Entradas

Ferroatlántica pacta un ERTE de 2 años para toda su plantilla en España y culpa a la subasta de interrumpibilidad

/0 Comentarios/en , , , , , , , /por

Europa Press.- Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de 2 años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma entre sus 3 fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La compañía acordó el ERE con UGT, CC.OO y USO, mientras que el otro sindicato con representación, CIG, se descolgó del acuerdo. El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus 2 fábricas de La Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid. En virtud del acuerdo, el ERE temporal se extenderá durante 2 años, hasta febrero de 2021, y se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador.

Ferroatlántica pacta este ERTE justo cuando el Gobierno central está diseñando medidas para las empresas que registran un alto consumo de electricidad para acometer su producción, con la voluntad de aprobar estas medidas, que conformarán un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a través del procedimiento de urgencia. De su lado, el sindicato CIG atribuyó su decisión de descolgarse de la firma al considerar que se trata de un mal pacto, «sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre».

Bruselas investiga si el mercado de capacidad de Reino Unido cumple las normas europeas en materia de ayudas de Estado

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La Comisión Europea anunció la apertura de una investigación en profundidad para dilucidar si el mercado de capacidad de Reino Unido, que tiene el objetivo de garantizar seguridad en el suministro de electricidad, se ajusta a las reglas europeas en materia de ayudas de Estado.

Esta investigación se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) anulase por un error de procedimiento una decisión anterior del Ejecutivo comunitario en el que autorizaba este esquema de ayudas. La Justicia europea consideró entonces que Bruselas debería haber realizado un análisis exhaustivo que reuniese información relativa a la participación de consumidores de energía que se ofrecen para reducir su consumo en momentos de desequilibrio en el suministro de electricidad. La Comisión Europea recurrió la sentencia, pero este hecho no supone la suspensión de los efectos del fallo, lo que significa que Bruselas tiene que evaluar de nuevo la compatibilidad del mercado británico de capacidad con las normas comunitarias.

Unidos a Europa hasta 2021

A esto se añade el hecho de que Londres ha comunicado al Ejecutivo comunitario que tienen la intención de mantener en funcionamiento dicho mercado de capacidad. En consecuencia, ha optado por abrir una investigación en profundidad que estará centrada en los elementos que no analizó en la anterior ocasión y sobre los que el TUE puso el acento en su sentencia. Las reglas europeas en materia de ayudas de Estado, al igual que toda la legislación comunitaria, continuarán aplicándose a Reino Unido mientras siga siendo parte del bloque comunitario y durante el periodo de transición, establecido desde el próximo 30 de marzo hasta que finalice 2021, siempre y cuando tenga lugar un Brexit con acuerdo.

CCOO insta al Gobierno a aprobar «de forma inmediata» el Estatuto de la Industria Electrointensiva para acabar con la incertidumbre

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- CCOO de Industria ha instado al Gobierno a aprobar «de forma inmediata» el Estatuto de la Industria Electrointensiva, con el fin de «acabar con una incertidumbre que ya dura demasiados años». El sindicato presentó sus aportaciones durante su consulta pública al decreto por el que se pretende regular el denominado Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.

CCOO espera que la normativa se convierta «en una herramienta real y con contenido que permita mejorar la competitividad de los sectores intensivos en consumo eléctrico». Entre sus peticiones, el sindicato pide una dotación de partidas presupuestarias para compensar los derechos de emisión de gases invernadero «de similar cuantía a las que tienen Francia y Alemania», así como la definición de un marco estable, y «adecuadamente retribuido», para el servicio de interrumpibilidad, con periodicidad al menos anual y preferiblemente bianual.

Además, el sindicato reclama establecer una regulación que permita y favorezca el establecimiento de contratos bilaterales entre suministradores y consumidores, como ocurre en el resto de Europa, y la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y del 95% del impuesto eléctrico. También considera «necesario definir con claridad qué es una empresa electrointensiva, para que las soluciones se apliquen donde realmente se necesitan». Además, subraya que los beneficiarios del Estatuto para la Industria Electrointensiva deberán comprometerse a mantener el empleo y la producción para evitar deslocalizaciones.

Alcoa prevé ganar hasta 70 millones más al año por la reestructuración de sus plantas en Avilés y La Coruña

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- Alcoa prevé que las medidas de reestructuración planteadas en sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña permitirán a la multinacional incrementar su beneficio neto en una horquilla de entre 70 y 80 millones de dólares anuales (61,4 y 70,2 millones de euros) a partir del tercer trimestre del ejercicio 2019, según indicó la compañía estadounidense, que alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre el futuro de las dos plantas.

El acuerdo ofrece soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de los 623 trabajadores indefinidos de las plantas de Avilés y La Coruña, así como mantener la actividad de las fundiciones de las dos plantas y de la torre de pasta de La Coruña. Alcoa espera incurrir en costes extraordinarios por reestructuración de entre 90 y 115 millones de dólares (79 y 101 millones de euros) que serán completamente contabilizados en el 2019. Además, según el resultado final, la compañía estima que podría tener que asumir cargas adicionales por el cese de actividad de las dos fundiciones a finales de 2019 que oscilarían entre los 125 y los 135 millones de dólares (109 y 118 millones de euros).

«Finalmente llegamos a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en nuestras plantas de aluminio de Avilés y La Coruña relacionadas con el proceso de despido colectivo que anunciamos en octubre», confirmó el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, que calificó este acuerdo como «un paso muy positivo», señalando que a compañía seguirá operando las plantas durante 6 meses, hasta finales de junio, en una posición donde puedan reiniciarse y se verá «si hay alguien que quiera ingresar a esas posiciones operativas«. Alcoa asumirán también el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones de euros por planta) si se concreta una oferta de compra antes del 30 de junio.

Alcoa obtuvo un beneficio neto atribuido de 227 millones de dólares (199 millones de euros) en el conjunto del ejercicio 2018, cifra que representa un incremento del 4,6% en relación al resultado del año anterior. Las ventas de Alcoa entre enero y diciembre sumaron un total de 13.403 millones de dólares (11.762 millones de euros), una mejora interanual del 15%.

En el cuarto trimestre, la compañía estadounidense logró un beneficio neto atribuido de 43 millones de dólares (38 millones de euros), frente a las pérdidas de 196 millones de dólares (172 millones de euros) registradas en el 2017. Entre octubre y diciembre, la facturación de Alcoa alcanzó los 3.344 millones de dólares (2.935 millones de euros), cifra que representa un incremento del 5,3% respecto del cuarto trimestre de 2017. «Nuestro resultado de 2018 refleja cómo hemos fortalecido a Alcoa», declaró Roy Harvey, destacando el cumplimiento en la ejecución de las prioridades estratégicas establecidas por la empresa con el fin de reducir su complejidad y aumentar la rentabilidad, fortaleciendo el balance.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

Eximir a las grandes industrias de pagar la interrumpibilidad costaría 39 millones al resto de consumidores en la factura eléctrica

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La posibilidad de eximir a las grandes industrias de los pagos por interrumpibilidad en un nuevo Estatuto para las industrias electrointensivas, mencionada en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, tendría un coste de entre 32 millones y 39 millones de euros para el sistema eléctrico que tendría que ser asumido por los demás consumidores en la tarifa eléctrica.

Así figura en la memoria de impacto económico y presupuestario del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria en España. Este decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y mandata al Ejecutivo para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para definirlos como tal y recoger sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad. El Gobierno reconoce que, a la espera de su desarrollo, puede cuantificar un ejemplo. Así, señala que una posible medida que podría incluir este estatuto sería el de eximir de los pagos por interrumpibilidad a consumidores que reunieran determinadas características.

Concretamente, eximir a aquellas que tuvieran consumos eléctricos superiores a 50 GW a la hora al año, un consumo valle superior al 50% de su consumo total y ser proveedores del servicio de interrumpibilidad, tendría un impacto de entre 32 millones y 39 millones de euros. Esto repercutiría en el precio de la energía y aumentaría el gasto que deberían abonar el resto de consumidores del sistema eléctrico, ya que se trata de una cantidad que las grandes industrias dejarían de pagar en el mercado. La medida no afectaría a los ingresos regulados del sistema.

Por otro lado, el Gobierno también detalla el coste que tendrá para 2019 y 2020 la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración, y que supondría un total de 66 millones de euros para los dos años de vigencia de esta medida: 14 millones el próximo año y 52 millones para 2020. Tomando una media de retribución a la operación de 55 euros por megavatio/hora y una media de funcionamiento de estas instalaciones, el impacto de la medida se traduce en un incremento de la retribución de estas instalaciones de 26 millones de euros en 2019 y de 65 millones en 2020, con cargo al sistema eléctrico.

Feijóo defiende ante Ribera una transición energética para Galicia «planificada y moderada» y no «abrupta” o que eleve los precios

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que aunque desde su Ejecutivo se trabaja para cumplir con los objetivos de la transición energética, ésta se debe llevar a cabo de forma «planificada y moderada», y no de forma «abrupta» para lograr que no se incremente el precio de la energía.

Así se lo trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión. Según explicó al término, Galicia es «una de las comunidades con mayor porcentaje de producción eléctrica vía renovables», con un nivel que alcanzará en breve el 20% del total. «Decimos que las transiciones se deben hacer de forma ordenada, moderada y planificada, y no de forma abrupta o improvisada; estamos de acuerdo con los objetivos», reiteró. Para Feijóo, el objetivo de esta moderación es evitar que suba el precio de la energía, precio que hace perder competitividad a la industria y que aumenta la factura mensual de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le ha trasladado a Ribera su preocupación por el futuro de las empresas electrointensivas. «En Galicia hay 10 empresas que dan empleo a 5.000 personas y necesitamos un marco estable del precio de la energía para aquellas compañías», ha señalado, para luego matizar que el coste de la energía supone entre un 30% y un 40% del gasto. Por este motivo, ha recalcado que esas 10 empresas necesitan planificación y un precio para la energía que consumen, y señaló que estas empresas, incluido el caso de Alcoa «que está en situación crítica», necesitan concreción de precios para hacer viable el mantenimiento de su actividad.

«El precio de la energía debe ser competitivo como en el resto de países de Europa, que no haya deslocalización hacia otros países de Europa; debe haber estabilidad en las subastas», ha añadido. Sobre esto, Ribera ha trasladado a Feijóo que próximamente se celebrará la subasta de interrumpibilidad, a lo que el presidente gallego le ha mostrado su preocupación porque esa subasta tendrá menos bloques y «por lo tanto habrá menos energía a precio contenido» que en 2017. Asimismo, Feijóo señala que son necesarios mecanismos compensatorios vía ley de Presupuestos.

Por otro lado, Feijóo ha recalcado que las centrales térmicas de Meirama y As Pontes son fundamentales para que la comunidad siga siendo excendentaria energética, y ha añadido que «no pueden permitirse el lujo de desconectar esas centrales de respaldo». «En 2017 triplicaron su producción y actividad, no se pueden desconectar sin alternativa«, ha puntualizado, para luego señalar que desde el Ministerio les han trasladado que las declaraciones del secretario de Estado que ponía fecha a su cierre «fueron malinterpretadas».

Así, ha anunciado que no hay límite en 2020 y 2030 para el cierre, que Enel hace inversiones en As Pontes, y que ahora Naturgy debe hacer lo propio en Meirama para mantenerla operativa y que cumpla con las exigencias de emisiones. «Tenemos que conseguir que sigan trabajando en Galicia los años necesarios hasta que Alemania u otros países haga la desconexión de sus plantas de ciclos combinados», ha añadido.

Por otro lado, el presidente gallego ha señalado que dado que su región contiene el 40% de la madera que se corta en España anualmente, el papel de la biomasa como energía renovable es «estructural». Así, han pactado con el Ministerio que propondrán dos ubicaciones nuevas para dos plantas de biomasa que le trasladarán próximamente, y que se sumaran a la existente. Además, puntualizó que esas tres plantas «necesitarán primas porque producir biomasa es caro y está fuera del mercado».

«Es una energía estructural porque supone menos costes en la prevención y extinción de incendios, menos impacto ambiental y un impacto económico positivo, primero porque dejamos de gastar en extinción de incendios y segundo porque utilizamos una energía autóctona que es toda la biomasa que se genera en los bosques gallegos«, ha recordado. Además, durante la reunión han hablado de hacer una serie de inversiones en el Parque Natural Illas Atlánticas que permitan prescindir del diesel para dar luz a los vecinos de la zona y de los diferentes campings.

El Gobierno estudia condicionar al mantenimiento del empleo las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste energético

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Gobierno estudia condicionar las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste de la energía al mantenimiento del empleo, según ha afirmado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Estamos valorando condicionar estas medidas al mantenimiento del empleo», ha señalado la ministra.

Maroto anunció el pasado noviembre que el Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía. La ministra indicó entonces que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros Ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en España». El Gobierno ha puesto sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva, antes de finales de este año.

Costes indirectos de emitir CO2

De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó en noviembre que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que se va a trabajar por este sector».

Red Eléctrica de España aplica la interrumpibilidad a las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.– Red Eléctrica de España (REE) ha aplicado la interrumpibilidad a las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, según confirmaron fuentes del comité de empresa de ambas factorías. Este extremo también ha sido confirmado por fuentes de Red Eléctrica, que han señalado que la interrumpibilidad ha sido aplicada por «criterios económicos» habituales en este tipo de servicio.

Por su parte, el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao (Lugo) ha señalado que en esta factoría lucense no se ha aplicado. En concreto, la interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país.

Varios expertos del sector eléctrico apuestan por reducir la tarifa eliminando los costes no vinculados al sistema como la interrumpibilidad

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Expertos del sector eléctrico apuestan por reducir la tarifa eléctrica eliminando los costes no vinculados estrictamente al sistema en el marco de un debate sobre la transición energética y los mercados eléctricos. En este sentido, el consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Josep Maria Guinart, ha afirmado que la clave es que la reducción de la tarifa eléctrica sea una realidad sostenible en el tiempo, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial.

La CNMC y la interrumpibilidad

Guinart apuesta por «reducir la tarifa eliminando los costes no vinculados estrictamente al sistema eléctrico, como es el servicio de interrumpibilidad para algunas empresas industriales que no deja de ser una ayuda encubierta que, si se da, debería de financiarse vía presupuestos». Ha añadido que es necesario «limpiar la tarifa eléctrica de todo aquello que no es propio», y ha apuntado que en 2017 se mantuvo la tendencia estable entre ingresos y costes en el sistema eléctrico. Asimismo, el director de Asuntos Europeos e Institucionales de Omie, Rafael Gómez-Elvira, ha asegurado que en 2017 el coste de la energía eléctrica suministrada supuso el 37,5% de la factura total del sistema.

El doctor en Transición Energética por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pep Salas, ha afirmado que cualquier decisión política energética debe tener presentes el precio de la energía, la seguridad del suministro y la reducción del impacto ambiental. «Es necesaria valentía política y social para afrontar una reforma integral en el mercado energético influyendo en una formación de precios razonable a través del aumento de la competencia y la separación estricta de los negocios de la generación de electricidad y su comercialización«, ha finalizado.