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El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) concede la licencia a Naturgy para construir una planta de energía fotovoltaica

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EFE.- El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) ha aprobado la concesión de la licencia de obra a Unión Fenosa (Naturgy) para la construcción de dos fases de la planta fotovoltaica que se instalará en la localidad. Los proyectos, denominados Picón 1 y Picón 2, afectan a una superficie total de unas 270 hectáreas aproximadamente, según señaló el Consistorio.

Esta licencia se concede después de haber recibido en el Ayuntamiento todos los informes favorables por parte de las diferentes administraciones y la documentación requerida a la empresa Naturgy, que será la encargada de construir dicha planta. Desde el Ayuntamiento de Porzuna han recordado que la planta fotovoltaica «es fruto única y exclusivamente de un acuerdo de arrendamiento entre la empresa que acometerá la obra y los propietarios de las tierras donde se instalará dicha planta». En este sentido, el Consistorio se ha limitado a hacer los mismos trámites y gestiones que realiza cuando recibe la solicitud para la realización de cualquier otro proyecto de carácter privado en terrenos privados.

Previamente a la aprobación y celebración de la Junta Local de Gobierno, representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Porzuna han participado en una Comisión Informativa en la que se han aportado todos los informes y datos sobre este proyecto. Como ya ocurriera en un pleno anterior en el que se abordó este asunto por petición expresa de las personas contrarias al proyecto, los concejales de todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal han comprobado todos los permisos y autorizaciones pertinentes. Por ello, han dado el visto bueno al proyecto porque, según han explicado, «como Ayuntamiento no podemos negarnos a dar luz verde a un proyecto que cumple toda la normativa y todos los requisitos exigidos».

El municipio de Porzuna ingresará en torno a 2,5 millones de euros por canon e impuestos de construcción de las plantas Picón 1 y Picón 2, «un dinero que beneficiará a todos los porzuniegos puesto que permitirá poner en marcha nuevas iniciativas, mejorar las infraestructuras e incluso bajar impuestos». Esta cifra podría incrementarse si más adelante se aprueba la licencia para la planta Picón 3, pendiente de aportar la documentación necesaria y que afectaría a unas 130 hectáreas más. Además, habría que sumar también los ingresos anuales por el IBI que debería pagar la instalación.

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto

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Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto, según la sexta liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 287 millones de euros, a la menor retribución del sistema peninsular en 55 millones de euros, y a la menor retribución de la actividad de distribución en 147 millones de euros, así como a una mayor facturación por peajes de acceso con 30 millones de euros más. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 6.045,8 millones, mientras los costes regulados se elevaron a 8.119,6 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (103.914 GWh) fue un 2,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Asimismo, la CNMC advierte de «la escasa relevancia» de esta liquidación debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste. En cuanto a las energías renovables, se liquidaron 63.611 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada hasta junio ascendió a 3.553 millones de euros antes de impuestos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, con lo que los ingresos no son suficientes para cubrir los costes reconocidos, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 74,69% a cada coste a pagar con cargo a la liquidación, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 425 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 36,455 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,3 millones de euros, antes de impuestos.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 78 millones de euros, frente a los 175 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 94,6% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.505 millones de euros, un 5,1% superior a los ingresos previstos para la liquidación, y un 8,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta sexta liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.444 millones de euros, que es un 0,6% superior a la del año anterior. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

La factura de la luz se encarece un 8,84% en julio

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Javier Angulo / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 73,1 euros en su factura de la luz de julio, por lo que esta factura se incrementó en un 8,84% respecto a los 67,16 euros de julio de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 5,94 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que empleaba el antiguo Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuía al consumo de una familia media con dos hijos. De los 73,1 euros abonados en los 31 días de julio del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de julio, 42,09 euros obedecen al consumo, 2,94 euros al impuesto eléctrico y 12,69 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. El precio medio del mercado eléctrico español alcanzó los 61,9 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 27,2% con respecto al mismo mes del año pasado y su nivel mensual más alto desde enero de 2017. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Del mismo modo, la factura de la luz de julio subió un 2% respecto al mes anterior, junio, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,36 euros en julio respecto a los 2,31 euros de junio. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube ligeramente por cuarto mes consecutivo, un tiempo marcado por la menor producción nuclear, debido a las paradas en las centrales de Vandellós y Trillo, así como la más baja generación eólica, que presionaron al alza el precio en el pool.

Con esta subida en julio, el recibo de la luz cerró los primeros siete meses del año con una bajada del 0,72% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en julio ha contribuido a que el recibo de los siete primeros meses del año se haya situado en 475,98 euros, 3,45 euros menos que los 479,43 euros registrados en el mismo periodo del año anterior. En los primeros siete meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 105,18 euros por el término fijo, de 269,06 euros por el consumo, de 19,13 euros por el impuesto de electricidad y 82,61 euros por el IVA.

Este abaratamiento se debe al incremento en la producción eléctrica con tecnologías renovables como el agua o el viento, especialmente en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2017. Enero de 2017 fue un mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados desde diciembre de 2013, registrando en algunos momentos puntas que superaron los 100 euros por MWh.

El año pasado estuvo marcado por la tensión en la factura eléctrica debido, en la primera parte del año, a la ola de frío y, en la segunda, a la sequía. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018 los peajes eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

El gas licuado por canalización sube un 0,9% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado del petróleo (GLP) por canalización ha subido un 0,9%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 82,7528 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,0297 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha subido un 1%, desde los 67,4509 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 68,1507 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

El presidente de CNMC, Marín Quemada, se muestra «optimista» en recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos

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Europa Press. – El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, se ha mostrado «optimista» sobre la posibilidad de recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos que el anterior Gobierno le retiró.

Así, Marín Quemada se mostró igualmente «optimista» antes los «deseos de colaboración» mostrados durante las primeras interacciones que el organismo ha tenido con el nuevo Ejecutivo del PSOE a través de que lo que denominó «ministerios de referencia».

Durante un desayuno organizado por Editorial Prensa Ibérica, Marín Quemada sostuvo que la intención del Gobierno de devolver esas competencias coincide con la normativa europea y que ello redundará en más «transparencia» en los precios.

A este respecto, insistió en pedir para el consumidor más claridad. Para explicar el sistema actual, dividió la factura en tres partes: los impuestos, el coste y un tercer bloque donde se reúnen toda una serie de consideraciones de estabilidad del sistema, las primas a las renovables o el mantenimiento de energías de respaldo.

Dentro de este tercer bloque, (el de los peajes), dijo encontrar razonable pagar por mantener abiertas plantas con energías de soporte. Así, «si no autorizas a quitarlas tienes que pagarlo», defendió, o que el precio de la energía tienda a tener un precio similar en todos sitios.

La prensa de Holanda asegura que la petrolera Shell ha eludido pagar 7.000 millones de euros de impuestos

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EFE.- La petrolera anglo-holandesa Shell dejó de pagar impuestos en Holanda por valor de más de 7.000 millones de euros desde 2005 mediante la distribución de más de 45.000 millones de euros entre sus accionistas a través del paraíso fiscal de la isla de Jersey, según el diario neerlandés Trouw.

Este medio cita los cálculos de la Fundación de Investigación de Empresas Multinacionales, que ha calculado la cantidad que el Estado holandés dejó de percibir «probablemente de forma indebida» mediante esta maniobra.

«Distribuyendo dividendos a través de una filial británica y por medio de un fideicomiso en el paraíso fiscal de Jersey, Shell ha evadido desde 2005 los impuestos al dividendo para sus accionistas con el permiso de las autoridades fiscales neerlandesas«, señala el diario.

Trouw destaca que, en el acuerdo con Shell, las autoridades tributarias «buscaron conscientemente espacio para acomodar» a la empresa.

Justo antes, en 2004, la compañía consistía en dos empresas matrices diferentes que tenía que fusionarse en una sola, bajo la presión de los accionistas.

A fin de evitar que los antiguos accionistas británicos tuvieran que pagar el impuesto al dividendo holandés y, por lo tanto, que probablemente votaran en contra de la fusión, Shell emitió dos tipos de acciones.

Las acciones A estaban simplemente sujetas al impuesto al dividendo holandés, mientras que los tenedores de acciones B recibirían el dividendo libre de impuestos a través de la isla de Jersey, oficialmente Bailía de Jersey, en el Canal de la Mancha, al oeste de las costas de Normandía.

La ruta de evasión de impuestos allanó el camino para la fusión deseada por Shell, según el citado medio.

Cobra invertirá 84 millones de euros en plantas fotovoltaicas en Samper de Calanda (Teruel)

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EFE.- El Ayuntamiento de Samper de Calanda ha firmado un convenio con la empresa Cobra que permitirá una inversión de 84 millones de euros en la puesta en marcha de 3 plantas fotovoltaicas en la localidad, lo que estiman que generará más de 200 empleos para su montaje y otros para su mantenimiento.

El alcalde de Samper de Calanda, Alfonso Pérez Ornaque, destaca que las plantas se instalarán en 400 hectáreas de terrenos particulares que serán alquilados a los propietarios.

Se trata de plantas de 50 megavatios cada una para cuyo montaje se estima que será necesarias «entre 200 y 300 personas«, según el primer edil, y «decenas de empleados para el mantenimiento de las 3 plantas».

El alcalde ha destacado el impulso económico que supondrá para la localidad, además de los ingresos que generará también para el Ayuntamiento en forma de permisos de obras e impuestos que permitirán realizar obras de mejora en el municipio.

El convenio se ha firmado para 25 y 30 años. Las obras de instalación está previsto que comiencen en el último trimestre de este año y finalicen en 2019.

Pérez Ornaque ha recordado que el proyecto fue declarado de interés autonómico por el Gobierno de Aragón y ha apuntado que «ello permite que se agilice todo el proceso para que el proyecto pueda ser cuanto antes una realidad».

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos rechaza la propuesta de los expertos de subir el gasóleo un 28,6%

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EFE.– La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las propuestas presentadas recientemente al Ministerio de Energía realizadas por parte de la comisión de expertos que está trabajando en la ley de Transición Energética, ha mostrado su «completo rechazo» al aumento sugerido al impuesto del gasóleo como vía para descarbonizar el transporte, según ha indicado.

En concreto, la organización agraria es contraria a la postura de esta comisión que presupondría que la fiscalidad es la única manera para disminuir las emisiones y, por este motivo, habría propuesto el aumento de los impuestos hasta incrementar el precio del gasóleo un 28,6%, mientras que para la gasolina este incremento sería sólo del 1,8%. Según estiman, los agricultores tendrían que pagar 200 millones de euros más al año por el gasóleo agrícola que consumen en sus labores. Igualmente, consideran que las propuestas realizadas están más enfocadas a los problemas de contaminación de las grandes ciudades, afectadas por las emisiones de óxido nitroso y de partículas, olvidando que los vehículos de gasolina emiten CO2.

Sin embargo, la organización ve positivas otras observaciones realizadas por el grupo de expertos en relación a mejorar la electrificación en todo lo que sea posible, propuesta que han realizado desde hace años sin que se ponga en marcha por las administraciones un verdadero plan de electrificación. En este sentido, Unión de Uniones destaca que, no sólo no se ha hecho el plan sino que el agricultor está obligado por los peajes a pagar por un suministro eléctrico que no utiliza en temporada baja, desincentivando el consumo de energía eléctrica frente a los combustibles fósiles.

Por todo ello, la organización considera importante «abrir un diálogo» con los profesionales del campo, la industria alimentaria y la de maquinaria agrícola antes de hacer que los costes de producción para el agricultor y los consumidores finales se incrementen de manera injustificada, sin haber planteado antes otras medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad y la eficiencia. «No se pueden poner impuestos al sol y luego criticar que no se usan lo suficiente las energías limpias. Estamos concienciados con los problemas ambientales y somos los primeros que nos sentimos amenazados por el avance del cambio climático y aprovecharemos cualquier herramienta innovadora que pongan a nuestra disposición para contribuir al combatirlo», aseguraron desde Unión de Uniones.

Aragón impugna la orden del Estado que permite a las compañías eléctricas cobrar recargos territoriales por impuestos medioambientales de 2013

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EFE.- Aragón impugnará por la vía contencioso- administrativa la orden estatal de enero de 2018 por la que se faculta a las empresas a establecer recargos territoriales en función de los tributos medioambientales vigentes en 2013, es decir, el ICA y el Impuesto de Emisiones Contaminantes.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, explicó que se ha autorizado iniciar las acciones judiciales necesarias para que se anule esta orden, que permite a las eléctricas aplicar recargos en las facturas de los consumidores aragoneses para compensar determinados impuestos autonómicos, únicamente referidos al año 2013, año en que se aprobó la ley del sector. En cualquier caso, la orden no permite a las eléctricas cobrar ya el suplemento, sino que es una «primera fase». Como para fijar el suplemento es necesario conocer el importe de los impuestos que han soportado las compañías eléctricas, la orden se limita a identificar estos impuestos y remite a una segunda orden para cuantificar de forma precisa el suplemento.

De este modo, Aragón presenta el recurso de forma «casi preventiva» para que el canon de saneamiento en 2013 y el impuesto de emisiones contaminantes no se consideren impuestos que afectan al suministro eléctrico. El Gobierno de Aragón considera que ni los consumidores tienen que soportar los impuestos exigidos a las empresas suministradoras de energía ni el Ministerio puede decidir que estos impuestos los paguen los ciudadanos de la comunidad.

Unesa recurre ante el Tribunal Supremo la orden de peajes eléctricos que congela la parte regulada del recibo para 2018

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Europa Press / EFE.- La patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden del Ministerio de Energía por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018. El recurso fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A finales del año pasado, el Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adoptó la congelación de los peajes de electricidad y de gas para el 2018. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. La parte regulada del recibo de la luz representa en torno al 60% del total. Aparte de estos peajes, los consumidores abonan en su recibo los impuestos y el coste de la energía. En los últimos cinco años, estos peajes, la parte regulada de la factura y que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.