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Teresa Ribera deberá conjugar la reducción de emisiones con la competitividad económica mientras en Asturias preocupa el futuro del carbón

EFE /Europa Press.- Izquierda Unida y Foro Asturias han trasladado su temor a que el nuevo Gobierno socialista acelere la transición energética con Teresa Ribera al frente del Ministerio encargado de gestionar las áreas de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Ribera llega al Ejecutivo en un momento clave, en pleno proceso de diseño de la ruta hacia una economía más limpia, por lo que deberá encontrar un equilibrio entre la lucha contra el cambio climático y la competitividad de las empresas españolas.

Las competencias en materia energética, que hasta ahora recaían en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, un departamento con marcado cariz económico, pasarán a la órbita medioambiental. Ribera deberá desarrollar un plan de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y definir el papel que tendrán las tecnologías de generación eléctrica, en especial las centrales nucleares y de carbón. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que decidir si alarga la vida útil de las nucleares.

De momento, ya cuenta con el informe elaborado por el comité de expertos en transición energética, que apuesta por la fiscalidad medioambiental y por eliminar de la tarifa eléctrica los costes no asociados a su producción y distribución. Ribera se encontrará con una proposición de ley presentada por el PP para ampliar los criterios que se pueden valorar para autorizar el cierre de las centrales eléctricas. El objetivo de su antecesor, Álvaro Nadal, era evitar que la decisión quedara exclusivamente en manos de las empresas.

Ribera deberá impulsar los proyectos de nueva potencia renovable derivados de las subastas realizadas por el Gobierno del PP. Los proyectos ya están identificados y deben ponerse en marcha antes de 2020. El Ministerio de Energía también había anunciado su intención de traspasar a las compañías los costes por el desmantelamiento de las centrales nucleares que ahora recaen en la empresa pública Enresa, y de revisar la retribución de las redes de gas y electricidad.

Otra cuestión espinosa es el pago de los costes derivados del cierre del almacén gasista Castor. El Tribunal Constitucional anuló varios artículos del decreto que permitió pagar la indemnización a la sociedad gestora del almacén, controlada por ACS. Los derechos de cobro fueron adquiridos por un grupo de bancos, que dejaron de percibir las cantidades que se cargaban a la tarifa del gas. Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones de euros.

El carbón preocupa en Asturias

Para el diputado regional de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, el nombramiento de Teresa Ribera es preocupante porque su posición en torno a la transición energética «no beneficia para nada una salida justa, equilibrada y no de ruptura» para la industria y comarcas mineras asturianas. La nueva ministra, que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretaria de Estado de Cambio Climático, es una reconocida defensora de la descarbonización de la economía.

De hecho, Zapico ha pedido al presidente del Principado, Javier Fernández, que lidere una «mayoría parlamentaria sólida en defensa de una transición energética no exprés y equilibrada en los territorios mineros«. «Si no logramos explicar a Pedro Sánchez y sus nuevos ministros la importancia que tiene para Asturias y sus comarcas mineras afrontar todo lo que tiene que ver con la planificación energética de una forma sosegada y consensuada con los territorios va a ser muy difícil poder abordar la situación con optimismo«, ha advertido el parlamentario de Izquierda Unida.

El diputado nacional de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también incide en que con Ribera como ministra encargada de Energía, «Asturias se enfrenta a un programa de desertización escondido bajo el eufemismo de la descarbonización que ella lidera desde hace años». En su opinión, mientras Foro defiende el progreso de las cuencas mineras, Ribera será la defensora de las posturas del PSOE, coincidentes con Izquierda Unida y Podemos, «que ya votaron conjuntamente en el Congreso de los Diputados para adelantar en cierre de las térmicas».

Equo ve positivo el nombramiento

Por su parte, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha valorado tanto el «giro político» que supone la creación de un Ministerio de Transición Ecológica como la elección de Teresa Ribera para dirigirlo y ha dicho que espera que el cambio climático centre sus políticas. «Teresa Ribera es una persona solvente con una trayectoria relevante en la lucha contra el cambio climático aunque tenga algunas decisiones cuestionables, como Castor», apuntó el diputado y portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de Unidos Podemos.

Eso sí, López de Uralde ha advertido de que estarán vigilantes para que «no sea el oligopolio energético quien acabe dominando la política de cambio climático, sino al revés». En este sentido, el diputado vasco considera «fundamental» impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero, además, Equo avisa de que la ausencia de esta norma no impide que «se puedan aprobar por fin algunas reformas urgentes» como la eliminación del impuesto al sol, y que se aborde el cierre nuclear y del carbón.

Ecologistas en Acción piden «cuidado y transparencia» tras un incendio que aconteció en enero en la central nuclear de Garoña

EFE.- El portavoz de Ecologistas en Acción para asuntos nucleares, Francisco Castejón, pide «cuidado y transparencia» en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña tras el incendio del 31 de enero en la planta que no fue notificado por la empresa al Consejo de Seguridad Nuclear.

Tras una pregunta del diputado de Equo en el Congreso, Juantxo López de Uralde, sobre un posible incendio en la planta que no se conoció hasta hace unos días, Castejón ha asegurado que el incendio «realmente se produjo, no fue ningún conato y tardó 6 horas en ser controlado», desde las 15 hasta las 21 horas.

No obstante, Nuclenor, propietaria de la central, consideró que no era de aplicación la instrucción de seguridad número 10 del Consejo de Seguridad Nuclear que obliga a notificar inmediatamente a este organismo cualquier incidencia.

El incidente se ha conocido gracias al informe trimestral que realiza un técnico residente del Consejo de Seguridad Nuclear desde la parada de la central nuclear en diciembre de 2012.

Castejón ha explicado que, según ese informe técnico, el incendio se origino cuando se estaba cortando una plancha de metal con oxicorte, una especie de soplete que corta a temperaturas muy elevadas.

Cerca del lugar donde se realizaba esta operación había resinas de los filtros de intercambio que comenzaron arder.

Aunque el incendio se limitó al contenedor de resinas, Castejón recuerda que uno de los defectos históricos de la central de Garoña es su deficiente sistema de protección contra incendios, que había llevado a plantearse cambiar «metros y metros de cableado» para asegurar que un incendio en cualquier zona de la central no pudiera llegar al reactor.

Ha precisado que, aunque el reactor está ahora sin combustible, se encuentra muy cerca de la piscina donde se encuentran las barras de ese combustible, por lo que sigue existiendo peligro de que se produzca una fuga radiactiva.

Tras el incendio, el portavoz ecologista se pregunta por qué Nuclenor decidió no notificar inmediatamente lo ocurrido al Consejo de Seguridad Nuclear, y se muestra «alarmado porque no se deberían producir estos fallos en el desmantelamiento».

Aunque en este momento es Nuclenor la que se encarga de los trabajos preparatorios de la parte principal de desmantelamiento, que será acometida por la empresa pública Enresa, Castejón pide que aumenten «claridad y transparencia», y pone como ejemplo el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Zorita, «muy correcto pese a que lleve dos años de retraso».

Unidos Podemos denuncia que las partidas contra el cambio climático son “de las que más se reducen» en los Presupuestos

EFE.- Unidos Podemos ha denunciado que la lucha contra el cambio climático es una de las partidas «que más se reducen» en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 a pesar «de los compromisos teóricos» ratificados, pasando «de los 27 a los 21 millones de euros».

Además, López de Uralde ha reclamado explicaciones acerca de las intenciones del Gobierno con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, estaría lista este año y, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no se podrá redactar hasta que haya una normativa europea aprobada sobre esta materia.

Por otro lado, el parlamentario conservacionista ha añadido que, según datos facilitados por España a la Unión Europea, en 2017 se registró un aumento de las emisiones, en concreto, «el primero en 7 años». Así, ha explicado que las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas en España «se dispararon más de un 10%» el año pasado, respecto a 2016, lo que, además, supone que la industria «acumule alrededor del 40% de todos los gases invernadero» en España. «Este dato suele marcar cada año el total del balance de emisiones, que España debe comunicar a la Unión Europea y a la ONU para cumplir con sus compromisos contra el calentamiento global», ha denunciado.

Pero, además, Unidos Podemos denuncia que el país se sitúa como «uno de los Estados europeos en los que más crecieron estos gases el pasado ejercicio«. Con estos datos sobre la mesa, que plantea la formación morada, López de Uralde ha recriminado al Gobierno que considere adecuado reducir las partidas en los Presupuestos en materia de «actuaciones para le prevención de la contaminación y el cambio climático». El portavoz ya se mostró muy crítico con las cuentas propuestas por el Ejecutivo para 2018. A su juicio, las partidas «van en contra del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático» y «alejan» a España «de la transición energética».

Podemos achaca a la «escasa voluntad política» del Gobierno los retrasos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos achaca los retrasos del Gobierno en la creación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a su «escasa voluntad política» así como a su «nulo compromiso» con este problema. En este sentido, la formación morada ha denunciado que el Ejecutivo anunció recientemente que el proyecto de ley de Cambio Climático se retrasa hasta que esté lista la normativa europea sobre este mismo tema.

Así lo aseguraba el ministro de Energía, Álvaro Nadal, alegando que en España siempre se han hecho las leyes así, transponiendo una norma aprobada por la Unión Europea, y que ahora no se iba a cambiar este procedimiento. Sus palabras sorprendieron, principalmente, porque la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, declaró en varias ocasiones que la nueva Ley comenzaría a redactarse en 2018. Para Unidos Podemos, las palabras de Nadal «no tienen sentido», como tampoco lo tiene «esperar a una normativa europea, cuando hay países como Francia, Reino Unido o Suecia, que ya tienen sus Leyes de Cambio Climático».

«Incluso dentro del Estado, ante el vacío de legislación climática por parte del Gobierno, las comunidades autónomas han cogido la delantera, y ya hay leyes en Baleares o en Cataluña, en donde, según recuerdan, está recurrida por el propio Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el secretario general del grupo parlamentario Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha criticado la actitud del Gobierno en esta materia y su falta de compromiso «con los acuerdos internacionales ya firmados contra el cambio climático».

Por su parte, el portavoz de Cambio Climático de la formación, el diputado de Equo Juan López de Uralde, cree que «ya es imposible seguir mirando para otro lado o echar balones fuera» sobre este materia. En este sentido, recordó que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advertía de que, «si se continúa con las políticas actuales, será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC».

Energía no concederá el permiso final al proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del IGME

EFE.- Mientras el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está ultimando el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de no evaluar de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicó que no concederá el permiso final para la puesta en funcionamiento del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Así respondió el Ministerio a una pregunta planteada por el coportavoz federal y diputado de EQUO, Juan López de Uralde, que hacía referencia a unas informaciones sobre que el IGME había detectado «alta peligrosidad» en uno de los almacenes de gas planteados en Doñana. En dicha respuesta se señala que «según lo previsto en la autorización, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento hasta que el propio IGME valide estos estudios adicionales. El Ministerio no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen satisfactoriamente».

Según se desprende de su respuesta, pese a la Autorización Ambiental Unificada positiva, el Ministerio condiciona la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales, de seguridad, etcétera. Desde EQUO, convencidos de que no se cumplen, han vuelto a pedir la paralización cautelar de la ejecución del proyecto Marismas Occidental, cuya primera fase está actualmente en ejecución, hasta conocer la valoración definitiva del Instituto Geológico y Minero de España.

«No tiene sentido continuar con los trabajos previos si luego la autorización no se va a conceder, no pretendan luego reclamar compensaciones por la inversión ya realizada. Lo mejor que puede hacer Gas Natural es irse de Doñana ya», ha incidido la portavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito. EQUO reclama desde el primer momento, tanto mediante la movilización en las calles como con iniciativas en las distintas instituciones, la paralización de este proyecto gasístico, para el que recientemente desde EQUO Huelva, y tras reunirse con la subdelegada del Gobierno, ha solicitado la retirada de la declaración de interés general.

La Junta prepara un recurso

«Se está ultimando para presentarlo de forma inminente», ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ha recordado que su departamento hizo un requerimiento oficial al Ministerio para que evaluara de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «a tenor de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del IGME, que alertaban de determinados peligros que no habían sido tenidos en cuenta».

«No se nos contestó y el gabinete jurídico emprendió la elaboración de ese contencioso contra la decisión del Gobierno de no evaluar de manera conjunta los cuatro proyectos de gas natural», ha explicado, tras lo que interpretó que no lo ha hecho porque si lo evaluara de forma conjunta, el proyecto «decae absolutamente«. No obstante, recordó que la norma permite a la Junta impedir que «ni un solo metro cruce el espacio natural de Doñana, lo cual invalida el conjunto» y de ahí que Gas Natural Fenosa haya hecho una reclamación patrimonial a la Junta de 359 millones de euros.

Unidos Podemos propone reformar el sistema de nombramientos del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para garantizar su independencia

Europa Press.– Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que propone una «profunda reforma» en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, más concretamente, en el sistema de nombramientos, con el objetivo de garantizar la independencia de este órgano.

El texto recoge que los miembros del Consejo del CSN serán nombrados por el Congreso de los Diputados, en donde deberán contar con el apoyo de, al menos, tres quintos de la comisión competente, lo que supondría una mayoría reforzada. «El objetivo de esta proposición de ley es adaptar el organismo a la creciente demanda social en materia de transparencia, información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica», explicaron los firmantes de la iniciativa, el portavoz morado de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juan López de Uralde, y el portavoz de Energía del mismo grupo, el diputado de En Comú, Josep Vendrell.

Los morados destacan que, en los últimos años, se ha denunciado en reiteradas ocasiones «la progresiva pérdida de independencia» del CSN, y las limitaciones a la participación en cualquier proceso de decisión. Por ello, también plantean ampliar el derecho de acceso ciudadano a sus registros, archivos y, en general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos, en curso o terminados, que tengan alguna implicación en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, siempre que dichos documentos no se encuentren en proceso de elaboración o conciernan a comunicaciones internas. Igualmente, piden que las sesiones plenarias del CSN, que actualmente son a puerta cerrada, seAn de carácter público.

López de Uralde se ha mostrado «convencido» de que «una mayor transparencia en las actividades del CSN redundará en más seguridad para las centrales«. «La participación ciudadana garantizaría en el largo plazo un seguimiento más riguroso de la seguridad nuclear”, ha explicado. Por su parte, Vendrell ha señalado que esta proposición de ley «pretende garantizar la plena independencia del CSN, evitando que el organismo regulador y supervisor esté al servicio de los intereses y las políticas del gobierno de turno«. El diputado ha insistido que «el CSN es un organismo fundamental para garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica y en los últimos tiempos esa transparencia e independencia se han visto cuestionados por la actuación del presidente del CSN».

Salvemos Doñana registra casi 200.000 firmas pidiendo al Estado la paralización del proyecto de gas planteado por Gas Natural Fenosa

Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana, en la que se incluyen hasta 214 organizaciones adheridas, ha registrado en la Delegación del Gobierno de Andalucía un total de 197.000 firmas para solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la cancelación definitiva del proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del espacio. A la entrega han acudido representantes de algunas de las organizaciones que conforman la plataforma que defiende este entorno natural.

En nombre de Salvemos Doñana, Juan Romero ha advertido tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico que «el subsuelo de Doñana no es una infraestructura industrial para que una empresa multinacional venga a hacer negocio a costa de un bien público». Tras recordar las acciones que ha realizado la plataforma para pelear contra el proyecto de gas, Romero ha incidido en que hay nueva información que respalda sus reclamaciones, como el Instituto Geológico Minero, que «ha aportado documentación que recoge que se trata de una zona inundable», así como también ha criticado que «se ha obviado» el riesgo sísmico que hay en la zona.

«Queremos que el Gobierno central modifique la Declaración de Impacto Ambiental y que la Junta, de oficio, modifique la Autorización Ambiental Unificada», ha agregado el portavoz, que ha avisado a Gas Natural Fenosa y a las administraciones que apuestan por el gas de que «no nos vamos a cansar hasta parar este proyecto». «Tenemos la esperanza de que a esto le quede dos telediarios», zanjó.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hecho hincapié en que «es la sociedad civil organizada la que va a conseguir salvar el patrimonio que es de todos, mientras quienes gobiernan en no pocas ocasiones están pensando en cálculos electorales». Además, ha subrayado que el proyecto de gas «no aporta absolutamente a la ciudadanía»: «No hay nada de contrapartida, convertimos nuestra joya natural más preciada en un almacén de gas para que se lucren multimillonariamente los que nos cortan la luz y nos dejan en la pobreza energética a cambio de absolutamente nada, y teniendo sobre la mesa nuevos elementos que nos permiten parar el proyecto«, sentenció Rodríguez.

Por eso, ha dicho que el partido morado tiene muchas esperanzas en que las firmas registradas «generen reacciones», al tiempo que ha recordado al Gobierno autonómico que «tiene que cumplir sus compromisos» y, por tanto, emprender acciones legales contra el proyecto. «Estaremos ahí para, erre que erre, recordar a la Junta que debe cumplir con los compromisos y no sólo hacerse la foto con las plataformas», ha proseguido Teresa Rodríguez, quien ha insistido en que «si conseguimos parar esto será obra de la sociedad civil organizada de Andalucía que defiende el patrimonio de nuestros hijos».

De su lado, el líder andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instó a la Junta a denunciar al Gobierno central ante el Tribunal de Justicia de Estrasburgo por permitir el desarrollo del proyecto de Gas Natural. Ha defendido que para lograr paralizar este proyecto es necesario que la Junta «pase a la acción«, toda vez que ha reiterado que su formación está totalmente «en contra de que se metan en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas», lo que convertiría esta joya de Andalucía en «un polígono industrial». Según Maíllo, «Marismas Occidental es un proyecto especulativo que demuestra que las puertas giratorias existen y funcionan perfectamente».

López de Uralde, de Equo, ha señalado que este proyecto de Gas Natural «no hace falta», de manera que «además de los impactos medioambientales o de que los estudios de impacto ambiental se han dividido en 4 subproyectos para saltarse ilegalmente la normativa ambiental, es innecesario». «El Gobierno tiene la obligación de parar este proyecto, que no tiene sentido», sentenció antes de advertir de que puede ocurrir lo mismo que en el caso del Castor.

Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural, incluidos todos y cada uno de los 4 subproyectos que integra.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en primavera del año pasado, Fiscal recordó a la plataforma que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«. Salvemos Doñana, por su parte, ha informado al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad.

La asamblea está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén de gas en Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en la zona para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías renovables.

Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon en 2017 por la sequía, comprometiendo los objetivos climáticos de España

Europa Press.- El sector eléctrico emitió un total de 74,9 millones de toneladas de CO2 durante 2017, lo que supone un incremento del 17,83% respecto al año anterior, según datos de Red Eléctrica de España. En este sentido, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reconocido que la sequía registrada en España a lo largo de 2017 «complicará la senda de decrecimiento» que, en materia de emisiones de gases invernadero, venía registrando el país en los últimos años.

Así lo ha apuntado en la Comisión de Estudio del Cambio Climático en el Congreso sobre los resultados de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), celebrada en Bonn (Alemania) en noviembre del pasado año. Tejerina ha insistido en que España cumple los objetivos que adquirió en la cumbre de París (COP21) y que su intención es lograr ir «más allá» de las cifras que se esperan del país para 2020. En este sentido, ha recordado que España «va un 10% por delante de sus obligaciones» en materia de emisiones y que en 2016 se han reducido los niveles en un 3,3%, con respecto a 2015.

Sin embargo, ha señalado que esta «senda de decrecimiento» podría «complicarse» como consecuencia de la sequía registrada a lo largo del pasado año y que, debido al mix energético del país, esta situación tendrá graves efectos con la menor aportación de la energía hidroeléctrica y también en la eólica, debido a la falta de viento. Esta situación, no ha evitado que la ministra señale a España como un «socio creíble» para la comunidad internacional, y se ha referido a los últimos informes de la Unión Europea en los que se asegura que el país «cumplirá” con su compromiso de 2020.

La responsable de Cambio Climático en España ha recordado las últimas medidas tomadas por su departamento para cumplir con la Cumbre de París y ha rechazado las críticas de «inacción» que ha recibido por parte del portavoz socialista en la materia, Ricardo García-Mira. Entre las iniciativas compartidas, Tejerina ha recordado que su ministerio, junto con el de Energía y Hacienda, están inmersos en la elaboración del primer borrador de la nueva Ley de Cambio Climático, un texto para el que, según ha reprochado, no ha recibido aportaciones de todos los grupos representados en el Parlamento.

Respondía de este modo la titular de Medio Ambiente a Unidos Podemos y Ciudadanos, cuyos portavoces en esta materia, Juan López de Uralde y José Luis Martínez, respectivamente, mostraron su preocupación por la tardanza a la hora de presentar el texto. La ministra ha explicado el proceso que se ha llevado a cabo en este sentido, en el que, según ha señalado, se ha llevado a cabo un proceso de consulta con los actores y sectores implicados y se ha abierto la norma, también, a la participación pública. «Hemos decidido trabajar escuchando primero. Si nos envían sus aportaciones serán consideradas», ha declarado durante su intervención.

Asimismo, Unidos Podemos y Ciudadanos también han coincidido en destacar contradicciones en los discursos de la propia Tejerina y los del ministro de Energía, Álvaro Nadal. Para Tejerina «no es incompatible poner la energía a precios competitivos, una vez satisfechas las necesidades medioambientales» del país. «El mix energético es determinante, pero una vez que vamos por delante de nuestras obligaciones y con garantías de cumplimiento», apuntó. «Al menos, a nuestro Gobierno le interesan los ciudadanos y las familias a las que les cuesta pagar la tarifa eléctrica cada mes», añadió.

También se enfrentó a las críticas ante la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la COP23 y que lo comparen con la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron, que sí acudieron. «Merkel estaba porque era en Alemania y Macron para convocar otra cumbre. Con este contexto sus acusaciones se debilitan un poquito», ha recriminado.

Emisiones y el sector eléctrico

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon un 17,8% en 2017 toda vez que las fuentes renovables cubrieron el 33,3% de la producción eléctrica peninsular, frente al 40,8% del año anterior, registrando así su peor dato anual en el último lustro, según el avance del informe del sistema eléctrico español de Red Eléctrica de España (REE). Esta caída en la contribución de las renovables se debió principalmente al impacto de la sequía sobre la producción hidráulica, que registró una caída del 48,4% frente al año anterior. Además, estuvo acompañado de una menor generación eólica, que fue un 1,6% inferior respecto al año anterior.

En concreto, la hidráulica solo cubrió el 7% de la demanda en 2017, frente al 14,2% del ejercicio anterior, viéndose así sustituida por una mayor aportación del carbón, que representó el 17%, frente al 13,9% de 2016, y de los ciclos combinados, con un 13,9%, frente al 10,2% de hace un año. En cuanto a las tecnologías que más han contribuido a cubrir la demanda, la nuclear se situó nuevamente en primer lugar, con una aportación del 21,5%, seguida de la eólica, con el 18,2%. Además, las importaciones de energía eléctrica cubrieron en 2017 cerca del 4% de la demanda peninsular, según los datos del operador de la red eléctrica.

Con datos estimados a cierre del año, la demanda de energía eléctrica peninsular en este ejercicio se sitúa en 253.082 gigavatios hora (GWh), con un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda aumentó un 1,7% respecto a 2016. De esta forma, la demanda peninsular mantuvo la tendencia de crecimiento iniciada en 2015 tras cuatro años consecutivos de descensos.

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.