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En Comù Podem exige que Soria dé explicaciones al Congreso sobre la indemnización extra de 295 millones reconocida a Castor

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Europa Press / EFE.- El portavoz de En Comú Podem en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha exigido la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre la indemnización extra y secreta  de 295 millones de euros que se habría reconocido a los promotores y expropietarios del almacén subterráneo de gas Castor, cantidad que será pagada a través de la factura del gas.

El Confidencial informa de que las cuentas de 2015 del socio canadiense de ACS en Escal, el grupo Dundee Energy, revelan que en noviembre del año pasado, apenas un mes antes de las elecciones, Industria emitió una resolución aprobando una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de 42,3 millones por gastos de operación y mantenimiento a favor de los operadores de Castor. Una cantidad que se sumaría a los 1.350 millones de euros en concepto de indemnización que el Gobierno ya reconoció a Escal cuando se decidió el cierre del almacén en 2014, con lo que la factura total a la que deberán hacer frente los contribuyentes se elevaría a 1.645 millones de euros, más intereses.

El Ministerio de Industria concedió esta indemnización después de que la empresa promotora Escal UGS decidiera renunciar al proyecto Castor, almacén que llevaba meses suspendido de actividad tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona, por lo que pasó a manos del gestor del sistema gasista Enagás. El diputado de Podemos denuncia también el mecanismo por el cual la empresa Escal, participada mayoritariamente por ACS, firmó un contrato que «le permite tener beneficios seguros si todo sale bien, pero obliga a pagar con dinero público en caso de pérdidas».

Ante estas informaciones, el diputado catalán quiere que Soria comparezca en sede parlamentaria para informar sobre esta decisión, relativa a un proyecto que «nunca se tendría que haber hecho». En Comú Podem recordó que, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el proyecto costará 4.731 millones de euros sumando los intereses. «No puede ser que los consumidores tengamos que volver a pagar esta indemnización a través de la tarifa del gas durante los próximos 30 años por la sumisión de este Gobierno a los intereses de las grandes empresas», reprochó Vendrell.

Podemos pide la comparecencia en el Congreso del presidente de Enresa para explicar por qué continúan las inversiones en el ATC

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Podemos solicitó la comparecencia del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, para que informe sobre las inversiones que se están realizando en el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Por ello, los diputados de Podemos, Juan López de Uralde y Josep Vendrell, solicitan a Zaballa que explique por qué se siguen adoptando decisiones sobre el ATC cuando está paralizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que pretende impedir su construcción declarando la protección ambiental del terreno.

Según Vendrell, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pretende que el Gobierno de Castilla-La Mancha, «una vez invertidas importantes cantidades de dinero público», se sienta suficientemente presionado para levantar la paralización de la obra. Por ello, tachó de «grave irresponsabilidad» el «poco respeto que este Gobierno y sus satélites, como Enresa, sienten por el dinero de los ciudadanos y no dudan en dilapidarlo con tal de imponer una instalación que nunca debió ser planteada».

«Que Enresa haya sacado a licitación contratos por un valor de 417 millones de euros, como denuncia Ecologistas en Acción, y que se hayan comprometido licitaciones por unos 70 millones es de una irresponsabilidad insólita en un Gobierno en funciones», denuncia Vendrell. Por su parte, López de Uralde reprochó a Enresa que siendo una empresa pública, «se salte la legalidad por motivos estrictamente políticos» y reclamó la paralización del ATC.

También la Plataforma contra ATC

De igual forma, la Plataforma contra el ATC de residuos nucleares reclamó al Gobierno en funciones del PP la paralización del proyecto y que cese el «derroche» de dinero público. Sin embargo, según la Plataforma, el Gobierno central «lejos de darse por vencido, no ha parado de mover ficha» y Enresa ha adjudicado nuevos contratos, como el del servicio de monitorización de la red topográfica de nivelación de precisión del emplazamiento ATC en Villar de Cañas por 41.125 euros; y el suministro de bombas de muestreo de aire para el programa de vigilancia radiológica de la instalación por 38.508,50 euros. Además, añade que la SEPI pretende contratar a 40 nuevos empleados que irán íntegramente a labores relacionadas con el ATC.

Para la portavoz de la Plataforma, María Andrés, «Rajoy está haciendo con el ATC lo mismo que Cospedal hizo en la región, acelerar la tramitación de los expedientes relacionados con el ATC, hasta el punto de aprobar el POM de Villar de Cañas ahora anulado». La Plataforma, que el pasado 14 de febrero cumplió seis años, está solicitando a la ciudadanía que firme la petición contra el ATC en el portal Change.org, donde ya van recogidas más de 1.600 firmas.