Europa Press / EFE.- El Gobierno balear abordará una normativa autonómica en materia de cambio climático y transición energética que será «pionera» en el Estado «porque no quedará tan sólo en una declaración de intenciones, sino que irá ligada a una serie de obligaciones» para hacer posible el tránsito energético hacia las renovables y avanzar hacia el compromiso de cero emisiones contaminantes en 2050 con «medidas urgentes y vinculantes«.
La previsión es que el Gobierno apruebe el proyecto de ley en el primer trimestre de 2018 para su posterior tramitación parlamentaria. Así lo ha señalado el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, acompañado por el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, quien han explicado los objetivos de la futura ley del cambio climático y transición energética de Baleares y los resultados del proceso participativo realizado previo al inicio de la redacción de la normativa.
El consejero ha remarcado que la elaboración de esta normativa será una «prioridad» del nuevo curso político en respuesta a las «evidencias científicas y la concienciación de la ciudadanía» que, según ha dicho, «pide poner dentro de la agenda política la lucha contra el cambio climático y la transición energética». En este sentido, ha precisado que en el otoño e invierno esta materia se convertirá en «un elemento de debate y de aportación de propuestas» con el propósito de aprobar una normativa «ambiciosa y perdurable» en el tiempo que fije un calendario de de actuaciones relacionado con el Acuerdo de París, para conseguir alcanzar reducción de gases contaminantes en 2050.
Así, el consejero ha recordado que en esta legislatura se han dado algunos pasos que marcan el camino y ha explicado que actualmente toda la energía que consume el Gobierno balear procede de fuentes renovables, se han iniciado líneas de subvención de placas fotovoltaicas y se han ido aumentado los puntos de carga de vehículos eléctricos hasta conseguir que Baleares sea la comunidad autónoma «donde tenemos la ratio más elevada de puntos de recarga por ciudadano», ha destacado. Con todo, ha insistido en que estas medidas «no son suficientes», por lo que se necesita de «un marco legal y jurídico que fije las actuaciones futuras».
Respecto al proceso participativo previo, el consejero de Energía señaló que de forma prácticamente unánime se reclaman cuestiones concretas; como que la futura ley sea transversal y que los objetivos de reducción de emisiones sean «vinculantes» para todos los sectores. Del proceso participativo también se concluye que la normativa tenga una capacidad sancionadora antes los incumplimientos y se propone fomentar la educación ambiental e todos los niveles de formación reglada, así como realizar campañas de sensibilización. Además, entre las propuestas surgidas tras la participación ciudadana está la creación de un fondo de carbono que financie e incentive con ayudas la reducción de emisiones y la eficiencia energética en edificios y maquinarias, y la reducción de incentivos a los combustibles fósiles.
La necesidad de contar con recursos específicos para la ley, crear un fondo climático que permita su desarrollo efectivo, avanzar hacia un sistema 100% basado en renovables, combatir el conocido como impuesto al sol, reducir el consumo energético global, fomentar la eficiencia energética en los viviendas, sustituir combustibles y un programa de cierre de centrales térmicas, blindar Baleares contra las prospecciones de fósiles son algunas de las propuestas apuntadas en materia de energía. Priorizar el transporte público, impulsar planes de movilidad en empresas, avanzar hacia el 100% de coches eléctricos, en especial de alquiler, y trabajar en las emisiones del transporte aéreo y marítimo son algunas de las iniciativas sobre trasporte de la futura ley.
Simplificar la burocracia en la tramitación de sistemas de energía renovables y que la administración dé ejemplo en el liderato del cambio con la apuesta del transporte sostenible y eficiencia energética son otras de las propuestas. Tras el proceso participativo se redactará la ley, irá a exposición pública y pasará como proyecto de ley al Parlamento, que se prevé para el primer trimestre de 2018, tras la aprobación del Gobierno.
«Es necesario que la ley tenga vocación de permanencia y vaya acompañada de recursos económicos y humanos para hacerla viable», añadió Groizard, quien recordó que en Baleares en la actualidad tan sólo un 2% de la producción eléctrica proviene de renovables, frente al 40% nacional, por lo que es preciso, indicó, fijar una estrategia que permita avanzar en los objetivos de 2050 en materia energética.
