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Podemos urge a Nadal a reformar la factura eléctrica y sus costes en vez de hacer «rogativas para que llueva»

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Europa Press.- Podemos ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que acometa reformas en la factura eléctrica y que, en vez de «rogativas para que llueva», aproveche las políticas públicas para garantizar «energía limpia a precio razonable». En este sentido exigen una reforma del mercado eléctrico que contemple una fijación del precio de la electricidad en función del coste de generación, que abarate la parte fija de la factura eléctrica y aborde una auditoría de costes del sistema.

«En lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo e impulsen políticas para garantizar energía limpia y a precios razonables», criticó el portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la conveniencia de modificar el actual sistema de fijación de precios. Durante su intervención, ha criticado que el precio de la electricidad en España, antes de impuestos, sea «el tercero más caro» en Europa: «No estamos en los primeros puestos de renta per cápita», ha contrapuesto. Esto se debe, a su juicio, a «un problema estructural que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar».

Además, Podemos quiere establecer un cargo a las centrales nucleares e hidroeléctricas por el margen entre su escaso coste de generación y el precio de la electricidad generada equivalente al resto de centrales, los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo. Asimismo, quieren que al concluir la concesión de las centrales hidroeléctricas se recupere su gestión pública con el fin de «evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable».

Podemos se marca como objetivo básico «la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas». «El sistema eléctrico se ha convertido en un sistema de transferencia de rentas. En el mercado mayorista se paga a igual precio, independientemente del coste de generación», criticaron, reivindicando además un diseño de la tarifa para garantizar «consumos básicos más baratos» y que «penalice consumos más ineficientes y elevados».

Finalmente, llaman a garantizar el acceso del servicio «para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía» y el «estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica». En este sentido, quieren que la reforma abarate la parte fija de la tarifa regulada en función de la potencia y aumente la parte variable en función del consumo, para así crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

Unas reivindicaciones que han sido secundadas por PSOE y Ciudadanos, con los que Podemos ya se apoyó a principios de año para pactar y sacar adelante una iniciativa similar en la Comisión de Energía. Así, el socialista Óscar Galeano ha criticado la «volatilidad» de la factura eléctrica, comparándola con la del mercado bursátil, pues es más propio de dinámicas «especulativas», y ha manifestado que la oposición demanda «investigar las tripas del mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable».

Además, ha recordado que, si bien el Gobierno justifica las subidas como una consecuencia de una «tormenta perfecta» por condiciones meteorológicas, el parón nuclear francés y la alta demanda, la subida registrada en octubre, cuando la luz alcanzó su máximo pico anual, se produjo en un momento de baja demanda. A pesar de ello, se activaron mecanismos de ajuste, algo cuestionado por la CNMC, que también ha criticado la forma de articular los mecanismos de interrumpibilidad. «Esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que considera este mercado como el de menor competencia», sentenció.

Por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha apostado por impulsar un Pacto de Estado por la Energía y en finalizar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de poder abaratar el recibo de la luz, sin «errores políticos» como las primas a las renovables, y mediante «la financiación de las comunidades autónomas», recogiendo allí las compensaciones extrapeninsulares.

También ha anunciado su apoyo Compromís, que, a través de Ignasi Candela, se ha preguntado la razón por la cual, si el Gobierno se declara incapaz de controlar la factura eléctrica, recurre ante el Tribunal Constitucional leyes contra la pobreza energética, como la aprobada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) alertó de que, en caso de modificar la parte variable de la tarifa, con el actual sistema podría incrementarse el déficit de tarifa en caso de menores consumos, y que además podría provocar una mayor complejidad del sistema.

Por su parte, el popular Teodoro García Egea ha criticado las demandas para someter el sistema eléctrico a una auditoría, argumentando que ésta ya se hizo por funcionarios y técnicos estatales «hasta la última línea de distribución». En todo caso, se ha mostrado favorable a negociar la estructura de la tarifa y decidir si los costes externos a la generación son abonados por el contribuyente o el consumidor eléctrico, pero ha rechazado la idea de beneficios caídos del cielo por parte de las gestoras de centrales hidráulicas o nuclear. «Las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital”, indicó, abogando por «electrificar la movilidad para disminuir las emisiones de CO2».

El recibo medio de la electricidad viene registrando importantes repuntes en los últimos meses. Por ejemplo en octubre se disparó un 6,42% respecto a septiembre, la mayor subida registrada desde enero. Además, el precio de la electricidad alcanzó el 23 de octubre, entre las 19 y las 20 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh). En los diez primeros meses de 2017 el recibo de la luz ha alcanzado los 683,76 euros, lo que representa un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 76 euros.

Unidos Podemos exige una reforma eléctrica para prohibir la concentración de actividades del sector en grandes grupos empresariales

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Europa Press.- En Comú Podem quiere prohibir por ley la concentración de actividades empresariales en el sector eléctrico, de manera que se garantice «la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados» en este sector. Así figura en la proposición no de ley que la formación catalana, integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso a través de su portavoz energético Josep Vendrell.

Con ella, quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas que permitan esta separación de actividad con el fin de que «se garantice la libre competencia y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector eléctrico nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». La formación catalana recuerda las diferentes directivas comunitarias en las que se impone «la separación efectiva de las empresas integradas», que realizan actividades como la generación, el transporte, la distribución y comercialización.

«Tener una posición dominante en una actividad puede suponer, si se trata de empresas del mismo grupo empresarial, una ventaja competitiva clara para el resto de actividades», argumenta Vendrell. Así, señala que el control de actividades relacionadas con las redes, que suponen «monopolios naturales», supone «información privilegiada» para el resto de actividades, como conocer en qué puntos de conexión existe capacidad para conectar nuevas instalaciones, proporcionando la capacidad de ejecutar altas y cambios de comercializadoras.

En España, asegura que las instalaciones de generación de las empresas de grupos integrados «tienden a ubicarse en zonas en que ese grupo empresarial tiene el monopolio de la distribución». «Los cambios de cliente en favor de comercializadoras del grupo de la distribuidora se producen sistemáticamente más deprisa y con menor tasa de rechazo que los que son en favor de una comercializadoras que no forme parte del mismo grupo empresarial», apostilla. En este sentido, recuerda que la propia Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia «viene advirtiendo reiteradamente» esta situación en sus informes sobre cambio de empresa comercializadoras.

Unidos Podemos y Compromís exigen explicaciones a Nadal por declararse «incompetente» ante la subida de la luz

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Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís han exigido en el Congreso que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparezca ante el pleno del Congreso para explicar la subida del precio de la luz y por qué justifica que «no tenía capacidad para reducir» este precio.

«En un primer momento podemos pensar que es de incompetentes, si dice que no es capaz, cosa que es falso. Pero entonces, ¿por qué su Gobierno recurre las leyes contra la pobreza energética? Eso no es de incompetentes, es de sinvergüenzas», ha dicho Ignasi Candela, de Compromís. Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell criticó que no haya sido el propio ministro el que haya solicitado comparecer, aunque ha lamentado que la respuesta ante el encarecimiento sea «la misma»: «El ministro siempre invoca al dios de la lluvia para solucionar un problema que es estructural».

Así, ha señalado que España es el tercer país con la energía más cara de Europa, «consecuencia del fracaso de la reforma energética de 2013 del PP», pues cree que el Gobierno «no tiene desgraciadamente una respuesta a esa problemática». Por ello reclaman “nuevas soluciones” como introducir retribuciones diferenciadas para acabar con los beneficios caídos del cielo a las energías más baratas, que son retribuidas con el mismo precio que la última en llegar al pool, potenciar las energías renovables y garantizar la energía como un derecho de la ciudadanía.

Precisamente, en esta situación ha incidido la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ioane Belarra, que ha lamentado que el ministro haya «tardado» 10 meses en aprobar el reglamento para articular el bono social, que criticó como «no más que un parche», y que la situación se vaya a «recrudecer» durante el invierno. Belarra atribuye esta situación al «altísimo número de altos cargos del PP» que cuentan con «retiros dorados» en el sector eléctrico, como el expresidente José María Aznar, o Pío Cabanillas o Manuel Pizarro. «Creemos que eso tiene relación con las decisiones y no decisiones que está tomando el PP en materia energética», concluyó.

Unidos Podemos exige a Nadal investigar la «anómala» subida en la factura de la luz y auditar sus costes

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Europa Press.- Unidos Podemos ha exigido al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que lleve a cabo una investigación de la «anómala» subida del precio de la electricidad y realizar una auditoría de los costes que componen la factura energética.

Así, el portavoz de Energía, Josep Vendrell (En Comú), ha preguntado a Nadal por las medidas que piensa adoptar para investigar «las presuntas anomalías» sucedidas el 23 de octubre, cuando el precio de la electricidad alcanzó una media de 61,7 euros por megavatio hora (MWh), superando el máximo registrado en lo que va de año. En este sentido, alude a que el propio presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, observa «puntos atípicos» en el encarecimiento puntual del sistema eléctrico, más allá de «la habitual responsabilización a las condiciones climatológicas de esta época del año», critica.

Así, Vendrell destaca que el regulador «pone su vista en el encarecimiento del mercado de ajuste de la reserva de potencia a subir, y el repunte sufrido en la misma». No es la primera vez, recuerda Vendrell, que la CNMC advierte de anomalías en el precio de la electricidad ya que en 2013 señaló que una subasta energética «no se había celebrado en las condiciones habituales”. “En ese caso, el Gobierno tuvo que intervenir”, resaltó.

En Comú también pregunta a Nadal si tiene previsto realizar «una auditoría independiente de los costes que conforman la tarifa energética», y si cree que los precios actuales «reflejan el coste de producción de la energía». El diputado catalán argumenta que el hecho de que la mitad de la factura energética refleje cualquier alza de los precios de la electricidad «potencia la vulnerabilidad» de la ciudadanía ante estas subidas, por lo que pregunta al Gobierno si es consciente de esta situación, y si piensa tomar medidas «para atenuar o evitar dicho daño». Asimismo, cuestiona a el ministro si «valora la posibilidad de modificar» la reforma del sector eléctrico de 2013.

Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

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EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

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Europa Press.– La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así aparece en el dictamen de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad del regulador, aprobado junto a las propuestas de resolución planteadas por los parlamentarios. Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar la normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el CSN perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el CSN publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, para que esté basada en su capacidad.

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, cuestionó la imagen de independencia del CSN que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. «Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN», aseveró el diputado de En Comú. La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos «vacíos de contenido» y «faltos de rigurosidad», algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes «pretenden sustituir al presidente del regulador» para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, subrayó que «el 90% de las decisiones del CSN se han tomado por unanimidad», una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado. Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos. En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos.

Podemos ve «falta de neutralidad» en el CSN, al que acusa de estar «capturado» por el Gobierno y las eléctricas

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Europa Press.- Mientras Cristina Narbona critica que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña (Burgos), cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto, el grupo parlamentario de Unidos Podemos denuncia la «pérdida de independencia y neutralidad» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, a su juicio, está siendo «capturado por la política energética del Gobierno y los intereses del oligopolio eléctrico».

El portavoz de Energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que esta falta de independencia se ha visto en los informes favorables a la reapertura de la central de Santa María de Garoña y a la construcción de Almacén Temporal Centralizado (ATC) y, más recientemente, en su aprobación a la orden ministerial del cambio de plazos del Gobierno para la autorización de renovación de los permisos de las plantas nucleares. «Es una subordinación y supeditación impresentable» ha insistido Vendrell, para quien el CSN necesita «un golpe de timón» y «un cambio radical» porque, a su juicio, no se puede permitir el lujo de que un regulador esté jugando con «la salud de la gente y del medio ambiente».

Para el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, que ha denunciado que el CSN modifica la legislación para reducir de 3 a 1 años el plazo en el que las eléctricas tienen que decidir sobre cuándo pedir la renovación de las plantas nucleares, es «uno de más de los muchos hechos que se vienen produciendo en los últimos meses» y que, en su opinión, demuestran que «el CSN está entregado a los intereses del oligopolio de la industria eléctrica«.

Vendrell también se refirió a las informaciones que señalan que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se plantea la intervención de las centrales nucleares y térmicas para garantizar el mix energético nacional. «Si el ministro hiciera los mismos esfuerzos en mantener el carbón y las nucleares como con las renovables, las políticas de transición energética del Gobierno serían otras», criticó.

Narbona, Garoña y el Ministerio

Por otro lado, la última labor como consejera del CSN de Cristina Narbona ha sido denunciar que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña, cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto. Para la exministra socialista de Medio Ambiente, esta situación «no deja de ser sorprendente» ya que fue el propio titular del ministerio, Álvaro Nadal, quien se comprometió a abrir este plazo para escuchar a Endesa e Iberdrola el pasado mes de marzo, cuando se entregó el informe del CSN sobre este tema.

«Con mi voto en contra, el CSN hizo un informe favorable para la renovación sine die de la planta de Garoña y, a partir de ahí, el Gobierno tiene la capacidad administrativa de conceder la autorización después de que estudie las alegaciones, que parece que van a llegar en verano», ha explicado Narbona a su entrada a la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN en el Congreso. Allí, la exministra rindió cuentas ante los diputados responsables de esta materia de las tareas que ha asumido dentro del CSN.

“Garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica es lo que explica una serie de votos discrepantes que desde 2013 he venido haciendo», reconoció Narbona, que ha señalado que todas sus discrepancias tienen base técnica y jurídica y está ligada a los cambios y prácticas reguladoras que se han ido dando en este periodo. «Mi tarea dentro del consejo pone como prioridad que mejoremos en cultura de seguridad interna del propio organismo, por ejemplo, mejorando la gestión de discrepancias, un tema que ha generado ruido hacia afuera del consejo», concluyó.

El CSN aprueba recortar el plazo para que las centrales nucleares pidan renovar su licencia

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por mayoría, pero con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, informar favorablemente una propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dirigida a modificar el plazo con el que las centrales nucleares han de solicitar su renovación al regulador. Con ello se acortaría el plazo de los tres años actuales hasta, como mucho, un año antes de que concluya la licencia de explotación de la planta.

Se trata de una modificación de las órdenes ministeriales por las que se conceden las autorizaciones de explotación vigentes a las centrales nucleares. En la actualidad, el plazo para pedir la renovación de la licencia de explotación tiene una fecha límite de 3 años antes de que expire el permiso en vigor pero, con esta modificación y ante el escenario de incertidumbre respecto al futuro energético nacional, los titulares de las centrales podrán solicitar la renovación dos meses después de que el Gobierno apruebe el Plan de Energía y Clima.

Según ha indicado el CSN, el texto propuesto por el Ministerio recoge «todas las modificaciones» aprobadas por el pleno del CSN en su reunión del 1 de febrero de 2017 e incorpora también una modificación administrativa por la cual el plazo para presentar una nueva solicitud de renovación de la autorización de explotación, queda supeditada a la aprobación de un Plan Integral de Energía y Clima, aunque deberá ser presentada, como muy tarde, en la fecha establecida para presentar la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS). Esto es, más o menos, un año antes de concluir la licencia en vigor.

Eso sí, la modificación propuesta mantiene la obligación del titular de presentar tres años antes de la expiración de la autorización vigente los documentos asociados a una eventual operación a largo plazo. Estos documentos son el Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10.

Las centrales nucleares más inminentemente afectadas por este cambio normativo son Almaraz (Cáceres), que con la legislación vigente debía presentar su solicitud de renovación antes del 8 de junio, y Vandellós II (Tarragona), cuya fecha límite era el 26 de julio. De este modo, estas centrales contarán con dos años más de plazo para conocer la planificación energética nacional y optar así por pedir o no una nueva renovación de su licencia, algo que, con esta modificación, podrán esperar hasta mediados de año de 2019.

Según ha informado el CSN, el texto propuesto recoge todas las modificaciones aprobadas por el pleno en su reunión de febrero. En aquella reunión, el organismo regulador propuso al Ministerio estas modificaciones con el objetivo de incorporar la nueva sistemática para realizar las Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) que se recoge en la revisión 2 de la Guía de Seguridad del CSN, GS-1.10. La revisión aprobada establece los objetivos, el alcance, el contenido, los plazos de presentación y la forma de documentar RPS de las centrales nucleares en operación, en cumplimiento de la Instrucción del CSN IS-26, de 16 de junio de 2010, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares.

Además, se incluyen aspectos específicos como el envejecimiento y obsolescencia de los equipos, la posible operación a largo plazo de las instalaciones más allá de la vida inicialmente prevista, y las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima de 2011. Del mismo modo, el CSN señaló que con esta revisión de la GS-1.10 busca cumplir la recomendación incluida en el Plan Nacional de España (NAcP) que se aprobó para cumplir el Plan de Acción aprobado por el Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG por sus siglas en inglés) una vez completadas las pruebas de resistencia como consecuencia del accidente de Fukushima.

Greenpeace critica celeridad del CSN

Por su parte,Greenpeace ha lamentado que el Consejo de Seguridad Nuclear «se dé más prisa» en atender y admitir una propuesta del Ministerio de Energía para «favorecer» a las empresas eléctricas que en aprobar cuestiones que pueden suponer una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos.»Es la misma historia de siempre», ha manifestado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

La mayor celeridad a la que se refiere Greenpeace es respecto a que también se ha aprobado el plan de acción de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima, que «sí suponen una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica» y que ha tardado siete años en ver la luz, frente a esta modificación en la que «se han dado prisa».

«Supongo que el plan de acción lo habrán hecho de forma sesuda y esto otro, que no plantea problemas, lo han hecho en pocas semanas», ironizó Montón, que recordó al CSN que su misión no es atender al Gobierno ni a las empresas eléctricas, sino proteger y mejorar la seguridad nuclear de los ciudadanos y del medio ambiente. Por ello, concluye que esto da «apariencia de arbitrariedad» en el CSN donde «parece que las cosas se hacen sin rigor a la hora de establecer prioridades».

En todo caso, admite que la reducción de los plazos no debería suponer una rebaja de la seguridad pero tanto el operador como los técnicos del CSN tendrán que «correr» para tener a tiempo las renovaciones. «Habrá que hacer los deberes más rápido y eso no siempre es lo mejor. No se entiende que se quite esa salvaguarda de tener el tiempo necesario para hacer las cosas con los mínimos que ellos mismos habían establecido», señaló la portavoz de Greenpeace.

Similar es la opinión de la formación ecologista Equo, cuyo coportavoz Juan López de Uralde, ha calificado de «gravísima» la decisión del órgano porque, a su juicio, «permite que las empresas eléctricas sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más». «Se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social, ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos que ese alargamiento suponga para el medio ambiente y las personas», ha apuntado, antes de recordar que esta modificación llega días antes de que venza el plazo para que la central nuclear de Almaraz solicite alargar su vida útil por encima de los 40 años.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, Josep Vendrell, también se ha pronunciado insistiendo que el CSN ha tomado una decisión «hecha a medida de los intereses de las grandes eléctricas», que pretenden alargar la vida útil de las nucleares «en las mejores condiciones económicas para garantizar los altos beneficios que generan dichas centrales para el oligopolio».

Podemos pide librar a los hogares vulnerables de la refacturación de la tarifa regulada para corregir el margen de comercialización

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Europa Press.- Podemos En Comú criticó que el Gobierno haya autorizado a las compañías eléctricas la refacturación en un solo recibo de las tarifas que, a lo largo de tres años, se aplicaron erróneamente porque el Gobierno no calculó correctamente el coste de la comercialización de la energía eléctrica de la tarifa semirregulada (PVPC), y pide fraccionar el pago y que se exima a los hogares vulnerables.

La refacturación se sustenta en tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se obliga al Gobierno a elaborar una nueva metodología para calcular el margen de comercialización del PVPC. A partir de ello, el Gobierno aprobó un modelo de comunicación que las compañías deben remitir a los usuarios para informarles de los motivos del reajuste en el cobro en el que, lamenta Podemos, «les ha dado libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o en uno solo».

Por todo esto, la formación catalana, a través de su portavoz de Energía en el Congreso, Josep Vendrell, registró en la Cámara Baja una batería de preguntas para comprobar si el Gobierno conoce los efectos de cargar en una sola factura esta desviación en el cálculo de la factura y para saber las razones por las que el Ejecutivo no excluyó de esta decisión a los beneficiarios del bono social.

Para Vendrell, esta decisión «refleja una nula sensibilidad con aquellos consumidores que atraviesan una grave situación económica y que habitualmente ya tienen dificultades para hacer frente a los recibos». «Ni siquiera se han tenido en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les estaría aplicando íntegramente», lamenta el diputado catalán.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.