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Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la Ley de Cambio Climático y los socialistas apelan a su «calidad»

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su Ley de Cambio climático. «Se ha perdido una legislatura», ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la «calidad» del texto.

El grupo confederal ha llevado al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de energías renovables. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.

López de Uralde criticó que los socialistas hayan presentado su paquete energético, en el que se incluye su ley, al acabar la legislatura. A su juicio, es «demasiado poco y demasiado tarde» para los compromisos que el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa. El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya «brutales» y que la ciencia ha pedido de forma «clara y contundente» reducir las emisiones de aquí a 2030.

Evitar la celeridad al regular

Su homólogo socialista, Marc Lamuà, ha respondido a López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con «cajones vacíos» de iniciativas del anterior Ejecutivo y decidió «arremangarse», creando las leyes que hacían falta de manera «inminente», pero «con responsabilidad» y «con la calidad que un Estado como España debe tener«. Lamuà ha denunciado que, en estos casos, es necesario evitar la «celeridad chapucera» que pueda llevar a «un resultado mediocre».

Por su parte, el PP se mostró crítico con los morados. La diputada de los populares, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea «alternativas» para que España «siga funcionando» con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.

Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde «no es de fiar» por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con «sectarismos y demagogia». Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido además a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.

Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una «mera declaración de intenciones». También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.

Las organizaciones ecologistas ven con «estupor» la «extralimitación» de Martí Scharfhausen por pedir paralizar la renovación del CSN al Congreso

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Europa Press.- Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de «peculiar» e «inédita» la carta remitida por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pide aplazar la elección de los nuevos miembros del pleno del organismo regulador para evitar el nombramiento del candidato propuesto por Unidos Podemos, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

A Ecologistas en Acción le ha causado «estupor» leer la misiva porque no considera que ser «crítico con las nucleares» inhabilite a Castejón para garantizar la seguridad nuclear y se plantea más bien lo contrario, si los españoles pueden estar «más tranquilos» porque la mayor parte de los consejeros sean «abiertamente pronucleares, especialmente tolerantes y poco críticos» con ciertas situaciones. Además, acusa a los miembros del pleno de en ocasiones poner «aparentemente» los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema.

En este contexto, ve en la propia carta una «prueba más» de la urgencia de la renovación del CSN porque considera «de suma gravedad» sus acusaciones. «Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida», lamenta. Para la ONG, la «insinuación» realizada por Scharfhaussen de que Castejón está «en litigio contra el CSN no se sostiene», porque sus declaraciones representan a la organización Ecologistas en Acción y no a una «persona concreta». Además, considera que no se puede poner en cuestión la «cualificación y solvencia técnica» de Castejón.

Por ello, considera que su incorporación al CSN por su «visión» debería ser «casi obligada» en un órgano «asesor» que debe buscar «equilibrios y proteger adecuadamente» la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear. Ecologistas agradece a Castejón sus años de trabajo altruista porque nunca ha mantenido una relación «remunerada, laboral o profesional» sino que su participación fue un «ejercicio activo» de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación.

Greenpeace va más allá y denuncia el «grave intento» de Martí Scharfhaussen de «usurpar las funciones del Parlamento» y ha anunciado si esta actuación de «extralimitarse» en sus competencias es constitutiva de delito porque no considera que sea función de Scharfhaussen asesorar al Congreso o a su Presidencia sobre los nombramientos de miembros del regulador. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, miembro también del Comité Asesor del regulador nuclear, cree que Fernando Martí ha mostrado «de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos».

Así, recuerda que desde hace año y medio está reprobado por el Congreso de los Diputados y que la idoneidad del nombramiento de los miembros del pleno del CSN corresponde al Congreso de los Diputados, según la ley de creación del CSN. Finalmente, acusa al presidente de usar su cargo «por encima de las funciones» que tiene atribuidas y le acusa de falta de independencia.

Equo pide una nueva reprobación

Por su parte, Equo, formación que pertenece al grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, pidió en el Congreso la reprobación del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, por «interferencias» en la renovación del regulador, en referencia a la polémica carta. Equo considera que la actitud de Scharfhausen es «una maniobra para interferir en las decisiones» y una «extralimitación de las funciones que debe tener la presidencia del organismo». Asimismo, recuerdan que el presidente del regulador ya fue reprobado «por su mala gestión del organismo» en 2016 y 2017 pero, a su juicio, esta actuación «tratando de frenar la renovación del CSN supera su nefasta gestión”.

«Se da la circunstancia de que Martí fue Secretario de Estado con el PP, partido que lo nombró. A diferencia de Francisco Castejón, que es doctor en física nuclear, Martí no tenía ninguna experiencia previa en materia nuclear», ha apuntado el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos y diputado de Equo, Juan López de Uralde. En su opinión, el nombramiento de Martí Scharfhausen fue «estrictamente político», por ello, le preocupa que esté utilizando argumentos «puramente ideológicos» contra una persona que es «técnicamente solvente», para tratar de frenar la renovación del CSN. «Está interfiriendo gravemente en la actividad del Congreso, tratando de sustituirlo. Su actuación es disparatada» ha concluido Uralde.

Ciudadanos pide un informe jurídico

Por otro lado, Ciudadanos ha presentado un escrito en el Congreso solicitando a los servicios jurídicos de la Comisión para la Transición Ecológica un informe sobre la legalidad del procedimiento de renovación del CSN y, en concreto, por un posible conflicto de intereses del candidato ecologista promovido por Unidos Podemos. Según fuentes de la formación naranja, esta iniciativa es también consecuencia de la polémica carta de Martí Scharfhausen. Las mismas fuentes han explicado que esta propuesta no tiene que ver con los perfiles presentados y pactados por el Gobierno, sino con el sistema de renovación del Consejo, basado en el nombramiento «a dedo» del organismo.

Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

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Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

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Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

El presidente del CSN pide «mimar» a sus técnicos y critica que desde Hacienda no les dejen viajar en business

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Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha defendido en el Congreso la labor de su equipo durante sus 6 años de mandato y ha pedido especialmente que «mime» a sus técnicos, «reconocidos internacionalmente«, y a quienes Hacienda, según ha explicado, no permite volar en business.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, para informar sobre las actividades del CSN en 2017, Martí Scharfhausen pidió respeto por los trabajadores del regulador que, según han explicado, «están mal pagados con respecto al sector», «trabajan los fines de semana desde casa» y viajan de forma voluntaria a países como Japón o México, para estudiar o informar en materia nuclear.

En este sentido, ha pedido a los diputados que mejoren los trayectos de aquellos técnicos de más de 60 o 65 años que realizan estos largos viajes y que, por decisión de Hacienda, ya no pueden hacerlo en clase business. «Lo hemos intentado por todos los medios», ha reconocido el presidente del CSN, antes de invitar al Congreso a hacer algo al respecto porque «son personas que merecen la pena».

En su intervención, también ha destacado el «respeto» que existe en el pleno del CSN a pesar de las diferencias políticas. «Cristina Narbona y yo hemos tenido momentos complicados, pero nunca ha habido una voz malsonante, ni nos hemos faltado al respeto«, apuntó. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que la labor del organismo se haya hecho siempre desde la unidad del Pleno.

Estas declaraciones del presidente del Consejo han sido su respuesta a la intervención de la portavoz del PSOE en esta comisión, Patricia Blanquer, quien ha criticado el paso de Martí Scharfhausen al frente del CSN durante su mandato, que ahora termina. A su juicio, su presidencia ha sido «controvertida» y «cuestionada» por decisiones como el informe de no cerrar la central de Garoña «a pesar de que no cumplía los requisitos de los técnicos«, el informe favorable a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuando «no estaba despejadas las dudas técnicas», o la modificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), entre otras.

Crítico con la labor del regulador también ha sido el representante de Ciudadanos, Vicente Ten, que, si bien ha destacado mejorías en algunos aspectos con respecto a años anteriores, sí ha denunciado «carencias» en relación a la independencia del organismo, transparencia, o neutralidad. En este sentido, Ten se ha referido a la formación del pleno que, a su juicio, está monopolizada por los partidos algo que, ha aclarado, no está en las intenciones de Ciudadanos. Ten ha recordado cómo, «de manera vergonzosa», el Gobierno aprobó una propuesta de nombramientos para renovar el CSN tras «un acuerdo oculto» con Unidos Podemos.

Martí Scharfhausen se ha desvinculado de esta propuesta, al ser preguntado por ella, señalando que en su puesto, por ley, no se le permite hablar de política nuclear. Sin embargo, las declaraciones de Ten abrieron un cruce de acusaciones por parte de las formaciones. Desde el PP, su portavoz José Alberto Herrero Bono, ha acusado al PSOE de «politizar» el organismo y permitir que éste no represente la realidad parlamentaria y difiera, por tanto, del sentir mayoritario de los españoles. Además, criticó que uno de los consejeros propuestos, el candidato de Unidos Podemos y responsable de la política antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaya a formar parte del regulador cuando está en contra del uso de esta energía.

Para el portavoz de Medio Ambiente de los morados, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el PP está vetando a una persona «sólo por ser ecologista», una postura que, a su juicio, es «anticonstitucional». «Está usando ese veto hacia una persona con un currículum intachable», ha recriminado Uralde a su homólogo popular, para aclarar que Castejón es físico nuclear y que, además, «lucha por la defensa del planeta».

Por otra parte, el presidente del CSN ha explicado que en 2017 se notificaron 44 sucesos de los que sólo 1 se clasificó como nivel 1 en la escala INES y el resto se clasificó fuera de escala (nivel 0). Del mismo modo, ha apuntado que en 2017 se han emitido 4 apercibimientos: a Ascó por incumplimiento de la Autorización de Explotación vigente en relación con la gestión y control de los residuos radiactivos; a la planta de Trillo por incumplimiento de las instrucciones relacionadas con modificaciones de diseño e inspección en servicio; a Vandellós II y Garoña por incumplimiento en la Protección Contra Incendios (PCI). Por este motivo se propuso la apertura de un expediente sancionador a Vandellós II.

Dentro de su exposición del informe, Martí Scharfhausen también destacó que se aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022, tomando en consideración las novedades en el entorno nacional e internacional y en el seno del propio CSN, así como los principales retos a afrontar en el entorno regulador a corto y medio plazo. Del mismo modo, según ha indicado, se han implantado distintas actividades relacionadas en el eje de la transparencia, como un Plan de comunicación para reforzar la credibilidad y la confianza en las actuaciones del Consejo; o un refuerzo de la cultura de seguridad del Consejo, que se ha plasmado en la publicación de la política del CSN sobre Cultura de Seguridad.

Sánchez certifica el 2040 como fecha límite para la venta de coches que emitan CO2 mientras Ribera reivindica su trabajo

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pide mantener el debate sobre su propuesta para la transición ecológica tras las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros descarbonizado.

En la presentación del paquete de medidas de energía y clima, con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar España «como líder en las energías y tecnologías limpias» que dominarán la próxima década, Sánchez afirmó que no se está «proponiendo nada caprichoso, sino necesario». El presidente del Gobierno aseguró que este objetivo de un parque de vehículos sin emisiones constituye «una enorme oportunidad» para la industria automovilística, que debe «liderar este cambio». «Es una industria importantísima para nuestro país», subrayó.

Así, afirmó que es necesario «adoptar un marco claro» para que sea la industria del automóvil en España, «la que está ubicada en nuestro país y nuestros trabajadores, la que se beneficie de esta ola de cambio». Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, en el que venía ya recogida esa fecha límite de 2040, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla «excesiva» y que «socavaba los principios de libertad y progreso». Asimismo, el sector petrolero demanda que se respete la neutralidad tecnológica para abordar la transición energética, ya que el vehículo eléctrico no es una «solución única» para alcanzar los objetivos de descarbonización.

La ministra reivindica su propuesta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha cuestionado la tardanza del Ejecutivo en presentar una norma de Cambio Climático que había prometido para antes del pasado mes de agosto. En su intervención, López de Uralde se ha cuestionado el por qué el Gobierno presenta este marco ahora, ya en campaña electoral, cuando «ha tenido 8 meses» para trabajar en el texto. El diputado preguntó, entonces, por posibles «presiones» de algunos sectores que hayan frenado que se aprobara esta nueva norma.

«No hay pactos ocultos, no hay manos negras», aseguró la ministra, quien ha indicado que su trabajo ha sido «serio» y, por tanto, ha incluido la transformación y la petición de cambios en otros departamentos como los de Energía, Agricultura o Educación, necesarios para «transformar el conjunto de la economía» del país. Según ha apuntado, este trabajo llega en la fecha «prevista» y pidió que su debate «se mantenga» para poder trabajar en el Congreso con el resto de grupos y se pueda «enriquecer». Así, ha llamado también a que este Plan del Ejecutivo socialista sea tenido en cuenta por el «siguiente Gobierno» y que éste cuente «siga con la secuencia» dejada por su Ministerio.

«El debate está lanzado la sociedad y la sociedad lo entiende. Y este paquete protagonizará el debate público que está por venir en los próximos meses», ha indicado, para señalar que este texto se llevará a la Cámara para su debate «en cuanto quede constituida a partir de las elecciones de abril». Durante su intervención, ha adelantado algunos puntos que han marcado la propuesta para la transformación ecológica y económica de España, como que se espera una creación anual de empleo de más de 200.000 personas, especialmente en sectores de la industria y la construcción, y ha asegurado que «reducirá los riesgos» de carácter ambiental.

«Es imposible pensar en cómo transformar económicamente el país si no contamos con un plan sólido y flexible para integrar las ventajas en el proceso», ha indicado, para añadir que «este es el propósito de la esta estrategia». También ha destacado que se ha contado con todos los marcos posibles, en cuanto a la implicación de las diferentes administraciones en políticas relacionadas con el cambio climático. Esta, según la ministra, también ha sido uno de los motivos que ha retrasado la presentación de esta iniciativa.

López de Uralde ha urgido un nuevo modelo energético «ambicioso» y ha reprochado a la ministra que no haya habido diálogo con los grupos sobre el calendario de cierre de centrales. En este sentido, ha acusado a la ministra de realizar un diálogo monodireccional con las eléctricas. El diputado de Equo también ha cuestionado a Ribera sobre el decreto ley del Gobierno que facilita el autoconsumo y le ha pedido que se apruebe en Consejo de Ministros. «Honestidad y claridad», exigió a la ministra, antes de recordar que tienen la «obligación» de dejar un planeta mejor a las nuevas generaciones.

Javier Dies, consejero del CSN, defiende que su nombramiento por iniciativa del PP se realizó de acuerdo a la legislación

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Europa Press.- El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies, ha defendido tanto el proceso en que transcurrió su nombramiento así como su capacidad para el cargo en el regulador nuclear después de que el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, dudase de la legalidad de ese procedimiento y denunciara que no hay base jurídica para retrasar la renovación del CSN, según solicita el PP, al que acusa de buscar retrasar los nombramientos.

La polémica surge después de que el Congreso haya recibido la propuesta del Gobierno de nombrar como consejeros a Elvira Romera y Pilar Lucio a propuesta del PSOE, Josep Mª Serena, a propuesta del PdeCat, y a Francisco Castejón, en representación de Unidos Podemos. Al disolverse la Cámara el 5 de marzo, no hay opción a que la Comisión para la Transición Ecológica elabore un escrito razonado pronunciándose sobre los nombramientos. En este contexto, Uralde comparó esta situación con el proceso de nombramiento de Javier Dies, quien no logró el respaldo de tres quintos exigidos.

Tras las críticas y comparaciones, el consejero «puntualiza» que su propuesta como candidato se aprobó el 11 de septiembre de 2015 y que se comunicó al Congreso de los Diputados 3 días después. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación del CSN, el Gobierno nombrará a la persona propuesta para el cargo después de su comparecencia en Comisión en el Congreso tras el acuerdo de tres quintos de sus miembros, que manifestarán su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes desde que se reciba la comunicación del Gobierno.

Si pasado un mes el Congreso no se ha manifestado de forma expresa, entonces se entenderá que los nombramientos son aceptados. Díes recuerda que tanto su comparecencia como la votación en la Comisión parlamentaria se realizó el 29 de septiembre por 23 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones. Finalmente, su nombramiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre posterior. Dies defiende así que el tiempo que transcurrió desde la comunicación al Congreso hasta su nombramiento fue de «un mes natural más dos días» de acuerdo con la ley.

El consejero sustituyó a Antonio Gurguí, quien había sido propuesto por el extinto CiU y que finalizó su responsabilidad 7 meses después de que venciera su nombramiento. Con su nombramiento, el consejo del regulador nuclear, que cuenta con 5 consejeros, pasó a estar compuesto por 3 consejeros (incluido el presidente) propuestos por el PP, Fernando Marti, Fernando Castellón y el propio Dies, y otros dos propuestos por el PSOE, entonces Cristina Narbona y Rosario Velasco.

El consejero Javier Dies es doctor Ingeniero Industrial y Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde donde ha coordinado el grupo de investigación de ingeniería nuclear, ha sido vicepresidente de la European Nuclear Education Network (ENEN) desde el año 2013 al 2016 y ha colaborado en 13 misiones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entre 2004 y 2005 fue secretario de la Cátedra Argos de Seguridad Nuclear auspiciada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de 1995 a 2002.

El Gobierno «no duda» sobre las propuestas del horizonte 2040 pero Equo les acusa de ceder ante la industria automovilística

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Europa Press.- Equo ha acusado al Gobierno de ceder ante «las presiones de la industria del automóvil» por eliminar la fecha de prohibición para la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2, que en un primer momento se había establecido para 2040. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no tiene ninguna duda» de que la fecha para la prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos debe ser 2040.

Ribera reiteró la importancia de fijar una fecha de referencia «para dar estabilidad y fijar el proceso de transformación de la industria», y subrayó que para el Gobierno 2040 es «la mejor fecha». La titular de Transición Ecológica destacó que esa fecha está respaldada por las señales que han dado en esa dirección tanto la Comisión Europea, «incluido el comisario de Energía, que hizo comentarios un poco confusos en voz alta», como Francia, un país con «potencial industrial asociado al automóvil y sede de dos de las casas automovilísticas más importantes, como Renault y PSA».

Ribera señaló que «es imposible» abordar una estrategia de descarbonización «seria» sin afrontar que todos los coches nuevos en 2040 «deberán ser cero emisiones». No obstante, defendió la «neutralidad tecnológica» ya que en ese horizonte es imposible saber qué tipo de vehículos habrá. «Pero sí la referencia de que deberán ser cero emisiones», apuntó. La ministra afirmó que la industria está en una transformación «muy profunda a escala global», por lo que los gobiernos deben acompañar en ese proceso para que la industria europea «no pierda ese tren», pero «sin olvidar el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de clima».

«Es un sector importantísimo desde el punto de vista del empleo, del peso industrial y de la salud y del riesgo asociado al cambio climático», añadió. Asimismo, consideró que el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se trata de un documento de trabajo abierto y en el que el Gobierno está «ocupado», pero que en ningún momento existe «ninguna decisión concreta».

Devolverá peajes a la CNMC

Por otra parte, Ribera confirmó que el Gobierno devolverá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de 2019 la potestad para fijar los peajes de la luz y del gas, unas competencias que le fueron arrebatadas por el anterior Ejecutivo y que había provocado que existiera la amenaza de sanción por Bruselas. «Lo que hemos hecho ha sido trabajar con la propia CNMC para poder entender cómo dábamos una solución a la práctica habitual de nuestro ordenamiento y nuestras instituciones. Es lo que es compatible con el marco comunitario», explicó.

Ribera reiteró que pronto se dará a conocer la senda que el Gobierno cree «más adecuada» para conseguir ese objetivo de descarbonización y afirmó que la transformación del sector eléctrico de 2021 a 2030 movilizará «algo más de 100.000 millones de euros. La ministra subrayó que la transición energética presenta «grandes desafíos», pero también ofrece «grandes oportunidades» que deben incluir la referencia de la solidaridad y «el trabajo serio y comprometido desde el Gobierno para que estos años convulsos se conviertan en años de prosperidad».

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aprovechó para pedir a la ministra que en esa hoja de ruta que se está diseñando para la transición energética se recoja un entorno «claro» y que se «pueda escuchar» a las empresas antes de tomar las decisiones. «Estamos para respetar las reglas del juego y sólo pedimos que sean claras y un entorno estable», indicó.

El directivo reiteró la necesidad de escuchar a las empresas antes de tomar las decisiones, «que son del Gobierno», para que esa «ambiciosa» ley pueda contemplar los diferentes puntos vista. Así, el ejecutivo de Naturgy indicó que estamos ante la «gran transformación» para el sector en los últimos años, en la que las compañías deberán adaptarse a un entorno «cambiante».

Equo habla contra el Gobierno

Según indicaron desde la formación ecologista integrada en el Congreso en el grupo confederal de Unidos Podemos, el borrador del decreto ley de medidas urgentes contra el cambio climático deja sin fecha esta prohibición, algo que lamentan como un «paso atrás» del Ministerio para la Transición Ecológica. «Consideramos que es un error y que obedece a las presiones de la industria del automóvil, una vez más, sin tener en cuenta los beneficios que tendría para la sociedad en general», apuntó el diputado de Equo, Juan López de Uralde, tras conocer el contenido de este borrador.

«La mayor parte de la producción de coches en España se exporta, y por tanto nuestra industria debe estar preparada cuanto antes para el cambio que se está produciendo ya», ha apostillado, recordando que la Comisión Europea contempla este límite de 2040, con el fin de establecer un futuro de cero emisiones en 2050. De esta forma, España no estaría en condiciones, según esta formación, de alcanzar los acuerdos de París, y pide al Gobierno que asuma este escenario. «No tiene sentido eliminar la fecha en el Decreto para ponerla después», criticó López de Uralde.

«Lo que hay que hacer es comenzar cuanto antes la transformación para que el impacto sea el menor posible en los puestos de trabajo. Sin olvidar que también es una oportunidad», ha concluido el diputado verde. Por su parte la coportavoz de Equo, Carmen Molina, ha subrayado la necesidad de «avanzar hacia políticas valientes que realmente supongan un impacto claro en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). «Tenemos que adoptar medidas contundentes y rápidas, ya nos hemos demorado demasiado tiempo», afirmó.

Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

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Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

Iberdrola coincide con el IPCC de la ONU en la «necesidad» de limitar el calentamiento a 1,5ºC con políticas «robustas»

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Europa Press.- Iberdrola considera que el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) es un «elemento básico y sustancial» de cara a la próxima cumbre del Clima y coincide con el grupo de expertos en la «necesidad» de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados (ºC) frente al objetivo actual de 2ºC y considera que algunas herramientas para lograrlo pasan por una fiscalidad adecuada y políticas «climáticas robustas».

La compañía eléctrica considera que el informe del IPCC es un «elemento básico y sustancial» para consolidar con éxito la fase política del Diálogo de Talanoa en la Cumbre Climática de Katowice de diciembre de 2018 (COP24). Además, Iberdrola comparte «la visión» del IPCC sobre la «necesidad» de avanzar hacia un escenario de 1,5ºC, su viabilidad y las oportunidades asociadas en términos de mejoras de crecimiento económico, desarrollo industrial y de calidad del aire. En este contexto, apoya «firmemente» el desarrollo de estrategias climáticas de largo plazo para alcanzar economías con emisiones netas «nulas» y marcos de políticas climáticas robustos.

En concreto, Iberdrola afirma que la fiscalidad y los instrumentos del precio de carbono deben estar basados en el principio quien contamina, paga y juegan un papel «central». En su opinión, la eficiencia energética debe lograrse «principalmente» a través de la electrificación de usos finales, como el transporte eléctrico, las bombas de calor, la iluminación LED, así como con el desarrollo de energías renovables. Del mismo modo, observa que las políticas y los planes sectoriales deben ayudar a superar las actuales barreras a la descarbonización.

Para ello, considera que es urgente actuar para alcanzar un pico de emisiones «lo antes posible» y una senda de reducción de emisiones que asegure que el incremento de la temperatura a final de siglo se sitúe «sensiblemente» por debajo de los 2ºC. Asimismo, Iberdrola manifiesta su convencimiento en que «todos» los sectores, tales como el transporte, edificación o la industria, deben acelerar su transición hacia la descarbonización para cumplir con ese escenario. Igualmente comparte la visión sobre el «importante papel» del sector energético y, en particular, de la electricidad como la «principal vía» para descarbonizar los usos finales de la energía tanto en transporte, como en edificación e industria.

Por último, Iberdrola cree también «oportuno» tener en cuenta la «elevada incertidumbre» asociada al papel que pueden jugar las tecnologías de captura de CO2, ya que el informe del IPCC les otorga un papel «muy relevante» y señala que la «efectividad de estas técnicas no está probada a gran escala«. Si bien, aunque la empresa pone la vista en el largo plazo, insiste también en que las acciones de corto plazo deben ser «prioritarias» debido a la «gravedad del problema y su ritmo de agravamiento».

Unidos Podemos reclama un plan

Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno en el Congreso un «plan de choque para revertir los daños irreparables» del cambio climático de los que han advertido el IPCC de Naciones Unidas. Según este texto, está previsto que las temperaturas aumenten hasta 1,5ºC entre 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen en marcha una serie de medidas a nivel internacional. En este sentido, los expertos han aseverado que la limitación del cambio climático «tendría beneficios claros para las personas y los ecosistemas naturales y podría ir acompañada del afianzamiento de una sociedad más sostenible y equitativa».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde, ha señalado, en este sentido, que la posición geográfica de España en la región Mediterránea es una de las más expuestas al cambio climático y hace al país «especialmente vulnerable» a este fenómeno. López de Uralde también recuerda en la iniciativa que la ministra para la Transición Ecológica ya informó que la calidad del aire ha empeorado en 2017, con respecto a los niveles de 2016, y que ha aumentado el número de zonas y poblaciones donde se han superado los niveles límite de dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión (PM10) han aumentado.

Ante esta situación, el coportavoz de Equo apremia al Ejecutivo a presentar el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometido por la ministra para antes de que acabe el año y también medidas para que entre el 70% y el 85% de la electricidad global sea de origen renovable, tal y como el IPCC propone para 2030.