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El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

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Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

La AEE acusa al Gobierno de ignorar a la CNMC y fijar una retribución renovable “alejada de la realidad”

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Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha acusado al Gobierno de «ignorar» las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y fijar una retribución para las renovables basándose en previsiones de precios del mercado eléctrico «alejadas de la realidad». La patronal señala que la orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las renovables confirma «las peores sospechas del sector».

Así, estima que la eólica, el sector «más afectado por ser el más vulnerable a las variaciones de precios de mercado», ingresará en tres años unos 400 millones de euros (un 38%) menos de lo que le correspondería. En la orden, el Gobierno ha tomado como referencia un precio de mercado de 52 euros por megavatio hora (MWh) a partir de 2020, el mismo que en el semiperiodo anterior, en vez de los 41,62 euros por MWh que eran la referencia tomada por el propio Gobierno en la memoria de la orden por la que se aprueba la previsión de ingresos y costes del sistema para 2017-2022, lo que la CNMC calificó de «abierta contradicción».

Además, según la AEE, en los últimos tres años las empresas eólicas han cobrado una media de 6,37 euros/MWh menos de retribución por la desviación a la baja de los precios previstos en la ley. Así, señala que la diferencia entre las previsiones de precios y la realidad ha supuesto que el sector haya dejado de ingresar 630 millones de euros. «Teniendo en cuenta esta experiencia, no se entiende que el Gobierno apueste por perpetuar la situación justo cuando podía haber optado por corregirla», subraya.

Asimismo, aclara que la orden no introduce un incremento a la retribución de las renovables, sino una compensación a las empresas por los errores de cálculo cometidos por el regulador en el primer semiperiodo. De esta manera, el sector eólico lamenta que el Gobierno «no haya corregido los desequilibrios del modelo retributivo que generan inseguridad jurídica y frenan la inversión«. Sin esa estabilidad, considera que «va a ser difícil» que en España se hagan las inversiones eólicas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales y la transición energética y «se pone en riesgo el futuro de un sector que exporta tecnología por valor de 3.000 millones de euros anuales y da empleo a 22.500 personas”.

El Gobierno propone al Congreso nombrar a Manuel Rodríguez Martí como secretario general del CSN

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Europa Press.- El Consejo de Ministros acordó proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), una propuesta que fue aprobada en el pleno del regulador. Manuel Rodríguez Martí es ingeniero industrial nacido en febrero de 1959 y es funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Rodríguez se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado diversos puestos técnicos y desde 2013 es subdirector de Instalaciones Nucleares del organismo.

Repsol será indemnizada por el Estado con 151,5 millones de euros por verse obligada a vender butano a pérdida

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Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 42 millones de euros a Repsol Butano en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños causados a la empresa al obligarla a vender butano a pérdida. Asimismo, el Estado deberá indemnizar a Repsol Butano con otros 109,5 millones de euros mediante otras 3 sentencias, una de la Audiencia Nacional y dos del Supremo, en las que la Justicia reconoce la indemnización por estos importes para la petrolera.

En concreto, la Audiencia Nacional declara el derecho de la petrolera a ser indemnizada en la cuantía de 79,9 millones de euros, «más los intereses legales desde diciembre de 2010», por la fijación de un precio insuficiente para cubrir los costes reales correspondientes al cuarto trimestre de 2009 y el año 2010. Los magistrados consideran probado que la orden ministerial que estableció los nuevos parámetros para dichos ejercicios ocasionaba pérdidas al introducir un desfase entre los costes y los beneficios procedentes de la venta del producto al consumidor, un perjuicio cuya recuperación «no está acreditada».

En este sentido, la sala afea el comportamiento de la Administración, ya que aunque se esté en un sector regulado, dice, debe alentar a la iniciativa empresarial y no disuadir la entrada de nuevos operadores en el mercado. Por ello, desestima las pretensiones del Abogado del Estado al valorar que el perjuicio patrimonial deriva «directa e inmediatamente» del sistema propuesto, por lo que dicta la citada condena con el fin de compensar «adecuadamente a la empresa reclamante, tanto por el daño emergente como por el lucro cesante«. Esta sentencia es susceptible de recurso por el Estado, aunque el caso es muy parecido a una anterior de Disa en la que finalmente el Estado no recurrió.

Asimismo, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de Repsol en dos nuevas sentencias, desestimando los recursos de casación interpuestos por la Administración del Estado, que reconocen una indemnización para la petrolera por un importe de 29,6 millones de euros. En concreto, el Supremo deviene en firmes los importes reconocidos por la Audiencia Nacional a favor de Repsol Butano por los precios correspondientes al segundo trimestre (13,2 millones de euros) y al tercer trimestre (16,4 millones de euros ) de 2012, más los intereses legales.

Esta lluvia de sentencias sigue así la línea de las conocidas la pasada semana, por las que el Supremo condenaba al Estado a pagar 42 millones de euros a Repsol Butano en concepto de responsabilidad patrimonial al obligarla a vender butano a pérdida. El tribunal ratificaba así que las resoluciones administrativas en las que se fijó el precio de la bombona de butano para el primer y segundo trimestre de 2011 no se ajustan a Derecho. Aparte de adoptar esta decisión, el Supremo declaró el derecho de Disa Gas a cobrar de la Administración 1,05 millones de euros también por la fijación de un precio insuficiente para cubrir los costes reales, en este caso para el tercer trimestre de 2012.

En relación con Repsol, se han dictado dos sentencias que dan la razón a esta empresa. En una de ellas se reconoce su derecho a cobrar, por el periodo correspondiente al primer trimestre de 2011, una indemnización de 18,8 millones más los intereses legales desde el 1 de abril de 2011. Esta decisión anulaba la posición mantenida al respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya resolución fue anulada por la sala tercera.

La segunda sentencia confirma el fallo de la Audiencia Nacional en el que se reconoció el derecho de Repsol a ser indemnizada con 23,2 millones de euros por los daños ocasionados por la resolución en la que se fijaba el precio del butano para el segundo trimestre de 2011. Habría que sumar los intereses legales desde el 30 de junio de 2011. En el caso de Disa, la sentencia también considera acreditado, como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se dan los requisitos propios de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Al analizar el caso, el Supremo tuvo en cuenta no solo los ingresos que se obtendrían de aplicarse las referencias de precios adecuados, sino también aspectos como la situación de oligopolio en el sector, la no importación de todo el GLP que se comercializa y las variaciones de los costes de las fluctuaciones del mercado. El tribunal concluyó que, aunque puede imponerse un deber de soportar el daño, cuando el Gobierno en el ejercicio de su competencia toma una determinada opción de política económica no cabe imponer tal obligación si se está obligando a «la venta a pérdidas durante un período prolongado de tiempo», por lo que consideran que el Gobierno excedió los «límites de la razonabilidad y la proporcionalidad”.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

Rajoy lo fía todo a la meteorología y la oposición critica que actúe como un “chamán” en la gestión eléctrica

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Europa Press / EFE.- El PSOE y Unidos Podemos han lamentado que, ante la subida de la luz, el presidente Mariano Rajoy se limite a actuar como «hombre del tiempo» o como un «chamán» pronosticando que pronto bajarán los precios de la electricidad porque «va a llover». En este sentido, el presidente del Gobierno ha descartado adoptar medidas extraordinarias para bajar el precio de la luz, afirmando que se encuentra en niveles de 2015.

«Han anunciado que va a llover y eso, lógicamente, dará lugar a una bajada», indicó Rajoy que, no obstante, ha reconocido que «la solución no es esa» y que no se trata de que el Gobierno vaya a «esperar» a que llueva o haga viento. Con todo, dejó claro que no se plantea ni bajar los peajes, que están congelados, ni tampoco modificar el sistema de fijación de precios mayoristas. Rajoy ha confiado en la mejora de las condiciones meteorológicas (muy secas y sin viento) para revertir la tendencia al alza de los precios de la electricidad. La carestía de lluvias y la ausencia del viento influyen en el encarecimiento.

Según los cálculos del Ejecutivo, el precio de la electricidad subirá respecto a 2016 unos 100 euros anuales (8 euros al mes). Rajoy atribuyó este incremento a que 2016 fue «excepcionalmente bueno» por la caída del precio del petróleo. «En este momento estamos con el precio de la luz en niveles del año 2015, subirá este año con respecto a 2016, que fue un año excepcional, pero porque ha subido el precio del petróleo un 100% y las condiciones meteorológicas acompañaron y ello afecta al precio de la electricidad», detalló.

«Ya me gustaría a mí que volviera a bajar como en 2016, pero no todo en esta vida ni en este mundo depende del Gobierno, ni del español ni de ningún otro», añadió. De hecho, indicó que el aumento de la electricidad no está afectando solo a España, sino también a otros países de la Unión Europea. Así, señaló que los precios del megavatio hora del jueves se situaron en 87 euros en España, frente a los 110 euros de Italia o Suiza, o los 109 euros en Francia, negando así que España tenga el tercer precio mayorista más alto.

Además, apuntó que a España también le está afectando la «situación compleja» de las centrales nucleares en Francia y la falta de agua y energía solar de los últimos meses y en este punto afirmó que esta situación va a empezar a mejorar con las próximas lluvias. Dicho esto, admitió que se trata de un tema «preocupante» que afecta «al bolsillo de los españoles y a la competitividad de las empresas». Sobre la evolución de la inflación, atribuyó el incremento hasta el 1,6% al cierre de 2016 a la subida del precio del petróleo, y estimó que acabará este año en una tasa del 1,5%, porque el precio del petróleo no superará, «en ningún caso», los 60 dólares el barril.

Rajoy, “un chamán esperando lluvias”

Por su parte, los portavoces del PSOE y Unidos Podemos en el Congreso, Antonio Hernando e Íñigo Errejón, criticaron las declaraciones de Rajoy. Hernando considera «sorprendente» que Rajoy «haya actuado más como hombre del tiempo que como presidente del Gobierno» al decir que «va a llover y haber viento» en referencia al precio de la electricidad. «Debe actuar más como presidente del Gobierno que como comentarista del tiempo», ha apostillado Hernando, que ha avanzado que desde el Grupo Socialista pedirán explicaciones al Gobierno en la sesión de control del próximo miércoles para que explique los «vaivenes» en el recibo de la luz y las actuaciones previstas para frenar su alza.

Asimismo, el secretario político de Podemos y portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Iñigo Errejón, calificó de «cómicas y lamentables» las declaraciones de Rajoy sobre el precio de la electricidad, ya que «en vez de presidente del Gobierno parece que tuviésemos un chamán». En este sentido, criticó que Rajoy se «encomiende a la lluvia» garantizando que «cuando caigan cuatro gotas bajará el precio», un argumento de «alguien que se desentiende del Gobierno y de las cuestiones que preocupan a los españoles». Errejón recordó que Unidos Podemos registró con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, una proposición de ley en el Congreso para favorecer el autoconsumo colectivo, lo que redundaría en una bajada de los precios de la electricidad.

Además, Errejón calificó de «cinismo atroz» el argumento esgrimido por el sector eléctrico respecto al perjuicio que sufre cuando se encarece la electricidad por la disminución de la demanda, y recordó que «la gente pobre no tiene otra que seguir pagando hasta que les cortan la luz». «Hay alternativa en el problema del precio de la luz, pero exige decisión política», de forma que “en lugar de ponerse del lado del oligopolio eléctrico, se ponga del lado de los españoles», remachó Errejón, quien volvió a exigir la realización de una auditoría de los costes energéticos y saber por qué «cuesta lo que cuesta» la luz, y ha afirmado que no son las eléctricas precisamente los actores «perjudicados» en esta situación.

El PNV pide bajar peajes

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pidió al presidente Rajoy, que intervenga en los peajes del sistema eléctrico y que el Ejecutivo se tome «más en serio» el tema de la electricidad en España en lo referido a los ciudadanos y a la economía. Esteban ha denunciado que el sistema eléctrico español tiene «bastantes problemas» en materia de peajes, transporte o impuestos, «que es donde el Gobierno puede intervenir, más allá del coste de la electricidad». Asimismo, Esteban ha calificado de «pobre para un presidente del Gobierno» la respuesta de Rajoy sobre su confianza en que pronto bajen los precios, porque «va a llover».

A este respecto, ha advertido de que están en juego «cosas importantes», ante el perjuicio que supone el aumento del precio de la luz para las familias en un contexto de un «invierno duro» y el daño a la competitividad de las empresas. En esta línea, ha criticado que el precio del consumo energético para las empresas de la Cornisa Cantábrica y Euskadi sea mayor «por circunstancias de obligaciones legales de hace décadas que se sigue manteniendo». «Esto hace que la competencia con otros países y otras industrias sea más difícil», ha lamentado Esteban, que considera que el Gobierno debería tomarse «mucho más enserio el tema de la electricidad tanto en la vertiente del ciudadano como en el plano económico».

La refacturación por el margen de comercialización costará casi 8 euros a cada consumidor acogido a la tarifa regulada PVPC

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Europa Press.- Los consumidores destinarán a la financiación del Fondo de Eficiencia Energética un 1 euro al año. En concreto, la contribución al fondo será de 0,000285 euros por kWh. Asimismo, la refacturación por el margen de comercialización reconocido a las empresas encargadas de realizar el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de la electricidad correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 costará casi 8 euros a cada hogar.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó una nueva metodología para el cálculo de este margen de comercialización con el objeto de cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se obligaba al Ejecutivo a reconocer una retribución suficiente a las comercializadoras de PVPC. Según la orden ministerial que desarrolla esta metodología, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se reconoce una retribución por esta actividad de 3,113 euros por kilovatio (kW) anuales por el término fijo para el periodo 2014-2016, además de otra variable que asciende a 0,001647 euros por kilovatio hora (kWh) en 2014, a 0,00197 euros por kWh en 2015 y a 0,001589 euros por kWh para 2016.

Anteriormente, las eléctricas repercutían 4 euros por kW al año a los clientes con el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en concepto de margen de comercialización. Según las sentencias del Tribunal Supremo, era necesario regularizar la facturación realizada desde abril de 2014 conforme a los nuevos precios que resultan de esta metodología. Así, para un consumidor medio con una potencia de 4,4 kW y una demanda anual de 3.900 kWh, propia de una familia con dos hijos, está refacturación supone una diferencia de casi 8 euros para los periodos correspondientes a los tres ejercicios.

Cuando se procedió a su aprobación, el Gobierno indicó que la nueva metodología para el coste de comercialización para los próximos ejercicios incrementaría la factura media doméstica de forma «muy moderada». Así, señaló que, de mantenerse las condiciones vigentes durante el 2016, el impacto para una factura media sería de 25 céntimos de euro al año, es decir, unos 2 céntimos al mes. Esta refacturación afecta a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC en algún momento entre 2014 y la actualidad, por lo que no incidirá sobre los que hubieran tenido contratado el suministro enel mercado libre.

El Gobierno deberá permitir a las eléctricas que repercutan al cliente el bono social, según expertos

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Europa Press.- El Gobierno se verá obligado a permitir que las comercializadoras de las compañías eléctricas encargadas de suministrar el precio regulado de la luz puedan repercutir el bono social al consumidor final si quiere que el nuevo mecanismo de financiación sea legal, según indicaron desde fuentes jurídicas y del sector.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social pactado entre el Gobierno y el PSOE carga el coste de esta ayuda, de unos 250 millones de euros anuales, sobre el conjunto de las comercializadoras de electricidad, y lo hace en función del número de clientes de cada empresa, según el decreto ley aprobado por el Ejecutivo. Dentro de las comercializadoras, existen dos grupos, las de mercado y las de referencia. Estas últimas suministran a los clientes domésticos el precio regulado, conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y son en su mayor parte filiales de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo.

Las fuentes explican que las comercializadoras de mercado repercutirán sin cortapisas el bono social al consumidor final, cosa que no podrán hacer las de referencia, ya que el PVPC se configura con la adición por el Gobierno de diversos costes reconocidos, ya sean los de mercado, los regulados y los de comercialización. Si durante el desarrollo normativo del decreto a las comercializadoras de referencia no se les reconoce la posibilidad de repercutir al cliente el coste adicional del bono social, podrán recurrir ante los tribunales al sentirse discriminadas con respecto a las comercializadoras de mercado. Muy probablemente ganarán. La jurisprudencia acumula numerosos ejemplos de empresas con actividades reguladas que denuncian una insuficiencia de ingresos y que ganan en los tribunales.

Las propias comercializadoras de referencia han logrado recientemente que el Tribunal Supremo les dé la razón y obligue al Gobierno a reconocerles un margen de comercialización suficiente. Precisamente, el decreto del margen de comercialización eléctrica también reconoce a estas comercializadoras reguladas su capacidad para repercutir al cliente el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyo coste, como el bono social, también había cargado el Gobierno a las empresas. Las fuentes consideran que lo ocurrido con este fondo de eficiencia es un caso análogo al bono social. Las empresas denunciaron ante los tribunales la obligación de costearlo y el Gobierno les ha reconocido la posibilidad de trasladar este coste al consumidor final, sin esperar la resolución judicial.

Las comercializadoras de mercado también dispondrán de margen para recurrir, ya que al repercutir el coste del bono social al consumidor verán cómo sus ofertas pierden atractivo con respecto a un PVPC que no incorpora este importe y que se convertirá en una «tarifa subsidiada» en la que no se reconocen todos los costes. «El PVPC es un agente recaudador del sistema que se calcula recogiendo todos los costes. Que no recoja un coste nuevo para la comercializadora, en este caso el bono social, plantea un debate jurídico serio», asegura un abogado especializado en Energía.

Colectivos de Nomascortesdeluz.org lamentan que el acuerdo entre Gobierno y PSOE no impida los cortes de luz este invierno

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EFE / Europa Press.- Colectivos sociales, integrados en la plataforma NoMásCortesDeLuz.org, consideran que el decreto ley aprobado por el Gobierno para reformar la ley del sector eléctrico y prohibir los cortes de luz a los consumidores “extremadamente vulnerables” es insuficiente porque «no es de aplicación inmediata» y por tanto no va a ayudar a las familias durante este invierno. El decreto deberá ser convalidado por el Parlamento en un mes.

Para el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, impedir el corte de luz a cualquier familia debe ser algo instantáneo, y una vez que pase el invierno, se analiza caso a caso para determinar si realmente estos hogares se pueden acoger a la medida de protección. «Hay muertes por pobreza energética y durante la etapa invernal es precisamente cuando hay más problemas», indicó Sánchez, que lamentó que «un Gobierno con capacidad de aprobar un decreto ley por el que se prohíba de inmediato esos cortes no lo haga, salvo que se quiera dar una moratoria a las eléctricas para que sigan cometiendo gravísimos abusos». «Este acuerdo entre Gobierno y PSOE es insuficiente y es una nueva tomadura de pelo», sentenció Sánchez.

Para Facua, el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos «busca más la foto que soluciones a la pobreza energética». Sánchez señaló que el acuerdo representa una «absoluta falta de sensibilidad» en la actual coyuntura en que ha empezado el invierno. Así, considera que «no hay ninguna excusa regulatoria» para proteger definitivamente a los consumidores vulnerables, tal y lo reconoce la directiva europea de 2009. De esta manera, Sánchez pidió separar el debate de los distintos perfiles de consumidores vulnerables y consideró necesario aprobar una norma que dé solución a la pobreza energética en el actual marco de la llegada del invierno.

Cambios regulatorios sin efectos inmediatos

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano considera que «se ha perdido una oportunidad de legislar a nivel estatal el principio de precaución» en la ley del sector eléctrico. «Solo se ha introducido una frase, que es la de que no se va a cortar la luz a familias con vulnerabilidad severa, pero ni se define que es la vulnerabilidad severa ni cómo se van a evitar esos cortes de suministro y el procedimiento para evitar esos cortes de luz es importantísimo», indicó.

Para la alianza, este acuerdo «es un parche que no va a servir para nada» y «lo que se ha hecho es hacerse una foto». «Se ha perdido una oportunidad de hacer una propuesta real de acabar con la pobreza energética, no solo evitando los cortes de luz, sino también reformando el bono social y empezar a hablar de una verdadera tarifa social». Para la Alianza contra la Pobreza Energética esa tarifa social debe ser financiada «por las empresa del oligopolio» y ha lamentado que el pacto vaya a recaer sólo sobre las comercializadoras en función del número de clientes, dejando fuera a las distribuidoras.

También Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha defendido que se aprueben tarifas sociales y «que se pague en función de la capacidad económica». El acuerdo, para la PAH, «es un parche» a un problema al que se debería haber buscado «soluciones reales y globales». «Hay que definir los baremos de vulnerabilidad y los procedimientos para parar los cortes y este acuerdo político dice que ha de ser regulado a posteriori; es papel mojado incluir ese concepto en la ley energética porque no supone la paralización de los cortes».

El consumidor vulnerable deberá tener un certificado de los servicios sociales para impedir los cortes de luz

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EFE / Europa Press.- Los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas deberán acreditar mediante la expedición de un documento que un consumidor es «vulnerable severo», lo que le protegerá de los cortes de luz, según se recoge en el real decreto-ley. La norma, que regula la financiación del bono social, incluye varias modificaciones de la ley del sector, entre ellas la de incluir la citada categoría de consumidor «vulnerable severo» en el epígrafe de «suministros esenciales», es decir, que no se les puede suspender el suministro.

Así, se incluye en el apartado 4 del artículo 52, en el que se establecen esos supuestos de suministros esenciales, una nueva categoría que se suma a los 8 ya existentes, como hospitales, fuerzas de seguridad, alumbrado público entre otras, y en las que en «ningún caso» puede suspenderse el suministro. En ese nuevo apartado se incluye a «aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social».

El texto también añade que estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y que «todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas». Sobre los cortes de suministro, contempla además que, para los consumidores vulnerables, no se pueda cortar la luz en un periodo de cuatro meses desde la notificación del impago, pero sólo si son clientes del PVPC. También se incluye la obligación de que haya respuesta por parte de los servicios sociales cuando se les consulte sobre la situación de las familias vulnerables. Además de incluir a estos consumidores “vulnerables severos”, el texto prohíbe que se puedan aplicar recargos posteriores a esas situaciones de morosidad.

El borrador de la normativa, que podría ir este viernes al Consejo de Ministros, también regula el nuevo modelo de financiación del bono social, que pasarán a costear todas las comercializadoras eléctricas en función del número de clientes y no solo las que tienen además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora. Además, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades. El Tribunal Supremo tumbó recientemente el anterior modelo de financiación por considerarlo discriminatorio. El nuevo repartirá el coste del bono, que supone unos 200 millones de euros anuales, entre un mayor número de empresa aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres principales compañías, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, por sus cuotas de mercado.

El bono tendrá mayor coste

La propuesta de normativa también incluye, tal y como había señalado el Gobierno, que las compañías eléctricas «cofinancien» con las Administraciones Públicas el suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores que entren en esa categoría de «vulnerables severos». Posteriormente, el Gobierno prevé acometer una revisión de esta ayuda para vincular su percepción a la renta. El texto también pone un plazo máximo de tres meses para aprobar las normativas de desarrollo necesarias para su aplicación. El Gobierno y el PSOE firmaron un acuerdo sobre estas reformas, que también apoya Ciudadanos.

En el desarrollo reglamentario quedan pendientes la articulación del procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social y la fijación de mejores prácticas de comercialización para que los usuarios puedan conocer de forma clara las ofertas energéticas. El Gobierno calcula que actualmente hay 2,6 millones de hogares con consumidores vulnerables, que suponen unos siete millones de personas, que reciben un descuento en la factura de la luz a través del bono social.

El Gobierno podrá imponer además sanciones de hasta 60 millones de euros a las comercializadoras de electricidad que no cumplan con sus obligaciones referidas al nuevo sistema de financiación del bono social, según consta en el borrador del real decreto por el que se regula el nuevo mecanismo de fijación de esta ayuda a consumidores vulnerables. El borrador modifica en su artículo 1 varios aspectos de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013. En concreto, el real decreto-ley incorpora por primera vez al catálogo de conductas consideradas «muy graves» dos apartados relacionados con las obligaciones de las comercializadoras con el bono social. Estas infracciones implican penalizaciones por importe de entre 6 y 60 millones de euros.

La sanción de entre 6 y 60 millones es la mayor de las recogidas por la ley eléctrica y, a partir de la aprobación del real decreto, se podrá aplicar cuando la comercializadora «deje de ingresar dentro de los planes legal o reglamentariamente establecidos las cuantías que correspondan al reparto del coste del bono social», siempre que la cantidad anual que deba aportarse sea superior a 5 millones de euros. La infracción por conducta «muy grave» también se podrá imponer cuando se produzca «el falseamiento u ocultación de datos sobre número de clientes o energía eléctrica suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del mecanismo de financiación del bono social».

El borrador incorpora al régimen de sanciones «graves» las conductas consistentes en dejar de ingresar los importes del bono social en cantidades de entre 500.000 y 5 millones de euros. Las multas para este tipo de actuaciones oscilan entre 600.000 y 6 millones de euros. Serán sanciones «graves» la comunicación de datos inexactos sobre el número de clientes o la energía suministrada por las comercializadoras encargadas de costear el bono social. Hasta la fecha, la normativa sobre consumidores vulnerables y el bono social no recogía ningún tipo de sanción explícita.