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Unidos Podemos quiere que el inspector de la nuclear de Almaraz explique en el Congreso su cese desde el CSN

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado en el Congreso la comparecencia del exinspector residente de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Carlos García, que fue cesado hace un mes por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para que explique en sede parlamentaria las razones de su actual situación. Según ha explicado el portavoz de Medio Ambiente de la formación morada, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, esta petición llega ante la «preocupación» que le genera la seguridad de la planta.

Fue en diciembre cuando el CSN decidió cesar de su cargo a García «sin dar ninguna explicación al respecto», según denuncia Unidos Podemos. A juicio de la formación, tampoco aclaró esta situación «de forma convincente» el presidente del regulador, Fernando Martí, cuando fue interpelado sobre este tema por el propio Uralde durante la Comisión de Energía de la Cámara Baja. El diputado advierte de que la central nuclear de Almaraz es la siguiente, tras Garoña, que cumple los 40 años y debe renovar su licencia. «Por este motivo Unidos Podemos considera necesaria la comparecencia del Inspector residente recién cesado», apunta.

«Nos preocupa la seguridad de la planta, y por eso consideramos necesario conocer los motivos del cese del inspector residente. La historia reciente del CSN nos hace pensar que podría haber una intención de silenciar las advertencias sobre posibles fallos de la central puestos de manifiesto precisamente por el inspector, y eso nos preocupa mucho» ha señalado López de Uralde. En concreto, en 2016 las denuncias realizadas giraron en torno a tres temas: la falsificación de rondas de vigilancia contra incendios, los fallos en las bombas de agua de servicios esenciales y las pruebas del cambiador del sistema de componentes.

Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la subvención del proyecto de Gas Natural en Doñana y reclama su paralización

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado una nueva pregunta en el Congreso respecto al proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural en Doñana en la que ha pedido explicaciones al Gobierno por la última subvención concedida a Gas Natural. El coportavoz federal de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha tildado de «disparate» que no se frene el proyecto y se subvencione con dinero público. «Por supuesto que pedimos explicaciones y reclamamos de nuevo su paralización», ha sentenciado.

Así, Unidos Podemos ha vuelto a llevar al Congreso el proyecto que Gas Natural pretende poner en marcha en Doñana, preguntando esta vez por «los 6,3 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa para sufragar el almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural». La formación ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre si «conoce el informe del Defensor del Pueblo que desaconseja el almacenamiento de gas en Doñana» y sobre el motivo para mantener esta subvención, «teniendo en cuenta la oposición y los informes existentes en contra del proyecto«.

Por su parte, la coportavoz andaluza de Equo, Carmen Molina, aprovechó para volver a pedir a las distintas administraciones, y en especial a la Junta de Andalucía, «contundencia a la hora de dejar claro que el proyecto no se llevará a cabo». Molina ha reclamado que «se acabe con la incertidumbre» y se diga ya «abiertamente» que este proyecto «no se materializará de ninguna de las maneras». «Aunque se agradece que la Junta de Andalucía esté de parte de quienes nos oponemos al proyecto, dejando atrás esa etapa en la que otorgaba autorizaciones ambientales a esta empresa, son necesarias más acciones y menos palabras», indicó.

Para Unidos Podemos, con esta nueva subvención el Gobierno «vuelve a primar los intereses de una empresa extractiva y contaminante» en lugar de elegir «apostar por pequeñas empresas y cooperativas de energías renovables». Así lo señala el también coportavoz andaluz de Equo, Francisco Sánchez Molina, quien ha criticado que el Ejecutivo del PP «no aprenda del pasado». «El proyecto Castor es otro ejemplo de cómo el Gobierno central va de la mano de un oligopolio energético altamente contaminante y destructivo con el medio natural», ha denunciado, al tiempo que ha explicado que «estas empresas se lucran con la connivencia de los gobiernos centrales y autonómicos«.

Con todo, la formación ha insistido en «no bajara la guardia» porque con esta subvención el Gobierno «avala el interés general de un proyecto al que multitud de colectivos, partidos y ciudadanía» han mostrado su «más profundo rechazo». Por ello, ha reiterado que la prioridad «debe ser escuchar al CSIC y al IGME para evitar consecuencias» como la de Castor, porque si «hay que esperar a que la Justicia resuelva, damos tiempo a Gas Natural y al PP para culminar un proyecto inviable para Doñana».

“La subvención es una barbaridad”

Por su parte, la diputada por Huelva de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha criticado que «esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural», indicando además que «con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones», estimó. En este sentido, lamenta que el Gobierno «haga oídos sordos» ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo.

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al que hace referencia el Defensor del Pueblo, «no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones«, y asegura encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas registradas en el Congreso para conocer «por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información».

Por su parte Jesús Romero, parlamentario autonómico por Huelva de Podemos Andalucía, calificó de «irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana«. Romero recordó que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y «ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE».

Por ello, Romero ha criticado «la inacción continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana» y ha recalcado que la Junta «sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el Parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos«.

En ese mismo año, según asegura Romero, «Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad», a la par que ha advertido de «la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad«.

El Gobierno garantiza coherencia entre el futuro de las nucleares y el Plan de Energía y Clima que reclama Bruselas

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Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que cualquier decisión que tome en relación a la continuidad o al cierre de las centrales nucleares españolas será «coherente» con los plazos fijados en el seno de la Unión Europea para la presentación del Plan de Energía y Clima, que se presentará a Bruselas antes de que termine el año.

En respuesta a una pregunta del portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el Ejecutivo se ha mostrado «comprometido» con el desarrollo de la política energética europea «orientada a promover una transición energética ordenada hacia una economía baja en carbono«. «Por tanto, las decisiones relativas a la participación de las distintas fuentes en el mix energético debe ser coherente con los objetivos energéticos y de cambio climático que defina el Plan de Energía y Clima de la Unión Europea», apunta el Gobierno.

Dicho esto, también señala que se debe tener en cuenta que la energía nuclear contribuye a la consecución de los compromisos medioambientales asumidos por España, ya que no emite CO2. El Gobierno destaca en el documento que «la energía nuclear en 2016 supuso el 21,7% de toda la generación eléctrica a nivel nacional, siendo la tecnología con mayor participación en el suministro eléctrico». «Asimismo, contribuye al abaratamiento del precio de la electricidad, y a la seguridad y estabilidad del suministro, siendo tanto más necesaria cuanto mayor sea la participación de las energías renovables en la cobertura de la demanda», apunta.

Para el Ejecutivo es «necesario aprovechar al máximo» los recursos disponibles, impulsar la competitividad, promover un desarrollo territorial equilibrado que contribuya a fijar población en el medio rural y a crear empleo. Para ello, según apunta, es necesaria la presencia del carbón en el mix de generación eléctrica más allá del 2020 ya que “se trata de una fuente de energía primaria que permite reducir los riesgos de una elevada situación de dependencia energética, a la vez que contribuye al correcto funcionamiento del sistema eléctrico”.

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

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Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

El Estado gasta 15,7 millones de euros al año en el mantenimiento en hibernación del almacén de gas Castor

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Europa Press.– El mantenimiento de las instalaciones de la plataforma de almacenamiento de gas de Castor cuesta a las arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según ha indicado el propio Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde.

Este proyecto de extracción de gas, instalado en el mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona, fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 y comenzó a funcionar ya bajo mandato de Rajoy en 2012. Sin embargo, su actividad tuvo que suspenderse un año más tarde, después de que la zona en la que se situaba registrara una serie de seísmos.

Desde entonces, las instalaciones se encuentran en hibernación, siendo Enagás Transporte la sociedad responsable de su mantenimiento en condiciones seguras. Pero, según explica el Ejecutivo, a cambio recibe de las arcas públicas una compensación por los costes incurridos en la ejecución de tales funciones. Además, también le corresponde «la realización de estudios necesarios sobre la seguridad» de la plataforma. Para López de Uralde, esta información facilitada por el Gobierno demuestra que Castor «es un pozo sin fondo» para el erario público. «Todo ese dinero debería estar gastándose en impulsar la transición energética basada en renovables, en vez de mantener una estructura que no va a servir de nada ya», denunció.

En la pregunta registrada en el Congreso, el coportavoz de Equo recuerda al Gobierno que este proyecto ya ha costado a los españoles unos 1.350 millones de euros, en relación con la indemnización que el Ejecutivo aprobó en favor de Escal UGS, la sociedad a la que se concedió el desarrollo del proyecto. Por otra parte, López de Uralde también preguntaba por el posible desmantelamiento de las instalaciones y el coste que esto supondría, una pregunta a la que, sin embargo, el Gobierno no responde.

Equo plantea esta posibilidad después de los resultados obtenidos en el estudio encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, en el que se señalaba a las instalaciones de Castor como causantes de los seísmos detectados en 2013. Cuando se conoció el informe, el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal apuntó que «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelar la instalación.

España tendrá anteproyecto de ley de cambio climático a comienzos de 2018

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EFE.- El Gobierno tendrá listo el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, en el que participan «prácticamente todos los ministerios» con el fin cumplir con el Acuerdo de París, en el primer trimestre de 2018, tras cerrarse ayer el plazo de recepción de propuestas para la norma.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz de cambio climático del PP en el Congreso, Belén Bajo, durante su intervención en la jornada «Sobrevivir al Cambio Climático» organizada por Sociedad Civil para el Debate.

La mayoría de portavoces parlamentarios de cambio climático del resto de grupos políticos allí presentes han incidido, sin embargo, en que España «llega tarde» con esta ley para hacer frente a un problema «que requiere urgencia».

El director de la Fundación Ecodes, Víctor Viñueales, ha recordado, de hecho, que «hasta un parlamento catalán dividido fue capaz de aprobar por consenso una Ley de Cambio Climático».

El portavoz parlamentario de cambio climático del PSOE, Ricardo García Mira, ha incidido en que si el Gobierno «estuviera comprometido con el cambio climático» no reduciría la partida dedicada a esta materia en un 47 % en los presupuestos de 2017, y «no mantendría a España en la cola de los países que apuesten por la fiscalidad verde».

Juan López de Uralde, portavoz de Equo-Podemos en esta materia, ha pedido a los ciudadanos preocupados por el cambio climático que «contribuyan a recuperar la política como herramienta para cambiar la realidad».

José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos, ha subrayado, por su parte, que la futura ley de cambio climático «tiene que suponer una auténtica revolución para el país».

Por su parte, Álvaro Rodríguez, director de The Climate Reality Project España, ha reprochado a los representantes políticos que sus partidos «no estén lo suficientemente preocupados ni den al cambio climático la prioridad en la agenda que se merece».

Isabell Büschel, experta de la organización Transporte y Medio Ambiente, ha reclamado que la futura ley «sea transparente, y deje claro qué va a hacer España para descarbonizar su transporte -principal fuente de emisiones-«.

Finalmente, Carlos Sallé, director de Política Energética y Cambio Climático de Iberdrola ha subrayado que luchar contra el cambio climático «es una tarea titánica pero, al mismo tiempo, presenta grandes oportunidades sociales y económicas».

Figueres asegura que apostar por renovables y reducir un 50% las emisiones cada década permitirá una economía descarbonizada en 2050

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Europa Press.– La ex secretaria de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Christina Figueres, ha asegurado que si se reducen un 50% las emisiones en cada década, se podrá alcanzar 2050 «con una economía descarbonizada». Así lo señaló durante un encuentro que se celebró en el Congreso, con la Mesa y los portavoces de la Comisión de Cambio Climático, en un encuentro que se ha caracterizado por el optimismo de Figueres, según han explicado varios de los diputados presentes.

En concreto, Figueres, bajo cuyo mandato se firmó el Acuerdo del Clima de París, ha dado varias cifras: las 600 gigatoneladas que la humanidad puede emitir todavía sin aumentar la temperatura del planeta por encima de los 2ºC; las 40 gigatoneladas que es necesario reducir cada año para proteger a las poblaciones más vulnerables y para acometer una auténtica transición energética; y los 15 años que son el límite para cambiar la tendencia de emisiones. «2020 tiene que ser el año de inflexión a partir del cual, globalmente, tenemos que empezar a bajar las emisiones», ha señalado la experta, quien ha indicado que tanto la sociedad como los mercados ya están concienciados sobre esta materia.

Para Uralde hay mucho optimismo

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, Figueres ha hablado específicamente de varios sectores, como el de la automoción que, a su juicio, ya están cambiando su industria para pasar al coche eléctrico o el energético que, para la experta, ya está en camino hacia las renovables. Para Uralde, el optimismo de la experta no es tan real ya que «hay un factor que es el tiempo» y porque existen ciertos sectores que, al menos en España, no están tan dispuestos a modificar su industria actual.

Durante el encuentro, también se ha tratado el papel de Estados Unidos y de su presidente, Donald Trump, al desligarse del acuerdo de París. Para Figueres, la decisión de Trump «sólo es perjudicial para el propio país», pero señala que no ha repercutido en el resto del mundo, ya que países como China o Rusia se han adherido posteriormente. Sobre España, la experta ha animado a hacer una Ley de Cambio Climático con visión de futuro y ambiciosa, que no esté politizada. Un aspecto que, para el portavoz de Cambio Climático del PSOE, Ricardo García Mira, es muy difícil por la polarización entre posiciones partidistas.

Sobre renovables también ha hablado Figueres para señalar que España tiene una «sobrecapacidad» en esta materia que no es una debilidad sino «una fortaleza» a la hora de cambiar de modelo. Este aspecto ha sido destacado por la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo, quien ha valorado el encuentro «muy provechoso» por el carácter optimista que ha trasladado la experta. «Nos ha dicho que no se puede cambiar el sistema productivo de golpe, que hay que darse tiempo e ir adaptándose», apuntó la diputada.

Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

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EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

Unidos Podemos pide cuentas al Gobierno por almacenar uranio radiactivo de larga duración en el almacén de El Cabril

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Europa Press.- Unidos Podemos ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso por el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración al almacenamiento nuclear de El Cabril (Córdoba), un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no excede los 30 años. En concreto, según figura en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de 2016, el traslado del uranio a esta instalación procede de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca).

En total, se han almacenado 374,944 gramos de este elemento en forma de UO2 no recuperable. El diputado de Equo (Unidos Podemos), Juan López de Uralde, el UO2 se caracteriza por tener una baja radiactividad pero que «dura eternamente». Es en este punto donde, a su juicio, el Ejecutivo está incumpliendo la normativa. Por ello, en una pregunta registrada en el Congreso, la formación morada cuestiona al Gobierno sobre la idoneidad del cementerio cordobés para albergar este tipo de desechos. Además, López de Uralde señala que esta decisión pone en duda el tiempo que el Ejecutivo quiere mantener el almacén de El Cabril en activo.

Fiscalidad medioambiental cuestionada: Equo denuncia que el Gobierno no destina los impuestos a las hidroeléctricas al cuidado de los ríos

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Europa Press.- Unidos Podemos ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo la Ley de Aguas al no destinar la cantidad recaudada en el canon a las hidroeléctricas a la mejora y protección de los cauces de los ríos, según obliga la norma.

Esta denuncia llega tras una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del diputado de la formación morada y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde. En ella, el Gobierno explica que los ingresos obtenidos por este canon, en el año 2016, supusieron 198 millones de euros, mientras que cifra la inversión en términos de obligaciones reconocidas en actuaciones en cauces y calidad de las aguas en 64 millones de euros.

Esta cifra supone un 32% de lo recaudado cuando el decreto que regula esta materia señala que el 2% de los ingresos netos tendrán la consideración de ingresos del organismo de la cuenca correspondiente, mientras que el 98% restante se ingresará en el Tesoro. En este sentido, la normativa señala que «los Presupuestos destinarán al menos un importe igual a dicha cantidad prevista, a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». «No sabemos dónde han ido a parar 134 millones de euros que deberían haberse destinado a la protección y mejora de los ríos», manifiesta López de Uralde.

Equo se pregunta dónde está el 66% restante de la cantidad señalada por el Gobierno e indica que, en el caso que esa cantidad se esté derivando a otros fines distintos para los que fue creado, podría tratarse de un caso de «malversación de fondos«. El partido verde recuerda que las partidas destinadas en los Presupuestos a medio ambiente ya sufrieron un significativo recorte, en concreto de 230 millones en el Programa de Ordenación de Recursos Hídricos y el de su gestión. «Al no invertirse tampoco la cantidad acordada para la protección de los cauces hidrológicos, el Gobierno demuestra lo poco que le importan las políticas de agua y las condiciones en las que se encuentran nuestro ríos», concluyó Uralde.