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La Junta de Andalucía da el sí a la construcción de la planta logística de GNL de Villar Mir en Huelva

EFE. – La Junta de Andalucía ha respondido favorablemente a la consulta de Villar Mir Energía (VME) sobre la viabilidad de construir una plataforma logística para gas natural licuado (GNL) en Huelva.

La empresa completaría así la primera fase de la reorientación de su proyecto ENERGAS, cuya concesión original -como regasificadora exenta conectada a la red- sigue denegada por la Autoridad Portuaria de esta ciudad andaluza.

Para la delegación territorial de Huelva, la actividad de almacenamiento, descarga y carga «no se encuentra dentro del grupo de instalaciones que requieren autorización administrativa» y tan solo requiere presentar una comunicación responsable de cumplimiento de la normativa vigente y la documentación reglaconstmentaria.

La Junta, que debe emitir las conclusiones favorables definitivas, afirma que son válidas todas las autorizaciones ambientales previamente obtenidas.

Así, la instalación industrial, sin conexión a la red, incluiría dos tanques de 150.000 m3 cada uno y un pantalán para su uso como servicios de operación logística de GNL.

VME ha enviado esta resolución a la Autoridad Portuaria para que formalice la concesión de terrenos «ante los avances ciertos de la primera parte del proyecto», así como un análisis del mercado de GNL, realizado por una consultora especializada, en el que se detallan los beneficios económicos y de rentabilidad ligados al uso de este combustible en la transición energética y a su transporte por vía marítima frente al transporte por gasoducto, muy penalizado por los peajes.

La reorientación propuesta por Villar Mir Energía se enfoca en la construcción de una plataforma logística de GNL con viabilidad económica propia, ya que se trata de una actividad en claro crecimiento.

Unidos Podemos pide que la CNMC investigue a fondo posibles irregularidades y alteraciones en la potencia de la factura eléctrica

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos demanda al nuevo Gobierno que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue a fondo y sancione presuntas irregularidades en la factura eléctrica por parte de algunas empresas comercializadoras en relación a las tarifas de acceso y distribución de energía. La cuestión es esclarecer si Endesa y otras comercializadoras eléctricas alteraron la potencia contratada sin autorización de la Administración pública ni comunicación a sus clientes.

Unidos Podemos ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al nuevo Ejecutivo a que la CNMC incoe una investigación sobre posibles irregularidades que habrían cometido algunas compañías, como Endesa Distribución en Andalucía, en torno a la actualización del término de potencia. Estas iniciativas serán debatidas tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Podemos considera que algunas empresas distribuidoras podrían haber aplicado un cambio indebido en el concepto de la tensión nominal de voltios, lo que habría perjudicado a los consumidores en la factura de la luz.

El texto de la iniciativa recuerda que las medidas favorecedoras de la competencia son aquellas que permiten que se establezca concurrencia en la oferta de precio, pero nunca en el concepto de medida. Por ello, Unidos Podemos pide que la CNMC haga las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, y en caso de que se demuestren vulneraciones de las obligaciones en relación al suministro, se inicie los trámites pertinentes para «sancionar» a aquellas empresas que hayan cometido infracción.

Además, reclaman el análisis de la resolución dictada por la Junta de Andalucía, que en 2015 certificó que, si bien se habían producido incrementos en la potencia contratada en más de 400.000 suministros de la compañía Endesa en la comunidad, no constaba ninguna solicitud de autorización para ello. Todo ello tras la reclamación presentada en 2009 por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, quien aseguraba que esta comercializadora había incrementado unilateralmente la potencia contratada, hasta una tensión nominal de 230 voltios, vigente desde 2003 y no aplicable a los suministros con los contratos suscritos con anterioridad. Asimismo, la empresa tampoco habría considerado la aplicación de un coeficiente incluido en la regulación.

Dos años más tarde, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía impuso a Endesa la obligación de regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas. Si bien se estimó que este incremento afectó a 424.194 suministros de esta empresa en Andalucía, el aumento de la tensión nominal de 230 voltios podría haber afectado a los 4,6 millones suministros conectados en esta comunidad, ya que existe un mecanismo legal que permite a las distribuidoras actualizar las tensiones.

Asimismo, pide incoar expediente para determinar el número de potenciales afectados por dicha irregularidad tanto en Andalucía como los que pudiera haber habido en el resto de España por haberse seguido prácticas similares por otras distribuidoras. Este cambio debería contar con autorización previa de la Administración competente, sin que constara solicitud alguna para ello, tal y como refleja una resolución de marzo de 2015 de la citada Dirección. En caso de que este cambio de tensión hubiera sido aplicado por el resto de compañías y en el resto del país, el número de suministros afectados sería de aproximadamente 24 millones.

Unidos Podemos lamenta que la electricidad española para los hogares fuera en 2017 la séptima más cara de entre los 28 países europeos. En su opinión, estos precios tan elevados se deben tanto al déficit de tarifa como a los altos costes de distribución y a las prácticas oligopólicas de las eléctricas, «que han sido las culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años».

La Junta de Andalucía destina 94,5 millones de euros en ayudas para incentivar actuaciones en la renovación de ventanas y el aislamiento térmico

EFE. – La Junta de Andalucía ha destinado 94,5 millones a las 6.730 solicitudes presentadas por ciudadanos, comunidades de vecinos y entidades locales, para acogerse a las ayudas del programa construcción sostenible que incentivan actuaciones para la renovación de ventanas y el aislamiento térmico.

Según ha informado la Consejería de Empleo, se ha agotado el presupuesto para estos incentivos de construcción sostenible, pero siguen abiertas las ayudas para otras actuaciones y las líneas pyme sostenible y redes inteligentes.

La construcción sostenible es una de las tres líneas que componen el programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dotada con 171,8 millones, se abrió en mayo de 2017 y el pasado abril se aumentó el porcentaje de incentivo de algunas de las actuaciones más solicitadas por la ciudadanía como la renovación de ventanas y el aislamiento interior y exterior de edificios.

La renovación de ventanas y la mejora del aislamiento han implicado una inversión de 46,8 millones por parte de ciudadanos particulares para más de 5.300 actuaciones, a lo que se suman otras 61 actuaciones solicitadas por comunidades de vecinos que han movilizado una inversión en la región de cerca de 4 millones.

A las 6.730 actuaciones incluidas en la línea de ahorro de Construcción Sostenible, se suman otras 1.900 de las categorías que siguen en activo.

Junto a la línea de incentivos construcción sostenible, el programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía lo componen las líneas pyme sostenible, dotada con 36,7 millones y redes inteligentes, con 27 millones.

 

El Defensor del Pueblo andaluz pide investigar las causas del vertido de crudo que afectó a una playa en Doñana

Europa Press.- La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con Jesús Maeztu al frente, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el objeto de conocer las causas del vertido de productos petrolíferos que tuvo lugar en abril en Huelva y que ha afectado a un kilómetro de playa del Parque Natural de Doñana, concretamente alrededor de la zona de Cuesta Maneli.

Así, en el texto de la queja, la Defensoría asegura que ha tenido conocimiento de que el pasado día 4 de abril se produjo un vertido al mar durante el transcurso de una operación de descarga en la monoboya que la compañía Cepsa tiene en sus instalaciones de Huelva. La empresa explicó que «la activación de la válvula de seguridad, que garantiza la desconexión de la manguera de descarga en una situación de sobreesfuerzo, provocó un derrame de aproximadamente unos 50 litros de producto, que se corresponde con el volumen del interior de la misma».

Además, señala que las informaciones apuntaban a que «nada más producirse los hechos, se activó el Plan Interior Marítimo, y el 5 de abril, el Plan Marítimo Nacional de forma preventiva, estando Cepsa en contacto permanente con las administraciones locales y autonómicas responsables, así como con el 112″. Por su parte, añade, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, habría manifestado que el vertido «no ha sido de una dimensión excesivamente grande y todos los medios están actuando de manera eficaz».

En cualquier caso, la institución señala que con independencia de la entidad que posea el vertido, «se trata de lugar único ya que podría afectar a la costa del Espacio Natural de Doñana, lo que exige una respuesta y la máxima coordinación entre administraciones públicas para paliar los efectos de cualquier vertido contaminante que se pueda producir«. En este contexto, Maeztu recuerda que según la Junta, la gestión y coordinación de este suceso en el mar es competencia del Ministerio de Fomento, pero al llegar a la costa ya es de la Junta, y que el consejero lamentó que «no hubiera habido comunicación oficial por parte del Gobierno al Delegado de la Junta en Huelva».

De este modo, la Oficina del Defensor explica que se dirigieron a la Consejería de Medio Ambiente para «conocer las causas del vertido y su valoración sobre la entidad del mismo, si se han adoptado las medidas para paliar sus efectos, si existe riesgo de contaminación de la costa onubense y, por último, si se han producido disfuncionalidades en el operativo creado para estas incidencias».

La Junta de Andalucía confirma que son «leves» las consecuencias del derrame de crudo de Cepsa próximo a Doñana

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, explicó que el derrame de unos 50 litros de crudo provenientes de una incidencia en la monoboya a unas 12 millas de la costa de la refinería de Cepsa con un buque que descargaba afectó «levemente en una línea muy fina» a un kilómetro de playa del Espacio Natural de Doñana, concretamente alrededor de la zona de Cuesta Maneli.

Fiscal relató que «los técnicos y personal de la empresa han estado trabajando retirando restos de hidrocarburo», así como que se ha inspeccionado desde Matalascañas hasta Mazagón para comprobar si, tras las mareas, ha podido llegar alguna cantidad más a la playa. En este sentido, ha dejado claro que «las consecuencias afortunadamente son leves», pero no le restó importancia «porque ha llegado al parque natural» aunque «parece que más allá de ese kilómetro afectado no va a haber mucho más«.

Al respecto, ha precisado que «es sabido que Doñana es frágil, por eso extremamos el celo cada vez que tenemos noticia de alguna cuestión que pueda perjudicarla y ante algún incidente que, en este caso, afortunadamente ha sido muy leve«. En esta línea, ha recordado que la Delegación de Medio Ambiente en Huelva ha abierto un expediente informativo para conocer todos los extremos. «En principio se habla de esa cantidad y veremos qué es lo que hay», apuntó el consejero.

Respecto a la polémica surgida con Madrid tras el derrame sobre si se había comunicado al Gobierno en el momento preciso, Fiscal sostuvo que «sí hubo» comunicación mientras que las competencias, cuando aún no había llegado a tierra el vertido, eran del Estado. Así se pronunció tras la petición de la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, para que rectificara sus críticas y no tratase de «ocultar los problemas de coordinación interna del Gobierno andaluz culpando a los demás»,

No obstante, ha dejado claro que la comunicación y el trabajo conjunto entre las dos administraciones en situaciones de emergencia en general y medioambientales en particular es «es muy bueno, como se ha demostrado en incendios forestales, y esto no lo va a empañar». De hecho, señaló que estuvo hablando con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, «y hablamos con el mejor tono posible entre las dos partes».

La Junta de Andalucía destina 15 millones de euros a ayudas para fomentar el autoconsumo de electricidad

EFE.- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, presentó al Consejo de Gobierno un informe sobre los incentivos al autoconsumo eléctrico incluidos en el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020, que cuentan con un presupuesto total de 15 millones de euros.

Desde que se abrió la convocatoria en mayo del año pasado, la Junta ha aprobado 502 ayudas por un importe de 11,08 millones de euros, mientras que otras 179 solicitudes se encuentran en tramitación, lo que suma un total de 681, según ha detallado el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco. Del total de las solicitudes, 328 son de particulares, 198 de empresas y 142 de entidades locales, y el 88% del total se vincula a instalaciones en edificios y el resto a procesos industriales. Estos incentivos se enmarcan en el objetivo de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 de situar el autoconsumo como responsable del 5% de toda la electricidad que se genere con fuentes renovables en la comunidad.

El informe destaca la importancia de las ayudas en marcha ante las incertidumbres generadas por la normativa estatal del denominado peaje de respaldo, conocido como impuesto al sol, que establece el pago de tasas cuando la energía generada no es suficiente para el abastecimiento y se recurre también al suministro que proporciona la red general. El desconocimiento de que estos peajes sólo afectan a aquellas instalaciones cuya potencia es superior o igual a 10 Kw ha tenido un efecto disuasorio para los consumidores domésticos, que en su mayoría no superan estos niveles, según la Junta.

Los incentivos, gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía, se incluyen en 3 líneas diferentes del Programa para el Desarrollo Energético: para la mejora de edificios (Construcción Sostenible), para el cambio de modelo en las pequeñas y medianas empresas (Pyme Sostenible), e iniciativa de eficiencia y ahorro en las ciudades (Redes Inteligentes). La horquilla de cobertura va desde el 30% de la inversión, en las instalaciones de autoconsumo de forma general, hasta un tope del 90% dependiendo de otros factores. De este modo, la intensidad de la ayuda, que para el consumidor doméstico puede llegar hasta el 45%, se eleva si el autoabastecimiento alcanza el 70% de la energía generada o si se lleva a cabo en viviendas sociales.

El Programa para el Desarrollo Energético Sostenible, en el que se incluyen las ayudas, cuenta con un presupuesto de 243 millones de euros y es una de las piezas fundamentales de la Estrategia Energética de Andalucía aprobada en 2015. Entre otros objetivos para 2020, plantea aportar con fuentes renovables el 25% del consumo final bruto (actualmente alrededor del 20%); reducir en un 25% el consumo tendencial de energía primaria; descarbonizar el consumo en un 30% respecto a 2007; autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables (actualmente 0,4%), y mejorar en un 15% la calidad del suministro.

La Consejería de Empleo de Andalucía incentiva hasta un 70% el cambio de ventanas y el aislamiento de edificios

EFE. – La renovación de ventanas, el aislamiento de edificios y la mejora de la iluminación interior contarán a partir del 23 de abril con un incremento de los incentivos concedidos por la Consejería de Empleo de Andalucía de hasta el 70% de la inversión.

Según ha informado la Consejería de Empleo, el proceso de solicitud de dichas ayudas se abrió en mayo de 2017 y, junto con las líneas pyme sostenible y redes inteligentes, componen el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La sustitución de ventanas o huecos acristalados es la actuación que más ha aumentado su porcentaje de incentivo, pasando del 20% que tenía inicialmente hasta el 60%, pudiendo alcanzar el 65% si la actuación se realiza en un edificio construido entre 1980 y 2007; y hasta un 70% si el año de construcción es anterior a 1980 y si incluye soluciones avanzadas de aislamiento térmico, que originalmente se incentivaban con entre el 35% y el 45%. El aislamiento de edificios, tanto por el interior como por el exterior, que contaban con entre un 30% y un 45%, suben hasta el 60% y el 70% de la inversión, según el año de construcción.

El cambio de ventanas y la mejora del aislamiento pueden lograr un ahorro de hasta el 80 % de la energía que se requiere para la calefacción y refrigeración, lo que supone un ahorro económico anual estimado de entre 400 y 1.000 euros.

En el mismo sentido, otras actuaciones cuyo porcentaje de incentivo ha aumentado, y con las que se busca principalmente reforzar las pymes del sector turístico andaluz, son las referidas a la iluminación interior (renovación de equipos e implantación de proyectos luminotécnicos).

Estas medidas, que pueden llevar a cabo pymes o autónomos, contarán con entre el 40% y el 55% de ayudas, en función del alcance del proyecto, teniendo en cuenta que pymes o autónomos del sector turístico y de otros sectores considerados prioritarios en la RIS3 o que usen TIC para la medición y seguimiento energético son los que optan a un mayor incentivo.

Así, según la Consejería, con el incremento de los porcentajes de incentivo se prevé mejorar energéticamente 5.000 hogares y más de 1.500 establecimientos turísticos, comerciales, de oficinas u otros centros de trabajo, lo que hará más patente el impacto y alcance de los fondos FEDER.

Desde la apertura del programa de incentivos en mayo de 2017 se han resuelto favorablemente 1.868 solicitudes, lo que supone un incentivo de 56,4 millones que conllevará una inversión de 103,7 millones.

La Junta de Andalucía autoriza acciones legales para intentar impedir los proyectos de Gas Natural Fenosa en Doñana

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a evaluar de forma conjunta de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. El recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal«. De este modo, el portavoz ha concretado que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, ha insistido en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el gabinete jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Los 4 proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona, Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.Ha recordado que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización del proyecto se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El PSOE rechaza el gas

Por su parte, el senador por el PSOE de Huelva, Manuel Guerra, remarcó el «posicionamiento claro» de la Junta de Andalucía contra el proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana y subrayó «su defensa absoluta» del medio ambiente. En este sentido, Guerra destacó que la postura de la administración regional responde a que «el Ministerio no ha tenido en cuenta los reiterados requerimientos de la Junta», la cual ha querido tener «una actitud leal» pero se ha encontrado con «la cerrazón» del Gobierno en esta materia.

Según apuntó, «la cerrazón del Gobierno no puede suponer un perjuicio para nuestra comarca». «Nosotros tenemos un posicionamiento claro de defensa absoluta del Espacio Natural de Doñana», proclamó, incidiendo en que este proyecto tendría «un impacto negativo en este territorio, hipotecándolo para el futuro». Por ello, el senador socialista reiteró que la Junta «va a poner en marcha todos los medios legales a su alcance para evitar el disparate que sería la ejecución de este proyecto en un espacio que tiene el mayor valor ambiental de todo el continente europeo».

El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».

Energía no concederá el permiso final al proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del IGME

EFE.- Mientras el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está ultimando el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de no evaluar de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicó que no concederá el permiso final para la puesta en funcionamiento del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Así respondió el Ministerio a una pregunta planteada por el coportavoz federal y diputado de EQUO, Juan López de Uralde, que hacía referencia a unas informaciones sobre que el IGME había detectado «alta peligrosidad» en uno de los almacenes de gas planteados en Doñana. En dicha respuesta se señala que «según lo previsto en la autorización, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento hasta que el propio IGME valide estos estudios adicionales. El Ministerio no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen satisfactoriamente».

Según se desprende de su respuesta, pese a la Autorización Ambiental Unificada positiva, el Ministerio condiciona la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales, de seguridad, etcétera. Desde EQUO, convencidos de que no se cumplen, han vuelto a pedir la paralización cautelar de la ejecución del proyecto Marismas Occidental, cuya primera fase está actualmente en ejecución, hasta conocer la valoración definitiva del Instituto Geológico y Minero de España.

«No tiene sentido continuar con los trabajos previos si luego la autorización no se va a conceder, no pretendan luego reclamar compensaciones por la inversión ya realizada. Lo mejor que puede hacer Gas Natural es irse de Doñana ya», ha incidido la portavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito. EQUO reclama desde el primer momento, tanto mediante la movilización en las calles como con iniciativas en las distintas instituciones, la paralización de este proyecto gasístico, para el que recientemente desde EQUO Huelva, y tras reunirse con la subdelegada del Gobierno, ha solicitado la retirada de la declaración de interés general.

La Junta prepara un recurso

«Se está ultimando para presentarlo de forma inminente», ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ha recordado que su departamento hizo un requerimiento oficial al Ministerio para que evaluara de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «a tenor de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del IGME, que alertaban de determinados peligros que no habían sido tenidos en cuenta».

«No se nos contestó y el gabinete jurídico emprendió la elaboración de ese contencioso contra la decisión del Gobierno de no evaluar de manera conjunta los cuatro proyectos de gas natural», ha explicado, tras lo que interpretó que no lo ha hecho porque si lo evaluara de forma conjunta, el proyecto «decae absolutamente«. No obstante, recordó que la norma permite a la Junta impedir que «ni un solo metro cruce el espacio natural de Doñana, lo cual invalida el conjunto» y de ahí que Gas Natural Fenosa haya hecho una reclamación patrimonial a la Junta de 359 millones de euros.