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La CNMC advierte sobre el «elevado» coste del servicio de interrumpibilidad y propone que Red Eléctrica justifique su necesidad

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido sobre el «elevado» coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propone que se justifique su necesidad. El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad, y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

Así se desprende del informe publicado por la CNMC que analiza la propuesta del Ministerio de Energía, que introduce varias modificaciones en el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los mecanismos de capacidad. En la actualidad, la Comisión Europea está investigando a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad ya que podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas. En el caso de la interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

La CNMC señala en su informe que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad propuesto por el departamento presidido por Álvaro Nadal debería haberse abordado con la suficiente antelación. De esta forma, según la CNMC, la próxima subasta de interrumpibilidad habría cubierto todo el año frente a los 5 meses que, de hecho, ya ha aprobado el Ministerio de Energía mediante una disposición adicional. Esta limitación temporal se ha justificado para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018, que introducirá nuevos cambios.

Por otra parte, la CNMC considera que Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, debería justificar mediante una metolodología de estudio que «realmente es necesario» subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible. En este sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Economía señala en su informe el «elevado» coste de la interrumpibilidad y el reducido uso efectivo que siempre se ha hecho del mismo.

Asimismo, la CNMC señala la complejidad del sistema de subastas de interrumpibilidad, lo que explica que su duración en ocasiones se haya prolongado durante 5 días y el elevado coste de su organización (entre 504.000 y 660.000 euros) comparado con las diferentes subastas eléctricas y gasistas con costes situados entre 75.000 euros y 205.000 euros. Además, la CNMC señala que las subastas del producto de 90 MW son susceptibles de plantear problemas de competencia, como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva. Por ello, recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5 MW para permitir una mayor desagregación.

Finalmente, la CNMC se muestra disconforme con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía porque ya ha publicado, antes de que ella enviara su informe, la resolución de octubre por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. «Así, condiciona, y por ello mismo menoscaba, la función como órgano consultivo de esta Comisión”, ha señalado el organismo presidido por José María Marín Quemada.

Los cogeneradores piden al Gobierno la continuidad de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno dote a las plantas de un marco de continuidad hasta 2030. El presidente de Acogen, Antonio Pérez Palacio, explicó que ya durante este año 48 industrias cogeneradoras con 470 MW de potencia están en «plazos límite» para planificar anticipadamente y decidir las inversiones que aseguren su funcionamiento. En 2020, estarán en la misma situación 1.200 MW en otras 141 industrias, y en 2025 las cifras alcanzarán los 2.800 MW en más de 300 industrias.

Entre 2017 y 2025 el 60% del parque cogenerador finalizará su vida útil regulada, y Acogen ha advertido de que la ausencia de un marco para la continuidad congela inversiones en cogeneración y en ampliación de industrias. Según la asociación Acogen, los análisis coste-beneficio confirman que es más positivo y cuesta menos mantener en operación la cogeneración y seguir aprovechando sus contribuciones que dejarla cerrar por ausencia de un marco regulatorio y tener que pagar más cara la energía. En opinión de Acogen, sólo ya la gran contribución que supone la generación distribuida a los objetivos de eficiencia y ahorro de emisiones justifica su continuidad.

Sistema retributivo reconocido por Bruselas

La Comisión Europea constató recientemente la conformidad del sistema español de apoyo a las energías renovables, cogeneración y residuos con las directrices europeas de ayudas de Estado en materia de medioambiente y energías renovables. Acogen ha celebrado el expreso reconocimiento a la contribución de la cogeneración, que facilita las fórmulas para desarrollar el marco cogenerador, impulsando los objetivos de energía y cambio climático y preservando al mismo tiempo la competencia.

Los futuros incrementos de las interconexiones son otra razón más para extender la operación de las plantas, aportando estabilidad y seguridad al sistema eléctrico, según Acogen. La cogeneración es la térmica de base con alta eficiencia del futuro, puesto que abastece a la industria intensiva en calor. «La cogeneración es un agente clave para hacer la transición energética sin merma de la competitividad de la industria intensiva en calor», resaltó.

El Gobierno regulará las compensaciones a la gran industria por el coste de las renovables

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Europa Press.- El Ministerio de Energía prepara una nueva normativa en la que regulará las compensaciones a la gran industria por el uso de las renovables, con el fin de generar un «marco estable» que dé continuidad a estas ayudas, ya establecidas en los Presupuestos de 2017, y en cumplimiento con la normativa comunitaria. Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante la jornada Foro Energía 2017 organizada por la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) en el Congreso.

Navia ha señalado que el modelo de apoyo a la industria electrointensiva ha estado condicionado por la crisis económica, por lo que la revisión ha sido «imposible» y ahora «hay más margen» para poder «hacer una reorientación» en el modelo. Para este año, ha lamentado que el retraso en la aprobación de los Presupuestos, que entraron en vigor el pasado mes de junio, condicionara la capacidad de negociación de estas ayudas con la Comisión Europea.

Esta negociación se debe a que la regulación actual en estos momentos no es compatible con lo que dictaminan las directivas europeas, ha explicado. «Tenemos un esquema que es poco habitual y nos sitúa en una situación de vulnerabilidad respecto a otros países. Nuestro desafío es generar un esquema alineado con otros países en el ámbito europeo y, por tanto, más estable en el tiempo», ha abundado. Así, Navia indicó que el objetivo del Gobierno es «mantener en el tiempo estas inversiones» y que, por ello, tratarán de «adoptar esquemas similares» a los del resto de países, que también establecen ayudas a su gran industria, tal y como reivindicó la presidenta de AEGE, Teresa Rasero.

Rasero ha reconocido que las aportaciones previstas en los Presupuestos de 2017 fueron una «gran alegría» para la industria electrointensiva, pero ha lamentado que aún esperen la «luz verde» de Bruselas para poder recibir ese apoyo económico. En este sentido, ha reclamado que la gran industria «pueda contar con las mismas herramientas que tienen otros países» ya que, ha dicho, pese a que han reducido «al máximo» su consumo y realizaron mejoras en innovación y eficiencia energética, cree que «todos esos esfuerzos se ven mermados por un precio de la electricidad que no es competitivo».

Por otro lado, Navia ha destacado que otra de las reformas que prepara el Gobierno, que también negocia con las autoridades europeas, y que actualmente se encuentra en consultas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la reforma de los mecanismos de interrumpibilidad. Esta fórmula, establecida en la reforma energética, establece un sistema de subastas entre la gran industria para compensar parones en la producción, y por tanto de consumo eléctrico, en momentos de saturación del sistema eléctrico. La próxima subasta cubrirá un período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo.

Según Navia, la reforma incrementará el recurso de la interrumpibilidad frente a otras opciones. El secretario de Estado ha optado por no poner plazo a la reforma, ya que se encuentran negociando los cambios normativos con Bruselas, y aún no saben cuándo contarán con su «visto bueno». «Presionamos para tenerla cuanto antes y tener el visto bueno para ponerlas en marcha cuanto antes«, ha dicho.

La nueva subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 18 y el 22 de diciembre

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Europa Press.- El Ministerio de Energía y Turismo y Agenda Digital convocó para la semana comprendida entre el 18 y el 22 de diciembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para los 5 primeros meses de 2018.

En estas pujas, los grandes consumidores lanzarán ofertas por entre 6 y 10 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 540 y 900 MW, y por entre 340 y 412 bloques de 5 MW, que suman entre 1.700 y 2.060 MW, según consta en la resolución ministerial. Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 150.000 euros, frente a los 270.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW.

En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros. Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. El escalón de bajada de precio será de 1.000 euros por MW. En el caso de que se realicen subastas de desempate, el escalón de bajada de precio será una décima parte del establecido en el apartado precedente.

En esta ocasión, el Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abría la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante la temporada eléctrica 2018, según constaba en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la interrumpibilidad

Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir entre las industrias el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. La primera subasta generó críticas de varias empresas, especialmente Alcoa, por no obtener un precio competitivo para la electricidad. La última subasta de interrumpibilidad se saldó con un coste para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

El PSOE confía en que el Gobierno busque la estabilidad energética para las empresas con la nueva subasta de interrumpibilidad

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EFE.- El portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado de Asturias, Jesús Gutiérrez, expresó sus esperanzas, desde el «escepticismo positivo», en que el Gobierno central busque una estabilidad energética para las empresas tras el «parche» de 5 meses planteado para la próxima subasta eléctrica.

Jesús Gutiérrez ha querido transmitir un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de asignación de derechos de interrumpibilidad, aunque ha insistido en mostrarse escéptico. Lo ha hecho tras mantener una reunión con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, dado que en esta ciudad están radicadas 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España.

La propuesta del PSOE es eliminar los peajes de las tarifas eléctricas para que sean más beneficiosas para las empresas, establecer nuevas tarifas impositivas y que el plazo del servicio de interrumpibilidad sea como mínimo para un plazo de 2 a 3 años. «Eso es lo único que va a dar estabilidad a las empresas, es lo que garantizará que no haya deslocalizaciones y es lo que dará tranquilidad a los trabajadores», ha indicado Gutiérrez.

Gutiérrez quiso trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. El servicio de interrumpibilidad se plantea en la próxima subasta para sólo cinco meses, pero, en principio, para adaptar la normativa a las exigencias de Europa y establecer luego un sistema más estable para las empresas.

En ese punto, el PSOE es «escéptico» pero lo quiere ser, según ha indicado Jesús Gutiérrez, en positivo. «Somos escépticos porque el Gobierno de España nos tiene acostumbrados a no buscar las soluciones en el marco de la energía pero, a la vez, queremos abrir una puerta a la esperanza para que, de una vez por todas, atienda los requerimientos que se le vienen haciendo por parte del PSOE y por parte de los agentes sociales», ha recalcado el diputado.

El diputado socialista ha mostrado más confianza en el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que en su antecesor, José Manuel Soria, «que sabía mucho de turismo pero muy poco de energía y de industria, mientas que el actual creemos que sabe bastante más de industria y de energía». Por su parte, la alcaldesa ha indicado que éste es uno de los problemas más acuciantes que tiene la ciudad, y ha reconocido que es un tema que le «agobia» por la incidencia que tiene sobre la estabilidad de la industria, por lo que ve «imprescindible» buscar una solución al coste energético.

El Gobierno se compromete ante Asturias a que un nuevo mecanismo de subasta de interrumpibilidad entrará en vigor en 2018

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EFE.- El Gobierno central tiene previsto aprobar un nuevo mecanismo para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, según la normativa que demanda la Unión Europea, que sustituirá al actual, cuya vigencia finaliza el próximo mes de mayo, y que entrará en vigor en el segundo semestre de 2018. Así se lo trasladó en una reunión el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola.

Navia ha expuesto que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) respecto a las modificaciones previstas para mecanismos de asignación de retribuciones para el servicio de gestión y demanda de interrumpibilidad es «transitoria y su vigencia acaba en el próximo mes de mayo». «Hay que ser cautos y mandar una mensaje de tranquilidad. Es un mecanismo transitorio el que se ha planteado recientemente. A lo largo del mes de diciembre se implementará una subasta hasta el mes de mayo y a partir de ahí tendremos un mecanismo alternativo y compensatorio que incida en que nuestra industria tenga un precio final competitivo de la energía eléctrica «, ha precisado.

El consejero ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica y a sus trabajadores ante el diseño de esta nueva normativa. Además, ha subrayado que se implantará alguna otra medida para la mejora de la competitividad de las empresas electrointensivas a través de otros factores que configuran el precio final de la electricidad, «como los peajes o determinados aspectos fiscales«. Por otra parte, el consejero ha indicado que pronto se podrá fijar una fecha para la firma del convenio marco del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras, dependiente del Ministerio, con el Gobierno regional.

En relación a la regasificadora de Gijón, ha apuntado que espera que en este ejercicio el mecanismo administrativo de la planta regasificadora de El Musel reciba la autorización definitiva por el Consejo de Estado. «Confiamos que antes de finales de este ejercicio podamos tener ya este primer punto para este otro gran objetivo como es la autorización definitiva y puesta en servicio de la planta regasificadora de El Musel», indicó.

Una oportunidad para el Gobierno

Del mismo partido que el Gobierno autonómico, el portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, Jesús Gutiérrez, ha transmitido un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de interrumpibilidad, ante el que se ha mostrado escéptico. «Entendemos la preocupación de la industria electrointensiva y de sus trabajadores ante los cambios anunciados por el Ministerio de Energía, que generan inestabilidad en un sector fundamental para la economía asturiana por los empleos y las inversiones que genera», ha indicado Gutiérrez.

El portavoz socialista ha querido trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. «El Gobierno tiene desde ahora la oportunidad de ir introduciendo mejoras para ir avanzando a un marco estable de la industria electrointensiva, tanto para ampliar la vigencia de la subasta de los paquetes de interrumpibilidad como en lo relativo a los peajes de acceso a la red, como en la fiscalidad que redunde en un precio final de la energía competitivo», ha señalado. El PSOE asturiano espera «con un escepticismo positivo» que el Ministerio recoja todas sus demandas».

El Gobierno desoye a la industria: la próxima subasta de interrumpibilidad solo cubrirá 5 meses en lugar de un año

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como era habitual. Sindicatos y partidos políticos llevan tiempo pidiendo que la subasta de interrumpibilidad vaya más allá del año para dotar de más estabilidad a la industria que se beneficia de los pagos del servicio interrumpible, integrada por empresas grandes consumidoras de electricidad.

Según consta en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el periodo de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Ministerio considera que este plazo es «más adecuado y se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos», teniendo en cuenta que se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad para adaptarlos a la normativa comunitaria, cuya asignación deberá producirse mediante mecanismos competitivos, «tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016», añade. Además, señala que tras la adjudicación de más de 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable, que serán ejecutados en los próximos dos años, se requiere una adaptación de los mecanismos actuales de cobertura y gestionabilidad «en concordancia con los compromisos europeos adquiridos«.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre futura sobre la evolución de las precipitaciones. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de la reducción de potencia. Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. La última subasta de interrumpibilidad, celebrada en noviembre del año pasado, se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, también maneja otros datos sobre los cambios que prevé el Gobierno central para la próxima subasta de la tarifa eléctrica, que tienen que ver con el sistema de pagos del servicio y con las razones por las que Red Eléctrica de España (REE) podría requerir un «apagón». Las medidas gubernamentales podrían tener que ver con la necesidad de ajustar el sistema de concesión del servicio de interrumpibilidad a los criterios que exige la Unión Europea.

Alcoa, ArcelorMittal y AZSA son algunas de las principales beneficiarias de los pagos del servicio de interrumpibilidad. Ante estos cambios, y «con todas las reservas», José Manuel Gómez de la Uz quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Alcoa, a la espera de poder confirmar que la idea del Gobierno central sea la de ganar tiempo para mejorar posteriormente las condiciones del sistema tarifario y lograr el aval de la Unión Europea. Por su parte, fuentes de la multinacional del aluminio aseguraron que están analizando los cambios que se anuncian para la subasta del servicio de interrumpibilidad.

Por otro lado, la sección sindical de UGT en Alcoa considera que los cambios que se apuntan suponen «una falta de compromiso del Gobierno estatal con la industria nacional». El sindicato asegura que se trata de una subasta eléctrica de «transición» para 5 meses mientras termina de confeccionar un marco energético mejor del que hay actualmente para la industria. «La reforma del actual marco energético es una reivindicación sindical que llevamos exigiendo y luchando mucho tiempo», sostiene UGT que, sin embargo, considera que no tiene que haber una subasta transitoria sino un nuevo marco energético que dé estabilidad y competitividad.

UGT insta a la oposición a que obligue al PP a cambiar la subasta del servicio de interrumpibilidad eléctrica

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EFE.- El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, considera que el Gobierno de España no va a facilitar cambios en el modelo de subasta para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico para las empresas de alto consumo y ha pedido que sea la oposición la que tenga la iniciativa de forzar una alternativa.

«Si algo tenemos claro es que este Gobierno no va a rectificar absolutamente nada, lo único que hay que intentar es que los partidos políticos que están en la oposición se pongan de acuerdo para hacerle rectificar», ha declarado Fernández Lanero. El dirigente sindical hace notar el hecho de que el PP no tiene mayoría absoluta parlamentaria y, por lo tanto, «los grupos de la oposición tienen que dejarse de mirar cada uno para dentro y ponerse de acuerdo y mirar a ver cómo defienden los intereses de los demás y obligar al Gobierno a cambiar el sistema de subasta, que no ofrece ninguna solución».

«Necesitamos un sistema de subasta que garantice el suministro eléctrico durante mucho más tiempo, porque el coste de la electricidad para estas multinacionales es fundamental, ya que hacen inversiones para muchos años», ha explicado el dirigente sindical. Si las multinacionales como Alcoa, ArcelorMittal o AZSA no tienen una previsión a largo plazo del coste de la energía eléctrica, «es imposible programar inversiones que garantice su rentabilidad«. En opinión de Fernández Lanero, si se quiere mantener a las multinacionales en la comarca «es necesario cambiar este sistema de subasta eléctrica». «Hay que evitar esta incertidumbre que, por una parte, es verdad que la provoca la subasta, pero las empresas lo aprovechan para buscar disculpas que justifiquen su continuidad en Asturias», recalcó.

ERC y PDeCAT piden que Nadal explique en el Congreso la subida del 67% de la luz desde 2008

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Europa Press.- Esquerra Republicana y el PDeCAT registraron en el Congreso la convocatoria de la Diputación Permanente para que convoque una sesión extraordinaria de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que el ministro Álvaro Nadal explique las razones por las que el precio de la electricidad se ha incrementado en un 67% desde 2008.

Para el PDeCAT, el aumento de este precio para el consumidor doméstico es «desmesurado», habida cuenta que el encarecimiento de estos servicios en la Unión Europea ha sido de un 30% de media. Además, las formaciones catalanas piden que el ministro de Energía explique también por qué ha aumentado el precio de la electricidad del pequeño productor industrial en un 80% desde 2008, mientras en la Unión Europea esta subida ha sido de un 24%.

Las cementeras reclaman costes energéticos más bajos para poder competir

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EFE / Servimedia.- El vicepresidente de la patronal cementera Oficemen, Isidoro Miranda, ha reclamado medidas para que el diferencial de precios de energía de la industria española con otros países se reduzca, pues «con los costes eléctricos que estamos soportando es difícil competir en otros mercados». Miranda hizo un llamamiento al Gobierno español en este sentido y aseveró que si el Ejecutivo «quiere que la industria crezca», España tiene que tener «una política industrial más clara y firme que la que tenemos actualmente».

Isidoro Miranda, que achacó la caída del 7,6% de las exportaciones en los cinco primeros meses de este año al encarecimiento de la electricidad en España en los dos primeros meses de 2017, recordó que la electricidad supone el 35% de los costes variables de la industria cementera. En este sentido citó el importante repunte que ha habido de los precios en el mercado mayorista este año, así como que el diferencial con Alemania se sitúa en 20 euros el megavatio hora (MWh), lo cual está haciendo que España pierda cuota de mercado en exportaciones.

Miranda ofreció su respaldo al Gobierno a la hora de defender en Europa la ejecución de las interconexiones energéticas con la Península Ibérica y ha afirmado que si éstas existieran, el sector cementero español podría beneficiarse de situaciones de precio que se están produciendo en otros países de Europa. Añadió que esa desventaja competitiva que tiene España por el alto precio de la energía se tiene que «arreglar», pues «exportaríamos más», al tiempo que advirtió que se están perdiendo oportunidades.

«La incertidumbre de los costes eléctricos de producción resta competitividad a nuestra industria frente a países vecinos con mejores precios finales y continúa frenando las exportaciones», indicó el vicepresidente de la organización. «Si queremos tener una industria fuerte, tenemos que tener costes energéticos homologables a los competidores», ha afirmado Miranda, quien ha indicado que aún «queda mucho por hacer» en esta cuestión, aunque ha valorado que este año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan una primera partida para la compensación a la industria electrointensiva.