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Las organizaciones ecologistas piden a la Comisión Europea que inste a España a intensificar la lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- Mientras Anfac expuso en el Congreso las medidas de la industria automovilística para descarbonizar el transporte, las organizaciones ecologistas han pedido por carta al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, que subraye la necesidad de intensificar la lucha contra el cambio climático y pida a España que acometa «importantes» transformaciones en materia de energía, avanzando hacia el autoconsumo, las energías renovables o el final de las ayudas a los combustibles fósiles.

En este sentido, las organizaciones ecologistas piden al comisario que inste al Gobierno a revisar al alza los compromisos de España porque consideran que los objetivos asumidos y los escenarios de trayectorias de emisiones a 2020 y 2030, incluso con medidas adicionales, no suponen una reducción de emisiones respecto a las actuales. Por ello, consideran que el Gobierno debería adoptar una planificación energética adecuada, sin incrementar infraestructuras innecesarias y garantizar el progresivo cierre de las industrias más contaminantes, como las 16 centrales térmicas de carbón antes de 2025, entre otras medidas relacionadas con los biocombustibles, el gas o el autoconsumo.

Avances para descarbonizar el transporte

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero, destacó «la intensa transición en la que está inmerso el sector del automóvil» y expuso la visión de la industria española frente al reto de lograr una movilidad más sostenible y baja en emisiones, un desafío que el sector afronta como parte de la solución para lograr una descarbonización del transporte.

Para Anfac, el reto de la reducción de las emisiones de CO2 pasa por tener una aproximación integrada, con medidas que contengan políticas fiscales, de coordinación de movilidad y apoyos a la industrialización del vehículo alternativo. La Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso es la encargada de impulsar una ley de cambio climático y transición energética, y en ella se reflejarán las medidas necesarias para cumplir con los compromisos asumidos por España tras el acuerdo de París.

Colmenares (Ence) calcula que en España podrían instalarse hasta 8.000 MW de potencia con biomasa para lograr la transición energética

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Europa Press.- El consejero delegado de Ence (Energía y Celulosa), Ignacio Colmenares, ha calculado que en España podrían instalarse hasta 8.000 megavatios (MW) de potencia con biomasa, lo que superaría la potencia instalada del parque nuclear español. En este sentido, Colmenares ha destacado la necesidad de apoyar la entrada de energías renovables «firmes y gestionables» con el objetivo de aprovechar al máximo el potencial de España para lograr «una transición energética efectiva».

Colmenares ha apuntado que la «gran abundancia» de recurso biomásico en el campo y el monte español permitiría «una importante instalación de energía con biomasa agroforestal», un recurso que considera que «se está desaprovechando». «Sus características esenciales la convierten en una candidata firme para participar en la sustitución progresiva de las grandes centrales térmicas de carbón y nucleares», ha defendido.

El consejero delegado de Ence ha explicado que la generación con biomasa de baja emisión «es gestionable y no necesita energía de respaldo», por lo que cree que podría aportar una potencia «firme y significativa» y mitigar el «excesivo» peso del gas natural. «Confiar la estabilidad y la potencia firme de nuestro abastecimiento eléctrico exclusivamente al gas natural presenta serios riesgos», ha advertido. Finalmente, Colmenares ha solicitado el impulso de un pacto de Estado a largo plazo en el que se aborde el mix de generación eléctrica, el transporte y las emisiones difusas, y se ponga un precio al CO2.

El Defensor del Pueblo recomienda aplicar un IVA reducido a la electricidad por ser un bien esencial

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomendó al Ministerio de Hacienda que aplique un IVA reducido a la electricidad por tratarse de un bien esencial, tras haber recibido quejas de ciudadanos por el elevado precio de la factura de la luz. Según esta Institución, «la electricidad es un suministro indispensable para una vida digna y para el ejercicio de los derechos fundamentales«.

Sin embargo, la electricidad no se beneficia del tipo reducido de IVA. Por ello, el Defensor del Pueblo ha recordado que la regulación sobre el IVA prevé un tipo impositivo reducido para este tipo de bienes y servicios. Finalmente, «la Directiva europea relativa al sistema común del IVA permite que los Estados miembros puedan aplicar un tipo reducido del impuesto a las entregas de gas natural, electricidad o calefacción urbana«.

La cogeneración espera lograr en 2018 un plan de impulso para fomentar la eficiencia industrial dentro de la transición energética

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Javier Angulo.- Pasan los años y el sector de la cogeneración parece dar por imposible que se materialice el plan Renove contenido en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. Los tiempos de la reforma pasaron y ahora que la transición energética lo inunda todo, la cogeneración reivindica su papel como vector de eficiencia para la industria. En este punto aspiran a un plan de impulso que permita en los próximos años modernizar las instalaciones y favorecer el desarrollo de nuevas cogeneraciones.

“La cogeneración afronta una nueva etapa, tras unos momentos convulsos de ajuste, estoy convencido que el futuro nos depara algo bueno”, afirmó Julio Artiñano, presidente de Cogen (Asociación para la Promoción de la Cogeneración), en la apertura del XIII Congreso Cogen, la cita anual del sector. “El gas tiene mucho que aportar”, asevera Artiñano, que cree que el futuro es de las renovables y de la eficiencia, “y en este punto entra la cogeneración”, que utiliza un combustible en los procesos productivos de la industria, generalmente gas natural, para un aprovechamiento térmico y para la generación de electricidad. En este contexto enmarcó el plan de impulso a la cogeneración con el que este sector quiere mirar más allá de 2020.

Daniel Navia, secretario de Estado de Energía, realizó una exposición genérica de la transición energética en la que se está trabajando y apenas aportó certezas al auditorio cogenerador más allá de señalar que “la cogeneración debe jugar un papel importante los próximos años” y que se está en conversaciones con las asociaciones sectoriales para esbozar ese plan de impulso a la cogeneración por el potencial para conseguir ahorros energéticos y reducir emisiones. El secretario de Estado destacó que la producción de electricidad por la cogeneración se ha incrementado un 9% y que la retribución del sector se está aproximando años después a los 1.000 millones.

“La transición energética es un desafío de primer orden”,  indicó Navia, que advirtió de que “entramos en meses críticos” para definir cómo va a encarar España esa transición, para la que reclamó un consenso “amplio” con reguladores, comunidades autónomas, Europa y la industria. Para ello considera que la transición debe contener 4 elementos. En primer lugar, cree que hay que avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental con objetivos “ambiciosos y a largo plazo”, abordándolos mediante una transición tecnológica que incorpore los últimos avances. Asimismo apuntó a un cambio de los sectores económicos, afrontando los retos de la generación distribuida con capacidad de dar espacios al mercado.

Medidas sostenibles “a nivel económico”

Como último punto Navia habló de propiciar una transición “a un bienestar mayor” ya que “no podrá ser de otra manera” que generando una oportunidad económica y de crecimiento, “con una energía asequible para los consumidores y participando en el desarrollo industrial de las tecnologías”. Con estas coordenadas situó Navia a la comisión de expertos que debe realizar propuestas para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la que únicamente pidió “medidas sostenibles financieramente”, encaminadas a favorecer la productividad y la competitividad de la economía.

Por otro lado, Navia mostró su satisfacción respecto a que las medidas propuestas por España en el Consejo Europeo hayan sido recogidas dentro de las negociaciones sobre el objetivo de eficiencia energética. “Queremos ser ambiciosos en objetivos e instrumentos”, apuntó Navia, que celebró el nuevo tratamiento contable a las inversiones en eficiencia desde el sector público y que se vayan a reconocer los esfuerzos realizados antes de 2020 para lograr el objetivo de un 30% de eficiencia energética en 2030.

Por su parte, el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, aseveró que la electrificación de la economía “tiene muchas complicaciones” y reivindicó que la cogeneración contribuye a realizar procesos industriales “que no son posibles sin gas”. La industria necesita gas”, sentenció Oreja, que compartió mesa con Antonio Erías, presidente de Mibgas. El exportavoz de Energía del PP destacó que el hub del gas “viene a dar una señal de precios que no existía”, unos precios que reconoció como ligeramente más elevados que los de mercados europeos, lo que justificó en que aún se está desarrollando. En el Mibgas se negoció el 2% de la demanda nacional de gas en 2016 y en 2017 se está alcanzando una cuota del 3,4%.

Finalmente, la secretaria general de Sedigas (Asociación Española del Gas), Marta Margarit, quiso enfatizar que el gas “es un aliado para el medio ambiente” y la cogeneración “lo es todavía más” ya que además de ser una “herramienta de competitividad para la industria”, ambos contribuirán a cumplir los objetivos 2020 y 2030. En este sentido, destacó que el gas renovable “es una alternativa de futuro” por sus “cero emisiones” para mejorar la calidad del aire.

El 29% de las grandes empresas españolas reconoce el impacto del cambio climático pero no lo cuantifica, según KPMG

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Europa Press.- El 29% de las grandes empresas españolas reconoce el impacto del cambio climático pero no lo cuantifica, según revela un estudio global de KPMG sobre reporte de las políticas de Responsabilidad Corporativa de 2017, que además constata que el 93% de las empresas a nivel mundial reportan sus políticas de Responsabilidad Corporativa en sus informes. Así, el estudio ha analizado la información que recogen en sus informes de 4.900 compañías en 49 países del mundo (las 100 mayores de cada país).

Entre las tendencias emergentes observadas en este informe destacan el reconocimiento de los riesgos financieros ligados al cambio climático; la mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el reconocimiento de los Derechos Humanos como una cuestión más de negocio y la información sobre las medidas y los objetivos propios de la empresa para la reducción de la emisión de gases contaminantes.

En este sentido, el responsable global de Servicios de Sostenibilidad de KPMG, José Luis Blasco, subrayó que «los inversores son cada vez más conscientes de que aspectos que antes se consideraban «no financieros» pueden tener un efecto sustancial en la capacidad del negocio para crear valor y protegerlo tanto a corto como a largo plazo«. Por ello, «las empresas han de entender las últimas tendencias en términos de presentación de información y asegurarse de que sus propios informes están a la altura de las expectativas de una amplia gama de grupos de interés», añadió Blasco.

El informe detalla también que 3 de cada 10 de las grandes compañías mundiales recogen los riesgos financieros ligados al cambio climático en sus informes financieros anuales aunque el 72%, no hace ninguna alusión al respecto mientras que, entre las que sí lo hacen, solo un 4% facilita a los inversores análisis sobre el posible valor en riesgo del negocio.

Taiwan y Francia como referencias

Por regiones, solo en 5 países del mundo la mayoría de las 100 primeras empresas aluden a los riesgos financieros relativos al clima en sus informes financieros: Taiwán (88%), Francia (76%), Sudáfrica (61%), Estados Unidos (53%) y Canadá (52%). En la mayoría de los casos, es el gobierno, el mercado de valores o el regulador financiero el que determina la obligatoriedad o fomenta el desglose del riesgo vinculado al clima.

Desde el punto de vista sectorial, las empresas forestales y de papel (44%), química (43%), minería (40%) y petróleo y gas (39%) son las que más reconocen el riesgo vinculado al clima en sus informes, seguidas por las compañías de automoción (30%) y las de suministros públicos (38%). Atención sanitaria (14%), transporte y ocio (20%) son los sectores menos dados a reconocer el riesgo climático.

En cuanto a las 250 empresas más grandes del mundo (G250), el reconocimiento público del riesgo financiero vinculado al clima es más habitual. Así, el 67% de las empresas del G250 en los sectores de distribución minorista y el 65% de las empresas de petróleo y gas natural reconocen el riesgo. Además, solo seis empresas del G250 han informado a los inversores sobre los posibles efectos financieros del riesgo climático mediante un ejercicio de cuantificación o de modelización de escenarios.

Por último, el 67% de las 250 empresas más importantes del mundo revelan sus propios objetivos para reducir las emisiones de CO2, aunque la mayoría (69%) no los alinea con los objetivos climáticos establecidos por los Gobiernos, las autoridades regionales (Unión Europea) o la ONU. En España, el 60% de las grandes empresas recoge sus objetivos de reducción de emisiones.

El suministro de electricidad sigue siendo el servicio peor valorado por los hogares españoles, según el panel de la CNMC

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Europa Press.- El servicio de suministro eléctrico se mantiene como el peor valorado por los hogares españoles, según los resultados del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del segundo trimestre del año. En concreto, el 18% de los hogares manifestaron estar poco o nada satisfechos con este tipo de servicio. Mientras, el porcentaje de clientes insatisfechos con el gas natural se acerca al 12%.

Según el informe, el principal motivo de insatisfacción de los hogares con los servicios es su precio. Esta es la razón que argumentan casi el 94% de los hogares insatisfechos con el servicio eléctrico y el 86% de los hogares descontentos con el servicio de gas. El segundo motivo de queja sobre los servicios energéticos es la falta de claridad en las facturas y en los precios. Sin embargo, en la banda ancha y la televisión de pago la segunda causa de descontento es la falta de calidad del servicio, como las interrupciones del suministro.

En línea con la evolución de la valoración global del servicio eléctrico y del gas natural, mejora la percepción sobre sus precios. Por el contrario, los usuarios que manifiestan su descontento con los precios de los servicios de telecomunicaciones aumentan ligeramente. En lo que se refiere a las reclamaciones, el porcentaje de clientes que reclaman en estos servicios es similar al de 2016. En cuanto a los motivos de las reclamaciones, la queja principal son los problemas en la facturación, lo que confirma la tendencia registrada en los últimos paneles.

Finalmente, el papel sigue siendo el formato más utilizado en las facturas y las comunicaciones de las compañías eléctricas (74%), de los operadores de gas natural (69%) y los bancos (55%). A pesar de ello, la CNMC destaca que la importante brecha que existe en estos tres sectores entre el formato tradicional y el electrónico va disminuyendo gradualmente. En cambio, la facturación online de las telecos sigue teniendo más peso (57%) que la postal (37%).

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.453 millones de euros hasta agosto, 300 millones menos de lo previsto

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Europa Press.– El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.452,7 millones de euros en los ocho primeros meses del año, 300,5 millones menos de lo previsto, según la octava liquidación mensual realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este desajuste inferior a lo previsto se debió, fundamentalmente, a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos (113,8 millones de euros) y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, que fue 299,3 millones de euros menor de lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 145.133 gigavatios hora (GWh), un 2,6% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 8.429,2 millones de euros, un 1,4% superiores al valor promedio histórico.

El coeficiente de cobertura registrado en esta liquidación se situó en un 85,023%, frente al 81,625% en la liquidación anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las renovables, en la liquidación del mes de agosto la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.638 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 4.766,71 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Aplicado el coeficiente de cobertura, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la octava liquidación asciende a 668,770 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), asciende a 45,663 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. A la fecha del cierre de la liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la octava liquidación asciende a 5,787 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado a cierre de agosto fue de 326 millones de euros, frente a los 329 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 82,8% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.732 millones de euros, un 2,2% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad (+20%) y por peaje de regasificación (+31%).

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 30 millones de euros, un 29,2% superiores a los del mismo periodo del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 1.702 millones de euros.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 1.875 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó en esta liquidación una retribución variable de 19 millones de euros. Como resultado, se obtiene una retribución total acreditada de 1.894 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del 2016. Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta septiembre ascendió a 194,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (7,1 TWh), lo que supone un aumento del 0,6%.

La CNMC cuestiona la viabilidad económica de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) en un informe no vinculante para el Ministerio

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta que no haya garantías de uso de la misma y estudios que comprueben su sostenibilidad económica. Así lo ha expresado en un informe que no es vinculante para la decisión del Ministerio de Energía.

El organismo de supervisión se pronuncia sobre la propuesta de resolución por la que la Dirección General de Política de Energía y Minas otorga a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan), propiedad 100% de Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública a esa planta de recepción, almacenamiento y regasificación. La CNMC, en las conclusiones de su informe, ha explicado que no es conveniente autorizar la construcción de esta instalación hasta que no se disponga de garantías de usos y de estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de Canarias.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización de la planta de regasificación debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar. En este sentido, señala que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones están desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.

La CNMC también considera que habría que hacer un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta de GNL de Granadilla para la que se solicita la autorización administrativa. Asimismo, asevera que el proyecto esta «incompleto» pues no está diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el real decreto 984/2015, como servicios de carga de cisternas, carga de buques, trasvase de GNL de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering (el abastecimiento de GNL de buque a buque).

Un proyecto del año 2000

El proceso para la obtención de autorización administrativa del proyecto de la regasificadora de Granadilla se remonta a julio de 2000, cuando Gascan presentó el primer escrito de petición, aunque el proyecto desde entonces sufrió numerosos retrasos por su posible impacto ambiental. Las dimensiones del puerto y de la disposición de la planta tuvieron que ser redefinidas, al ser cuestionado el proyecto portuario ante la Comisión Europea por posibles afecciones ambientales derivadas de su tamaño. En la tramitación del proyecto, Enagás compró en febrero de 2015 la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de los dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

En esos momentos el presidente de Enagás cifró en unos 300 millones de euros la inversión en la regasificadora de Granadilla y aseguró que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2015, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental. En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en enero de 2017 Gascan reiteró su solicitud de autorización administrativa.

Nueva Canarias y la energía

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha defendido la necesidad de revisar en profundidad el modelo energético de Canarias tras el informe contrario de la CNMC a la instalación de una regasificadora en el puerto de Granadilla. Por ello, Rodríguez propugna un proceso de transición energética hacia un nuevo modelo basado en las renovables y la puesta en marcha de un plan canario de transición energética. Según Román Rodríguez, “Canarias puede articular un sistema que avance en la autosuficiencia, reduzca la contaminación y abarate la energía para los hogares, las empresas y el sector primario”.

La CNMC «ha propinado un duro golpe a la regasificadora de Granadilla» al cuestionar la viabilidad económica de un proyecto «que se ha quedado obsoleto dado el desarrollo tecnológico, la eficiencia y el abaratamiento de la producción de las renovables«, según el líder de NC. «Canarias ya dispone de las bases para pasar del actual modelo dependiente, contaminante, caro y controlado por los grandes oligopolios de los combustibles fósiles, a otro más democrático, menos costoso, eficiente y seguro, centrado en las energías limpias», asevera Rodríguez.

Izquierda Unida Canaria pide renovables

Por otro lado, Izquierda Unida Canaria ha pedido al Gobierno autonómico que aproveche el revés que ha sufrido el proyecto para instalar una planta regasificadora en el puerto de Granadilla para invertir en energías renovables y trabajar por el medio ambiente. Izquierda Unida Canaria considera que el pronunciamiento de la CNMC es «una oportunidad estupenda» para apostar por las energías renovables. «No habrá de momento regasificadora en Granadilla; el trabajo conjunto entre la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, colectivos y demás agentes políticos de la izquierda alternativa de Canarias ha logrado que se paralice», se felicitó Izquierda Unida Canaria.

Gas Natural formaliza la venta de su negocio en Italia por 1.020 millones de euros, obteniendo 190 millones de plusvalía

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Redacción / Agencias.- Gas Natural Fenosa ha llegado a un acuerdo con 2i Rete Gas y Edison para la venta de sus activos en Italia por 1.020 millones de euros, con unas plusvalías netas de 190 millones de euros, según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fuentes del sector especulaban con que las plusvalías podían alcanzar los 400 millones con esta operación.

En concreto, la energética española vende a 2i Rete Gas, controlada por los fondos de inversión F2i y Ardian, su participación del 100% en Nedgia, la compañía de distribución de gas de Gas Natural Fenosa en Italia, junto con el 100% de Gas Natural Italia, empresa que presta servicios corporativos a las actividades del grupo español en el país transalpino, por 727 millones de euros.

Paralelamente, por 293 millones de euros traspasa a Edison, filial de la francesa EDF, el 100% de su participación accionarial en Gas Natural Vendita Italia, empresa de comercialización de gas y electricidad de Gas Natural en Italia, incluyendo un contrato de suministro de gas de 11 teravatios/hora a partir de 2020. Como parte del acuerdo y comprendido en la consideración total, Gas Natural Fenosa indicó que el contrato de suministro de gas supone 30 millones de euros, de los cuales 20 millones de euros se pagarán en 2021, tras el inicio esperado de las operaciones del gasoducto TransAdriatic Pipeline (TAP).

De los 1.020 millones de euros en que se han cerrado las operaciones, 759 millones de euros corresponden al precio de compra en su conjunto y 261 millones de euros a deuda neta total y minoritarios, indicó la compañía. Está previsto que las operaciones se cierren entre el próximo mes de diciembre y marzo de 2018, sujeto a las aprobaciones de las autoridades de competencia y demás aprobaciones regulatorias. 2i Rete Gas y Edison eran los favoritos para hacerse con los activos de Gas Natural en Italia después de haber presentado las mejores ofertas vinculantes.

Gas Natural Fenosa cierra así el proceso de venta para sus activos en el país italiano que abrió este año, tras contratar a Rothschild para estudiar las distintas opciones existentes con el objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio en Italia. Esta desinversión se enmarca en la revisión continua de sus actividades y geografías consideradas como no estratégicas. En el caso de Italia, los cambios que se están produciendo en el sector energético del país, inmerso en una reordenación de su negocio de la distribución de gas encaminada a la consolidación, llevaron a la compañía española a plantearse estas desinversiones.

Nedgia es el séptimo operador en el mercado italiano de distribución de gas, operando en 223 municipios repartidos en ocho regiones del sur de Italia (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Lacio, Molise, Puglia y Sicilia) además de otros 26 municipios en la región de Cilento (región de Campania). Gestiona 459.000 puntos de suministro a clientes finales a través de una red de distribución de 7.300 kilómetros.

Por su parte, Gas Natural Vendita Italia comercializa gas natural y electricidad en Italia, donde tiene unos 420.000 clientes residenciales y 14.000 clientes pymes, con un volumen total de gas vendido de cerca de 3 teravatios (TWh). La mayoría de sus clientes se encuentran en el centro-sur de Italia. Además, también comercializa electricidad a aproximadamente 50.000 clientes minoristas y pymes.

El pasado agosto, Gas Natural Fenosa ya cerró un acuerdo para vender una participación minoritaria del 20% en la sociedad titular de los activos de distribución de gas natural en España (GNDB) a un consorcio de inversores en infraestructuras a largo plazo formado por Allianz Capital Partners (ACP) y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) por un importe de 1.500 millones de euros en efectivo. La compañía se ha propuesto ganar este año entre 1.300 y 1.400 millones de euros.

Ucrania aumenta un 53% sus importaciones de gas desde la Unión Europea en lo que va de año

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EFE.- Ucrania ha aumentado en un 53% sus importaciones de gas europeo en los primeros nueve meses del año en relación con el mismo periodo de 2016, según indicó la corporación estatal Naftogaz. Ucrania importó hasta septiembre un total de 7.100 millones de metros cúbicos de gas proveniente de países comunitarios, lo que representa un incremento de 2.400 millones de metros cúbicos respecto al mismo periodo de 2016.

Según estos datos, la totalidad del gas importado a Ucrania en 2017 fue suministrado por 12 empresas de Alemania, Suiza, Francia, Reino Unido, República Checa y Polonia. El resto del hidrocarburo adquirido hasta septiembre (10.400 millones de metros cúbicos) proviene de la subsidiaria estatal UkrGasVydobuvannya, encargada de la producción de gas y otros combustibles para los consumidores nacionales, así como del tránsito de gas a Europa por Ucrania. Después de que el Gobierno ucraniano decidiera prescindir, salvo en situaciones de emergencia, de la compra de gas ruso debido al conflicto con el país vecino, en los últimos dos años todos sus proveedores han sido comunitarios.

No obstante, en virtud del vigente acuerdo para el tránsito de gas firmado en 2009 entre la ucraniana Naftogaz y el gigante ruso Gazprom, Ucrania debe garantizar el transporte de hidrocarburo ruso a través de sus gasoductos hasta finales de 2019. Según los últimos datos disponibles, el tránsito de gas ruso hacia la Unión Europea a través de Ucrania aumentó un 23% en los primeros ocho meses del año, hasta los 51.200 millones de metros cúbicos, la cifra más alta registrada desde 2011. Y es que alrededor del 30% del gas que se consume en la Unión Europea proviene de Rusia, y la mitad se transporta por los gasoductos ucranianos.