Entradas

Ribera plantea «repensar» las subastas de interrumpibilidad si Alcoa cierra sus plantas en España tras recibir 1.000 millones en ayudas

Europa Press.- Alcoa recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de su factura eléctrica en la última década a través de las subastas de interrumpibilidad, que paga a las empresas de gran consumo energético por su disposición a desconectarse en caso de necesidad para el sistema. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de «repensar» este sistema tras el anuncio de Alcoa de cerrar sus factorías de Avilés y A Coruña.

Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas pues «sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta», unos 90 millones de euros, e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria. «A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y que se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar», ha manifestado la ministra, que aseguró que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.

«Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria», ha indicado. Por ello, la ministra ha instado a «entender cuáles otros motivos estructurales pueden estar detrás» de la decisión de cierre de esta empresa. «Entiendo que es una decisión empresarial. Además, de manera recurrente la venían anunciando a lo largo de los últimos años y, sin embargo, luego quedaban tranquilos, paliados, y esperaban a la siguiente vez», apostilló.

La ministra ha resaltado que «lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio» pues «nadie lo sabía hasta el día anterior». Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa pero «no se pusieron al teléfono». Por ello, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a esperar a «entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir» y que, si es así, el Gobierno pueda «encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas».

Maroto exige mantener las plantas

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno exigirá a Alcoa mantener las 2 plantas productivas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) que la empresa ha decidido cerrar con el consecuente despido de 700 trabajadores alegando, como uno de los principales motivos, el alto precio de la electricidad que Ribera tildó como una “excusa y cortina de humo”. Reyes Maroto ha anunciado que el Gobierno se reunirá con Alcoa y los sindicatos para escuchar a la empresa, esclarecer las razones que le han llevado a tomar la decisión y así poder hallar cuáles son los escenarios en los que es posible trabajar, con el objetivo de mantener las plantas productivas.

«La decisión nos ha pillado sin conocimiento. Nosotros llevábamos trabajando con ellos desde nuestra llegada al Gobierno», ha explicado la ministra. Tras hablar con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, así como con los alcaldes de los municipios afectados por las plantas cerradas, Reyes Maroto comprometió una reunión «al más alto nivel» entre administraciones para coordinar actuaciones.

La subasta de interrumpibilidad ofrece a la industria electrointensiva 2.600 MW de potencia interrumpible para los próximos 7 meses

Europa Press / EFE.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año ha dado comienzo con la subasta de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad.

Mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto ferial Ifema de Madrid, se repartirá esta potencia en un total de 320 bloques del producto de 5 MW (1.600 MW) y 25 bloques del producto de 40 MW (1.000 MW). La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona y que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, el mecanismo de asignación será similar al de ediciones anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW y año para los productos de 5 MW y de 200.000 euros/MW y año para los de 40 MW, según Red Eléctrica. Así, durante próximos días, cerca de 130 empresas de la gran industria con consumo eléctrico intensivo competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad. Los resultados de esta subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.

La potencia interrumpible del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018 se asignó mediante un procedimiento de subastas competitivas similar al actual en diciembre del año pasado. En un informe, la CNMC criticó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no aprovechara para realizar una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a esta nueva subasta, para adaptarlo a la normativa europea, que estaba previsto que entrara en vigor antes de acabar el año. Asimismo, advirtió del elevado coste que implica el mecanismo y consideró que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad».

A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio, la CNMC consideró que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomendó considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW. Un cambio que ha introducido el Ministerio para intentar incrementar “la competencia” en la subasta, algo que demanda la CNMC.

Sin embargo, algunas siderúrgicas como las compañías Sidenor, Grupo Gallardo Balboa y Siderúrgica Sevillana, que han anunciado recursos contra la orden de convocatoria de la subasta, consideran que el cambio no tendrá ese efecto, pues se mantiene la misma exigencia de disponibilidad de desconectarse para los bloques de 40 MW que había para los de 90 MW, al menos el 91% de las horas de cada mes. Hay que recordar que el Ministerio de Energía aprobó una orden para poder usarla también para contener el precio de la electricidad. Según indicó a comienzos de marzo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en los dos primeros meses de 2018 la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones para ese fin.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha expresado su preocupación ante la nueva subasta al asegurar que existe «muchísima incertidumbre» para la industria electrointensiva, puesto que se espera una mayor competencia. En el caso concreto de Avilés, existe la incertidumbre de que la planta pueda optar a los bloques de interrumpibilidad. «Lo que tenemos mucho miedo es que haya más empresas y que entren de una forma agresiva y los precios queden muy bajos», ha señalado.

Esta es la segunda subasta de potencia interrumpible que se hace para este año después de la celebrada en diciembre, a la que concurrieron 128 pujadores y en la que 117 se adjudicaron 384 lotes, 376 de 5 MW y 8 de 90 MW (estos últimos fueron todos para grupos empresariales), con lo que se asignaron 2.600 MW para los cinco primeros meses del año.

En la pasada subasta, el precio de salida para el producto de 5 MW fue el mismo que ahora y para el de 90 MW de 270.000 euros/MW y año, aunque finalmente se adjudicaron con descuentos, de forma que el precio medio de asignación para el de 5 MW fue de 108.245 euros/MW y de 235.167 euros/MW para el de 90 MW. Además de la sustitución de los bloques de potencia de 90 MW por otros de 40 MW, la orden del Ministerio de Energía introdujo la exigencia a las empresas participantes de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.

Varias empresas recurrirán al Tribunal Supremo la subasta de interrumpibilidad

EFE / Europa Press. – El Grupo Gallardo Balboa (Extremadura), Sidenor (País Vasco) y Siderúrgica Sevillana (Andalucía) recurrirán ante del Tribunal Supremo la nueva orden ministerial que regula la próxima subasta de interrumpibilidad, por considerar que se trata de un mecanismo «no competitivo» que sólo beneficia a unos pocos.

La interrumpibilidad es un sistema por el que las empresas que más electricidad consumen están dispuestas a reducir o suspender su consumo energético en momentos de mayor demanda eléctrica, o para aportar una reducción puntual del coste de la electricidad.

Según un comunicado conjunto, la nueva orden, ETU/362/2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de abril, sustituye los bloques de 90 MW por otros de 40 MW, «en teoría accesibles para un mayor número de empresas«.  Sin embargo, al mantener la misma exigencia de disponibilidad de dicha potencia interrumpible durante al menos el 91 % de las horas de cada mes, a juicio de estas siderúrgicas «sigue beneficiando» a las empresas que antes optaban a los bloques de 90 MW (cinco en la última subasta), ya que prácticamente ninguna otra compañía podrá cumplir esa exigencia.

Finalmente, por ello, han asegurado que el requerimiento de la Comisión Europea de aumentar la competitividad de la subasta seguirá sin cumplirse.

Para las empresas, «Esta nueva regulación daña seriamente los intereses de las siderúrgicas de Extremadura, Andalucía y País Vasco denunciantes que, fabricando los mismos productos, no pueden competir con industrias del mismo sector que estarán incentivadas por este servicio de interrumpibilidad«.

Por este motivo, han reclamado al Ministerio de Energía y a Red Eléctrica de España (REE) reducir la exigencia de disponibilidad en los bloques de 40 MW, suavizar el régimen sancionador y, para los bloques de 5 MW, aumentar el volumen de potencia interrumpible comprada, aproximándola a la ofertada.

La nueva subasta hará más difícil que las siderúrgicas denunciantes puedan acceder a los bloques que les permitan seguir siendo competitivas en los mercados nacionales, europeos e internacionales, por lo que han anunciado que se están planteando no participar.

El Grupo Gallardo Balboa, Sidenor y Siderúrgica Sevillana también elevarán su denuncia ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa esta subasta y que ya ha exigido al Gobierno de España en reiteradas ocasiones, según han destacado estas empresas, la mejora en la competitividad del sistema de subasta de los bloques de 90 MW.

 

UGT también muestra su oposición

UGT Fica ha manifestado «su total oposición» al informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de orden que regula el mecanismo de interrumpibilidad, por entender que «soslaya las partes del actual sistema que garantizan la libre competencia del sistema de asignación».

Así, en un comunicado, el sindicato manifiesta «su preocupación» por las consideraciones y conclusiones emitidas por el regulador y afirma desconocer «las razones por las que se ha elegido este momento para verter y publicitar este informe, en el que se cuestiona un modelo vigente desde hace cuatro años que, siendo imperfecto, como se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones al no garantizar la competitividad de las empresas españolas, es la única medida compensatoria de las empresas electrointensivas del país».

UGT Fica recuerda que «importantes empresas» del sector no han podido acceder a esta tarifa desde su primera subasta por no ofertarse todos los paquetes de megavatios (MW) necesarios para cubrir todas las demandas y necesidades o por no poder cumplir «los fuertes requisitos de consumo mínimo mensual marcados por la administración publica».

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.

La interrumpibilidad por motivos económicos se ha utilizado 27 veces este año con el recibo de luz bajando un 8%

EFE / Europa Press.- La factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año para un consumidor medio acogido al PVPC, lo que supone que el recibo de la luz bajó 12 euros aproximadamente. La interrumpibilidad, que permite cortar el suministro eléctrico a las empresas en caso de necesidad a cambio de un incentivo económico, se ha utilizado en 27 ocasiones por motivos económicos en lo que va de año, desveló el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobó una orden que posibilitaba el uso de la interrumpibilidad para cuadrar la oferta y la demanda de energía eléctrica cuando sea más barato que recurrir a otros medios. Una reacción a la sustancial subida del precio de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada registrada el pasado octubre por el encarecimiento de los servicios de ajuste, cuya finalidad es adaptar la oferta a la demanda en cada momento.

De este modo, Navia ha explicado que la interrumpibilidad se ha utilizado «de forma sustancial» durante los meses de enero y febrero y ha recalcado que es una de las medidas aplicadas por el Ministerio para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos. Además, recientemente se activó la liberación de parte de las reservas de gas natural acumuladas en el marco del Plan de Actuación Invernal ante la ola de frío que afecta a gran parte de España. Este plan, aprobado en noviembre, eleva de 2 días a 3,5 días el volumen de reservas de gas que deben almacenar los operadores para garantizar el suministro de gas ante un eventual aumento del consumo.

Baja un 8% este año

Por otro lado, la factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año. Ante estos datos, Navia ha destacado que en enero hubo una situación de precios «sustancialmente» mejor que la que se registró en dicho mes de 2017, mientras que en febrero los niveles fueron casi similares. «Hay cierto encarecimiento entre enero y febrero que se deriva de cuestiones habituales en el mercado energético, como la menor participación de renovables y la situación de ola de frío generalizada, tanto en España como en el resto de Europa, que ha hecho que la demanda suba un 5% en febrero respecto al mes de enero», añadió.

Energía destaca que esta reducción en lo que va de año se produce pese a la ligera subida observada en febrero, mes en el que la factura se incrementó respecto a enero en un 2,22%, según los datos del simulador de la factura eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, señala que si se comparan los precios de febrero de este año (64,34 euros) respecto a febrero de 2017 (64,15 euros), se ha producido una subida de apenas el 0,3%, debido fundamentalmente a la ola de frío que se está produciendo en el centro de Europa y, aunque en menor medida, en España.

Según Energía, esta ola de frío ha provocado un incremento de la demanda eléctrica en España del 5% respecto a enero y ha supuesto un aumento generalizado de los precios de la electricidad en todos los países de Europa. En todo caso, explica que, como es habitual, las puntas de precios máximos en España en febrero, que alcanzaron los 74 euros por megavatio/hora fueron inferiores a las de los países del entorno de España, y pone como ejemplo que han sido unos 85 euros inferiores que en Francia y 5 euros menos que en Alemania.

«En conjunto, más allá de la volatilidad asociada a factores climáticos en febrero, el inicio del año confirma una reducción importante de la factura eléctrica gracias a la mejor situación comparativa con el mismo período del año 2017», subraya el Gobierno. Asimismo, recuerda que, en su ámbito de actuación, el Gobierno ha implementado recientemente diversas medidas para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos, como mantener constantes la parte regulada de la factura (peajes) por quinto año consecutivo.

AEGE asevera que el resultado de la subasta de interrumpibilidad es un «duro batacazo» para la industria electrointensiva

Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) asevera que los resultados de la subasta de interrumpibilidad suponen «un duro batacazo» en la competitividad de las industrias electrointensivas y tendrán «consecuencias negativas» después de resolverse con un recorte de la retribución anual del servicio de 152 millones de euros y con 11 fábricas quedando excluidas.

AEGE señala que el resultado supone un recorte del 30% con respecto a 2017, con una reducción de 86 millones de euros en el precio medio del servicio y de 66 millones en la potencia asignada. Así, la asociación considera que con esta reducción de potencia interrumpible, «no previsible con una demanda creciente y con una insuficiente capacidad de interconexión con Francia», las fábricas proveedoras del servicio sufren una fuerte merma de su retribución en el mejor de los casos».

Además, subraya que, después de que se recortara a 5 meses el periodo de vigencia y se bajara el precio de salida en un 10%, en la subasta se confirmó una reducción de la potencia subastada y un recorte del 20% en los precios medios asignados. «Este resultado supondrá una pérdida de competitividad considerable para industrias que emplean 186.000 personas. Al recorte se suma la incertidumbre que rodea al servicio a partir de junio: lo contrario de la estabilidad que necesita la industria», añade AEGE.

Finalmente, la industria electrointensiva solicita medidas urgentes para lograr precios eléctricos similares a los de sus principales competidores europeos. En este sentido, pide que se aplique ya la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a las fuentes renovables, prevista en los Presupuestos Generales de 2017 y que, «la industria electrointensiva desconoce si dispondrá de dicha compensación».

La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 373 millones de euros, tras descuentos de hasta el 28%

Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) completó el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para los cinco primeros meses de 2018, cuyo coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 372,8 millones de euros tras registrarse descuentos en las subastas de hasta casi el 28%. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija el sistema.

En esta ocasión, se han asignado bloques que suman 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores a un precio medio ponderado de 143.393 euros por MW, según indicó REE. En total, se han asignado durante las subastas 8 bloques de 90 MW y 376 bloques de 5 MW. En la convocatoria participaron un total de 128 consumidores, señaló el operador de la red eléctrica, que organizó el proceso como administrador de la subasta.

El precio medio de asignación fue de 235.167 euros por MW y año para los productos de 90 MW, un 13% menos del precio de salida fijado por el Ministerio de Energía, y de 108.245 euros por MW, un 27,8% inferior, para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía habían sido de 270.000 euros por MW y año para los productos de 90 MW y 150.000 euros por MW y año para los de 5 MW.

La Comisión Europea aprueba un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad de Irlanda

Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad que está operado de forma conjunta por Irlanda e Irlanda del Norte, al concluir que ayudará a asegurar el suministro de electricidad y al mismo tiempo preservará la competencia en el mercado único europeo.

En virtud de este mecanismo, las centrales eléctricas y otros proveedores de capacidad en el mercado eléctrico de la isla obtendrán un pago por ser capaces de generar electricidad o, en el caso de operadores de demanda y respuesta, por su disposición a reducir el consumo de electricidad para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda. «El mecanismo de capacidad conjunto entre Irlanda e Irlanda del Norte ayudará a garantizar el suministro de electricidad en los próximos años. Es bueno que este mecanismo sea gestionado más allá de las fronteras nacionales e impulsará la competencia entre todos los proveedores de capacidad», ha señalado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager

En concreto, Bruselas ha concluido que este mecanismo cumple con las normas europeas en materia de Ayudas de Estado puesto que está abierto a todo tipo de proveedores de capacidad potenciales. Además, Bruselas ha valorado que la medida mantendrá «bajo control» los costes que asumen los consumidores gracias a las subastas «regulares y competitivas» para asignar los contratos de capacidad.

Otra de las características del mecanismo de capacidad irlandés es que las centrales eléctricas seleccionadas en las subastas tendrán que reembolsar al Estado partes de las ayudas que han recibido cuando los precios de la electricidad alcancen niveles «muy altos«, por ejemplo más de 500 euros por megavatio y hora (Mwh). Las centrales financiarán este reembolso con los ingresos generados por la venta de electricidad.

Energía modifica el servicio de interrumpibilidad, cuya subasta pone en juego 2.600 MW de potencia interrumpible para los grandes consumidores

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el servicio de interrumpibilidad eléctrica, el mecanismo por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. Esta subasta se celebra esta semana en la Feria de Valladolid y estará administrada por Red Eléctrica de España (REE). Los grandes consumidores de electricidad aspiran a la asignación de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible.

En concreto, estos 2.600 MW de potencia interrumpible a subastar estarán repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y ocho bloques del producto de 90 MW (720 MW), según REE. Esta adjudicación, por la que competirán cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico, se limitará a un periodo de 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Gobierno justifica esta limitación temporal en la necesidad de adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018. El mecanismo de asignación será similar al de los años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW por año para los productos de 5 MW y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.

El Gobierno modificó este año el sistema de interrumpibilidad. Entre las novedades introducidas figura la posibilidad de activar el servicio por criterios económicos. En este caso, el operador hará que entre en juego la interrumpibilidad si es más barata que los servicios de ajuste del mercado diario. La aplicación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos se realizará por cantidades mínimas de 200 megavatios (MW) y máximas de 500 MW en cada hora, de acuerdo con el cumplimiento de algunas condiciones. Además, en caso de su activación por este criterio, entre los adjudicatarios del servicio se establecerá un sistema de turnos rotatorios como criterio de orden para requerir su activación.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de una opción de reducción de potencia.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó las propuestas del Ministerio al considerar «elevado» el coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propuso que se justificase su necesidad. El organismo consideró que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

La CNMC se subleva

Los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el último mes vienen incorporando una inusitada oposición a las directrices del Ministerio de Energía. Oposición que se muestra sin eufemismos ni medias tintas y que ha causado sorpresa en los medios de comunicación especializados. Es lo que ha pasado con el plan invernal del Ministerio de Energía para aumentar las obligaciones de reservas de gas que tendrían que realizar las empresas, derivado de su consideración de la garantía de suministro para eventuales momentos de frío extremo.

La CNMC considera que esta propuesta incidía al alza en las tarifas a los consumidores gasistas, además de señalar que el departamento que dirige Nadal no había evaluado los costes para el sistema de pasar de contar con un almacenamiento obligatorio de 2 días a uno de 3 días y medio. Medida que seguramente también tiene que ver con la resolución que obliga a los operadores principales de gas a ser creadores de mercado obligatorios por cuatro años. Energía quiere presionar para que haya abundancia de gas garantizada más allá de los mecanismos de mercado.

Además, la CNMC le recordaba al Ministerio de Energía las posibilidades existentes de aprovisionamiento basadas en el abastecimiento en los mercados nacionales e internacionales gracias a la red de regasificadoras, la gestión de los almacenamientos subterráneos y la intervención del propio gestor del sistema gasista Enagás, posibilidades que hacen innecesaria una medida coactiva de estas características con el consiguiente efecto en los precios al consumidor.

Remontándonos más atrás, pero también recientemente y de una forma especialmente explícita, la CNMC se pronunció contra los mecanismos de gestión de la demanda a través de la subasta de interrumpibilidad propuesta por Energía y sus pagos. Dado que los informes de la CNMC no son vinculantes,  la importancia de este informe estribaba en su posicionamiento: un cuestionamiento abierto y desnudo de este mecanismo por su elevado coste y ausencia de justificación de la necesidad.

Además, en una lectura de su contenido, este informe cuestionaba la práctica totalidad de mecanismos de subsidios cruzados existentes en los costes de acceso al tiempo que, descarnadamente, enunciaba todos los procesos de investigación que la Comisión Europea tiene sobre España en materia de energía y que podrían estar relacionados con unas tarifas de acceso que quieren absorber decisiones políticas discrecionales, junto con su misión imposible de su irreal contención por vías «creativas» o heterodoxas.

Ahora, como en las películas de vampiros, se reabre un ataúd con otra latente controversia entre CNMC y Ministerio, consistente en la oposición que este organismo mantiene contra el mejoramiento de las tarifas de acceso a las industrias radicadas en el País Vasco, medida resultante de las componendas del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2014 y que este año el Ejecutivo había comprometido con el PNV.

Hablemos del escenario. El momento temporal también es importante. Crítico. Estas diferencias se transparentan mientras se producen las «negociaciones» con la Comisión Europea por la atribución de competencias en materia de fijación de los peajes de acceso que el Ministerio quiere retener a toda costa y que la CNMC se atribuye. La concepción de la política española de que la CNMC debe ser dependiente del regulador principal es un ejercicio vertical que no comprende el papel de estos órganos independientes en los países occidentales con sistemas de contrapesos más eficientes.

Finalmente, en la crisis relacional y diplomática entre los dos reguladores, se apunta a la disminución de la influencia de la vicepresidenta María Fernández dentro del organismo. Hasta el momento todas las fuentes confirman el papel que ha tenido Fernández como gozne entre los intereses políticos de Nadal y los pronunciamientos que éste necesitaba de la CNMC. Algo que parece normal en la vertical política española, dónde la representación política llega a los extremos técnicos y económicos. En todo caso, esa debilidad y pérdida de ascendencia sobrevenida es un elemento que está agudizando este desencuentro.

En resumen, la CNMC está reivindicando su papel como organismo independiente, sublevándose de forma cada vez más explícita. Energía, mientras tanto, cada vez tiene más frentes abiertos, tanto en su relación con la Comisión Europa como con los organismos independientes.