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UGT pide reducir la fiscalidad y un IVA súper reducido para la electricidad mientras Unidos Podemos también exige tomar medidas

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos reclama a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un Plan de choque contra la subida de luz, que permita hacer frente a la crisis actual en este sector. Mientras tanto, el sindicato UGT plantea reducir la fiscalidad de la electricidad y aplicarle un impuesto sobre el valor añadido (IVA) súper reducido, así como mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, para paliar los efectos que su subida en el mercado tiene en los consumidores.

UGT pide al Gobierno que actúe de manera «contundente» para mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, con el fin de evitar las continuas subidas del precio de la electricidad, que vuelve a marcar un nuevo máximo anual en el mercado mayorista, apenas una semana después del último récord, subidas que considera «escandalosas e insostenibles». El sindicato ha denunciado la existencia de un «oligopolio que no para de cosechar beneficios a costa del bolsillo de los ciudadanos y que prevé seguir haciéndolo». UGT ha instado al Gobierno a solucionar el problema “continuo y creciente” de las subidas del precio de la electricidad, que afecta especialmente a los sectores de la población más vulnerables.

Por ello, pide que se reduzca la fiscalidad de la electricidad, así como de otros suministros básicos, y se le aplique un IVA súperreducido, frente al actual del 21%, “por ser un servicio esencial para la ciudadanía”. También demanda ampliar el bono social y hacerlo más inclusivo, pues considera que el actual es “insuficiente” para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema, así como la modificación de la actual regulación para que sea “más transparente y eficaz”. «En definitiva, se trata de primar el interés general sobre el interés privado y que el sector eléctrico cumpla sus obligaciones con la sociedad», subrayó.

Unidos Podemos trabaja con Ribera

Mientras tanto, Teresa Ribera se reunía en el Congreso con los portavoces de Unidos Podemos en materias relacionadas con Energía y Medio Ambiente, Josep Vendrell, Juan López de Uralde, y Antón Gómez-Reino. Vendrell ha explicado que han planteado a Ribera varias medidas basadas, fundamentalmente, en una reforma del mercado eléctrico en España. Un mercado que, según ha señalado, no es coyuntural, sino estructural, lo que hace que «el país sea el cuarto de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros», a pesar de que un «10-15% de la población sufre pobreza energética». El portavoz de Energía del grupo parlamentario ha denunciado, además, que con este mercado las compañías eléctricas «siempre ganan».

Por ello, y además de esa reforma del mercado, Unidos Podemos también ha propuesto reducir el término de potencia, es decir, la parte fija que se paga; recuperar la gestión de las hidráulicas cuya concesión ha caducado; y afrontar la reforma del bono social que, actualmente, según Vendrell, deja fuera a un millón de usuarios. Los diputados han explicado que Ribera ha estado receptiva en esta materia, aunque estarán atentos a su comparecencia en el Congreso, prevista para este miércoles, en la que se abordará el tema de la subida de la luz. El grupo confederal espera que entre sus medidas para solucionar este tema incluya alguna de sus propuestas.

Cambio climático y Transición Energética

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Unidos Podemos ha anunciado la puesta en marcha de un espacio abierto de diálogo, aunque no se ha establecido un calendario concreto para posibles reuniones. Según López de Uralde, ofrecieron su ayuda a la ministra para abordar la norma en esta legislatura, algo que le parece «imprescindible» pues, tal y como explicó, con el Gobierno del PP se «perdieron» dos años de trabajo en esta materia. «Era importante que se creara este espacio de trabajo por la urgencia, porque no queremos que ocurra como con el PP, y por el contenido, porque esperamos que la ley sea ambiciosa», indicó.

En su intervención ha recordado que Unidos Podemos registró en julio su propuesta de ley sobre este tema, que «la ministra conoce» y que «aborda realmente el cambio climático de manera completa desde el punto de vista de la energía, pero también desde otros sectores afectados de alguna forma por el cambio climático». Esta primera reunión con la titular de Transición Ecológica está enmarcada en el «diálogo preferente» que el grupo confederal «está teniendo con el Gobierno salido de la moción», según ha explicado Gómez-Reino.

Unidos Podemos solicita la comparecencia de Ribera para que explique en el Congreso la postura del Gobierno en la cumbre de interconexiones energéticas

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Europa Press. – Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una petición de comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el objetivo de que explique cuál ha sido la postura del país en la cumbre sobre interconexiones energéticas, celebrada a finales de julio en Lisboa.

La proposición, firmada por el diputado de En Comú y portavoz del grupo confederal en materia de Energía, Josep Vendrell, y la diputada de Equo Rosa Martínez, reclama la presencia de Ribera ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

En la pasada cumbre, España firmó, junto con Francia y Portugar, un acuerdo de financiación del proyecto de interconexión energética entre el país galo y la Península Ibérica a través del Golfo de Vizcaya, que se traducirá en una línea de crédito de 578 millones de euros.

 

La mayor de las subvenciones

Así, la Unión Europa, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dio el visto bueno a la línea de crédito para desarrollar este proyecto entre Francia y España, que, según destacó el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, es la «mayor subvención» dada a un proyecto energético por la UE.

A Lisboa acudió en representación del país el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien explicó que España, Francia y Portugal tienen «visiones muy parecidas» sobre los desafíos del conjunto de la UE, entre los que están las «interconexiones energéticas».

El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.

Unidos Podemos propone una ley de cambio climático con el cierre de centrales nucleares, la bajada del 35% de emisiones en 2030 y el control municipal de la red de distribución eléctrica

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Europa Press. – Unidos Podemos ha presentado su proposición de ley de cambio climático en la que recoge, entre otras medidas, el cierre de las centrales nucleares y una reducción del 35% de las emisiones antes de 2030, con respecto a los niveles de 1990. Además, han registrado en el Congreso una ley para que los ayuntamientos puedan adquirir y gestionar su propia red de distribución eléctrica, declarando su explotación como un servicio público de titularidad municipal.

Así, la ley se mueve en cuatro ejes. Uno de ellos se centra en el cierre de las nucleares, una postura que los de Pablo Iglesias, siempre han defendido. En esta norma, se da un plazo de seis años, antes de que acabe 2024, para completar el cierre definitivo de estas plantas. Pero, además, reclaman el cierre de las centrales térmicas, en este caso para antes de 2025.

Además, la ley se estructura en un modelo sostenible basado en las reformas fiscales. Por ello, se propone un impuesto de matriculación, una reforma del impuesto de hidrocarburos y un rediseño del bono energético, así como la introducción de un bono gasista.

Estos dos bonos, según se desprende de la ley, están basados en la renta per capita por hogar, de manera que los hogares más vulnerables puedan acceder a un consumo mínimo de energía. Unidos Podemos también propone que el coste de estos servicios sean asumidos por las empresas que operan en cada sector.

De esta manera consta en la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética que quieren que se debata en la Cámara Baja y con la que la coalición de izquierdas busca alcanzar, entre otros objetivos, la reducción de emisiones de CO2 y regular la transición energética con un cambio en el ‘mix’, aumentando el peso de las renovables.

Para la coalición morada, estas se regularían a través de un nuevo sistema de subastas en el que el coste de generación de cada tecnología sería el criterio principal y un sistema de primas de retribución estable para las instalaciones ya existentes, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la producción.

 

Primas y participación pública

Unidos Podemos cree inaplazable realizar cambios en el sector eléctrico, y aboga por reformar su sistema de retribuciones, abonando en función del coste de generación y asumiendo la amortización instalaciones, así como por una auditoría de todos los costes del sector, a realizar en el primer año desde la entrada en vigor de la ley.

El grupo político llama a acabar así con los llamados ‘windfall profits’ -‘beneficios caídos del cielo’- que, denuncian, gozan determinadas instalaciones de generación, como las hidroeléctricas. En este sentido, establecen la explotación pública de cada instalación al caducar las concesiones de las mismas.

 

Medidas en el sistema eléctrico

Unidos Podemos pretenden aumentar la participación el Estado en Red Eléctrica de España hasta alcanzar el 100%. Además del fin del llamado ‘impuesto al sol’ y la simplificación de trámites para facilitar el autoconsumo -con redes compartidas y esquemas de retribución de energía vertida a la red-, obligan a que todo nuevo proyecto de renovables deje participar en la inversión a ayuntamientos, vecinos, cooperativas y pymes locales, y posibilitan que se otorguen ayudas directas a la inversión en instalaciones de pequeña potencia, promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas de consumo.

En otro sentido, proponen reestructurar la tarifa eléctrica y de gas, limitando hasta un 25% el término fijo, con el fin de gravar más un mayor consumo de electricidad y rediseñar el bono social eléctrico, con un único criterio: la renta per capital del hogar vulnerable. Bajo este mismo criterio se crea un bono social para el gas y una tarifa especial para el agua.

Así, los impulsores de este texto, los portavoces del grupo confederal de Medio Ambiente y Energía, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde y el de En Comú Josep Vendrell han expuesto los objetivos «ambiciosos» en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en los horizontes de 2030 y 2050. Para la coalición de izquierdas, 2030 es la fechas donde se establece un objetivo en la reducción de emisiones de CO2 del 35% con respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de origen renovable; mientras que e 20 años después estos porcentajes deberán alcanzar el 95% y el 100%, respectivamente.

Además, proponen que se elabore, cada cinco años, unos «presupuestos de carbono» desglosados por sectores para los cinco siguientes y exigen al Gobierno la elaboración de un Plan Nacional de Eficiencia Energética que, entre otras medidas, incluya la rehabilitación energética anual de un mínimo de 200.000 viviendas, priorizando la actuación en los hogares y barrios más vulnerables.

Unidos Podemos ha resaltado un estudio elaborado por CC.OO. en el que se determina que esta medida de rehabilitación de viviendas podría suponer la creación de hasta 500.000 puestos de trabajo.

El texto prohíbe la ampliación de explotación de las centrales nucleares en funcionamiento y de otorgar nuevos permisos, de manera que antes de terminar el año 2024 no haya centrales operando en el país. También se plasma el cierre de las centrales térmicas de carbón con fecha límite el 31 de diciembre de 2025.

La ley también exige una Estrategia Nacional de Residuos; medidas para la mitigación en los sectores agrícola, ganadero y en el de la pesca; la creación de un Fondo de Financiación Verde, para financiar las medidas en materia de cambio climático, y medidas de adaptación a este fenómeno.

Por último, Vendrell ha querido destacar que se trata de una ley «transversal» que aborda muchos sectores y que consideran muy completa. Por ello, han enviado al Gobierno, el texto, con el objetivo de tenderles la mano y mostrarle su intención de dialogar en torno a una ley lo más completa posible en este aspecto. El Gobierno ya ha anunciado que presentará próximamente su proyecto de ley sobre esta materia.

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

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Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

En Comú solicita en el Congreso de los Diputados diferentes informes sobre el proyecto Castor

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Europa Press. – En Comú ha reclamado en el Congreso más información sobre el proyecto Castor y ha registrado dos peticiones en las que reclama sendos informes referentes a este caso: Los de la Abogacía del Estado y el estudio emitido por la empresa concesionaria del mismo ACS-ESCAL.

A iniciativa del portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú Josep Vendrell, se solicita estudiar los informes que presentó la Abogacía del Estado y que no avalaban la posibilidad de demostrar negligencia y daños vía declaración de lesividad, para denunciar el contrato del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor.

Pero, además, quieren conocer el estudio presentado por parte de ACS-ESCAL para la concesión de explotación de este almacenamiento. Según apunta Unidos Podemos en la petición, este trabajo está aprobado por un auditor técnico, una aseguradora y la autoridad pública correspondiente, según el cual la aseguradora asumía los riesgos derivados de la construcción y puesta en marcha de la planta.

 

Solicitan información sobre la Ley del Cambio climático

Unidos Podemos ha denunciado en numerosas ocasiones que haya tenido que ser «la ciudadanía» la que ha tenido que pagar «el fiasco» del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora. «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», ha declarado en anteriores ocasiones Vendrell.

El grupo de Pablo Iglesias aprovecha para pedir también información al Ejecutivo acerca del borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que estaba preparando el anterior Gobierno y cuya existencia ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

«Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», explicó Ribera. Su antecesora, Isabel García Tejerina, se comprometió a presentar este texto a lo largo de 2018.

Energía cree que España cumplirá con sus compromisos climáticos y pide que no se valore su ambición por los Presupuestos

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Europa Press / EFE.- «España está en posiciones creíbles para cumplir los objetivos acordados en la Cumbre de París», aseguró el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso en donde, además, ha pedido a la oposición que no juzgue la ambición del Gobierno en materia de cambio climático basándose en el volumen de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

Navia ha señalado que el país está en condiciones de cumplir con los niveles que acordó en la Cumbre del Clima y asegura que otros países que a veces se ponen de ejemplo, como Alemania, «no pueden decir lo mismo». En este sentido ha lamentado que las intervenciones de los miembros de la oposición reflejen, en su mayoría, falta de confianza en esta materia. En concreto, el secretario de Estado criticó que se valore la ambición del Gobierno «sólo por el gasto», cuando «el Gobierno lo que consigue son objetivos«.

La falta de claridad en políticas climáticas del Gobierno ha sido criticada por la mayoría de los grupos, que han cuestionado al Gobierno las contradicciones existentes entre Medio Ambiente y Energía en cuanto a la elaboración de la nueva Ley de Transición Energética que regulará esta materia, así como la movilidad sostenible. Del mismo modo, el secretario de Estado ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), y cuyo proyecto aún no está confirmado ya que falta el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que debe dar el visto bueno a la iniciativa.

En este sentido, han sido los portavoces de Energía de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, quienes han pedido explicaciones. En concreto, Lucio ha cuestionado al secretario de Estado que, sin que haya aún aprobación del proyecto, ya esté presupuestado para 2018, con 140 millones de euros. Para Vendrell, esta situación es «sorprendente» y «poco rigurosa».

Sin embargo, el secretario de Estado ha señalado que esta partida no es nueva y que la construcción de este ATC estaba ya presupuestada el año pasado, de hecho, con la misma cantidad de euros prevista. A su juicio, «el debate de fondo» en esta materia, no es si se va a presupuestar el ATC este año o el que viene, sino «si se quiere ATC o no». «Esto es en previsión», ha indicado, para recordar que la posición del Gobierno es «continuar» con la energía nuclear, por lo que el ATC «abarataría la conservación de residuos de forma significativa».

Durante el debate, Ciudadanos ha defendido la partida de política nuclear en España. La portavoz naranja en esta materia, Melisa Rodríguez, celebró el aumento de la inversión en nuclear. Su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, ha recordado que España tiene una «gran dificultad con el almacenamiento de residuos nucleares«, y ha defendido el ATC como «la solución más plausible». En este sentido, ha criticado que el PSOE, que «fue abanderado» de este proyecto, ahora se pongan en una situación «injustificable» al acceder al Gobierno de Castilla-La Mancha con Unidos Podemos.

Presupuesto de Energía: 4.542 millones

Por otro lado, la partida de Energía contará en 2018 con 4.542 millones de euros, un 7,44% más (314 millones de euros) que en 2017, concentra el 80% del presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para 2018, según indicó Navia, que destacó que el incremento en su área responde «fundamentalmente» a una partida de 300 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Navia señaló que con esta partida se convocará la subasta de renovables en Canarias, que será sólo para energía eólica.

Asimismo, subrayó que la «prioridad» del Gobierno sigue siendo combatir un déficit del sistema que en 2013 llegó a ser de más de 10.000 millones de euros, lo que hubiera llevado a una subida del recibo de más del 42%, y que actualmente se ha conseguido encauzar. Además, valoró la reducción que se ha logrado en el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a ser de más de 28.700 millones de euros y ahora ha pasado al entorno de los 21.000 millones de euros.

En cuanto a los ingresos previstos, 2.654 millones (4 millones más que en 2017) provendrán de diferentes figuras tributarias y 369 millones de euros (9 millones más) de subastas de derechos de emisiones. Para financiar los extracostes de los sistemas eléctricos peninsulares, un 50% de los cuales corre a cargo de los Presupuestos estatales, se aportarán por vía presupuestaria 687 millones de euros. En 2018, la aportación presupuestaria al sistema eléctrico será de más de 3.750 millones de euros (4 millones más que en 2017), cantidad que supone el 22% del total de los costes regulados del sistema, según Navia.

Por otra parte, Navia también destacó la partida de 359 millones de euros con que contará en este ejercicio el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, en un año «crítico» para el sector. La partida más relevante será de la de medidas sociales, aunque contará con 17 millones menos que en 2017, debido a que hay trabajadores que pasan de la situación de prejubilación a la jubilación definitiva. También se reduce la partida destinada al apoyo a empresas, que queda en 27 millones de euros, mientras que se amplían las destinadas a restauración de zonas mineras que dejen de explotarse y a ejecución de proyectos de infraestructuras en zonas mineras, que en este caso cuentan con 90 millones.

La partida para movilidad eficiente se mantiene respecto al año pasado en 50 millones y se destinarán 20 millones a infraestructuras de recarga eléctrica, aunque en este año se hará especial incidencia en la instalación de más puntos de recarga de gas para vehículos. «Es algo que tiene sentido económico, energético y de sostenibilidad y esa será nuestra prioridad», apuntó. Además, los Presupuestos incluyen 150 millones para ayudas a las industrias electrointensivas, que el año pasado no se pudieron pagar al no estar entonces todavía autorizadas estas ayudas por Bruselas.

En respuesta a preguntas de los grupos políticos, Navia ha contestado que si Portugal consiguió abastecerse de electricidad en un 100% con renovables es porque tiene el respaldo de la interconexión con España, país este último que en algunos momentos se ha abastecido en un 80% por energías que no emiten CO2, pero que necesita de más interconexiones con Europa.

El presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el ejercicio 2018 ascenderá a 5.599 millones de euros, un 6,36% más que en 2017, en lo que supone «un cambio de ciclo» y confirma «la senda de crecimiento» en la que se encuentra la economía española, según indicó el subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano.

El CSN investiga el hallazgo de sustancias radioactivas en un pozo de la central nuclear de Ascó I

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Europa Press / EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha reconocido que se han encontrado sustancias radioactivas en un pozo de la central nuclear de Ascó (Tarragona), cuyo origen están investigando. Sin embargo, le ha quitado importancia a la presencia de estas sustancias y, a su juicio, «sólo hay que saber por qué ha ocurrido».

Durante su intervención en la comisión de Energía del Congreso, a petición de los portavoces en esta materia de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, acerca de una emergencia ocurrida el pasado mes de febrero en Ascó, Martí Scharfhausen apunta que, durante una inspección alrededor de la central de una serie de pozos de los que se recogieron varias muestras, se halló una en la que se encontraron niveles anómalos de cesio y otras sustancias. «Lo que encontramos en ese pozo es una cosa peculiar», indicó el presidente del regulador, tras ser cuestionado por Vendrell por no hacer públicos estos datos.

Martí Scharfhausen ha señalado que el CSN cuenta con un documento en el que se detalla este problema pero, a su juicio, se trata de un tema complicado porque «hay mucha tierra y mucho hormigón» y la explicación, según ha indicado, se dará cuando se haya analizado lo hallado en el pozo. Aún así, ha trasladado a los diputados el informe realizado de este incidente.

El propio presidente ha indicado que estos sucesos «puede pasar» como, por ejemplo, durante las limpiezas en las que los operarios cojan líquidos y los echen en un pozo. «No sabemos cómo puede haber llegado allí», insistió, para asegurar que cuando tengan los resultados se informará sobre ello. El documento del CSN sobre este hallazgo precisa que el estudio de estos pozos se realizó entre finales de febrero y principios de marzo. El texto apunta, además, que estos sucesos no han tenido consecuencias para la seguridad, la salud de las personas o del medio ambiente.

“Una coincidencia” de incidentes nucleares

Por otro lado, Martí considera una coincidencia en el tiempo el elevado número de incidencias nucleares que han tenido lugar en los últimos meses en las centrales de Cofrentes (Valencia), Vandellós (Tarragona) y Ascó. En este sentido, Martí ha reconocido que «es verdad que ha habido muchas incidencias recientemente», que «se han agrupado un gran número en los últimos cuatro meses», pero son el «resultado de la conjunción de muchos factores» y, a su juicio, se han atajado pronto. Martí reivindicó que las empresas que operan las centrales han informado correctamente de las incidencias para que este organismo las revisara.

La central que más incidentes ha acumulado ha sido Cofrentes: 10 en 2017 y 3 en lo que va de año. En la central tarraconense de Vandellós, se produjo una fuga en la barra de presión el 13 de febrero, y la central siguió funcionando con ese fallo hasta el 2 de marzo sin ser comunicado, han denunciado los portavoces de Energía del PSOE, Pilar Lucio, y Podemos, Josep Vendrell. Martí ha respondido que el CSN comunica lo que les informan «desde la central» y ha argumentado que hay cuestiones que por ser «muy técnicas», como el incidente en Vandellós, no se informa de ellas.

Unidos Podemos propone reformar el sistema de nombramientos del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para garantizar su independencia

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Europa Press.– Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que propone una «profunda reforma» en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, más concretamente, en el sistema de nombramientos, con el objetivo de garantizar la independencia de este órgano.

El texto recoge que los miembros del Consejo del CSN serán nombrados por el Congreso de los Diputados, en donde deberán contar con el apoyo de, al menos, tres quintos de la comisión competente, lo que supondría una mayoría reforzada. «El objetivo de esta proposición de ley es adaptar el organismo a la creciente demanda social en materia de transparencia, información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica», explicaron los firmantes de la iniciativa, el portavoz morado de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juan López de Uralde, y el portavoz de Energía del mismo grupo, el diputado de En Comú, Josep Vendrell.

Los morados destacan que, en los últimos años, se ha denunciado en reiteradas ocasiones «la progresiva pérdida de independencia» del CSN, y las limitaciones a la participación en cualquier proceso de decisión. Por ello, también plantean ampliar el derecho de acceso ciudadano a sus registros, archivos y, en general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos, en curso o terminados, que tengan alguna implicación en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, siempre que dichos documentos no se encuentren en proceso de elaboración o conciernan a comunicaciones internas. Igualmente, piden que las sesiones plenarias del CSN, que actualmente son a puerta cerrada, seAn de carácter público.

López de Uralde se ha mostrado «convencido» de que «una mayor transparencia en las actividades del CSN redundará en más seguridad para las centrales«. «La participación ciudadana garantizaría en el largo plazo un seguimiento más riguroso de la seguridad nuclear”, ha explicado. Por su parte, Vendrell ha señalado que esta proposición de ley «pretende garantizar la plena independencia del CSN, evitando que el organismo regulador y supervisor esté al servicio de los intereses y las políticas del gobierno de turno«. El diputado ha insistido que «el CSN es un organismo fundamental para garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica y en los últimos tiempos esa transparencia e independencia se han visto cuestionados por la actuación del presidente del CSN».

Los grupos políticos de la oposición ven similitudes entre el almacén de Gas Natural en Doñana y el proyecto Castor

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Europa Press.- Los grupos parlamentarios de la oposición expresan su preocupación por el proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el Parque Natural de Doñana, tras el reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre y el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre, ambos de 2017.

Para el diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, los nuevos informes disponibles señalan que «los análisis de Gas Natural Fenosa rebajaron la peligrosidad» respecto al riesgo sísmico y al riesgo de inundación del almacén mientras para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este riesgo, según asegura, era alto. Además, ha criticado el contrato puesto que asegura que el Gobierno ha reconocido 6 millones de euros a Gas Natural por mantener el almacén subterráneo, algo que le «huele a Castor» porque el proyecto ha seguido «un camino parecido» e insta al Gobierno a paralizarlo.

El diputado critica el proyecto de almacén de gas en el entorno cercano a Doñana, que fue proyectado en 2002 y aprobado en 2010, y acusa a PP y PSOE de ir pasándose el proyecto. «Lo que uno propone, el otro dispone», ha ironizado Vendrell que no cree que almacenar gas sea una actividad apropiada en la zona ni tiene sentido y recuerda que cuenta con el rechazo del territorio y de las organizaciones ambientales.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recuerda la «historia de chapuzas previas» como la del almacén Castor y quiere «evitar que se repita la situación». En la misma línea ha recordado la oposición en la zona al proyecto de «multidepósito de gas» y ha recordado los informes del IGME y del Defensor del Pueblo que consideran que los datos aportados por los promotores son «insuficientes» en cuanto a seguridad ambiental y sobre la idoneidad del proyecto.

«El Defensor dice que el emplazamiento podría no ser idóneo y que las declaraciones de impacto ambiental son insuficientes y tienen defectos invalidantes», ha insistido Villegas. Del mismo modo, la posibilidad de que, si finalmente el almacén no fuera viable, se pudieran activar mecanismos de compensación a la empresa concesionaria también le «suena a Castor» a Ciudadanos, por lo que emplaza al Gobierno a actuar.

El diputado socialista Antonio Pradas plantea suspender el proyecto Marismas occidental, el que está aprobado actualmente. En ese contexto, ha recordado que este proyecto fue aprobado en 2010 «con todos los parabienes» pero sobre los otros tres proyectos relativos a este almacén, se pidió una declaración conjunta porque afectaban al parque nacional de modo que ha exculpado al PSOE de las decisiones en ese sentido a partir de 2010 y ha recordado que el PP autorizó en 2013 la viabilidad de los otros tres proyectos.

Desde el Partido Popular, la diputada María Teresa de Lara ha instado a los grupos a no hacer «demagogia», que en su opinión «no es buena», en un asunto «tan delicado» e «importante» como la política energética. La representante popular ha defendido que en el entorno de Doñana se explotan almacenes y pozos de gas desde hace décadas en una estructura existente, que es lo que se quiere modificar, y cuya existencia previa no fue obstáculo para la inclusión de Doñana en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En definitiva, ha defendido la actuación del Gobierno, que ha agrupado 30 proyectos en 4 para acumularlos y estudiar mejor los efectos acumulados, y que en enero de 2015 pidió al IGME nuevos informes sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos y de riesgos técnicos. En cuanto al de Marismas Occidental, ha dicho que la resolución ministerial exigió al promotor cumplir una serie de medidas adicionales. En la actualidad, indicó que los informes del IGME y del Defensor se han entregado a Gas Natural, que ahora tiene que formular las alegaciones oportunas.