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La industria pide a Iberdrola elevar la tensión de la red de distribución en Comunidad Valenciana para beneficiarse del euskopeaje

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EFE.– El euskopeaje, la bajada del precio de la electricidad a las redes con una tensión entre los 30 y 36 kilovoltios, es una medida que beneficia fundamentalmente a las industrias de País Vasco después de establecerse en la negociación de Presupuestos entre el PP y el PNV. En este marco, la Confederación de Organizaciones Empresariales Industriales de la Comunidad Valenciana (Confeindustria CV) demanda a Iberdrola tarifas más económicas que compensen las inversiones necesarias en las empresas de consumo eléctrico intensivo.

Para ello, insta a realizar actuaciones que contemplen elevar la tensión de la red de 20 a 30 kilovoltios para evitar sobrecostes energéticos a aquellas empresas, territorios y/o áreas industriales intensivas en consumo eléctrico de la Comunidad Valenciana que vean lastrada su competitividad y supongan agravios comparativos respecto a otras autonomías como el País Vasco. Confeindustria reclama que se respeten las reglas de unidad de mercado para que todas las empresas, territorios y sectores «tengan la oportunidad de operar en las mismas condiciones», según reivindicaron.

Repotenciar las redes de industrias

La energía eléctrica es uno de sus costes de producción más relevantes y su precio es uno de los factores decisivos de la competitividad de las empresas, según el presidente de la confederación, Vicente Lafuente, que defiende que cualquier medida relacionada con la disminución del coste de la energía es «bienvenida». Solicita a Iberdrola que repotencie sus redes de 20 a 30 kilovatios para los sectores muy intensivos en consumo de electricidad y potencia contratada; en aquellas zonas con alta concentración de empresas industriales; y en áreas geográficas con mayor deslocalización de empresas cuya suma de costes energéticos sea elevada.

Por otro lado, y para mantener la unidad de mercado, pide que, en caso de eliminación de peajes eléctricos consecuencia de pactos políticos a nivel estatal, las empresas valencianas no se vean desfavorecidas en relación a otras autonomías, máxime cuando ya de por sí se están abonando tarifas más elevadas como consecuencia de la diferencia de potencia de la red.

La industria electrointensiva de AEGE prevé que 2017 y 2018 serán los años con la electricidad más cara desde 2009

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EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) estima que, si se cumplen las previsiones de precios para el mercado eléctrico mayorista en 2018, este año será, junto a 2017, el del precio medio más caro desde 2009. AEGE señala que teniendo en cuenta la evolución del mercado diario en 2018 hasta la fecha y las cotizaciones de los precios futuros, el precio medio del mercado eléctrico español de 2018 será de 51,4 euros por megavatio hora (MWh).

En lo que va de 2018, el precio medio del mercado eléctrico español se sitúa en los 51,6 euros por MWh, situándose así 17,5 euros por encima de Alemania (34,2 euros) y 12,3 euros más que Francia, según datos del Barómetro Energético de la AEGE. El precio medio de 2017 fue de 52,2 euros/MWh. Asimismo, en el mes de febrero del presente año, el precio medio diario ha sido de 54,96 euros/MWh, un 6,2% superior al del mismo mes de 2017 y un 10% mayor que en enero de 2018.

La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español en estos momentos se sitúa en 48,4 euros/MWh, un 42,1% superior a la cotización del mercado alemán, que ha sido de 34,06 euros/MWh. El Barómetro Energético de AEGE detalla la evolución del coste de la energía eléctrica, mostrando los precios del mercado eléctrico spot (al contado) y a plazo, tanto nacional como de los principales mercados eléctricos europeos, así como la evolución del precio de otros segmentos relevantes en la factura eléctrica final pagada por los consumidores industriales. En el caso de la industria electrointensiva, los precios de la electricidad llegan a representar el 50% de sus costes de producción.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista, también conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. Por otro lado, el Gobierno ha congelado para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Avilés se suma en octubre a la descarbonización con la feria NorteRenovables para poner su foco sobre el sector energético

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EFE.– La Cámara de Comercio de Avilés y el Ayuntamiento, con el apoyo del Principado, pondrán en marcha NorteRenovables, un nuevo espacio que nace con el objetivo de conocer, debatir y chequear sistemas, ejemplos y resultados de otros países, empresas e instituciones del sector de las energías renovables. La nueva feria también busca contribuir al desarrollo, posicionamiento y apertura de nuevos mercados, generar negocio e impulsar las empresas, explica la Cámara.

La cita será el 24 y 25 de octubre en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena y tendrá ámbito nacional. La Cámara cree que es el momento para NorteRenovables «porque estamos en el principio de una etapa que traerá desarrollo empresarial y un cambio en el tipo de consumo energético«. El programa de actividades incluirá una exposición de empresas con las últimas novedades. La Cámara destaca el hecho de que Avilés es el área metropolitana con mayor densidad industrial de España y una de las de mayor concentración de multinacionales de Europa. «Un sector industrial que es uno de los mayores consumidores de energía de España», destacó la institución.

PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

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Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.

AEGE asevera que el resultado de la subasta de interrumpibilidad es un «duro batacazo» para la industria electrointensiva

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Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) asevera que los resultados de la subasta de interrumpibilidad suponen «un duro batacazo» en la competitividad de las industrias electrointensivas y tendrán «consecuencias negativas» después de resolverse con un recorte de la retribución anual del servicio de 152 millones de euros y con 11 fábricas quedando excluidas.

AEGE señala que el resultado supone un recorte del 30% con respecto a 2017, con una reducción de 86 millones de euros en el precio medio del servicio y de 66 millones en la potencia asignada. Así, la asociación considera que con esta reducción de potencia interrumpible, «no previsible con una demanda creciente y con una insuficiente capacidad de interconexión con Francia», las fábricas proveedoras del servicio sufren una fuerte merma de su retribución en el mejor de los casos».

Además, subraya que, después de que se recortara a 5 meses el periodo de vigencia y se bajara el precio de salida en un 10%, en la subasta se confirmó una reducción de la potencia subastada y un recorte del 20% en los precios medios asignados. «Este resultado supondrá una pérdida de competitividad considerable para industrias que emplean 186.000 personas. Al recorte se suma la incertidumbre que rodea al servicio a partir de junio: lo contrario de la estabilidad que necesita la industria», añade AEGE.

Finalmente, la industria electrointensiva solicita medidas urgentes para lograr precios eléctricos similares a los de sus principales competidores europeos. En este sentido, pide que se aplique ya la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a las fuentes renovables, prevista en los Presupuestos Generales de 2017 y que, «la industria electrointensiva desconoce si dispondrá de dicha compensación».

La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 373 millones de euros, tras descuentos de hasta el 28%

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Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) completó el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para los cinco primeros meses de 2018, cuyo coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 372,8 millones de euros tras registrarse descuentos en las subastas de hasta casi el 28%. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija el sistema.

En esta ocasión, se han asignado bloques que suman 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores a un precio medio ponderado de 143.393 euros por MW, según indicó REE. En total, se han asignado durante las subastas 8 bloques de 90 MW y 376 bloques de 5 MW. En la convocatoria participaron un total de 128 consumidores, señaló el operador de la red eléctrica, que organizó el proceso como administrador de la subasta.

El precio medio de asignación fue de 235.167 euros por MW y año para los productos de 90 MW, un 13% menos del precio de salida fijado por el Ministerio de Energía, y de 108.245 euros por MW, un 27,8% inferior, para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía habían sido de 270.000 euros por MW y año para los productos de 90 MW y 150.000 euros por MW y año para los de 5 MW.

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

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Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Unidos Podemos denuncia ayudas encubiertas a la industria con la interrumpibilidad y pide abaratar su coste y limitar la potencia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso limitar el valor máximo de las retribuciones de la interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, así como reducir el volumen de potencia interrumpible. En este sentido, la portavoz de Podemos En Marea, Yolanda Díaz, destaca que el coste de la interrumpibilidad en España es «a todas luces exagerado» y con un volumen de potencia «innecesario».

Durante toda la iniciativa, Díaz realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse, como Francia, Alemania e Italia, concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas. Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

Todo ello a pesar de que, según sostiene en la iniciativa Yolanda Díaz, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia). «Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior», destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada, aunque sin tener en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, se «da una idea de la probabilidad de tener que recurrir» a la desconexión por la falta de energía, España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo. Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. «La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva», argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza su existencia, critica que se carguen sobre los consumidores. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección medioambiental, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

También llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que «responda estrictamente» a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, «sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda», y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de 3 años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Aunque el resto de países también cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único donde esta subasta es presencial, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste, con el consiguiente despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta, a la factura de los consumidores.

Energía modifica el servicio de interrumpibilidad, cuya subasta pone en juego 2.600 MW de potencia interrumpible para los grandes consumidores

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el servicio de interrumpibilidad eléctrica, el mecanismo por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. Esta subasta se celebra esta semana en la Feria de Valladolid y estará administrada por Red Eléctrica de España (REE). Los grandes consumidores de electricidad aspiran a la asignación de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible.

En concreto, estos 2.600 MW de potencia interrumpible a subastar estarán repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y ocho bloques del producto de 90 MW (720 MW), según REE. Esta adjudicación, por la que competirán cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico, se limitará a un periodo de 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Gobierno justifica esta limitación temporal en la necesidad de adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018. El mecanismo de asignación será similar al de los años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW por año para los productos de 5 MW y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.

El Gobierno modificó este año el sistema de interrumpibilidad. Entre las novedades introducidas figura la posibilidad de activar el servicio por criterios económicos. En este caso, el operador hará que entre en juego la interrumpibilidad si es más barata que los servicios de ajuste del mercado diario. La aplicación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos se realizará por cantidades mínimas de 200 megavatios (MW) y máximas de 500 MW en cada hora, de acuerdo con el cumplimiento de algunas condiciones. Además, en caso de su activación por este criterio, entre los adjudicatarios del servicio se establecerá un sistema de turnos rotatorios como criterio de orden para requerir su activación.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de una opción de reducción de potencia.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó las propuestas del Ministerio al considerar «elevado» el coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propuso que se justificase su necesidad. El organismo consideró que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

El presidente de Asturias rechaza «explícitamente» la resolución parlamentaria sobre reducción de emisiones pues supondría el cierre de las térmicas

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Europa Press.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha mostrado su rechazo «explícito» a la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados, apoyada por el PSOE, relativa a la reducción de emisiones de CO2 en el marco de las directivas europeas del denominado paquete de invierno. «Si eso se llevase a cabo, todos los grupos térmicos de carbón estarían abocados al cierre», ha advertido. No obstante, ha rechazado que dicha resolución suponga «el fin del carbón nacional».

Haciendo alusión al cierre anunciado por Iberdrola de la central térmica de Lada, ha señalado que la clausura «anticipada» de las térmicas supondría una nueva reconversión industrial para Asturias que en este caso afectaría al polo energético formado por las propias centrales, los empleos directos e indirectos, la logística y el impacto sobre el movimiento portuario. «Por eso conviene estar alerta y pronunciarse con nitidez y rotundidad: precipitar el cierre es un error y perjudicaría gravemente nuestra actividad industrial», reiteró.

La descarbonización de la economía, ha explicado el presidente del Principado de Asturias, equivale a proclamar el fin de la combustión, lo que supone «uno de los mayores desafíos de los próximos años». Si se hace mal, ha advertido, se puede provocar además un alza del precio de la electricidad, tanto para los consumidores domésticos como para los industriales. «¿Hace falta resaltar que Asturias concentra industrias electrointensivas?», se ha preguntado.