EFE.- El comité de sabios creado por el Gobierno para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos climáticos: una apuesta decidida por las energías renovables y un nuevo impuesto al CO2, que financiaría los actuales sobrecostes en el recibo de la luz. Ahora toca desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima.

El informe Análisis y Propuestas para la Descarbonización, es fruto de 8 meses de trabajo de 14 expertos nombrados por el Gobierno a propuesta de los grupos parlamentarios, sindicatos y patronal. Plantea escenarios para que España cumpla sus compromisos del Acuerdo de París y contra el cambio climático en 2030: una reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida procedente de renovables y un 30% de ahorro energético. Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.

De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx). El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por tonelada), al igual que en Reino Unido.

Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables) y la supresión de dos impuestos, el de generación eléctrica (7%) y el de electricidad finalista (en torno a un 4,5%). Esos sobrecostes se pagarían vía presupuestos generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales. La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el impuesto al sol. En la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañarían de una subida de los impuestos del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29% y un 2%, respectivamente.

Otra recomendación clave del informe es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década. Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación eléctrica renovable: 10% hidráulica, 20% eólica (con 31.000 megavatios instalados, MW), 27% fotovoltaica (47.150 MW), 1% termosolar y 4% otras renovables. Además, España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal, pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con renovables.

Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables, dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados en la factura energética final de España, muy dependiente de los combustibles fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria, porque los hogares y la movilidad seguirían dependiendo del petróleo y el gas. Un 29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca la Unión Europea pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo, cuya consecución, de acordarse a nivel comunitario, requeriría de mayores esfuerzos en electrificación del transporte y la edificación.

Nuclear o gas como respaldo

Aunque el informe no es vinculante, sí debe inspirar el debate para el desarrollo de políticas que, por ser de gran calado y a largo plazo, requieren un amplio consenso. Ante las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a 2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que asegure el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico en caso de menos recurso solar o viento. Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.

Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas. Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración. Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.

El Congreso cuenta con una Comisión de Cambio Climático que lleva una década escuchando a ponentes de los ámbitos más diversos relacionados con la transición y todos coinciden en la misma petición a los partidos: pacten una regulación estable para cumplir los objetivos climáticos para que todos puedan saber a qué atenerse en sus decisiones. Además, en la transición hacia una economía descarbonizada, habrá perdedores a los que hay que anticipar soluciones económicas y sociales.

El reto de la descarbonización es «colosal», según reconocen los expertos, porque requiere poner patas arriba el modelo de producción y consumo imperante, pero si se aborda bien y a tiempo presenta grandes oportunidades para la competitividad y el empleo dado el buen posicionamiento de partida de España en las energías del futuro, con sol y viento. De las dos normas que asesorará este documento, la más avanzada es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se cerrará, previsiblemente, en las próximas semanas tras pasar por la comisión interministerial que lo estudia.

Según fuentes consultadas, la ley pasará en breve por el Consejo de Ministros y, tras el informe del Consejo de Estado y un periodo de información pública, llegará al Parlamento antes del cierre estival, para su debate en otoño. Dadas las diferentes velocidades en los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, la futura ley hablará de la obligatoriedad de ir desarrollando planes nacionales integrados de energía y clima, marcará los contenidos de los mismos, e incorporará el primero en cuanto esté acabado pero sin necesidad de esperarlo para su aprobación.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que no presentará el plan (2021-2030) hasta que no concluyan las negociaciones europeas para cerrar los objetivos a 2030, ya que está en liza pasar de un 27% de renovables a un 35%, si bien no podrá dilatarlo más allá de 2018, cuando la Unión Europea exige el primer borrador. El Gobierno lleva años anunciado una Ley de Cambio Climático y la oposición años reclamándola; se acerca el momento de ponerse de acuerdo.