parte de un abanico más amplio de acciones que la Unión Europea planea presentar en marzo para lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 40% en 2030, lo que implica una estimación de 180.000 millones de euros al año en inversiones bajas en carbono. Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado inversiones por valor de 9.000 millones de euros destinadas a ciudades sostenibles, energía sostenible y agricultura sostenible para África y los países vecinos de la Unión Europea.

Teresa Ribera ve a España «muy atrasada» en acción climática y avisa de que hay que descarbonizarse antes de 2050

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Europa Press.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDSRI) y exsecretaria de Estado de Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Ribera, cree que España está «muy atrasada» respecto a otros países en el debate y acción sobre el cambio climático y recuerda que existe el compromiso de transformar la economía y la sociedad antes de 2050. En este sentido, Ribera cree que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería tener «unos cuantos elementos sistémicos».

Así, ha precisado que se requiere una reforma fiscal en la dirección verde, en la reducción de emisiones e incentivos para el cambio del modelo industrial y energético, un mecanismo de transparencia sobre los riesgos climáticos existentes y un conjunto de estrategias para evitar estos riesgos en toda la economía española. Además, considera que esta ley debería marcar también objetivos de reducción de emisiones tanto para el conjunto de la economía como por sectores y disponer de sistemas para evaluar la adaptación a los cambios que «en todo caso van a ocurrir». «Eso sería el mínimo: cómo abordar los riesgos y convertir nuestra economía en una economía baja en carbono y preparada para lo que significa el siglo XXI», resumió.

En ese contexto, opina que España podría «perfectamente» ir cerrando sus centrales de carbón de forma ordenada en esta próxima década y abrir paso a un modelo eléctrico diferente que pueda absorber otras necesidades para usos térmicos y domésticos. Por ello, cree que «el acento más importante en el que debería empeñarse el Gobierno» es ofrecer alternativas para esas regiones o comunidades de trabajadores en las que toda la riqueza está concentrada en torno a esa mina o central de carbón. Por ello asevera que la sociedad española tiene que demostrar que está «con las personas» y con esos territorios que «necesitan cambiar su planteamiento» para tener un futuro «próspero”.

«Los líderes de los países, de las empresas, del mundo financiero han de abordar con convicción, ambición y realismo un futuro, prácticamente inmediato, que es el futuro en el que debemos salvar nuestro sistema climático. No es un asunto tecnocrático ni que se deba limitar a la voluntad de los activistas. Necesitamos transformar muestro modelo económico, social y de desarrollo y eso no se hace solo», ha reclamado. Precisamente, ve al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como un ejemplo a seguir porque ha hecho del cambio climático su «principal bandera».

Es en ese ámbito donde tiene la «impresión» de que España está «muy atrasada» con el nivel de debate respecto de otros países europeos. Ribera insiste en poner a Francia de ejemplo por tener un debate «serio y sofisticado» y forma parte de las conversaciones todos los consejos de administración de las grandes empresas, de todos los departamentos ministeriales, de los municipios y en general de la sociedad civil. «Está muy avanzado en el proceso de interiorización de una forma natural de estos desafíos», subrayó.

Ribera ha puesto de ejemplo que en Francia existen los contratos de transición para aquellas zonas donde el foco industrial está muy concentrado en sectores que se ve claramente que van a transformarse, como el tipo de automóviles o el tipo de agricultura. «Esto en España sigue siendo anecdótico en el panel informativo, en el debate económico, financiero, fiscal. Me parece que es un inmenso error y el reflejo de todo esto es que no hay una política energética pensada para la transición», ha criticado.

A su juicio, en España no se ha entendido que también se tiene que llegar a cero emisiones lo antes posible y que en 2050 se debería haber transformado «completamente» la economía y considera que hay «muy poco tiempo» y que el reto es «muy exigente, aunque lleno de oportunidades». Por eso, ha insistido en que lo inteligente es anticiparse y construir un proceso serio y que el Gobierno pierde una oportunidad si no aprovecha esta transformación para construir un debate en torno al proyecto de sociedad y economía para los próximos años. «Es un debate imprescindible, pero la gente lo entiende porque no le gusta respirar aire contaminado», sentenció.

El Gobierno augura un «gran impulso» al medio ambiente en 2018 con leyes para frenar el cambio climático

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Europa Press.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncio que el Ejecutivo dará en 2018 un «gran impulso» al medio ambiente, a través de un conjunto de normativas que contribuirán a frenar el cambio climático en el marco de la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018. La vicepresidenta comprometió que en 2018 se tramitarán 9 leyes, de las que 3 estarán dedicadas a la protección del Medio Ambiente.

Concretamente, ha anunciado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la que el Gobierno ya ha señalado con anterioridad que su borrador estará listo en el primer trimestre del año. Según el Ejecutivo, esta norma busca establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases invernadero y los objetivos en materia de energía.

Además, ha anunciado la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte. Según el Gobierno, este anteproyecto de Ley pretende establecer la obligación de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrada en el transporte. Así, se incorporaría al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Objetivos hasta 2020 con biocarburantes

Esta directiva introduce un nuevo artículo 7 bis en la Directiva 98/70/CE, que establece que como máximo el 31 de diciembre de 2020 deberán haberse reducido los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10%, un 6% con carácter obligatorio y el 4% restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010 (94,1 de C02eq/MJ). Ese objetivo deberá cumplirse con biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y venteo en los emplazamientos.

Asimismo, la Ley incorpora el anexo ll de la Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. El referido Anexo ll establece el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de C02eq/MJ.

En tercer lugar, indicó que se tramitará una ley por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta para adaptar la actual redacción a la experiencia acumulada y se amplía el plazo para tramitar y resolver dichos expedientes.

Medio Ambiente anticipa a la oposición los ejes de la nueva Ley de Cambio Climático, que prevé aprobar en primavera

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Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha presentado ante diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según explicaron fuentes parlamentarias, el departamento que dirige Isabel García Tejerina espera tener lista para el primer semestre de 2018.

Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio tiene perfilados estos bloques atendiendo a los principales temas que se han aportado en el concurso de participación, que se abrió el pasado 18 de julio. En total, se han recibido más de 300 aportaciones; la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se va a poner en cuanto a emisiones, la adaptación a las políticas europeas en materia climática, la financiación o el modelo de transición energética que llevará el país son algunos de los puntos más comentados que el Ministerio deberá desarrollar en los próximos meses.

García Tejerina anunció en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22) la elaboración de este texto. También hubo una proposición no de ley por la que los principales grupos en el Congreso, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, solicitaban al Gobierno que impulsara esta norma. La iniciativa planteaba la necesidad de «integrar y armonizar» en una ley todas las estrategias y protocolos existentes en materia de cambio climático, para que España pudiera cumplir los compromisos asumidos en esta materia. Además, llamaban a introducir objetivos concretos y a largo plazo en materia de reducción de emisiones.

Esta reunión de Medio Ambiente con los representantes parlamentarios llega después de una temporada de críticas por parte de algunos partidos de la oposición. El PSOE, aprovechando una moción con medidas para la lucha contra los incendios forestales, apremiaba al Gobierno a poner en marcha la ley de Cambio Climático, al que culpaban, en gran parte, del aumento de fuegos durante este año. Por su parte, Unidos Podemos ha anunciado que presentará su propio texto y esperan llevarlo al Pleno para su aceptación a trámite.

Levy defiende la sensibilidad del PP con el medio ambiente y asevera que la formación «debe liderar» en políticas verdes

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Europa Press.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, considera que el PP «debe liderar» las políticas «verdes» porque la formación política es «sensible con el medio ambiente». Durante su participación en la jornada de trabajo Cambio Climático y Energía Sostenible, Levy ve «indispensable» que España lidere la vanguardia de los proyectos legislativos contra el cambio climático y ha defendido que el PP aborda la cuestión «con el sentido de Estado que requiere«.

Levy ha elogiado el papel de España en la lucha contra el cambio climático y cree que el modelo de transición energética es «una cuestión transversal». Por ello, añadió que es «indispensable» para España liderar la vanguardia de los proyectos legislativos en esta materia porque el cambio climático es un tema «prioritario» que, en su opinión, «debe ser punta de lanza» del proyecto político popular. Asimismo, subrayó la implicación de los españoles: «creo que podemos sentirnos afortunados y orgullosos de que la sociedad española haya entendido el importante mensaje que hemos trasladado, al tener como prioridad las cuestiones que afecten a nuestro medio ambiente», concluyó.

APPA pide al Gobierno de España que «haga suyos» los objetivos europeos del 35% de renovables para 2030

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) solicita al Gobierno que «haga suyos» los objetivos europeos del 35% de renovables para 2030 y los incluya en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «para garantizar el desarrollo renovable español».

La comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo abogó por elevar desde el 27% hasta el 35% el objetivo de energías renovables de la Unión Europea para 2030 y hasta el 40% el objetivo de eficiencia energética, frente al 30% que plantea la Comisión Europea. No obstante, APPA considera que «la buena noticia» del aumento del objetivo «ha quedado empañada» por su relación con los objetivos nacionales, ya que al permitir la flexibilidad del 10% para los países, queda un objetivo mínimo del 31,5%.

El presidente de APPA, José María Villarig, destaca que los objetivos vinculantes europeos son los que han motivado en España «los últimos pasos a favor de las energías renovables». Así, defiende la importancia de los países en el cumplimiento del objetivo ya que «no se puede olvidar que, al final, son los Estados miembros los que, en definitiva, se encargan de desarrollar las renovables y es fundamental conocer cuál es el objetivo específico para España«.

Finalmente, la patronal cree que, dado el potencial del recurso renovable de España y su «altísima» dependencia energética, se debería fijar un objetivo mínimo nacional en línea con lo aprobado en Europa «si se quiere volver a tener un puesto de liderazgo en la industria renovable mundial». Además, recuerda que «el refuerzo» de la seguridad jurídica para impedir cambios retroactivos o el blindaje del derecho al autoconsumo «impedirán que en el futuro se repitan situaciones como las vividas en España».

Endesa reitera que no tomará decisiones sobre sus centrales térmicas hasta conocer la normativa definitiva sobre el cierre de centrales

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Europa Press.- Mientras el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha criticado el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales térmicas al considerarlo «incoherente», «carente de sentido en el contexto actual» y con algunos preceptos de «dudosa legalidad», Endesa ha reiterado que esperará a conocer el contenido definitivo del real decreto y la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de tomar una decisión sobre sus plantas de carbón.

Fuentes de la energética señalaron que el Gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la política energética del país, por lo que aguardarán a conocer la letra definitiva del decreto y la Ley de transición energética, y cualquier iniciativa se hará «en coordinación con la política energética que determine el Ministerio«. En su plan estratégico 2017-2020, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, defendiendo la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón para evitar mayores emisiones y costes del sistema.

A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas. El pasado mes de mayo, Enel, principal accionista de Endesa, anunció su intención de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) en 2020 por no ser viables económicamente.

Abogados ambientales critican el decreto

Por su parte, el IIDMA advierte de que algunas de las disposiciones del texto que trabaja el Ministerio de Energía incluye disposiciones que podrían «no estar apegadas a la legalidad» y que en el contexto de transición energética «no es razonable», ya que no contempla criterio de salud ni protección del medio ambiente recogidos expresamente en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Constitución española. En su opinión, lejos del borrador de Real Decreto, sería exigible la «unión de esfuerzos» para lograr un plan de cierre de las centrales «ordenado y progresivo» y, al mismo tiempo aumentar la capacidad fotovoltaica española, de acuerdo con los objetivos de largo plazo.

Tras analizar el texto, añade que disposiciones como la retroactividad o la solicitud de información contable sin considerar los costes de adaptación, o las razones para la denegación de los cierres o la competencia para realizar el informe de valoración medioambiental «son incoherentes». Asimismo, ven «poco racional» exigir presentar la información contable de las instalaciones de los últimos 3 ejercicios sin incluir los costes de adaptación que deben hacerse para seguir funcionando en un futuro.

En este contexto, precisa que las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales. Si bien, para poder seguir operando después de 2020 deberían hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. De hecho, calculan que a Endesa le costaría unos 400 millones de euros adaptar las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares).

También duda el colectivo sobre la legalidad de la disposición transitoria única que prevé la retroactividad del mismo, porque el texto sería de aplicación a «todos» los cierres solicitados desde el 15 de septiembre. La memoria que acompaña al borrador tampoco justifica de forma razonada la necesidad de retroactividad. Asimismo, recuerda que el futuro Plan de Energía y Clima del Paquete de Invierno de la Unión Europea, que está en negociación, incluirá los objetivos, metas y la contribución de España en descarbonización, metas de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.

Finalmente, el IIDMA ve necesario aumentar la capacidad de generación fotovoltaica y precisamente, en el contexto de sequía, que está agotando la fuente de energía hidroeléctrica, insiste en la importancia de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el cambio climático. La directora del IIDMA, Ana Barreira, criticó el Decreto por no ser «razonable» en un contexto de transición energética y lamenta la «falta de visión» y previsión a medio plazo del Ministerio ya que «un gran número de centrales» tendrán que cerrar en julio de 2020 y, como máximo, todas tendrán que terminar como mucho en 2030.

Michael Bloomberg dona 42,64 millones de euros para favorecer el fin progresivo del carbón para producir energía en Europa

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Europa Press.- El empresario Michael Bloomberg ha donado 50 millones de dólares (42,64 millones de euros) para favorecer el cese progresivo del carbón para producir energía en Europa, un factor clave en la lucha contra el cambio climático y la protección de la salud. Así lo ha comunicado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que colabora con European Climate Foundation.

Además, Bloomberg presentó también el informe America’s Pledge, una plataforma que aúna sociedad civil, universidades, instituciones y empresas, para asegurar que Estados Unidos seguirá luchando contra el cambio climático a pesar de las decisiones contrarias del presidente Donald Trump. Bloomberg ha insistido en la importancia de abandonar el carbón como fuente energética, porque es responsable del 25% de la contaminación atmosférica en todo el mundo y provoca 750.000 muertes prematuras al año. En este contexto, la Fundación Bloomberg ha anunciado esta donación a organizaciones europeas para que catalicen el esfuerzo global para terminar con la dependencia del carbón. Precisamente, en Estados Unidos, con el apoyo de Bloomberg, se han cerrado el 50% de las centrales térmicas de carbón desde 2011.

En este contexto, el IIDMA lamenta que mientras la mayoría de países del entorno como Finlandia, Italia, Francia, Holanda, Portugal, Canadá o Reino Unido han anunciado compromisos de transición energética hacia energías renovables y el progresivo abandono del carbón, España se mantiene en línea con países como Polonia o Estados Unidos, cuyas administraciones se resisten a la incorporación progresiva de energías renovables para acabar con la dependencia de combustibles fósiles.

El Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital ha expresado su voluntad de mantener el carbón dentro del mix energético, a pesar de que el sistema español tiene un 30% de sobrecapacidad. Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, el abandono del carbón es «imparable a nivel global» y la posición de la mayoría de los gobiernos es elaborar una hoja de ruta que permita una transición «justa y progresiva».

«Nuestro país debería seguir ese modelo en lugar del modelo Trump, el cual no tiene futuro alguno. La transición energética es clave para cumplir con los compromisos climáticos internacionales de España. La próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética representa una gran oportunidad para que nuestra política climática y energética tenga visión de futuro para nuestro país», ha manifestado.

Foro Nuclear alerta de que prescindir de la energía nuclear a corto plazo pondría en riesgo el suministro de electricidad

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Europa Press.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear en España, Ignacio Araluce, advierte de que prescindir de la energía nuclear a corto plazo puede poner en riesgo la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico español, por lo que ha defendido el papel de esta energía durante la transición energética y ha llamado a los políticos a propiciar la viabilidad económico-financiera de las centrales nucleares mientras dure ese periodo de transición.

Araluce, quien ha participado en la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha explicado que la producción eléctrica total de España es de unos 260 TWh, de los que 60 TWh son producidos por el parque nuclear. El resto se reparte entre renovables, energía hidráulica y las fuentes emisoras de CO2, como el carbón, el gas y el fuel.

Con estas cifras, Araluce señala que cumplir con los tratados medioambientales significa «duplicar la actual capacidad de generación renovable del sistema, unos 30.000 MW», que es algo «factible pero difícil de lograr». Pero, además, si se quiere prescindir de las nucleares en este proceso, la capacidad renovable a instalar debería elevarse a los 60.000 MW, un sistema que necesitaría de una instalación de enorme capacidad de almacenamiento a gran escala. «Ambas actuaciones requerirían de una inversión muy significativa, de un desarrollo tecnológico rapidísimo, y de un desarrollo de redes y de potencia de respaldo difíciles de asumir totalmente en ese horizonte temporal», ha advertido Araluce.

Por ello, el experto subraya que España «no puede ser ajena a la continuidad de la operación del parque nuclear» y ha llamado a poner en perspectiva la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Integral de Energía y Clima, ambos en proceso de elaboración, destacando el papel de la energía nuclear como «mejor manera de transitar de forma eficiente, ordenada, fiable y competitiva hacia un modelo descarbonizado y fundamentalmente renovable, por la complementaridad de ambas tecnologías«.

En cuanto a una de las principales críticas que los opositores a esta energía hacen de su uso, su seguridad, Araluce ha asegurado que todas las instalaciones funcionan «de forma segura» y que las centrales «están permanentemente supervisadas por el organismo regulador» lo que, a su juicio, constituye «la mayor garantía del cumplimiento de la normativa nacional e internacional establecida«.

Las organizaciones ecologistas piden a la Comisión Europea que inste a España a intensificar la lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- Mientras Anfac expuso en el Congreso las medidas de la industria automovilística para descarbonizar el transporte, las organizaciones ecologistas han pedido por carta al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, que subraye la necesidad de intensificar la lucha contra el cambio climático y pida a España que acometa «importantes» transformaciones en materia de energía, avanzando hacia el autoconsumo, las energías renovables o el final de las ayudas a los combustibles fósiles.

En este sentido, las organizaciones ecologistas piden al comisario que inste al Gobierno a revisar al alza los compromisos de España porque consideran que los objetivos asumidos y los escenarios de trayectorias de emisiones a 2020 y 2030, incluso con medidas adicionales, no suponen una reducción de emisiones respecto a las actuales. Por ello, consideran que el Gobierno debería adoptar una planificación energética adecuada, sin incrementar infraestructuras innecesarias y garantizar el progresivo cierre de las industrias más contaminantes, como las 16 centrales térmicas de carbón antes de 2025, entre otras medidas relacionadas con los biocombustibles, el gas o el autoconsumo.

Avances para descarbonizar el transporte

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero, destacó «la intensa transición en la que está inmerso el sector del automóvil» y expuso la visión de la industria española frente al reto de lograr una movilidad más sostenible y baja en emisiones, un desafío que el sector afronta como parte de la solución para lograr una descarbonización del transporte.

Para Anfac, el reto de la reducción de las emisiones de CO2 pasa por tener una aproximación integrada, con medidas que contengan políticas fiscales, de coordinación de movilidad y apoyos a la industrialización del vehículo alternativo. La Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso es la encargada de impulsar una ley de cambio climático y transición energética, y en ella se reflejarán las medidas necesarias para cumplir con los compromisos asumidos por España tras el acuerdo de París.