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La subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 14 y el 18 de noviembre

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha convocado para la semana comprendida entre el 14 y el 18 de noviembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el BOE, la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para el 2017.

En estas pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por entre 7 y 13 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 630 y 1.170 MW, y por entre 286 y 394 bloques de 5 MW, que suman entre 1.430 y 1.970 MW, una cantidad que finalmente será fijada por el secretario de Estado de Energía. El precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 160.000 euros, frente a los 310.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 200.000 euros y el de 90 MW, de 340.000 euros.

Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. Con la reforma energética, el Gobierno creó un mecanismo de subasta competitiva para repartir entre las industrias el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. De esta forma, el Ministerio organiza una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó a los pocos días una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. Con la reforma energética, el coste para el sistema eléctrico asociado a la interrumpibilidad ha quedado recortado de unos 750 millones de euros a cerca de 550 millones en la actualidad.

El Círculo de Empresarios pide un pacto de Estado estable para la energía tras el “desastre” de apoyar renovables “inmaduras”

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EFE.- El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, apuesta por un pacto de Estado para la energía que aporte estabilidad a largo plazo y deje atrás la última etapa, que ha sido «un desastre» en comparación con lo que han hecho otros países como, según citó, Estados Unidos.

«La estrategia energética que ha seguido España en los últimos 15 años ha sido un desastre, desplegando tecnologías de generación renovables que estaban inmaduras y, por lo tanto, se ha posicionado como un país muy caro, y por consiguiente, poco competitivo, sobre todo para la industria«, ha indicado el empresario. En contraposición ha puesto a Estados Unidos, que es un “ejemplo” de cómo se deben hacer las cosas en ese campo, con un adecuado desarrollo de las tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables y la prolongación de la vida de las centrales nucleares.

Vega de Seoane participó en el curso que la escuela de verano de La Granda (Asturias) ha dedicado a la transición energética hacia un modelo más sostenible hablando sobre el papel de las empresas, la regulación y las inversiones. El ponente se refirió a las industrias asturianas que son grandes consumidoras de energía eléctrica, la mayoría radicadas en Avilés, y ha advertido del peligro de que pierdan competitividad debido a este problema. «Si la electricidad no es competitiva no pueden sobrevivir y tenemos el caso ya muy candente de Alcoa que está dando señales muy claras de que se quiere ir, porque la industria invierte cuando ve un panorama con una cierta claridad«, ha subrayado.

La primera reflexión que ha hecho en su charla es que la humanidad no tiene un problema energético sino tecnológico, dado que su principal fuente es el Sol, que ofrece 10.000 veces más energía de la que realmente necesita el planeta. «Ahora con las nuevas tecnologías fotovoltaicas y eólicas, que ya empiezan a ser competitivas, tenemos abundantísima energía si es que efectivamente las seguimos desarrollando adecuadamente», indicó. El carácter intermitente de estas fuentes de energía renovables obliga a desarrollar tecnologías que permitan su almacenamiento y en ese campo ya se está avanzando, según aseveró. Vega de Seoane concluyó que hay que impulsar la transición energética “sin colocar a nuestras empresas en situación de tener que cerrar o tenerse que deslocalizar».

Industria realiza un recorte adicional de casi 290 millones de euros a la cogeneración que según Acogen será «difícilmente asumible»

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Europa Press / EFE.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) considera que la revisión de la retribución a la cogeneración publicada por el Ministerio de Industria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) conlleva un «drástico» recorte adicional de 287 millones de euros a la cogeneración que será «difícilmente asumible» por esta tecnología. El Ministerio de Industria fijó así los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre de 2016, así como los valores por cada instalación tipo.

La orden ministerial, la 1209/2016, aparece firmada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la delegación de esta función comunicada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien asumió la cartera de Industria tras la marcha de José Manuel Soria. La Ley del Sector Eléctrico contempla que, al menos de forma anual, se revisarán los valores de retribución a la operación para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, como la cogeneración. Las instalaciones de cogeneración generan calor y electricidad en su proceso productivo que se usa tanto para fabricar en sus plantas como para verter a la red.

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) dirigió a comienzos de mes una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones en la que le pedía que actúe y apoye a la industria que cogenera y que, según sus datos, supone en España el 20% del PIB industrial que fabrica sus productos con cogeneración. El borrador de la orden, en su fase de informe en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), suscita un fuerte rechazo entre las empresas cogeneradoras y sus industrias asociadas por la envergadura del recorte adicional que comporta. Por ello, el director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, anunció que lo recurrirán ante los tribunales.

Acogen recuerda que en más de 600 industrias alimentarias, químicas, papeleras, cerámicas, textiles, del automóvil, refino, la cogeneración «es la gran aliada que actúa como herramienta de competitividad para estas industrias intensivas en consumo energético». Además, recuerda que la reforma energética llevó a la inactividad del 35% de las instalaciones cogeneradoras, con una reducción de 1.200 millones de euros anuales en la retribución de las cogeneraciones. Pese al impacto sobre el sector, Ence indicó que esta revisión de la retribución a la generación eléctrica no afectará a sus plantas de cogeneración y supondrá un aumento de la retribución para sus plantas de generación con biomasa.

La propuesta de orden ministerial para actualizar el precio de la retribución a la operación a ciertas instalaciones de generación con efectos del segundo semestre de 2016 establecía para las instalaciones de gas natural una bajada de aproximadamente 8,7-10,7 euros por megavatio hora (MWh), de aproximadamente 11,8-12,8 euros por MWh para las instalaciones con fuelóleo y de aproximadamente 17,5-19,5 euros por MWh para las instalaciones con gasóleo. La normativa establecía que, en el caso de las instalaciones con biomasa, habría de producirse una mejora de aproximadamente 0,3 euros por MWh.

«Drástico» recorte será «difícilmente asumible»

Acogen considera que la revisión de la retribución a la cogeneración conlleva un «drástico» recorte adicional de 287 millones de euros a la cogeneración que será «difícilmente asumible» por esta tecnología. Según criticaron, la orden ministerial no tiene en cuenta ni las alegaciones de Acogen ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También lamentan que Industria «no respete las garantías jurídicas aplicando nuevos recortes a las industrias con carácter retroactivo». Las empresas industriales cogeneradoras «se sienten penalizados de forma continuada por la normativa y desamparados en las políticas energéticas del Ministerio», señala Acogen.

«Es una revisión que se ha hecho tarde y mal, con carácter retroactivo y que asfixia aún más al sector», ha criticado Rodríguez. Junto a esto, cree que deberían tener en cuenta «el erróneo» cálculo que hizo Industria sobre el precio del megavatio-hora en el mercado eléctrico mayorista y que está 20 euros por debajo de lo previsto por el Gobierno. «Deberían haber dejado la retribución tal y como estaba, reducirla supone meter más pérdidas a la industria», señala Rodríguez.

La orden ministerial contiene «fallos de previsión del propio Ministerio al establecer los precios del mercado», apunta la asociación. Las previsiones de Industria se han desviado cerca de un 43% de sus previsiones en esta variable. «Este es el origen del conflicto que ahora se traslada a las industrias cogeneradoras, con mayores recortes y más cargas financieras, algo que el sector no puede asumir y que supondrá un duro golpe al PIB industrial nacional», señala.

La asociación recuerda además que la CNMC ha coincidido con el contenido de las alegaciones de la propia Acogen. El informe del regulador sobre la orden señala que la metodología utilizada para actualizar las retribuciones de las cogeneraciones es «opaca y no reproducible, impidiendo hacer previsiones confiables a las empresas», afirma Acogen. «No permite reproducir el cálculo realizado para llegar a los parámetros An, Bn y Cn, lo cual resta transparencia a la metodología e impediría rebatir dicho cálculo o detectar posibles errores», indica. La CNMC estima que la información descrita sobre los parámetros retributivos «es insuficiente, pues no permite que los productores realicen estimaciones precisas y confiables de cuál va a ser la evolución inminente de sus ingresos regulados».

El alcalde de Avilés critica el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad

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EFE.- El alcalde de Avilés en funciones, Luis Ramón Fernández Huerga, ha considerado «lamentable la nueva vuelta de tuerca» del Gobierno central con el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad que, a su juicio, demuestra que la industria no está entre sus prioridades. «A la incertidumbre generada por este Gobierno con una subasta criticada por todas las partes implicadas, se añade ahora esta nueva incertidumbre limitando los plazos y los márgenes de maniobra de las empresas», lamentó Fernández Huerga.

«Esto es una mala noticia de un Ministerio que no tiene ministro, porque tuvo que dimitir por otras cuestiones, y de un Gobierno en funciones que no cumple con sus funciones, porque esta subasta se podría haber hecho dentro de sus funciones sin mayor demora», denunció. Ante esta situación, Luis Ramón Fernández Huerga demandó «una política industrial seria», ya que lo contrario afecta «sobremanera a esta comarca», donde hay una gran concentración de multinacionales que, en mayor o menor medida, dependen de la energía eléctrica como materia prima para producir. Todas estas empresas, con Alcoa como la más electrodependiente, necesitan despejar el precio de la tarifa para planear su futuro.

Industria prevé que la subasta de interrumpibilidad se celebre a finales de año y Asturias critica la incertidumbre que genera

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EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, lamenta «la incertidumbre» que siembra el anuncio del Ministerio de Industria de aplazar hasta finales de año la subasta de interrumpibilidad, servicio que retribuye a algunas industrias por desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad, para la asignación de los bloques para 2017 de energía eléctrica a las empresas, inicialmente prevista para el mes de septiembre como en el pasado ejercicio.

Según indicaron fuentes de Industria, el Ministerio ya trabaja en la normativa para la nueva subasta, que tiene que superar diferentes procedimientos antes de la convocatoria, prevista para finales de año. Desde 2014, el servicio de interrumpibilidad se asigna mediante un mecanismo de subasta competitiva, es decir, que se organiza en una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor. Las empresas han reclamado reiteradamente que la subasta se realice con una duración superior al año, lo que les daría mayor visibilidad sobre los ingresos por este concepto.

Asturias critica que se retrase

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Francisco Blanco, considera que la decisión es «una mala noticia» especialmente para casos como el de Alcoa, sumida en un proceso de búsqueda de inversores, lo que «lógicamente añade incertidumbre«. Francisco Blanco ha hecho notar el retraso que supone ese cambio de fecha, ya que la actual tarifa asignada perderá vigencia el 31 de diciembre «y eso deja muy poco margen para ajustes y presupuestos, así que sí que es una mala noticia».

El consejero volvió a cuestionar el modelo de la subasta de interrumpibilidad, que no le convence «por ser muy inestable». «Nosotros lo que reclamamos es un marco estable donde las industrias conozcan los precios y que éstos sean estables y más bajos», indicó el consejero, que cree que «no se puede castigar a las empresas con los costes que puedan surgir como consecuencia de las ineficiencias del sistema o de las subvenciones que se quieran hacer a las renovables«. El Principado defiende en este punto que hay determinados gastos que no deben influir en la competitividad de las empresas, que esos gastos deberían de ser con cargo al Presupuesto, y que la subasta se ajuste más «a las necesidades reales».

Tarifas eléctricas a la carta: el PSOE la pretende para los grandes consumidores de energía y el BNG para Galicia

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EFE.- Mientras los nacionalistas del BNG reiteran que reclamarán en el Congreso, si tras las elecciones generales logran representación en la Cámara baja, una tarifa eléctrica propia para Galicia, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, solicitó el establecimiento de una tarifa eléctrica especial para las empresas grandes consumidoras de energía y se comprometió a que los Presupuestos Generales del Estado asuman una parte del coste.

«La no política energética del PP en estos cuatros años ha supuesto la incertidumbre de las empresas en Asturias», argumentó la candidata, que puso el ejemplo de Alcoa, «que en el año 2014 quedó fuera del paquete del servicio de interrumpibilidad y casi con miedo de cerrar la empresa». Además de cambiar el actual sistema de subasta eléctrica para establecer una tarifa especial, el PSOE se compromete a asumir «algunos de los costes que aparecen ahora en la factura a través de los Presupuestos». Adriana Lastra también defendió la obligatoriedad de las térmicas de quemar carbón autóctono para garantizar la continuidad del sector, dado que de las 20 millones de toneladas que se queman al año, únicamente 3 son nacionales.

Tarifa eléctrica propia para Galicia

Por su parte, el cabeza de lista de la candidatura BNG-NÓS por la provincia de A Coruña, Carlos Callón, aseguró que si las empresas y los ciudadanos gallegos no tuviesen que pagar peaje alguno por la electricidad que se genera en la comunidad autónoma gallega, las facturas se reducirían un 30%. En la misma línea se pronunció la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que denunció el «expolio energético» que desde hace muchos años «sufre» Galicia. Pontón reclamó para los gallegos el beneficio de la energía eléctrica que se produce en su territorio, acabar con los «oligopolios» y con medidas «injustas» como el denominado impuesto al sol, y profundizar en un cambio de modelo de consumo, más eficiente y sostenible.

Por ello, la formación nacionalista gallega exigirán una tarifa propia, según Callón, que consideró a Galicia como la «primera potencia eléctrica» de España. Como ejemplo, dijo que sólo el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, con una población inferior a los 10.000 habitantes, produce más energía eléctrica que toda la Comunidad de Madrid, «y los gallegos no recibimos absolutamente nada y a mayores se nos penaliza«, indicó. «Cuando compramos unas naranjas del Levante peninsular pagamos el transporte por traerlas hasta aquí, sin embargo, cuando hablamos de la energía eléctrica no sólo no somos beneficiados sino que tenemos que pagar los costes del transporte de la energía que producimos aquí», afirmó.

Además, Callón considera que con una tarifa eléctrica propia, Galicia evitará que empresas como la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa, con plantas en las provincias de Lugo y A Coruña, «utilicen para su deslocalización el precio de la energía eléctrica». Según el candidato nacionalista gallego, algunos países europeos tienen actualmente tarifas eléctricas territorializadas y puso como ejemplo a Reino Unido o Alemania, y apuntó que en el Estado español el País Vasco ya posee una tarifa industrial eléctrica. «Simplemente si redujésemos el coste de los peajes hablaríamos de un 30% menos en las facturas de todas las empresas y de todos los gallegos», concluyó Callón.

El precio que paga la industria por la energía ha subido en 15 años un 19% más que sus productos

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EFE.– Un estudio de la Universidad de Deusto revela que el precio de la energía para las industrias españolas ha aumentado en los últimos quince años un 19% más que el precio de los productos que ofrecen. El estudio ha sido redactado por investigadores de la Cátedra de Energía de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, que han analizado el impacto de los precios de la energía sobre la competitividad de la industria.

Para ello, se han examinado sectores intensivos en energía en sus procesos productivos, como son la siderurgia, el vidrio, el papel, el cemento, la madera, la química y el caucho, entre el 2000 y el 2015, periodo en el que el precio de la electricidad, del gas y de otros combustibles ha aumentado de manera continuada. Como media, el precio de la energía aumentó un 19% más que el precio de los productos que ofrecen estas industrias. Esta cifra contrasta especialmente con la realidad de otros países como Francia, donde el aumento fue del 9%, o Alemania, con un 3%.

Por sectores, el de Tubos ha sido el más afectado, ya que sufrió un aumento del 30% en el coste energético respecto al precio de sus productos; la subida en el resto de sectores la encabeza la siderurgia (23%); cemento y pasta papelera (21%) y vidrio (18%), y los que menos han sufrido la subida de la energía en relación a sus productos han sido los de química y caucho, con un 12%. La conclusión del estudio es que el precio de la energía es determinante en la competitividad de algunas industrias que se sitúan en posiciones desfavorables frente a sus competidores de otros países como Italia, Alemania o Francia.

En Marea, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo para exigir un nuevo sistema de suministro eléctrico para la industria

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos se presentó a las elecciones de diciembre, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios «competitivos, estables y predecibles» a la industria.

La iniciativa, que fue transaccionada con propuestas del PSOE y de Ciudadanos, reclamaba originalmente un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad que mejorase tanto los plazos de las ofertas como las cuantías de los bloques. Sin embargo, finalmente la redacción es mucho más genérica y se limita a pedir que se impulsen las reformas necesarias para conseguir un nuevo sistema de suministro a precios «competitivos, estables y predecibles» que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales “ya que supondría un gran beneficio para reducir los costes productivos en casos como Alcoa”.

Este punto del texto salió adelante con los votos de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el PNV, frente a la abstención de Foro Asturias y el voto en contra del PP, que defiende el actual modelo de suministro energético para la industria. Sin embargo, el resto de la iniciativa cosechó el apoyo unánime de los grupos. Así, la Cámara Baja pide al Ejecutivo que fomente la implantación en las industrias electrointensiva de planes de inversiones para favorecer la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y la innovación. Podemos y el grupo mixto criticaron que las tarifas españolas sean las más caras de la Unión Europea y supongan hasta un 40% del coste de la producción industrial.

Igualmente, se pide continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, particularmente en las plantas de Alcoa en Galicia y Asturias; así como promover un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. La propuesta aboga por solicitar a la Unión Europea que «exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos» adquiridos en el Protocolo de Adhesión de este país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para evitar el dumping que está sufriendo la siderurgia y el sector del aluminio.

Junto con esta propuesta, la Comisión parlamentaria de Industria también debatía otra similar, a propuesta de Foro Asturias, para establecer un nuevo sistema de suministro eléctrico para industrias electrointensivas concretas, así como para aplicar una tarifa de emergencia que frene las deslocalizaciones. Sin embargo, el texto defendido por Isidro Martínez Oblanca sólo cosechó 10 votos, de Ciudadanos, ERC, DL, PNV y el propio de FAC, frente a las abstenciones de PSOE y Podemos y el voto en contra de los 15 diputados del PP, por lo que no salió adelante.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha explicado que «no podemos asistir impasibles a las amenazas de la deslocalización de las industrias intensivas españolas» y ha afirmado que hay que evitar el desmantelamiento del empleo que afecta a comarcas enteras. Martínez Oblanca pidió tomar como referencia las medidas que se están adoptando en la Unión Europea, como ayudas estatales para la protección de medio ambiente y para tener costes energéticos semejantes a los que se registran en otros mercados.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha defendido la proposición no de Ley presentada por su confluencia relativa a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico ya que el sistema actual es «opaco, poco transparente e injustos». En este sentido, pide al Gobierno medidas que logren mejoras en el sistema de subasta y que está poniendo en «jaque» a Alcoa, ubicada en A Coruña. Margarita Pérez, diputada del PSOE ha calificado de «dramática» la hipótesis de que pudiera desaparecer la planta de Alcoa también en Lugo. «El sector industrial necesita un marco estable de costes eléctricos y necesita una solución rápida y estable por su gran dependencia de la electricidad», ha aseverado.

Desde Ciudadanos, Enrique Bueno, ha pedido un pacto de Estado de la Energía para que la política energética sea estable y sostenible, mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha dicho que «el Ejecutivo no puede estar en defunciones» y es importante que «dé la cara» y defienda a estas empresas y sus producciones. También el diputado de Democracia i Libertad (DiL), el catalán Jordi Xuclá, ha defendido que la política industrial debe ir ligada a un nuevo sistema de precios eléctricos más competitivos.

Por su parte, la diputada del PP, Susana López, ha enumerado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP para garantizar la estabilidad del sector energético y ha recordado los beneficios fiscales para las empresas electrointensivas, así como la reducción de los precios para los hogares cerca del 15% y de hasta un 35% para las grandes empresas en los últimos meses.

Podemos En Marea y Foro Asturias piden este martes en el Congreso cambios en el sistema de interrumpibilidad eléctrica

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Europa Press.- En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las últimas elecciones generales, y Foro Asturias (FAC) defenderán este martes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la necesidad de modificar el sistema de interrumpibilidad eléctrica para favorecer la competitividad de las empresas electrointensivas, de gran importancia en sus respectivas regiones.

En Marea señala en su iniciativa que el actual sistema de subastas anuales y la oferta de megavatios que se incluyen en ellas resultan insuficientes tanto para cubrir toda la demanda de las industrias como para facilitar la planificación de inversiones por parte de las empresas. Por ello, piden al Ejecutivo que negocie con los grandes consumidores eléctricos las medidas necesarias para mejorar el sistema tanto en el aspecto temporal de la oferta como en la cuantía de los bloques.

Por otra parte, la confluencia gallega de Podemos critica que la «dejadez» del Gobierno del PP a la hora de atender las necesidades de este sector industrial para que pueda acceder a la energía a precios «idóneos», junto con la estrategia de algunas empresas como Alcoa, suponen una «peligrosa amenaza» para el empleo y mantienen el «fantasma» de la deslocalización.

Evitar esta situación exige, cree En Marea, que las administraciones definan un nuevo modelo energético «sostenible y social» que prevea un «retorno adecuado» a la contribución que regiones productoras de energía eléctrica como Galicia realizan al conjunto del país, y que consiga mantener precios adecuados para mantener la actividad industrial. Y, en concreto, la proposición no de ley plantea instar al Gobierno a que impulse medidas para garantizar el empleo de Alcoa en La Coruña, para fomentar la implantación de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de emisiones y el desarrollo de la actividad productiva en la compañía; y que redefina el sistema energético gallego.

Rebajas fiscales o de peajes

Por su parte, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, considera que la solución al problema pasa por conseguir un «nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible» para los sectores electrointensivas como la metalurgia, siderurgia, cementera o química, lo que podría lograrse mediante rebajas fiscales o en los peajes, en aras a evitar deslocalizaciones industriales. Y es que, según recuerda, la directiva europea sobre Ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía permite las «reducciones de la carga fiscal, coste de acceso e incentivos a las energías renovables» para los grandes consumidores eléctricos.

Una posibilidad que países como Alemania o Francia ya han empezado a aplicar para «evitar la deslocalización silenciosa» de este tipo de compañías, y que en España debería plantearse «sin demora» dentro de una «política inaplazable» de fomento de la competitividad industrial que el Ejecutivo debería estar planteando. Pero, además, Martínez Oblanca reclama «medidas de emergencia», particularmente una tarifa eléctrica de aplicación «inmediata». La iniciativa plantea, por último, la necesidad de reformar «con urgencia» el sistema de costes energéticos al completo para evitar que la situación actual, en la que España cuenta con las tarifas «más caras» de toda la Unión Europea, «condene al país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores económicos clave».

País Vasco acusa al Gobierno de no tener voluntad de rebajar los impuestos a la energía

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EFE.- La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, acusó al Gobierno de no tener voluntad política para rebajar los impuestos de la factura eléctrica a industrias intensivas en electricidad, lo que pone «en juego» la competitividad de muchas empresas y el futuro laboral de cientos de trabajadores.

En este sentido, Tapia insiste en denunciar que los sectores productivos industriales de consumo intensivo soportan en Euskadi costes de electricidad «notablemente superiores» a los de sus competidores directos europeos. Recuerda que, en comparación con países como Francia y Alemania, esta diferencia en costes asciende respectivamente a un 33% y un 27% más, lo que representa un «grave condicionante» para su competitividad. La consejera considera urgente poner en marcha medidas con celeridad como en Alemania, donde hay exenciones fiscales para sectores de gran consumo energético.

En el caso de Euskadi, asegura, el Gobierno Vasco no dejará de presentar ante el Ministerio de Industria propuestas con medidas y alternativas para superar una desventaja competitiva que afecta a la industria vasca. Pero alerta de que estas demandas no están siendo acogidas por el Gobierno con la trascendencia y celeridad que requiere el asunto, lo que demuestra la «nula voluntad política» del Estado. La consejera reconoce que la evolución de los precios de la electricidad hace que la competitividad de las empresas siga siendo un foco de preocupación prioritario para el Gobierno Vasco.

Tapia pone en valor los avances que se han logrado en País Vasco en relación a la eficiencia energética, con la diversificación de fuentes de energía, el desarrollo de renovables, políticas públicas, la implementación de nuevas tecnologías y la sustitución de fuentes como el petróleo y el carbón por el gas natural. También destaca los planes energéticos impulsados por municipios vascos con la colaboración del Ente Vasco de la Energía, que están provocando una mejora del consumo y un ahorro en las facturas. Así, la consejera señala que las políticas de eficiencia energética han logrado ahorros «equivalentes al 40% de la demanda energética vasca actual».