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El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

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Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.

El Congreso convalida el decreto para que las comercializadoras financien el bono social y para restringir los cortes de luz

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Redacción / Agencias.- El pleno del Congreso de los Diputados convalidó, con 248 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 77 en contra (Unidos Podemos, ERC y Bildu) y 15 abstenciones (Compromís, PNV y PDeCat), el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de electricidad, como la prohibición de los cortes de suministro a los consumidores de especial vulnerabilidad.

A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución. Además, el PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En su intervención, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió el respaldo a este decreto para que cuente con el mayor «consenso parlamentario, que le dé valor jurídico y político». «Es un tema que nos preocupa a todos, estamos hablando de cómo combatir la pobreza energética y es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto más grupos parlamentarios se unan mejor, ya que hace el sistema más robusto», aseveró.

Asimismo, Nadal consideró que este decreto permite también realizar «una reforma» del bono social vigente desde 2009, para lo que hay «un consenso» de la Cámara Baja, y para cuyo desarrollo del reglamento ya se han iniciado las conversaciones con todas las fuerzas políticas para que exista «el máximo consenso político posible». Nadal destacó que la normativa permite garantizar el sistema de financiación del bono social, que era el «escollo fundamental». «Sin financiación no tendremos bono social. Si no existiese una financiación adecuada el sistema en su conjunto estaba en peligro», añadió al respecto. No obstante, el Gobierno ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que anuló la financiación del bono social.

Otra de las grandes novedades que incluirá el reglamento es que los perceptores del bono social se distribuirán en tres categorías en función de su vulnerabilidad y que la renta será un factor determinante para percibirlo. En la categoría de menor vulnerabilidad, que recibirá un descuento del 25% en la tarifa como hasta ahora, estarán los colectivos que perciben el bono actualmente. En la segunda categoría, que recibirá un descuento mayor que todavía está por definir, estarán aquellos hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad por factores de renta. Por último, la tercera categoría estará formada por los hogares con una vulnerabilidad severa, que son aquellos a los que no se les podrá cortar el suministro.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, resaltó la prohibición de cortar el suministro a los consumidores vulnerables y la vinculación de la ayuda a los ingresos. Así destacó la importancia del decreto para conseguir «atacar la pobreza desde todos los ángulos» y lo valoró como un «importante paso a una política integral de lucha contra la desigualdad». Lucio destacó que, a pesar de que el PSOE hubiera preferido extender la financiación del bono social a todas las actividades del sector, el diálogo para el consenso en esta materia «ha abierto la puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda que las decisiones políticas mejoren su vida».

Mientras, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, aseguró que este decreto ley es «fruto del acuerdo» y demuestra que hay temas importantes en los que los partidos si son «capaces de sentarse a hablar, más allá de las ideologías políticas». Asimismo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, consideró que la medida que manifiesta la decisión de «la amplia mayoría» de la Cámara en defensa de los consumidores vulnerables y valoró la invitación del ministro a todos los partidos políticos a participar en el proceso reglamentario. Ana Oramas (Coalición Canaria), Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Carlos Salvador (UPN) coincidieron en los aspectos positivos de la norma.

Unidos Podemos vota en contra

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Josep Vendrell, justificó la falta de respaldo por la formación al real decreto al hecho de que «no es una verdadera ley de mitigación de la pobreza energética». «Con este real decreto no se va a resolver la financiación del bono social ni la pobreza energética. Parte solo de vincularlo a la electricidad, y no a otros productos energéticos», criticó Vendrell, quien acusó a los gobiernos del PP y PSOE de haber llevado a cabo una política energética en España cuyo objetivo real es «mantener la tasa de beneficio de las grandes eléctricas». Según indicó, Podemos no apoyará un decreto-ley que «sirva para anestesiar» las demandas de la sociedad.

En la misma línea, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Capdevilla, defendió su voto en contra del decreto al considerar la iniciativa como “un parche” y que la política energética del Gobierno sigue «beneficiando a las empresas del oligopolio eléctrico, mientras no protege al consumidor vulnerable de la luz«. Mientras, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que adelantó la decisión de su formación de abstenerse, apuntó «el fracaso» del modelo energético del Gobierno. El diputado de Compromís Joan Baldoví explicó que aprecia «algún aspecto positivo» en el decreto pero lo considera «insuficiente«. El diputado de Bildu, Oskar Matute, criticó que se trata de una «tirita» que deja «el bisturí» en manos de las eléctricas.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de 7 millones de personas. Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Así se restablece la financiación del bono social, que será asumida por las comercializadoras eléctricas.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes. Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico, como en cárceles u hospitales. Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en vulnerabilidad severa.

Además, Nadal destacó que el suministro de estos hogares será asumido por los servicios sociales autonómicos y municipales con cofinanciación procedente del bono social, que será aportada por las comercializadoras. A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá que comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si es un consumidor “extremadamente vulnerable”, ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro.

Por otro lado, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables del bono social en caso de impago. Nadal indicó que ese será el periodo del que dispondrán las comunidades autónomas para determinar si se trata de consumidores con vulnerabilidad severa. Además, se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer el reglamento de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.

Unidos Podemos pide una comisión de investigación sobre la subida del precio de la luz

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís presentaron en el registro del Congreso una solicitud en la que piden la creación de una comisión parlamentaria para investigar «el incremento continuado del precio de la luz» y esclarecer el «origen y justificación» de todos los componentes que contribuyen al precio final. Estas formaciones reclaman que se investiguen los distintos conceptos que se incluyen en la tarifa eléctrica regulada, en la que el coste de la energía, que se marca en el mercado mayorista, sólo representa el 35% del total.

Entre los conceptos a investigar, la solicitud cita la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, los pagos para compensar los mayores costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), las primas a las renovables o las ayudas al carbón nacional. Además, se señalan los costes asociados a la recuperación del déficit de tarifa acumulado en ejercicios anteriores y los pagos por garantía de potencia. En este último caso, los partidos firmantes plantean si es necesario incluirlos en la componente de mercado dado el carácter de subsidio que tiene. Sobre el IVA, Unidos Podemos y Compromís han pedido determinar si el actual tipo del 21% está justificado en un bien básico como la electricidad.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, ha aludido al derecho de la sociedad a saber «qué ha ocurrido» para llegar a esta situación. Vendrell criticó que el actual precio se debe a «decisiones políticas erróneas» o a mecanismos del mercado «injustos». El diputado destacó que a pesar de la subida del precio de la luz en otros países vecinos, estos tienen «un salario mínimo mucho más alto». Vendrell ha pedido el apoyo del resto de grupos para crear una comisión de investigación sobre la «estafa eléctrica», con la que se citará a los «máximos responsables políticos de diferentes gobiernos», tanto del PSOE como del PP, a directivos de empresas eléctricas, a expertos y movimientos sociales.

Asimismo, la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, criticó que el PP esté «dificultando» las comisiones de investigación en un intento por «evadir la responsabilidad del Congreso de control del Gobierno». Por ello, pidió al Ejecutivo que asuma su «responsabilidad» y acepte con «naturalidad democrática» el uso del reglamento para esclarecer un sistema eléctrico «opaco» en el que se produce un «trasvase injustificado» de las rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Así, asegura que el Congreso «tiene que tomar la iniciativa». Además, Martínez ha apuntado a la «preocupación social» como reclamo para investigar el marco regulatorio actual.

Déficit y pagos por capacidad

La propuesta de creación de comisión busca investigar los motivos que han llevado al mercado regulatorio actual que permite que externalidades como la meteorología o el precio del gas y el carbón tengan un impacto «tan elevado» en el precio de la electricidad. El objetivo es esclarecer los CTC y el «regalo de 3.600 millones de euros a las eléctricas” que se produjo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los «elementos fundamentales de la estafa eléctrica», según Vendrell. También investigará el déficit de tarifa de 25.000 millones y los pagos por capacidad que suponen 400 millones al año para tener disponibles centrales de ciclo combinado cuando se necesitan «y ahora que se necesitan no están operativas».

Unidos Podemos y Compromís ven necesario establecer en detalle cómo se constituyen los conceptos que conforman la parte regulada de la tarifa eléctrica: transporte, distribución y gestión comercial, organismos de operación del sistema y del mercado, CNMC, compensación por generación insular y extrapeninsular, adquisición de régimen especial o carbón, entre otros. También ven preciso una explicación «exhaustiva» de los constantes aumentos del precio a través de sus conceptos de mercado diario, intradiario y de operación, pagos por capacidad y garantía de potencia. De igual forma, Vendrell considera necesario que, en el marco de la comisión de investigación solicitada, se estudiase la justificación del «excesivamente elevado» IVA del 21% sobre un bien necesario como la luz.

Además, apuntó a los «beneficios caídos del cielo» como otro de los puntos a investigar, ya que el actual mecanismo de fijación de precios hace que las centrales hidroeléctricas y nucleares «totalmente amortizadas» y que ya recibieron pagos para su amortización, reciban ahora beneficio «como tecnología más cara». «Pagamos ocho veces más por la tecnología hidroeléctrica», ha denunciado Vendrell, quien denuncia la «mala regulación apoyada y decidida por los gobiernos del PSOE y el PP». Una auditoría independiente sería el paso previo a una reforma del sistema eléctrico que garantice la «fórmula del futuro», en la que se primarán las renovables, frente a la del «pasado» del ministro que «preserva los intereses de las eléctricas».

La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

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EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

Podemos pide en el Congreso auditar los costes para elaborar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad

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Europa Press / EFE.- Mientras el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha sugerido el establecimiento de una horquilla de precios para los consumidores domésticos de energía, Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje «adecuadamente» el coste de generación de cada tecnología y realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico.

En su iniciativa, firmada por el diputado Josep Vendrell, el partido pide que las modificaciones legislativas en el sistema de fijación del precio eléctrico tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas. También que se encamine a garantizar el acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía; y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los «enormes impactos» ambientales asociados a la generación eléctrica.

Asimismo, la iniciativa pide realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España. El resultado de la auditoría será la base para el diseño del nuevo sistema de fijación de precios. De igual forma, reclama establecer de forma inmediata un cargo por la diferencia entre el coste y el precio de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares.

También se propone reformar la parte regulada de la tarifa. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia contratada, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados. La iniciativa también demanda recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para “evitar el uso especulativo” del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.

En la iniciativa, Podemos denuncia el aumento del recibo de la luz, con una tendencia «claramente al alza» desde hace más de una década. En esta línea, se refiere al repunte de los precios del pool, que superaron los 90 euros por megavatio hora (Mwh) en parte por la ola de frío, el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas, como han subido también «en toda Europa», pero en el caso de España cree que se agudiza por los «problemas regulatorios y de competencias que han convertido el sistema en un mecanismo injusto de extracción de rentas».

Por otra parte, Podemos también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno ante la escalada del precio de la electricidad en el mercado durante las últimas semanas, situándose en niveles de 2013, lo que podría suponer una subida de 100 euros anuales en el recibo, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Así, pregunta al Gobierno si una mayor presencia de las renovables en el mix eléctrico favorece la reducción del precio de la electricidad y si ha calculado el precio de mercado si hubiera instalada en España el doble de capacidad en renovables.

También se interesa sobre si el Ejecutivo ha cuantificado el impacto que tendrá el incremento del consumo de gas y carbón en la balanza de pagos, así como el aumento de las emisiones de CO2 y sobre si tiene previsto alguna medida o mecanismo de compensación que permita a España mantener sus compromisos internacionales respecto a la reducción de emisiones de gases invernadero. De igual forma, le pregunta sobre el calendario que prevé para impulsar el Pacto de Estado por la energía comprometido en el programa de investidura del presidente.

En este contexto, Podemos quiere saber si el Ejecutivo se plantea incorporar la reforma de la regulación del sector eléctrico, el sistema de fijación de precios y la estructura de la tarifa, dado que España tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa. Junto a estas preguntas, Podemos pregunta al Gobierno si tiene sospechas o indicios de que se hayan producido manipulaciones fraudulentas de los precios del mercado y si considera que los ingresos de las hidroeléctricas y nucleares en el mercado son «razonables», teniendo en cuenta sus costes de generación.

Fijar una horquilla al consumidor

Por su parte, Vega de Seoane cree que los consumidores domésticos no están preparados para aprovecharse de la fluctuación en el precio por horas de la energía, por lo que ha propuesto reflexionar sobre la necesidad de establecer una banda de precios, con un mínimo y un máximo, para los consumidores domésticos. Eso evitaría generar alarma social y daría más estabilidad al sistema, según ha afirmado. Asimismo, Seoane lamenta que los consumidores estén pagando los «disparates» que se hicieron en el pasado con el despliegue «masivo» de energías renovables, especialmente «fotovoltaicas», a un coste que actualmente sería «25.000 millones de euros inferior». «Lo hicimos rematadamente mal y lo estamos pagando ahora. Y eso quien debería pagarlo son los contribuyentes», indicó.

Los agricultores critican sobrecostes millonarios

Por otro lado, la Unió de Llauradors denuncia que el incremento del precio de la energía (electricidad y gasóleo) provocará que los agricultores y ganaderos valencianos tengan un sobrecoste de 111 millones de euros si se mantiene en ese estatus alcista. Según La Unió, un estudio elaborado por sus servicios técnicos indica que de esta cantidad, 69,5 millones de euros corresponderían a la factura de la electricidad y los 42 restantes a la del gasóleo.

Los sectores ganaderos más afectados, añade La Unió, por esta subida de los costes energéticos son el avícola y el porcino, sobre todo por el gasóleo empleado para la calefacción de las granjas. En el caso del avícola esta situación repercutiría en un aumento del 26% en los costes de producción, mientras que en el porcino sería del 4%. Los cultivos donde más se nota la subida de los costes de la energía son los de secano, principalmente el olivo (con un incremento del 16%), el almendro (del 14%), la viña (10%), la fruta de verano (4%), los cítricos (4%).

El sindicato recuerda además que el precio de la energía (gasóleo y electricidad) representa para la agricultura un 12% de los costes directos y un 3% de los costes totales, mientras que para la ganadería suponen casi un 13% de los costes totales. Del mismo modo, pide que vuelvan a establecer tarifas especiales de electricidad para el sector agrícola como existía hasta 2008, y un gasóleo profesional agrícola que es una reivindicación histórica del sector.

Podemos En Comú denuncia ilegalidades y una posible amenaza para la salud en la sustitución de los contadores energéticos inteligentes

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Europa Press.- Podemos En Comú ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa por la sustitución de contadores eléctricos en la cual, según advierten, “se está incurriendo en varias ilegalidades y puede suponer un riesgo para la salud”.

Los catalanes, a través de su diputado Josep Vendrell, se refieren a la sustitución de contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kw, de contador electromagnético a telegestionable. Este proceso se realiza en tres fases, habiéndose fijado la última de ellas en 2018. Una de las irregularidades que detecta esta formación, integrada en el grupo de Unidos Podemos, es la “restricción a la libre competencia que impone una de las compañías distribuidoras, Endesa, pues, denuncian, impide que en su red de distribución se instalen contadores telegestionables no fabricados por su matriz Enel”.

Asimismo, relatan que los clientes están obligados a aceptar que la sustitución de estos dispositivos se lleve a cabo sin avisarles de la fecha y la hora de esta operación. Esto vulnera otro de los preceptos reguladores de la sustitución de los contadores, una directiva europea de 2012 que insta a las empresas distribuidoras a comunicar a sus clientes la fecha prevista con una antelación de tres meses. En este punto, cuestionan si el Gobierno y la CNMC son conscientes de que las restricciones a la libre competencia por parte de Endesa están prohibidas expresamente en el reglamento e inquieren si piensan tomar alguna medida al respecto. Asimismo, también preguntan por si conocen la ausencia de avisos por las compañías.

Ley de datos y salud

Por otro lado, Vendrell apunta a que la propia instalación de contadores podría estar incurriendo en la vulneración de la Ley de protección de datos, pues la propia agencia llegó a reconocer en 2015 que el tratamiento de estos datos es «especialmente sensible» al acceder a informaciones ajenas a la propia estadística de consumo. Así, advierte que con los nuevos contadores inteligentes es posible definir hábitos de comportamiento del consumidor, abriendo la puerta a la elaboración de perfiles relacionados con su conducta. El diputado aboga por que este acceso «debería fundarse en el consentimiento inequívoco del afectado», pues supone un riesgo para su privacidad, y pregunta al Gobierno por ello.

Por último, desde Podemos expresan «la creciente preocupación social en relación a las inmisiones cada día mayores y los posibles efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas que emiten los contadores inteligentes, especialmente sobre colectivos sensibles como mujeres embarazadas, recién nacidos, niños o personas mayores. En este sentido, apuntan a la falta de comprobación científica sobre la inocuidad de los contadores y demandan la confirmación del Gobierno de que los dispositivos son «absolutamente seguros», preguntan si el Gobierno se ha planteado realizar los estudios necesarios para evaluar si existe algún riesgo, y por una posible paralización de estos planes.

Podemos, PSOE y Ciudadanos acuerdan reclamar el desmantelamiento del almacén gasista Castor y estudiar posibles responsabilidades penales de Escal UGS

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación tras completar Enagás su sellado, y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS participada por ACS, así como realizar un peritaje para valorar los daños causados.

La iniciativa recibió 28 votos favorables y 15 en contra. La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y Ciudadanos, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP. El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, criticó el «escándalo mayúsculo» de este proyecto «fracasado», que se fomentó «más por el interés del promotor que por el interés general» y que ha acabado por convertirse en un «pelotazo financiero» que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Una prueba más del capitalismo de amiguetes», añadió el portavoz.

Por eso, exige una «solución justa» que pase por explorar las «posibilidades legales existentes» para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque «incurrió en dolo», así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos. Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando «mayor protagonismo» a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Herick Campos recordó que la posición socialista es de «cierre y desmantelamiento de la infraestructura», mientras criticó que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS «sin transparencia«. El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, fue más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales «si las hubiera» respecto de este «escándalo», ocurrido «tanto en periodo socialista como popular», según recordó.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este «escándalo» ha sido posible por una «decisión política» que permitió que el contrato incluyera unas «cláusulas abusivas» en beneficio de la empresa. Por Compromís, la diputada Marta Sorlí denunció que «Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos que sólo ha servido para hacer temblar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar» y se felicitó de que «ahora sí» exista la posibilidad de «hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero».

Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó que esta propuesta es «insuficiente» porque lo que solicita para que se recupere la indemnización ya está incluido en un decreto aprobado en 2014 si se demuestran irregularidades por parte de la empresa, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de la promotora Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.

Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.

Por último, Mariscal señaló que el «dañino» decreto que incluía el «alucinante» artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un «socialista» y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo para no tener que abonar la indemnización a Escal pero el Tribunal Supremo no se lo permitió.

PSOE y Podemos buscan en el Congreso un acuerdo para el cierre definitivo del almacén Castor y recuperar la indemnización

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Europa Press / EFE.- El PSOE y la confluencia catalana de Podemos, En Comú Podem, tratarán de buscar un acuerdo en la Comisión de Industria del Congreso sobre el cierre definitivo y desmantelamiento del almacén subterráneo de gas natural Castor y sobre la reclamación a la concesionaria Escal UGS de la devolución de la indemnización por extinción que se le ha tenido que abonar.

En su iniciativa, En Comú Podem exige un calendario para el desmantelamiento del proyecto negociado entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y la catalana, junto con los ayuntamientos afectados, que contemple el desmantelamiento de las instalaciones, y que sea «responsable, transparente y no oneroso para las arcas públicas», según exige el portavoz de Industria de la formación, Josep Vendrell.

A través de una enmienda, el PSOE se centra en pedir el cierre definitivo de la instalación y reclama «una mayor contundencia» en la exigencia y ejercicio de transparencia para conocer las causas y consecuencias del cierre del almacén, así como en su desmantelamiento con la oportuna reparación medioambiental. «La hibernación no será el final del proceso, sino el cierre definitivo y desmantelamiento, dando así una garantía cierta a los municipios que sufrieron seísmos de que no habrá más y de que habrá una recuperación medioambiental y paisajística», explica el coordinador del grupo del PSPV-PSOE en el Congreso, Herick Campos.

Sobre las indemnizaciones, los socialistas también reclaman que sea la empresa que promovió Castor, o sus accionistas, los que asuman el coste, «sin que en ningún caso recaiga este coste en los ciudadanos, ni con fondos públicos, ni con recargos en los recibos». Así, consideran «prioritario» continuar con las acciones legales en curso para «dar luz y exigir responsabilidades sobre en qué condiciones se puso en funcionamiento Castor y las indemnizaciones otorgadas por el Gobierno».

Fue el actual presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien impulsó el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados y senadores del PSOE contra la decisión del Gobierno de «otorgar de forma directa y sin ninguna investigación, una compensación a los promotores de Castor», según recuerda Campos, que insistió en que Ximo Puig «ha actuado de forma clara y contundente, y además con suficientes argumentos, como demuestra que uno de los recursos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional haya sido el del PSOE».

En ese sentido, señala que en la enmienda presentada por el PSOE también se exige conocer por qué en la indemnización se incluyen los sobrecostes, qué hizo que el coste inicial de más de 400 millones de euros pasara a 1.000 millones y por qué no se ha esperado a saber qué falló, al igual que también exigen conocer los informes que avalaban la instalación o la ejecución del proyecto.

Campos lamenta que «el PP siga empeñado en culpar al PSOE por el proyecto o la cuantía de la indemnización, cuando la empresa no contaba con la autorización definitiva, la cuantía la fijó el PP sin investigar nada, mediante decreto». A su juicio, es el PP el que debe explicar por qué «prevarica y carga en el ciudadano sus decisiones».

Sobre la iniciativa que se debate, el portavoz de Industria de En Comú, Josep Vendrell, critica que Castor sea uno de los «fracasos más importantes de la Historia» de España en materia de infraestructuras, un proyecto que, a su juicio, «nunca debió iniciarse porque no era ni necesario, ni viable». «El tiempo ha demostrado que lo que el Gobierno consideró una decisión estratégica fue erróneo y que respondió a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que en ningún caso se ha correspondido con las necesidades energéticas reales del país», señala Vendrell.

Vendrell también recuerda que «en su momento fueron muchas las voces que advirtieron de que este proyecto no era necesario ni reunía las condiciones necesarias de seguridad» pero «se hicieron oídos sordos» y, tras la paralización del proyecto por los seísmos en la zona, serán «una vez más» los contribuyentes quienes tengan que hacer frente a los costes. «Es necesario acabar con esta estafa permanente que los lobbies han conseguido imponer de un capitalismo de casino y un socialismo perfecto, en el que se privatizan los beneficios y, cuando llegan las pérdidas, éstas se socializan», insiste Vendrell, que recuerda que el «despropósito» del Castor costará a la ciudadanía casi 1.650 millones de euros en indemnizaciones.

Pero, además, Vendrell defiende que «no es para nada aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional». Y, por ello, quiere que el Congreso emplace al Ejecutivo a impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión al considerar que ha existido negligencia, así como para que se fijen responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por el millar de movimientos sísmicos.

Asimismo, pretende impulsar modificaciones legislativas para «impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio«. Vendrell también tiene registrada en el Congreso una proposición no de ley del mismo tenor y una solicitud de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, en sede parlamentaria para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de factura del gas.

En Comú Podem exige al Gobierno adoptar acciones legales para que Escal asuma responsabilidades por los seísmos causados por Castor

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Europa Press / EFE.- El portavoz de Industria de En Comú Podem (Podemos) en el Congreso, Josep Vendrell, y la diputada Ángela Ballester exigen al Gobierno que tome las medidas legales necesarias para exigir a la empresa promotora de Castor, Escal UGS, que asuma las correspondientes responsabilidades ambientales, administrativas y económicas por los más de 1.000 terremotos causados por la actividad del proyecto Castor.

Ambos diputados explican que han presentado esta proposición porque ven necesario que el Ejecutivo tome medidas para que la compañía, encabezada por ACS, se haga cargo de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los seísmos que afectaron al Levante español a resultas de las operaciones de inyección de gas en los depósitos submarinos. Para ello, consideran que deberían peritarse los «daños materiales y morales» que los vecinos de Tierras del Ebro (Tarragona) y el Bajo Maestrazo (Castellón) han sufrido como consecuencia de los seísmos, así como que habría que realizar estudios técnicos sobre las afecciones al medio ambiente que conllevará la hibernación de la planta.

En este sentido, la confluencia catalana de Podemos reclama también un calendario de desmantelamiento de las instalaciones del almacén, y recuerda que ya registró recientemente en la Cámara Baja una petición de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de una retribución adicional. Finalmente, Podemos exige que se impulsen los cambios legales necesarias para que, en un futuro, las indemnizaciones no se paguen más con dinero público. En octubre de 2014, el Gobierno estableció una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.