Entradas

Discapacitados, sindicatos y empresarios de la Comunidad Valenciana se oponen a las gasolineras desatendidas

EFE.- Las entidades Cocemfe Comunidad Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) y la Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes (Alevencar) se oponen al proyecto de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Valencia, relativo al horario de atención personalizada en las estaciones de servicio.

Según estas entidades, el nuevo proyecto de Comercio supone «un paso atrás inaceptable, que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cola de toda España en defensa de los derechos de los consumidores», por lo que han anunciado la interposición de recursos. El proyecto de resolución recoge que, con «carácter general», el horario diurno será el comprendido entre las 6.00 y las 22.00 horas, aunque las gasolineras «podrán fijar otro horario» en el que dispongan de una persona responsable durante al menos 16 horas «entre las 4.00 y las 24.00 horas de los días laborables».

Además, el anteproyecto establece condiciones en las que la atención quedaría limitada a tan solo 8 horas (en la franja entre las 6.00 y las 22.00 horas, en día laborables) y enumera una serie de excepciones que, en la práctica, lo convertirá en norma generalizada, según estas entidades. Con las excepciones «resulta evidente que, de facto, la atención personalizada quedaría reducida a 8 horas en un sinfín de establecimientos», precisaron. Estas entidades consideran «una falta de respeto hacia los consumidores en general, y particularmente a las personas con discapacidad, apostar de una forma tan clara por el «régimen de autoservicio».

En caso de aprobarse tal cual fue remitido, los firmantes consideran que este proyecto convertiría a la Comunidad Valenciana en la autonomía más lesiva respecto a los derechos de los consumidores. Cocemfe Comunidad Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, Fedmes y Alevencar alertan de «la pérdida de miles de empleos (más de 6.000 en la Comunidad), la discriminación hacia las personas con discapacidad y la vulneración de derechos de los consumidores en general, así como la competencia desleal que suponen las estaciones de servicio desatendidas».

El CERMI aplaude la reforma legal para que no haya gasolineras desatendidas en Castilla y León

EFE.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aplaudió la modificación legal acordada por las Cortes de Castilla y León para impedir gasolineras desatendidas en este territorio, al obligar a estos establecimientos a contar al menos con un empleado cuando permanezcan abiertos. CERMI cree que así se ampara que «las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones». Actualmente hay unas sesenta gasolineras desatendidas en Castilla y León.

Marín Quemada (CNMC) relativiza el impacto en el empleo de las gasolineras desatendidas y niega que supongan problemas de seguridad

Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reiteró su defensa de las gasolineras desatendidas, ya que la mayor parte de las estaciones tradicionales tienen solo un empleado que, según su punto de vista, se dedica a cobrar la gasolina que los propios clientes se han echado y las cosas que puedan comprarse en el camino de la puerta del establecimiento a la caja, curiosamente situada «al final de la tienda».

Así se expresó Marín Quemada en una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde valoró el impacto que pueden tener estas gasolineras como elemento dinamizador del mercado en un entorno como el de crecimiento del precio del crudo que se produce en estos momentos «haciendo frente a una situación oligopolista». Además, destacó que permiten dar servicios en lugares en que las tradicionales no son rentables y descartó que puedan suponer problemas de seguridad, por lo que Marín Quemada vinculó las críticas al informe presentado recientemente por la CNMC sobre las gasolineras automatizadas, donde expone que ayudará a fomentar la competencia en el sector. «¿Qué no interesa a todos? Esto es otra cuestión«, consideró el regulador.

Por otro lado, incidió en que con su propuesta la CNMC no está planteando nada distinto a lo que se hace en otros países «con éxito». Así, apuntó que las estaciones de servicio automatizadas suponen ya el 60% del total en Suecia y el 65% en Dinamarca, mientras que en Bélgica se aproximan al 20% y en Holanda al 23%. Asimismo, señaló que en España ya existen «un número relevante de estaciones desatendidas», en referencia a las de cooperativas agrarias, que según aseguró «nunca dieron ningún problema y son bien percibidas por los usuarios». Por último, defendió que estas establecimientos «están dirigidos a los usuarios que lo deseen y los que prefieran seguir yendo a gasolineras tradicionales podrán seguir haciendo».

Finalmente, criticó que cuando los precios del crudo bajaron, este descenso no se reflejó totalmente en los carburantes por lo que el aumento del número de gasolineras automáticas o desatendidas “será bueno para elevar la competencia y bajar los precios de los carburantes”. Frente a esta defensa, la diputada del PSOE, Ana María Botella, ha apuntado los problemas de empleo o seguridad que pueden conllevar este tipo de gasolineras y le ha pedido que tenga una reunión más amplia con los agentes del sector. El informe de la CNMC causó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban también los problemas de atención a determinados colectivos, como los minusválidos.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

Facua califica de «indignante» la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción considera «indignante» la defensa realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las gasolineras desatendidas. La asociación critica los argumentos utilizados por el organismo en su reciente informe sobre gasolineras desatendidas, que reducen a su juicio «a una traba para la competencia los derechos de los usuarios». «Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo», afirma la organización.

El regulador, considera la organización, también recurre a «argumentos falaces», entre ellos el de que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso “son un coste administrativo desproporcionado” para las gasolineras. Igualmente, señala Facua, la CNMC considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.

Facua ve indignante que la CNMC «fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad». La asociación consideró también preocupante, además, que «con los niveles de desempleo que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores».

La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe «se basa exclusivamente en el precio», afirma, ya que las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia, «y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor». «Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector», señala Facua.

La organización también considera que la CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante. Facua insistió en que las estaciones de servicio desatendidas suponen un «atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos no está garantizada, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes». Por ello, Facua reclamó a las autoridades nacionales y autonómicas que primen la protección de los consumidores y la seguridad con inspecciones y controles que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

CCOO critica que la CNMC «olvida» el impacto de las gasolineras desatendidas sobre el empleo

Europa Press / Servimedia.- CCOO considera que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a favor de las gasolineras desatendidas «olvida» el impacto de estas instalaciones sobre el empleo y la seguridad. El sindicato considera que el regulador ha elaborado un informe centrado en la competencia en el que se «ignoran» otros aspectos de «interés general» como el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo y la gestión de riesgos para la salud y el medio ambiente.

A la vista de estas consideraciones, CCOO exige a los poderes públicos con competencia en la materia que rechacen las recomendaciones realizadas por la CNMC sobre las gasolineras desatendidas y aboguen por una regulación que ponga las gasolineras al servicio de «la sociedad en su conjunto» y no de «un reducido número de empresas«. El sindicato mostró así «con rotundidad» su rechazo a la propuesta de regulación del organismo. Para el sindicato, la proliferación de estas gasolineras fomenta la destrucción de empleo, reduce los derechos de los consumidores dificultan la atención a las personas con discapacidad e incrementa los riesgos.

«El organismo, con una más que dudosa eficacia ante los grandes monopolios y ante el dumping económico, social o ambiental, basa su decisión en el argumento de que la intervención pública solo es admisible para mejorar el mercado», señala. Este planteamiento, argumenta CCOO, «no está fundamentado en criterios sociales, técnicos o científicos, sino en una interpretación exclusivamente ideológica». Para CCOO, es «imprescindible» que cuanto antes se revisen las instalaciones desatendidas que están en funcionamiento, se confirme si se han evaluado los riesgos para los ciudadanos, el medio ambiente y los consumidores, así como los organismos con competencias se cercioren de que están preparados para gestionarlas.

La CNMC califica de «mito» que las gasolineras desatendidas dañen el empleo y sean menos seguras

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció en su blog varios «mitos» en torno a las gasolineras desatendidas, entre ellos los referidos al perjuicio sobre el empleo, la falta de seguridad, la ausencia de acceso para discapacitados o la desprotección a los consumidores. Todos estos argumentos, indica el regulador, «son dignos de análisis» y «preocupan en gran medida» a la propia CNMC, si bien «no es suficiente con invocarlos» ya que «no están suficientemente justificados«.

Una semana después de la publicación de su controvertido informe sobre el tema, Competencia insiste en la defensa de este tipo de gasolineras en aras de una mayor competencia en el sector, dado que “beneficiará a los consumidores y a la actividad empresarial”. Asimismo, califica de «mitos» algunos de los argumentos usados por las normativas que tratan de limitar o prohibir su instalación y que, tras un cuidadoso análisis, «son contrarios a la evidencia empírica».

Sobre el «mito» de la inseguridad de las gasolineras desatendidas, el regulador argumenta que «no tienen por qué ser más inseguras que las gasolineras que cuentan con personal», e incluso indica que en ocasiones la automatización del cierre del suministro puede funcionar con mayor velocidad que al realizarse por un trabajador. La CNMC alude a un estudio del Gobierno francés en el que se aprecia que el 92% de los accidentes en gasolineras se produce en momentos distintos al de echar carburante. También recuerda que en España hay una normativa de seguridad aplicable a todas las gasolineras y argumenta que la mayor parte de las cooperativas llevan actuando así desde hace años sin accidentes graves.

Sobre la desprotección del consumidor, señala que, en el caso de las gasolineras, «la obligación de servicio atendido no beneficia a los consumidores ni en términos de precios, ni de seguridad, ni de calidad del servicio». El regulador también cita un informe para la Comisión Europea sobre las quejas de los usuarios de las gasolineras en el que se aprecia que solo el 10% de los clientes tuvo problemas en una gasolinera desatendida y no pudo dar con una persona responsable. El 90% restante de las quejas de los consumidores están relacionadas con otros problemas, particularmente el precio del carburante y el tiempo de espera para repostar, “puntos que se mitigarían con nuevas estaciones”, remata.

En cuanto al «mito» del daño sobre el empleo, indica que la mayor parte de las empresas que están instalando gasolineras automáticas son de nueva creación, muchas innovadoras y consideradas startups o mavericks (pioneros). Estas empresas están contribuyendo «creando empleo de calidad«. «La creación de nuevas estaciones de servicio, la tecnología para que operen y mantengan la seguridad, la televigilancia de las instalaciones en el caso de las automáticas, favorecen la creación de empleos de valor añadido», afirma la CNMC.

Sobre las dificultades a los discapacitados, la CNMC reconoce que «una parte de la población discapacitada puede tener dificultades para aprovisionarse en las estaciones automáticas en caso de que viajen en su vehículo solas», y afirma que esta dificultad preocupa especialmente al regulador. Sin embargo, indica que, en el caso de aquellos usuarios necesitados de apoyo para repostar, que no cuentan con acompañantes que puedan apoyarles, las normas prevén que las estaciones automáticas realicen los mayores esfuerzos para que el aprovisionamiento pueda realizarse. Entre estos esfuerzos figuran los accesos sencillos, la innovación en los sistemas de aprovisionamiento o pago, y el resto de medidas arquitectónicas y técnicas que facilitan el empleo de las nuevas tecnologías que capaciten a dichos usuarios.

El PSOE pide que el presidente de la CNMC explique en el Congreso el apoyo a las gasolineras «fantasma»

Europa Press.- El secretario general del grupo parlamentario socialista y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, para que explique las conclusiones del informe del organismo que preside en el que se apuesta por desregular el sector para permitir que sigan proliferando las conocidas como gasolineras desatendidas o ‘fantasma’.

En un comunicado, Heredia advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo para el sector, que sólo en Andalucía podría ascender a unos 10.000 empleos. «Queremos que el presidente de la CNMC nos explique las bondades de las gasolineras desatendidas, porque nosotros no creemos que las haya. Y no sólo nosotros, el sector está totalmente en contra», añadió.

El dirigente socialista se reunió hace unas semanas con representantes de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio y de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles, que le trasladaron su preocupación por este tipo de establecimientos.

Heredia subrayó que este tipo de gasolineras no garantiza la igualdad de condiciones para todo el mundo. «No todo el mundo sabe enfrentarse a una máquina que tiene que cobrarte y autorizarse el uso de una estación para echar combustible. No todo el mundo tiene condiciones físicas para hacerlo. No todo el mundo tiene la pericia para manejar gasolina y hacerlo sin comprometer la seguridad propia y de los que están a su alrededor», dijo.

Además, el secretario general del PSOE de Málaga mostró especial preocupación con la situación en las que podrían quedar las personas con discapacidad a la hora de acceder a los servicios de estas gasolineras.

«Es todo un despropósito. Con la excusa de que a mayor competencia el usuario se verá beneficiado por una supuesta bajada de precios en el combustible se están cercenando derecho de consumidores y usuarios», denunció.

El PSOE pedirá que las gasolineras tengan al menos un empleado en horario diurno

EFE.- El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado que su grupo llevará a la Cámara Baja una proposición no de ley sobre el riesgo que suponen las gasolineras desatendidas y en la que pedirán que al menos haya un empleado en estas instalaciones en horario diurno. Heredia señaló que las estaciones desatendidas «representan un retroceso en los derechos de los consumidores» y un riesgo para el empleo y la seguridad.

«Este tipo de gasolineras eliminan el empleo que existía», afirmó Heredia, tras lo que sostuvo que «aunque sean seguras, al no contar con personal, representan un peligro potencial». Si las gasolineras desatendidas «continúan con su avance» en Andalucía «se podrían perder 10.000 empleos», alertó Heredia, que indicó que en la comunidad existen unas 2.000 gasolineras de las que alrededor de 80 están desatendidas. Heredia criticó este tipo de establecimiento por «el peligro que supone dejar a disposición de quien quiera» el combustible, además del «incumplimiento en materia de seguridad industrial y por la inseguridad jurídica que genera una legislación contradictoria».

En su Proposición no de Ley, el PSOE pedirá al Gobierno que se modifique el Decreto 1/2007, para que haya al menos un empleado en gasolineras para atender a consumidores en horario diurno. Además, esta propuesta buscará la publicación de la nueva revisión de la instrucción técnica IP-04 para hacer más rigurosas las medidas de seguridad de las gasolineras desatendidas.

Castilla y León da el primer paso para obligar a las gasolineras a tener personal

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han aceptado tramitar una proposición de ley promovida por el PP para limitar la proliferación de las denominadas ‘gasolineras fantasma’ y obligar a estos establecimientos a tener al menos a un empleado para atender al público.

Todos los grupos, excepto Ciudadanos, han coincidido en la necesidad de regular esta situación, provocada por la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo de 2013, ya que se producen situaciones de inseguridad y de competencia desleal con el resto de establecimientos.

La iniciativa, defendida ante el Pleno por el procurador del PP Salvador Cruz, plantea una modificación de la Ley que regula el Estatuto del Consumidor de Castilla y León para plantear que las gasolineras dispongan mientras permanezcan abiertas y en horario diurno, al menos de una persona, debidamente formada, responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la Ley.

El representante del PP ha detallado que la concreción de lo que se considera como horario diurno se realizará por medio de una resolución del órgano directivo central competente en materia de consumo, aunque los grupos han anunciado que enmendarán este punto para favorecer que haya personal cuando el establecimiento permanezca abierto.

Cruz ha insistido el propietario deberá garantizar que las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones.

En opinión del representante popular, la aprobación de esta nueva norma se crearían aproximadamente 200 puestos de trabajo, además de evitar la pérdida de empleo por la posible conversión de gasolineras actualmente atendidas en desatendidas.

El único en oponerse a la tramitación de la proposición de ley ha sido el representante de Ciudadanos, David Castaño, quien ha pedido «no tener miedo sino habilidad» para adaptar la realidad a la «onda» económica, porque este tipo de establecimientos sirvió para fomentar la competencia y evitar acuerdos de precios entre distribuidores.

Le ha contestado Cruz, que el planteamiento de Ciudadanos no era «coherente» con lo que han votado en comunidades como Madrid, y le ha acusado de hacer un planteamiento electoral.