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El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

Europa Press.– La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así aparece en el dictamen de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad del regulador, aprobado junto a las propuestas de resolución planteadas por los parlamentarios. Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar la normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el CSN perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el CSN publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, para que esté basada en su capacidad.

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, cuestionó la imagen de independencia del CSN que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. «Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN», aseveró el diputado de En Comú. La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos «vacíos de contenido» y «faltos de rigurosidad», algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes «pretenden sustituir al presidente del regulador» para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, subrayó que «el 90% de las decisiones del CSN se han tomado por unanimidad», una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado. Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos. En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos.

El CSN admite el vertido de cesio en Garoña denunciado por Equo pero niega que hubiera contaminación fuera de control

Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha afirmado que conocía el vertido de cesio radiactivo hallado en junio en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y que este se produjo dentro de la central, en un área controlada, al tiempo que ha asegurado que ya se ha efectuado la limpieza del mismo.

Así se han explicado fuentes del CSN tras la pregunta parlamentaria presentada por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, para saber si el Gobierno tenía conocimiento de este suceso puesto que «al parecer no ha sido notificado» al regulador y si tiene intención de investigar lo ocurrido. Ante esta pregunta parlamentaria, fuentes del CSN han explicado que la mancha de contaminación por cesio radiactivo se encontró en los bidones de residuos y asegura que conoció el hecho «desde el primer momento» a través del inspector residente en Santa María de Garoña (Burgos).

Además, ha precisado que el vertido se produjo en una zona clasificada radiológicamente y sin acceso dentro de la central y aseguraron que «no se ha producido ninguna contaminación fuera de la planta» y que esta «no es desprendible», es decir, que está adherida y no se puede ir del lugar. En todo caso, el regulador añadió que se han tomado medidas para retirar este cesio y se procedió a limpiar la zona y se picó el suelo donde estaban estos bidones para una mayor seguridad. Por último, ha explicado que este hecho no es notificable al CSN con carácter inmediato y que la información lleva «su proceso» de modo que aparecerá próximamente en Internet.

Piden que investigue el Gobierno

La formación ecologista Equo registró en el Congreso una iniciativa a través de la cual emplaza al Gobierno a investigar un vertido de cesio radiactivo que, según Equo, se registró en el exterior de la central nuclear de Garoña. El coportavoz del partido, Juan López de Uralde, explica que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble vallado de la planta. A su juicio, este incidente «debe ser objeto de una investigación en la que se aclaren todos los extremos del mismo». Desde Equo alertan de que podría ser peligroso, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Garoña se encuentra actualmente a la espera de recibir el permiso del Gobierno para su reapertura. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el próximo mes de agosto para tomar esta decisión después de que el CSN haya emitido un informe a favor de la reactivación de la central. Este documento generó las críticas del sector ecologista, ya que el propio presidente del regulador había asegurado que Garoña no podría volver a abrir si no se hacía una inversión en sus instalaciones, unas modificaciones que la empresa responsable de su gestión, Nuclenor, no ha realizado aún.

El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos al CSN pasen un examen de expertos y se ratifiquen en comisión

Europa Press.- La Comisión de Energía ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a modificar el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) e incluir un nuevo modelo de elección de sus miembros que, aunque sigan siendo nombrados por el Gobierno, deberán pasar antes el examen de una Comisión Técnica y del Congreso.

En concreto, la formación naranja propone que esta comisión técnica valore la capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad del candidato y emita un informe. Al mismo tiempo, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Energía, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros. «En caso de que el informe previo de la comisión técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple; en caso opuesto, se requerirá mayoría absoluta para su aprobación. Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura», señala el texto.

Ciudadanos incluye otros cambios en los estatutos del CSN con el objetivo de que se obligue al organismo a retransmitir en directo las reuniones de su Pleno y la publicación de los diarios de sesiones. Además, pide que la presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato e incluir mecanismos de autoevaluación en la institución, como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

El texto ha contado con los votos a favor del PSOE, mientras que PP y Unidos Podemos se abstuvieron, alegando que no era el momento ni el escenario para debatir esta propuesta. En el caso de los populares, su portavoz en esta comisión, Guillermo Mariscal, criticó que saque el debate de la Ponencia de relaciones con el CSN que existe en el Congreso que, a su juicio, es donde se debería tratar este tema y, además, señala que este es el momento de decidir sobre el cierre o no del parque nuclear español, no sobre la mejora del organismo regulador.

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, ha reconocido que la credibilidad del CSN está «bajo mínimos» tras sus últimas decisiones pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está «incompleta» y, en su caso, cree que el problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las centrales. «Creemos que eso es la clave de la situación actual», remarcó el diputado.

Podemos pide cesar a Scharfhausen

Precisamente, Unidos Podemos ha pedido en el Congreso el cese y la reprobación del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, alegando el «debilitamiento de la cultura de seguridad, la disminución de la percepción de independencia y neutralidad del CSN en relación al Gobierno y la industria nuclear». Esta iniciativa se ha registrado en una propuesta de resolución presentada con motivo del Debate del Informe General de las actividades realizadas por el CSN durante 2014 y 2015.

Uralde subraya en esta propuesta la necesidad «urgente» del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y han instado al Gobierno a elaborar un proyecto de cierre progresivo de todas las centrales nucleares del Estado conforme a los criterios internacionales. En este sentido, la iniciativa recoge unas 50 medidas concretas para mejorar la política energética. Entre ellas, la formación destaca la necesidad de aprobar e implementar un plan de transparencia, hacer públicas las deliberaciones del pleno del CSN, elaborar un Plan General de Residuos Radiactivos que actualice la situación, entre otras propuestas también realizadas por Ciudadanos.

Unidos Podemos también cree necesario presentar ante los partidos representados en el Congreso una propuesta de revisión de la fiscalidad sobre la energía nuclear, garantizando así la internalización de los costes de la misma, en especial la gestión de los residuos, y eliminar los beneficios caídos del cielo. Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que «el CSN ha estado al servicio del Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares» y, en su opinión, «el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la credibilidad del organismo regulador.

«Por eso planteamos toda una serie de propuestas que tienen por objetivo reiniciar el CSN para que sea realmente un organismo de control y supervisión de la energía nuclear, y deje de estar al servicio de intereses ajenos a la seguridad. Para ello es imprescindible el cese de su actual presidente, responsable de la actual situación del CSN», indicó Uralde.

Podemos ve «falta de neutralidad» en el CSN, al que acusa de estar «capturado» por el Gobierno y las eléctricas

Europa Press.- Mientras Cristina Narbona critica que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña (Burgos), cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto, el grupo parlamentario de Unidos Podemos denuncia la «pérdida de independencia y neutralidad» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, a su juicio, está siendo «capturado por la política energética del Gobierno y los intereses del oligopolio eléctrico».

El portavoz de Energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que esta falta de independencia se ha visto en los informes favorables a la reapertura de la central de Santa María de Garoña y a la construcción de Almacén Temporal Centralizado (ATC) y, más recientemente, en su aprobación a la orden ministerial del cambio de plazos del Gobierno para la autorización de renovación de los permisos de las plantas nucleares. «Es una subordinación y supeditación impresentable» ha insistido Vendrell, para quien el CSN necesita «un golpe de timón» y «un cambio radical» porque, a su juicio, no se puede permitir el lujo de que un regulador esté jugando con «la salud de la gente y del medio ambiente».

Para el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, que ha denunciado que el CSN modifica la legislación para reducir de 3 a 1 años el plazo en el que las eléctricas tienen que decidir sobre cuándo pedir la renovación de las plantas nucleares, es «uno de más de los muchos hechos que se vienen produciendo en los últimos meses» y que, en su opinión, demuestran que «el CSN está entregado a los intereses del oligopolio de la industria eléctrica«.

Vendrell también se refirió a las informaciones que señalan que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se plantea la intervención de las centrales nucleares y térmicas para garantizar el mix energético nacional. «Si el ministro hiciera los mismos esfuerzos en mantener el carbón y las nucleares como con las renovables, las políticas de transición energética del Gobierno serían otras», criticó.

Narbona, Garoña y el Ministerio

Por otro lado, la última labor como consejera del CSN de Cristina Narbona ha sido denunciar que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña, cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto. Para la exministra socialista de Medio Ambiente, esta situación «no deja de ser sorprendente» ya que fue el propio titular del ministerio, Álvaro Nadal, quien se comprometió a abrir este plazo para escuchar a Endesa e Iberdrola el pasado mes de marzo, cuando se entregó el informe del CSN sobre este tema.

«Con mi voto en contra, el CSN hizo un informe favorable para la renovación sine die de la planta de Garoña y, a partir de ahí, el Gobierno tiene la capacidad administrativa de conceder la autorización después de que estudie las alegaciones, que parece que van a llegar en verano», ha explicado Narbona a su entrada a la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN en el Congreso. Allí, la exministra rindió cuentas ante los diputados responsables de esta materia de las tareas que ha asumido dentro del CSN.

“Garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica es lo que explica una serie de votos discrepantes que desde 2013 he venido haciendo», reconoció Narbona, que ha señalado que todas sus discrepancias tienen base técnica y jurídica y está ligada a los cambios y prácticas reguladoras que se han ido dando en este periodo. «Mi tarea dentro del consejo pone como prioridad que mejoremos en cultura de seguridad interna del propio organismo, por ejemplo, mejorando la gestión de discrepancias, un tema que ha generado ruido hacia afuera del consejo», concluyó.

El CSN aprueba recortar el plazo para que las centrales nucleares pidan renovar su licencia

Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por mayoría, pero con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, informar favorablemente una propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dirigida a modificar el plazo con el que las centrales nucleares han de solicitar su renovación al regulador. Con ello se acortaría el plazo de los tres años actuales hasta, como mucho, un año antes de que concluya la licencia de explotación de la planta.

Se trata de una modificación de las órdenes ministeriales por las que se conceden las autorizaciones de explotación vigentes a las centrales nucleares. En la actualidad, el plazo para pedir la renovación de la licencia de explotación tiene una fecha límite de 3 años antes de que expire el permiso en vigor pero, con esta modificación y ante el escenario de incertidumbre respecto al futuro energético nacional, los titulares de las centrales podrán solicitar la renovación dos meses después de que el Gobierno apruebe el Plan de Energía y Clima.

Según ha indicado el CSN, el texto propuesto por el Ministerio recoge «todas las modificaciones» aprobadas por el pleno del CSN en su reunión del 1 de febrero de 2017 e incorpora también una modificación administrativa por la cual el plazo para presentar una nueva solicitud de renovación de la autorización de explotación, queda supeditada a la aprobación de un Plan Integral de Energía y Clima, aunque deberá ser presentada, como muy tarde, en la fecha establecida para presentar la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS). Esto es, más o menos, un año antes de concluir la licencia en vigor.

Eso sí, la modificación propuesta mantiene la obligación del titular de presentar tres años antes de la expiración de la autorización vigente los documentos asociados a una eventual operación a largo plazo. Estos documentos son el Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10.

Las centrales nucleares más inminentemente afectadas por este cambio normativo son Almaraz (Cáceres), que con la legislación vigente debía presentar su solicitud de renovación antes del 8 de junio, y Vandellós II (Tarragona), cuya fecha límite era el 26 de julio. De este modo, estas centrales contarán con dos años más de plazo para conocer la planificación energética nacional y optar así por pedir o no una nueva renovación de su licencia, algo que, con esta modificación, podrán esperar hasta mediados de año de 2019.

Según ha informado el CSN, el texto propuesto recoge todas las modificaciones aprobadas por el pleno en su reunión de febrero. En aquella reunión, el organismo regulador propuso al Ministerio estas modificaciones con el objetivo de incorporar la nueva sistemática para realizar las Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) que se recoge en la revisión 2 de la Guía de Seguridad del CSN, GS-1.10. La revisión aprobada establece los objetivos, el alcance, el contenido, los plazos de presentación y la forma de documentar RPS de las centrales nucleares en operación, en cumplimiento de la Instrucción del CSN IS-26, de 16 de junio de 2010, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares.

Además, se incluyen aspectos específicos como el envejecimiento y obsolescencia de los equipos, la posible operación a largo plazo de las instalaciones más allá de la vida inicialmente prevista, y las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima de 2011. Del mismo modo, el CSN señaló que con esta revisión de la GS-1.10 busca cumplir la recomendación incluida en el Plan Nacional de España (NAcP) que se aprobó para cumplir el Plan de Acción aprobado por el Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG por sus siglas en inglés) una vez completadas las pruebas de resistencia como consecuencia del accidente de Fukushima.

Greenpeace critica celeridad del CSN

Por su parte,Greenpeace ha lamentado que el Consejo de Seguridad Nuclear «se dé más prisa» en atender y admitir una propuesta del Ministerio de Energía para «favorecer» a las empresas eléctricas que en aprobar cuestiones que pueden suponer una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos.»Es la misma historia de siempre», ha manifestado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

La mayor celeridad a la que se refiere Greenpeace es respecto a que también se ha aprobado el plan de acción de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima, que «sí suponen una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica» y que ha tardado siete años en ver la luz, frente a esta modificación en la que «se han dado prisa».

«Supongo que el plan de acción lo habrán hecho de forma sesuda y esto otro, que no plantea problemas, lo han hecho en pocas semanas», ironizó Montón, que recordó al CSN que su misión no es atender al Gobierno ni a las empresas eléctricas, sino proteger y mejorar la seguridad nuclear de los ciudadanos y del medio ambiente. Por ello, concluye que esto da «apariencia de arbitrariedad» en el CSN donde «parece que las cosas se hacen sin rigor a la hora de establecer prioridades».

En todo caso, admite que la reducción de los plazos no debería suponer una rebaja de la seguridad pero tanto el operador como los técnicos del CSN tendrán que «correr» para tener a tiempo las renovaciones. «Habrá que hacer los deberes más rápido y eso no siempre es lo mejor. No se entiende que se quite esa salvaguarda de tener el tiempo necesario para hacer las cosas con los mínimos que ellos mismos habían establecido», señaló la portavoz de Greenpeace.

Similar es la opinión de la formación ecologista Equo, cuyo coportavoz Juan López de Uralde, ha calificado de «gravísima» la decisión del órgano porque, a su juicio, «permite que las empresas eléctricas sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más». «Se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social, ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos que ese alargamiento suponga para el medio ambiente y las personas», ha apuntado, antes de recordar que esta modificación llega días antes de que venza el plazo para que la central nuclear de Almaraz solicite alargar su vida útil por encima de los 40 años.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, Josep Vendrell, también se ha pronunciado insistiendo que el CSN ha tomado una decisión «hecha a medida de los intereses de las grandes eléctricas», que pretenden alargar la vida útil de las nucleares «en las mejores condiciones económicas para garantizar los altos beneficios que generan dichas centrales para el oligopolio».

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

Las organizaciones ecologistas denuncian el «hachazo» presupuestario al Medio Ambiente, que creen que «no es una prioridad para el Gobierno»

Europa Press.- Las organizaciones ecologistas lamentan el «nuevo retroceso» presupuestario que tendrá el medio ambiente en 2017 y que evidencia que esta materia «no es una prioridad del Gobierno» ya que, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos del Estado, tendrá un «hachazo» en su asignación del 8,1%, de modo que contará con 1.723 millones de euros.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha criticado la ausencia de toda mención a la fiscalidad verde. Precisamente, considera que los Presupuestos Generales del Estado son «tan rácanos» por la «baja tasa fiscal» y lamenta que el Medio Ambiente acumule un descenso del 75% respecto a los de 2011. Además, González reconoce que esperaba que el Gobierno iniciara una política de fiscalidad verde a través de la eliminación de las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha censurado el descenso presupuestario que supone «un nuevo recorte» que se suma a la disminución de un 70% en estas partidas en la última década. «Queda claro que el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno», ha sentenciado. En general, ha advertido de que el proyecto presupuestario presentado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta «muchas carencias» en áreas como residuos o calidad del aire. «No se justifica la importancia del medio ambiente en la pequeña asignación que le han dado», ha apostillado.

Desde Greenpeace, también han criticado el «hachazo» presupuestario a la lucha contra el cambio climático y advierte de que con esta cuantía la «anunciada» Ley de Cambio Climático nacerá sin capacidad ejecutiva. La ONG critica que el Gobierno antepone las indemnizaciones a las eléctricas a la reducción del déficit de tarifa, que se carga a los consumidores, y evidencia su «desinterés» por el cambio climático. El «hachazo» de esta partida en 2017 prevé una partida de 27,64 millones de euros, un 45,6% menos que los 50,85 millones de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático se presupuestan 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos.

A este respecto, la responsable de la campaña de cambio climático de la organización, Tatiana Nuño, lamenta la «señal política muy negativa de falta de compromiso» para cumplir con el Acuerdo de París «justo cuando se necesita mostrar más fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump» y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables. Por ello, exige al Ejecutivo «coherencia» para dotar económicamente la ley de Cambio Climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de diciembre.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha valorado de forma preliminar los presupuestos presentados para 2017 y advierte de que las partidas presupuestarias que se destinarán a medio ambiente «difícilmente» permitirán cumplir los objetivos. «Es triste comprobar cómo en menos de 10 años el presupuesto se ha visto reducido en un 70%. Un año más el medio ambiente da una merma en sus presupuestos», lamenta.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, denuncia el «hachazo» en partidas clave como biodiversidad y cambio climático. «Ya estábamos en niveles de país de tercera fila, pero esto no se corresponde con los compromisos internacionales de España ni con el país de mayor biodiversidad de Europa», denuncia.  A su juicio, este Ministerio está «infrafinanciado» mientras la biodiversidad «se va de las manos» y empeora «año tras año».

Por su parte, el partido verde Equo considera que con este «enorme recorte» medioambiental, el Gobierno obvia las consecuencias que tiene el cambio climático para España. Así, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado que «importan los hechos, no las palabras» y que las prioridades políticas se demuestran «poniendo recursos» económicos. «Este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el grave problema del calentamiento, que sin duda aún supondrá un coste aún mayor», ha apostillado.

López de Uralde (Equo / Unidos Podemos): “Ya no quedan excusas para reabrir la central nuclear de Garoña”

EFE.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, asevera que «ya no quedan excusas para reabrir» la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña y ha pedido al Gobierno de España que decrete de forma inmediata su cierre. López de Uralde ha recordado que en las últimas semanas la oposición política y social contra Garoña «no ha dejado de ampliarse y manifestarse» y añade que además ahora se sabe que su continuidad «económicamente es inviable».

«Las afirmaciones de representantes de Nuclenor, propietaria de la central, reconociendo que la continuidad de Garoña es inviable económicamente debería ser justificación concluyente para el cierre definitivo de la instalación», considera López de Uralde. Varios diarios han informado de que Nuclenor, sociedad compartida al 50% por Iberdrola y Endesa, debería asumir una inversión de 205 millones añadidos a los 330 millones inyectados desde 2013 para volver a reabrir la central, lo que hace «inviable» la operación económicamente. López de Uralde ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que «no dilate más» la situación de Garoña y cierre definitivamente esta central.

Endesa advierte a los diputados que suprimir las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro

EFE.- El director general de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, subrayó en el Congreso que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Durante su comparecencia, a puerta cerrada, Moreno aseguró que prescindir anticipadamente de las nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según fuentes que asistieron a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. En su opinión, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad. Además, ha explicado Moreno, la sustitución de la energía nuclear por centrales térmicas (de carbón o gas natural) supondría un incremento cercano al 50% en las emisiones de CO2, unos 28 millones de toneladas al año, un efecto que ya se aprecia en Alemania, que renunció a las plantas nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en marzo de 2011.

El directivo de Endesa subrayó que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto. Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

Moreno ha explicado que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26% y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros. Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones. Esta cifra tan elevada se debe, según Moreno, a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares. Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales. Sobre el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Moreno ha dicho que, en ocasiones, plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.

Operar hasta los 60 años

Según algunos diputados, los directores de energía nuclear de las empresas Endesa e Iberdrola (Francisco López), operadoras ambas de centrales atómicas, mostraron su convencimiento de que habrá alargamiento de la vida útil de las plantas hasta «al menos» los 60 años. «Han dado por sentado que explotarán las centrales como mínimo hasta los 60 años», ha señalado la portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, que indicó que ambos responsables empresariales han abierto incluso las puertas, en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados, a operar las centrales más allá de esos 60 años.

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están «convencidos de que las centrales pueden operar 60 años». Ambas empresas han reclamado a los parlamentarios «certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus inversiones«. Las centrales nucleares españolas, en la actualidad hay 5 plantas operativas y 1 en parada segura (Garoña), fueron diseñadas con una vida útil de 40 años, sin embargo, la legislación no establece un calendario de cierre de las plantas a medida que vayan cumpliendo esos años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo, pero finalmente acabó eliminando la referencia temporal e indicando que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre actualmente Respecto a la reapertura de Garoña, central operada por Endesa e Iberdrola al 50%, los representantes de ambas empresas han señalado que están pendientes de la autorización del Gobierno para tomar una decisión. Según las mismas fuentes, los portavoces de las empresas también han manifestado a los parlamentarios que les gustaría participar en el próximo plan de residuos nucleares que tiene pendiente elaborar el CSN.

También compareció el director de la central de Garoña, Miguel Ángel Cortés, quien ha dicho que «los informes de todas las evaluaciones a las que se ha sometido la planta en los últimos diez años ponen de manifiesto que no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central«. Cortés ha recordado que el regulador, el CSN, «ha aprobado la viabilidad de las instalaciones para operar con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones tras una rigurosa y exhaustiva evaluación». Según Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre.

Ha comparecido también Marcel Coderch i Codell, exvicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y experto en energía nuclear, quien señaló respecto a la afirmación de Endesa de que las centrales no están amortizadas, que «eso depende de lo que incluyas en la amortización». Coderch i Codell aseveró que las nucleares son un buen negocio para las eléctricas en tanto que ni tienen que asumir la gestión de los residuos ni los costes de un potencial accidente nuclear.

El PP apoya a Rodríguez Martí como secretario general del CSN, Podemos se opone mientras PSOE y Cs se abstienen

Europa Press.- La propuesta de nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha salido adelante en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso con el voto en contra de Podemos, la abstención de PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que ha votado a favor de la propuesta, remitida al Congreso por el Consejo de Ministros.

Previamente, durante su comparecencia, Rodríguez Martí, ha defendido su idoneidad y su falta de conflicto de intereses, de acuerdo con la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En la votación, Unidos Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según explicó su portavoz, Juan López de Uralde (Equo), lleva «meses» denunciando la situación de divergencia en el CSN entre lo que dicen los técnicos y lo que dictamina el pleno. Además, cuestionó este nombramiento porque Rodríguez Martí ha sido el coordinador del dictamen emitido por el CSN favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Su nombramiento es parte del problema, no de la solución», sentenció Uralde.

Por su parte, Cs y ERC se han abstenido, igual que el PSOE, por el «perfil técnico» de Rodríguez Martí pero, según han precisado fuentes del grupo parlamentario socialista, no están de acuerdo en cómo se ha hecho su nombramiento. En todo caso, el PSOE le confiere «el beneficio de la duda» al nuevo secretario general pero reclama la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, también para explicar la propuesta y «asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con el expediente de Garoña».

El 30 de noviembre de 2016 el CSN aprobó por unanimidad la propuesta de Manuel Rodríguez Martí, entre los cuatro candidatos que se valoraron, para suceder en la Secretaría General del CSN a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Hasta ahora Manuel Rodríguez Martí era ejercía en su cargo de subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.