Entradas

AESAE estima que las gasolineras automáticas generan un ahorro a la sociedad de unos 456 millones al año

Europa Press.- La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) calcula que las 600 gasolineras de este tipo que hay en España permiten un ahorro anual al consumidor de unos 456 millones de euros. La asociación considera que el ahorro que consiguen las familias «genera mayor demanda e inversión y, por tanto, puestos de trabajo en otros sectores».

AESAE estima que cuenta con unos 600 trabajadores en este tipo de estaciones de servicio, alcanzando una media de un empleado por gasolinera. En cambio, las tradicionales, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tienen de media 3,5 trabajadores por estación. Así, la asociación señala que las 600 estaciones automáticas generarían una supuesta pérdida de empleo de unos 1.500 empleos, «y no los 10.000 que han anunciado recientemente el Gobierno y las estaciones tradicionales».

No obstante, el presidente de AESAE, Manuel Jiménez Perona, considera que estos puestos de trabajo perdidos «se recuperan en otros sectores, gracias al ahorro de 456 millones de euros anuales que se transforma en mayor consumo o en inversión». Además, AESAE ve «con preocupación que los políticos junto con los empresarios de las estaciones de servicio tradicionales sólo miren por sus intereses, y no los intereses de los consumidores que tienen que hacer grandes sacrificios para llegar a fin de mes, a consecuencia de la imparable subida de los productos energéticos, carburante, electricidad y gas».

La patronal de estaciones de servicio CEEES asegura que el aumento de las gasolineras desatendidas ha destruido 10.100 empleos

EFE.– El número de gasolineras sin asalariados aumentó en 618 puntos de venta (un 34,4%) entre enero de 2012 y enero de 2017, mientras que en el mismo periodo el número de empleos en el sector se redujo en 10.100, según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

CEEES, junto con la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), ha hecho pública esta comparativa, basada en los datos proporcionados por el Gobierno en una respuesta por escrito al diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

El Ejecutivo ha señalado que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2017 el número de gasolineras sin asalariados pasó de 1.798 a 2.416, con un crecimiento de 618 puntos de venta, un 34,4%.

En ese periodo de cinco años se abrieron en total 674 puntos de suministro de combustible, lo que supone que, del total de nuevas gasolineras abiertas, el 91,7% no tiene personal afecto a la instalación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2017 el número de trabajadores en el sector de la distribución al por menor de carburantes cayó desde los 62.100 a los 52.000, lo que supone 10.100 empleos menos en cinco años.

CEEES y Aevecar señalan que, tomando estos datos, en los 5 años analizados 6 personas que trabajaban en estaciones de servicio se quedaron sin su empleo y que por cada nueva gasolinera desatendida que se abre son 17 las personas que pierden su trabajo.

En esos mismos cinco años sólo se abrieron 56 estaciones de servicio atendidas por personal.

Los presidentes de CEEES y Aevecar, Jorge de Benito y Alejandro Ripoll, respectivamente, han anunciado que están programando una serie de encuentros con la Administración para conocer si el Ministerio de Trabajo va a hacer algo para revertir la pérdida de empleo que consideran provoca la apertura de gasolineras desatendidas.

Las gasolineras automáticas recurrirán la norma que prepara Castilla-La Mancha para obligarles a tener personal mientras Andalucía retira su decreto

EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha anunciado su intención de recurrir la norma que pretende aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha para obligar a todas las estaciones de servicio a contar con un baño y, por tanto, con personas en las gasolineras.

En este sentido, Aesae recuerda que la Junta de Castilla-La Mancha derogó el artículo 2 del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en el que se obligaba a las estaciones de servicio automáticas a contar con personal para poder operar.

«Sin embargo, unos meses después, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento que pretende aprobar una norma que obliga indirectamente a tener personal en este tipo de estaciones dedicado a tener los servicios higiénicos limpios y seguros», añade Aesae.

A este respecto, el presidente de la Aesae, Manuel Jiménez, señala que «el tiempo medio de los repostajes en una estación automática es inferior a 10 minutos», mientras que en las oficinas bancarias, por ejemplo, «el tiempo medio es sensiblemente mayor y a éstas no se les exige aseos para los clientes».

Según la Aesae, «la justificación aducida por el Gobierno regional es la de la seguridad vial de los conductores y, a cambio de esta pretendida mejora de la seguridad vial, la Junta no tiene ningún problema en que los conductores castellano-manchegos paguen más de 330 euros al año a las compañías con estaciones de servicio tradicionales, en definitiva, al oligopolio«.

De esta manera, subraya Jiménez, «las grandes empresas no tendrán competencia y continuarán disfrutando de unos márgenes que están entre los más altos de la Unión Europea».

Por último, Aesae destaca que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas «con el precio más alto en carburantes de España», por lo que, si esta medida se aprueba, «liderará, con toda seguridad, la clasificación de comunidades autónomas con los precios más altos».

Andalucía retira un decreto similar

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha retirado el decreto que pretendía aprobar en los próximos meses y que obligaba a las gasolineras automáticas a contar con al menos un trabajador para poder operar durante el tiempo que ésta permaneciera abierta. Este decreto ha sido finalmente retirado ante la carencia invalidante puesta de manifiesto por la Aesae.

Aesae, ante la «falta de transparencia y la negativa» a dar acceso al expediente, presentó un recurso ante los tribunales. Finalmente, por la falta de transparencia, la Junta ha decidido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano competente para este litigio, dar marcha atrás en su objetivo de aprobar la norma que obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal.

No obstante, y «ante una clara vocación de defender a las estaciones tradicionales» por parte de la Junta de Andalucía, el 25 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación de la Ley de las Personas con Discapacidad por la que se obliga a las estaciones desatendidas a tener personal.

Estas actuaciones llegan en un momento en el que la Comisión Europea está obligando a las comunidades autónomas, que tienen normativas contrarias a la implantación de este tipo de estaciones, a dar marcha atrás, pues según la Comisión Europea son contrarias al libre mercado y a la libre competencia, según ha recordado la asociación.

Esta falta de competencia provoca que cada familia andaluza tenga que pagar «más de 300 euros al año», según la OCU, respecto al resto de las regiones. «La apertura de una estación de servicio automática no solo beneficia a los que la eligen, sino a todos, porque cuando una gasolinera de este tipo abre el precio de los carburantes disminuye en la zona de influencia en una media de 10 a 15 céntimos por litro», ha explicado Manuel Jiménez Perona.

Según la asociación, actualmente las barreras que existen para las personas con discapacidad «están presentes en muchas estaciones de servicio». Los problemas que presentan son barreras arquitectónicas, surtidores a altura excesiva, etcétera. «Estos obstáculos son insalvables a pesar de que haya una persona en la gasolinera. El problema es de diseño y de no pensar en estas personas», explica Jiménez Perona.

Los empresarios de gasolineras desatendidas recurren al Supremo las normativas que desarrolla el Gobierno para limitar su modelo de negocio

Europa Press / EFE.- El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), Manuel Jiménez Perona, ha denunciado los «ataques al modelo de negocio» de las gasolineras sin personal que, a su juicio, están encaminados a que este modelo «tenga limitaciones«, y advierte de que considerará volver a denunciar a la Administración ante la Comisión Europea.

Por ello, AESAE ha iniciado acciones legales con el objeto de impedir que el Gobierno imponga restricciones al repostaje en estaciones de servicio automáticas a los vehículos que excedan de un determinado peso. Así, la asociación ha señalado que recurre normativas ante el Supremo como el Real Decreto 706/2017, de regulación de la instrucción técnica MIP-ITC04 Instalaciones para suministro a vehículos, que fue aprobada el pasado mes de agosto, puesto que considera que «impone límites al establecimiento de este modelo».

Esta asociación ha explicado que, según la normativa recientemente aprobada, el tiempo máximo permitido para repostar con un vehículo considerado pesado en las conocidas comúnmente como gasolineras desatendidas, aquellas que funcionan sin la supervisión de un empleado, es de 3 minutos sin exceder los 75 litros. Los empresarios de gasolineras desatendidas denuncian que esto impide el uso de las instalaciones a camiones y vehículos de gran tamaño. En caso de incumplir la medida, las gasolineras desatendidas se enfrentan a fuertes multas, que pueden rondar los 30.000 euros, según Jiménez Perona, que señala que «es una medida que va contra el libre mercado y la libre competencia. Y nosotros, como asociación, tenemos la obligación de denunciarlo».

Por otro lado, AESAE también denuncia que la Comunidad de Madrid es una de las que más barreras está imponiendo a la entrada en el mercado de estos operadores independientes. Según explica, si bien la normativa regional que opera en la actualidad es favorable a la entrada de nuevos actores en el mercado, «la realidad es que este precepto no se está cumpliendo como consecuencia de una interpretación injustificadamente restrictiva de la norma por parte de la Comunidad de Madrid».

Dicha normativa exige a las gasolineras disponer de un operario, o medidas automáticas de seguridad, para impedir que el usuario fume, hable por teléfono o reposte con el motor encendido, lo que dificulta su modelo de negocio y expone a las compañías a multas de hasta 30.000 euros, «a las que muchas operadoras independientes no pueden hacer frente», confirma Jiménez.

Del mismo modo, denunciará la próxima medida del Gobierno del País Vasco, que obligará a cerrar las estaciones de servicio automático cuando la velocidad del viento supere los 18,9 kilómetros por hora para proteger a los usuarios, «una decisión que va en contra de un modelo de negocio que va a más en Europa, que ha probado su eficacia para los consumidores y con un potencial de crecimiento importante». Estas medidas se suman a las que ya existen en Castilla y León o Extremadura. AESAE considera que estas «restricciones normativas» van en detrimento de los ciudadanos, que no pueden acceder a un ahorro anual medio que, según cifran, puede ser de 150 a 250 euros al año por coche familiar.

La asociación cuestiona el razonamiento técnico de las medidas mencionadas, pues, según Jiménez Perona, hasta la fecha nadie les ha presentado motivación alguna que las justifique, y ha añadido que es evidente que van en la misma dirección, la de restringir las posibilidades de crecimiento del modelo de estación desatendida. Los empresarios cifran en 560 el número de estaciones automáticas en España, el 5% del total, lo que se traduce a su juicio en que «el sector de carburantes español es aún cerrado y opaco«.

Por ello, y después del pronunciamiento del Supremo ante los diferentes recursos, la asociación considerará volver a denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea por «inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas». El pasado marzo, la Comisión Europa ya aceptó a trámite una denuncia contra España por la misma razón, ante lo que algunas comunidades retiraron normativas después de que Bruselas advirtiera de que obligar a tener personal en las gasolineras vulnera la norma comunitaria.

Según AESAE, las autonomías que menos trabas ponen a la apertura de nuevas estaciones de servicio automáticas son Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que disponen de carburantes con precios antes de impuestos por debajo de la media española, según un informe de la CNMC. Asimismo, se dan precios por encima de la media en País Vasco, Baleares o Madrid, que disponen de una normativa cuya interpretación «es una invitación a que se invierta en otro sitio», por lo que exigen seguridad jurídica. Finalmente, AESAE denuncia que «6 empresas ejercen un poder casi absoluto» en el sector de los carburantes.

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

Aevecar pide a la Comisión Europea «claridad» sobre su posición respecto a las gasolineras desatendidas

Europa Press.- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) exige a la Comisión Europea «claridad» respecto a su posición frente a las gasolineras desatendidas. En este sentido, la asociación subraya su predisposición a «acatar» lo que dicte la Unión Europea al respecto. Asimismo, reclama a los dirigentes de las comunidades autónomas que «no se precipiten a la hora de cambiar su legislación por temor a supuestas y graves sanciones que han sido desmentidas” con cambios en favor de las gasolineras desatendidas.

Igualmente, la patronal apoya la unión de todos los afectados por esta situación y representantes europeos, «con el fin de lograr clarificar una problemática» que consideran que «perjudica la seguridad en las instalaciones de servicio, el mantenimiento del empleo, los derechos de los consumidores y la atención a las personas con discapacidad«. Así, Aevecar se adhiere al llamamiento realizado por el CERMI de una unidad de acción por parte de asociaciones de consumidores, sindicatos, el CERMI y la patronal para conseguir que en todas las estaciones de servicio en horario de apertura al público «exista al menos un operario cualificado».

La patronal, los sindicatos y el Cermi piden a la Junta de Castilla-La Mancha que siga prohibiendo las gasolineras desatendidas

EFE.- La patronal de gasolineras, los sindicatos CCOO y UGT, el Cermi y la asociación de consumidores Facua quieren que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga en la nueva normativa en la que trabaja la prohibición de que existan gasolineras desatendidas en la región, por razones de seguridad, empleo y sociales.

Este es el motivo que les ha llevado a registrar en la Consejería de Sanidad y Consumo 14 propuestas que esperan que se incluyan en el nuevo decreto que sobre esta materia está elaborando el Gobierno regional para adaptarse a la normativa europea, «más permisiva con las gasolineras sin empleados», según el presidente de la patronal de gasolineras, Alberto Domínguez.

Domínguez ha explicado que, de las 14 propuestas, «hay una que solventaría todo el problema y es que todas las unidades de suministro de carburante deben cumplir la obligación legal de contar al menos con un empleado», a lo que obligaba el anterior decreto de la Junta, del año 2005. Además, esto iría a favor de una mayor seguridad, que, a raíz de los atentados de Barcelona, «se ha demostrado que es el mayor valor a defender y que no puede ir una persona a una gasolinera y llevarse la cantidad de litros que quiera de gasolina, que es un material muy peligroso», ha alertado.

El responsable regional de Industria de CCOO, Ángel León, ha subrayado que en Castilla-La Mancha hay 730 estaciones de servicio, de las cuales el 16% (160) son desatendidas, lo que se ha traducido en una pérdida de empleo desde 2014 de 136 puestos de trabajo, a lo hay que sumar la falta de seguridad y el menoscabo de los derechos de los discapacitados y la competencia desleal entre las empresas.

En similares términos se expresó el responsable regional de la Federación de Industria de UGT, Carlos Duque, quien se ha referido además a la campaña de recogida de firmas que han iniciado para que el Gobierno regional endurezca las medidas para evitar que proliferen este tipo de gasolineras sin personal, que además, aseveró, deberían estar penalizadas porque no crean empleo.

Por su parte, el gerente de Cermi en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, indicó que este organismo a nivel estatal ha trasladado a la Unión Europea el planteamiento de que «es incompatible la liberalización del servicio que pretende hacer la Unión Europea con la armonización de los derechos de las personas con discapacidad«. Y recalcó que la Convención de la ONU establece que, en el acceso a bienes y servicios, «se tiene que primar a las personas con movilidad reducida o cualquier discapacidad», lo que incluye el repostaje de combustible, derechos que también recoge la ley autonómica de Garantías de los Derechos de los Discapacitados.

Por último, el presidente regional de la asociación de consumidores Facua, Francisco Ferrer, apuntó que esta organización está también muy sensibilizada con este asunto «tan preocupante y peligroso a la vez». Y criticó que, «con la excusa de mantener o crear competencia, lo que no deseamos es que se rebajen los derechos de los consumidores y usuarios castellano-manchegos, cuya competencia no es de Europa, sino que es de nuestra comunidad», recalcó, y que ya estaban garantizados en la normativa autonómica.

Extremadura prohíbe las gasolineras desatendidas mientras los sindicatos apuntan que esta modalidad puede poner en peligro 40.000 empleos en España

Servimedia.- Los sindicatos CCOO y UGT advirtieron de que la proliferación de las gasolineras sin empleados puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en el sector en España. En este sentido, el responsable de la Federación de Industria de CCOO, Ángel Marinero, aplaudió la medida adoptada en Extremadura, que obliga a las estaciones de servicio a estar atendidas por un trabajador desde las 7 hasta las 22 horas. La Comunidad de Madrid también va a estudiar esta medida.

Marinero apuntó que lo que ha sucedido en Extremadura «es lo que debe ser» ya que «estamos hablando de un producto que es contaminante, peligroso, inflamable» en referencia a los carburantes. «No entendemos, con lo que está pasando, que se permita a estas instalaciones que no se controle nada», subrayó el portavoz de CCOO, que calificó esta situación de «peligro» para la sociedad. Además, la proliferación de este tipo de estaciones de servicio puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en España, según Marinero, quien propuso que se abaraten los carburantes, puesto que, según estima, las gasolineras desatendidas rebajan hasta en 12 céntimos el precio por litro.

Por su parte, el secretario general del sector energético de la Federación de Industria en UGT, Andrés Muñoz, añadió que «lo que queremos es que haya una normativa común en todas las comunidades autónomas» en la línea de Extremadura, para que no se destruya empleo y al mismo tiempo no suponga riesgo para las personas ni el medio ambiente. Muñoz criticó que las estaciones de servicio desatendidas son susceptibles de «incidentes y sabotajes» y remarcó que «se está impidiendo el acceso a personas con discapacidad».

Desde CCOO explicaron que las centrales sindicales se reunieron con empresarios de distintas regiones con el objetivo de evitar que proliferen este tipo de gasolineras y se reduzca el empleo, pero no ha sido posible sacar adelante un acuerdo. Lo que sí que están desarrollando CCOO y UGT, junto a las patronales Ceees y Aevecar, y la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe), es una campaña de recogida de firmas para lanzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del empleo en el sector y en contra de las gasolineras desatendidas.

Aevecar aplaude la prohibición extremeña

Precisamente, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) valoró como «medida muy oportuna» la prohibición de dejar desatendidas las gasolineras en Extremadura mediante la modificación del Estatuto de los Consumidores de la comunidad. El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda, explicó que «una gasolinera no se puede dejar sola» por la multitud de «pequeños incidentes» que se pueden producir y que «un trabajador puede solucionar sin problemas», pero que de otro modo podrían suponer un riesgo para los usuarios. Los derechos de los consumidores, la protección medioambiental y las necesidades de las personas con discapacidad son otros motivos por los que, según Nebreda, están «trabajando para poder aplicar esta medida a nivel nacional».

Facua pide multas más altas

Por otro lado, la organización de consumidores Facua pidió un aumento en el importe de las multas que deberán pagar las gasolineras desatendidas en Extremadura. Facua considera que las sanciones previstas (entre 3.000 y 15.000 euros) son «insuficientes» y explicó que la petición de multas mayores tiene como objetivo que a las empresas que incumplan la prohibición «no les compense económicamente saltársela«. La asociación, además, propuso que «la reincidencia en el incumplimiento de la obligación de que la gasolinera sea atendida por personal de la empresa debería ser causa para el cierre de la estación».

Madrid lo va a estudiar

Por su parte, el consejero de Politicas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, aseguró que el Gobierno regional estudiará «si encaja o no encaja» la petición de Cocemfe para que todas las gasolineras, incluyendo las de autoservicio, cuenten como mínimo con un trabajador para ayudar a las personas con discapacidad que lo requieran. Al pronunciarse sobre las gasolineras sin empleados, Izquierdo valoraba que Cocemfe haya denunciado que las estaciones de servicio sin trabajadores suponen una «vulnerabilidad» de los derechos de las personas con discapacidad, ya que no pueden ser debidamente atendidos.

En este sentido, Izquierdo aseguró que «en estos momentos nosotros estamos trabajando en una gran estrategia para personas con discapacidad, queremos que sea la estrategia más ambiciosa de toda españa. Estamos trabajando con el Cermi, con todas las federaciones que conforman el Cermi. Añadió que la propuesta de Cocemfe de que las gasolineras tengan, al menos, un empleado «está dentro de las peticiones y veremos si esto encaja o no encaja porque cualquier decisión afecta a muchos agentes y lo tenemos que ver con todos y cada uno de ellos».

Aevecar asegura que la anterior normativa de seguridad industrial de las gasolineras estaba «obsoleta»

Europa Press.- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) ha asegurado que la nueva Instrucción Técnica IP-04 sobre seguridad industrial de las gasolineras aprobada por el Gobierno representa una revisión de la anterior normativa, que se había quedado «obsoleta» en algunos aspectos como los procesos de detección de fugas o la protección del medio ambiente. La organización indicó que se regula de forma más concreta el funcionamiento y las medidas mínimas de seguridad que tienen que cumplir las estaciones de servicio desatendidas.

«Se trata de obligaciones básicas que tendrán que cumplir todas las estaciones suministradoras de carburantes y combustibles de España, pero sin perjuicio de otros requerimientos de mayor alcance, también de obligado cumplimiento, que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias», añadió la asociación. Asimismo, apuntó que el texto aprobado por el Gobierno es fruto de cuatro años de esfuerzo del Ministerio de Industria, que en 2010 creó un grupo de trabajo en el que estaban presentes casi todos los actores del sector. Además, indicó que el texto ha tardado dos años y medio en ser aprobado.

Ballenoil cree que el respaldo del Gobierno a las gasolineras desatendidas abaratará el precio de los carburantes

Europa Press.- La empresa de gasolineras de bajo coste Ballenoil considera que el «respaldo» ofrecido por el Gobierno a las gasolineras desatendidas mediante la aprobación de un real decreto sobre la materia «abaratará el combustible en España». En concreto, la empresa celebra la aprobación por parte del Gobierno de la nueva norma ITC-MIP 04. Esta normativa llevaba pendiente de aprobación desde hacía cuatro años, y tenía desde entonces el informe favorable del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial y de la Unión Europea, explicaron.

Además, la patronal del sector, AESAE, llevaba pidiendo su aprobación desde su fundación. «En esta norma, se han introducido los avances tecnológicos producidos desde la aprobación, en 1999, de la anterior instrucción», indica Ballenoil, antes de destacar que «la mayor innovación es la de incorporar las mejoras técnicas disponibles para prevenir o reducir el impacto de la contaminación de los suelos por pérdida accidental de carburantes». “Estas mejoras consisten en alertas tempranas y otros mecanismos. Estos sistemas no los poseen muchas estaciones de servicio tradicionales por su antigüedad”, indica. La norma también introduce medidas adicionales que deben implantar las gasolineras desatendidas para mejorar su seguridad.

«Consideramos que la norma supone un espaldarazo para el sector de las gasolineras desatendidas, pese a las trabas de numerosas comunidades autónomas, y contribuirá a abaratar el repostaje de combustible a las familias españolas», señala el socio fundador de Ballenoil, David Querejeta. La empresa recuerda la denuncia presentada por AESAE contra España ante la Comisión Europea por la proliferación de legislaciones autonómicas que restringen el libre mercado y la libre competencia. Esta denuncia fue aceptada por la Comisión Europea, que fijó el día 7 de julio como fecha límite para que España diera una respuesta.

Ballenoil y la patronal del sector, Aesae, entienden que el Gobierno, con esta aprobación, ratifica la permanencia de las estaciones desatendidas en un mercado como el español necesitado de una mayor competencia. Ballenoil espera además que esta aprobación acabe con algunas interpretaciones de autonomías y ayuntamientos, y apliquen esta normativa como normativa básica que es, pues dimana de una competencia estatal y exclusiva. «La defensa de los consumidores se ha de plantear sobre las bases de la mejora de las condiciones de las estaciones de servicio, y no sobre la imposición de restricciones y barreras al libre mercado», añade Querejeta.