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Partidos políticos y organizaciones ecologistas lamentan que el CSN no haya atendido su petición de paralizar las decisiones sobre Garoña

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Europa Press.- Representantes de varios grupos del Congreso y de las principales organizaciones ecologistas lamentaron que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya informado favorablemente sobre varias actuaciones para la renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), y «se haya saltado a la torera» así su petición de no seguir con el proceso de evaluación hasta la conformación del nuevo gobierno, tal y como le solicitaron en una misiva todos los grupos parlamentarios, salvo el PP.

La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Pilar Lucio, lamentó que el CSN no tuviera en cuenta la petición de dos tercios del actual arco parlamentario. «Le pedíamos que no hiciera ningún movimiento mientras la nueva mayoría parlamentaria pueda decidir sobre eso. Es un golpe democrático importante», sentenció Lucio, incidiendo en que la primera comparecencia que pedirán en cuanto se constituya la comisión parlamentaria de Energía será la del presidente del CSN, Fernando Martí, tal y como anunciaban en la misiva. «Tenemos que ver de qué manera revocar esta decisión teniendo en cuenta que el CSN es un órgano independiente pero cuyas decisiones las tiene que sufrir el Gobierno», indicó.

En este sentido, el diputado de Podemos y Equo, Juan López de Uralde, fue más allá y advirtió de que, además de la reapertura, se «abre la puerta a una posible reclamación por parte de Nuclenor (propietaria de la planta) por lucro cesante que podría conllevar, de ser aceptada, una indemnización a cargo de las arcas públicas, como ya ocurrió con el caso del Castor». De hecho, recordó que Nuclenor (Endesa e Iberdrola) ya reclamó «lucro cesante» cuando el gobierno de Zapatero decretó el cierre de la central; aunque en aquel caso el Tribunal Supremo dio la razón al ejecutivo.

Según reivindicó, el CSN es un órgano dependiente del Congreso y, a pesar de existir una mayoría parlamentaria que pide el cierre de Garoña, «el CSN hace oídos sordos«. «Esta decisión ratifica que el CSN está al servicio de las presiones de las eléctricas y del gobierno en funciones. El Consejo del CSN se ha burlado de la democracia y de la ciudadanía para favorecer los intereses del oligopolio eléctrico», criticó López de Uralde. Por parte del PNV, su portavoz de Energía, Pedro Azpiazu indicó que no esperaba que ésta fuera la respuesta del CSN, «mucho menos sin una comunicación previa a los firmantes de la carta tratándose del Parlamento».

Ecologistas denuncian «insumisión» del CSN

Por su parte, las organizaciones ecologistas denunciaron la «insumisión» del CSN hacia la voluntad del Parlamento, que le instó de forma extraparlamentaria a paralizar el expediente de renovación de licencia de Garoña. Así, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, indicó que aprobar las especificaciones técnicas de funcionamiento supone «avanzar hacia un informe favorable» a la vuelta a la producción de electricidad de Garoña que «servirá de coartada» para el próximo Gobierno de cara a autorizar que Garoña opere hasta los 60 años.

En este sentido, ha explicado que si el próximo Gobierno se opone a la continuidad de la central y se encuentra con tantos dictámenes positivos hacia la central se verá presionado y, probablemente, el titular, Nuclenor llevaría al Ejecutivo a los tribunales por su decisión. Por el contrario, si se constituye un gobierno a favor de reabrir Garoña «esto sería la coartada perfecta». Castejón cree que esto podría servir, especialmente a Ciudadanos, que «ha sido equidistante» en este asunto pero que con anterioridad se ha mostrado a favor de reabrir la planta si los técnicos así lo indican. «Este es un elemento que jugaría a favor de un posicionamiento favorable a reiniciar la central», considera.

En la misma línea, la portavoz de la campaña de energía de Greenpeace, Raquel Montón, calificó de «insumisión al Parlamento» lo que ha hecho el CSN, «en contra» de lo que le ha pedido «la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados» para que detuviera el proceso de renovación así como la sucesión de autorizaciones parciales. Además, manifestó su sorpresa porque el regulador atómico anuncie la fecha en la que probablemente remitirá el informe final al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, algo que ve «imposible» puesto que antes de eso el titular de Garoña, Nuclenor, deberá realizar una serie de pruebas para las que no tiene plazo. «No puede anticipar la fecha de emisión. ¿Qué significa eso?», se cuestiona.

Bildu pide cerrar definitivamente Garoña

Las dos diputadas de Bildu en el Congreso de los Diputados registraron dos iniciativas para pedir la no reapertura de Garoña, su cese definitivo, así como su desmantelamiento y un plan de reindustrialización de la zona para que su cierre «influya lo menos posible en la economía local». Así lo anunció la diputada Onintza Enbeitia, «Establecer el precedente de la prórroga a una central nuclear significa que todas las centrales que vienen después con su fecha de caducidad podrían estar en esta misma fase para poder asumir la reapertura 20 años más. No deberíamos llegar nunca a esa situación», consideró.

El CSN retomará este miércoles el análisis de los requisitos impuestos a Nuclenor para operar Garoña hasta 2031

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Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) retomará este miércoles 3 de febrero el estudio del cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas exigidas a Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), de cara a la tramitación de su solicitud de reapertura hasta 2031.

El pleno del CSN llevaba en el orden del día del pasado 20 de enero varios puntos relativos a la solicitud de reapertura de Garoña, pero la discusión de estos puntos se aplazó a una próxima reunión. Asimismo, también se aplazaron asuntos respecto al almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), en conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno. Además, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfausen, no convocó una nueva cita para el 27 de enero, cuando habitualmente el pleno se reúne cada miércoles, y emplazó a los consejeros para 15 días después, el 3 de febrero.

Respecto a Garoña, este miércoles se estudiarán la revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas de Garoña y las propuestas relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos, aislamiento de la contención primaria, protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída de la cubierta del edificio de turbina tras un incendio, y a la ampliación de las condiciones de utilización del edificio de almacenamiento de material usado. En cuanto al ATC, se aplazó la valoración de la Instrucción Técnica sobre la aplicación al ATC de una directiva comunitaria.

Algunos de estos puntos del día corresponden a los requisitos establecidos por el pleno del CSN el 30 de julio de 2014 y tienen que ser verificados en un análisis de resultados de las inspecciones o la implantación de modificaciones de diseño antes de la carga de combustible y cuya apreciación deberá ser favorable. Pese a lo que se decida este miércoles, el proceso hasta que el pleno del CSN acuerde informar favorablemente o en contra de la solicitud formulada por Nuclenor de volver a producir electricidad en Garoña hasta 2031, no acabará aquí, pues aún quedan «al menos un par de meses» en concluir «todo lo que aún está pendiente«, según han explicado a fuentes internas del organismo regulador.

De acuerdo con estas fuentes, el ritmo está siendo más lento de lo que en un principio se preveía, algo que califica de «normal» en estos casos, en los que se requiere información adicional al titular. En este sentido, añadieron que los trámites avanzan a medida que los técnicos van teniendo su trabajo disponible para el pleno. Estas fuentes admiten que el proceso a veces ha sufrido acelerones y que parece que en este momento el debate en el seno del pleno se ha ralentizado.

Garoña está en situación de cese de explotación desde mediados de diciembre de 2012, aunque su permiso para producir electricidad expiró el 6 de julio de 2013 sin que el titular pidiera una renovación de su licencia. Sin embargo, un año después, en mayo de 2014, el consejo de administración de Nuclenor solicitó renovar la autorización de explotación de la central hasta el 2 de marzo de 2031, hasta cumplir los 60 años de operación.

Esta petición se basó en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. La empresa, Nuclenor, considera que un marco temporal de explotación «de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

El 30 de julio de 2014, el pleno del CSN aprobó una instrucción técnica con nuevos requisitos para volver a estudiar la petición de renovación de licencia de Garoña y su consiguiente entrada en funcionamiento, entre ellos una completa revisión de la vasija de su reactor. En concreto, se le exigía verificar el estado funcional y la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes para descartar defectos como el de la central nuclear belga de Döel.

Los partidos políticos y los ecologistas piden al CSN que no estudie reabrir Garoña en su pleno de este miércoles

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Redacción / Agencias.- Representantes de PSOE, Podemos, Compromís, ERC, IU-Unidad Popular y Bildu han mantenido un encuentro este martes en el Congreso de los Diputados con miembros de Greenpeace y de Ecologistas en Acción en el que han pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que en su pleno de este miércoles no estudie reabrir Garoña (Burgos). A esta reivindicación se sumarían miembros de Democracia y Libertad (DL) y del PNV que, por problemas de agenda, no han podido participar de la reunión.

Así, desde Greenpeace han acudido a la Cámara Baja su presidente Mario Rodríguez, y la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón, así como el representante de Ecologistas en Acción, Paco Castejón. Montón sostiene que actualmente «no es momento de firmar una licencia» para reabrir Garoña en las actuales condiciones en las que se encuentra tanto el Gobierno, en funciones, así como la propia instalación atómica. A su juicio, entre otros puntos dice que es una cuestión de «seguridad nuclear».

«Si un gobierno posterior quisiera cerrarla, le darían herramientas a las empresas, Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, para solicitar el lucro cesante por esa decisión de cierre y creemos que en este tiempo de descuento no es momento de renovar la licencia», agrega. Sobre el pleno del CSN de este miércoles, Montón espera «que se paralice ese proceso porque la mayor parte de parlamentarios quiere el cierre de Garoña». Desde Ecologistas en Acción, Paco Castejón, advirtió de que un informe favorable del órgano regulador a la reapertura de la central supondría una «presión inadmisible» sobre un Gobierno que quisiera pronunciarse sobre Garoña de forma autónoma. «Creo que es pertinente que el CSN interrumpa sus funciones estas semanas», precisó Castejón.

En diciembre de 2014, PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias sellaron un pacto para que la instalación atómica de Garoña no reanudase sus operaciones en cuanto cambiaran las mayorías en el Congreso. Actualmente, las formaciones que no quieren la reapertura de la central lograrían la mayoría necesaria para que ésta no pudiera volver a operar. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear, debe elaborar un informe para evaluar si se han cumplido los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña. El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria y el Consejo de Ministros.

Por su parte, la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, explicó que la reunión pretende visualizar la oposición parlamentaria a la reapertura de la nuclear y su apoyo a un plan de sustitución de las nucleares por renovables. Asimismo, recordó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa en la Cámara esta legislatura con el objetivo de que no se reabra Garoña. Sobre si el PSOE estaría dispuesto a cambiar las reglas del juego en la elección de consejeros del CSN, Lucio subrayó que se trata de «un compromiso de campaña» y confirmó que su formación estaría a favor de una revisión en profundidad sobre cómo se eligen los consejeros del CSN y otro organismos reguladores.

Mientras, Juan López de Uralde, diputado de Equo y Podemos, ve importante que desde la sociedad civil se inste a los partidos a cumplir lo prometido en ese acuerdo de cerrar de forma definitiva la central. Podemos también presentó en la Cámara una proposición no de ley instando a la no reapertura de Garoña y solicitó al CSN que el proceso se paralice hasta que haya un gobierno. «Un gobierno en funciones debe actuar en asuntos del día a día pero la reapertura de una central para los próximos 17 años no le corresponde», indicó.

Sobre el pleno del órgano regulador de este miércoles, Uralde hace un llamamiento para que no trate la cuestión de Garoña. «Hay 7 puntos que quedaron retrasados e instamos a que no se traten y se espere a que haya un gobierno para no condicionar la reapertura o ver los costes económicos que tendría que el CSN se adelante a lo que pueda decidir un gobierno», ha precisado el diputado. Tanto partidos como grupos ecologistas incidieron en que es la primera vez en la historia del país en la que se daría luz verde a una renovación a una nuclear por un periodo de 17 años, en lugar de las anteriores renovaciones por 10 años.

El PSOE alerta a la Comisión Europea de que la renovación de Garoña incumple la directiva Euratom

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EFE.- La presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha alertado a la Comisión Europea de que la renovación para explotar la central nuclear de Garoña, en Burgos, para ampliar su actividad incumple la Directiva Euratom.

A través de un comunicado, García ha reclamado a la Comisión Europea que paralice cualquier decisión sobre el futuro de Garoña hasta contar con «un informe detallado de las consecuencias que conllevaría la apertura de la central hasta los 60 años, a pesar de que no existen en ningún lugar del mundo experiencias de operación de reactores nucleares que sobrepasen los 45 años».

El comunicado socialista detalla que la Comisión Europea ha contestado que «aún está evaluando la transposición de la Directiva» y que presentará un informe al respecto ante el Parlamento Europeo y el Consejo.

La portavoz socialista ha pedido que se cumpla el Plan General de Residuos Radiactivos que ha remitido el Gobierno de España a Bruselas se ajuste a la Directiva Euratom y también que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) español detenga el proceso de renovación para explotar Garoña hasta la formación de un nuevo gobierno.

«No es tolerable que el CSN prosiga con el proceso de renovación de explotación de Garoña a pesar de las dudas que existen y saltándose la directiva comunitaria», ha resumido Iratxe García.

Podemos exige al CSN que detenga la evaluación de la reapertura de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno

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Europa Press / EFE.- Mientras el Gobierno autonómico de Navarra también reclama su cierre, la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos y diputada del grupo parlamentario de esta formación, Carolina Bescansa, entregó una carta en el registro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para instar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, a detener el proceso de evaluación de la solicitud de Nuclenor para volver a producir electricidad en la central nuclear de Garoña (Burgos), por lo menos hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

Tras entregar la misiva en el registro del organismo, Bescansa se mostró en contra de la reapertura de la instalación e incidió en la necesidad de iniciar una «transición energética» hacia otras fuentes de energía «limpias y renovables». En todo caso, hizo hincapié en que un Gobierno en funciones no debería tomar decisiones cuyo efecto podría revertir en una aprobación de actividad de Garoña para los próximos 15 años. Según indicó, «no es el momento de tomar una decisión» mientras el Ejecutivo sea un Gobierno en funciones «transitorio» y señaló que, en caso de que el Parlamento o el próximo Ejecutivo decida clausurarla, el permiso de reapertura podría dar lugar a reclamaciones por lucro cesante.

«Tenga en cuenta que otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo«, reza la misiva firmada por los diputados de Podemos y dirigida al presidente del CSN. Garoña está paralizada desde 2013 por decisión de su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), que no renovó la autorización de explotación por motivos de no rentabilidad.

Para Bescansa, más allá de las cuestiones técnicas sobre la viabilidad o no de la reapertura de la instalación, la decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta es también cuestión de «voluntad política» y de «un modelo energético de país». «En todo caso, las decisiones sobre energía nuclear no son decisiones aisladas sino que responden a un modelo energético de país y creemos que ya llegó el momento de que se plantee la transición energética de nuestro país, tan necesaria, hacia las energías limpias y renovables», subrayó.

Durante su intervención, Bescansa reiteró hasta 4 veces que Garoña es una instalación «gemela» de la central nuclear de Fukushima, en Japón, que fue destruida por un maremoto en 2009. En este sentido, el texto que han entregado en el CSN pone de relieve que la hipotética renovación de la concesión de actividad de Garoña sería «inédita en la historia de la seguridad nuclear de España» y supondría «autorizar llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida» cuando «su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años«. Asimismo, recuerdan que permitiría «una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años«.

Por estos motivos, «es debida una detallada explicación al Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta inédita renovación», añade el documento. Finalmente, Podemos señala que la paralización de la actividad de la central en 2013 «no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico«, situación que, a su juicio, podría prolongarse «unos meses más», hasta que se haya formado un Ejecutivo. «En consecuencia, le pedimos que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña hasta la formación del nuevo Gobierno que deberá tomar la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente», concluye el texto.

Navarra en contra de Garoña

El Gobierno de Navarra, formado por una coalición de nacionalistas vascos y partidos de izquierdas con el apoyo de Podemos, adoptó un acuerdo por el que solicita al Estado que no se reabra la central nuclear de Garoña, así como que se desmantele con seguridad para las personas y el medioambiente. En su acuerdo, el Ejecutivo que presidente Uxue Barkos ha considerado que «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada, y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral».

El CSN pospone su pleno a la próxima semana y el Gobierno vasco asegura que recurriría la reapertura de Garoña

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EFE.- Mientras el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguraba que el Ejecutivo autonómico se mantiene atento ante una posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), advirtiendo de que el País Vasco recurrirá si la planta retoma su actividad, desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se anunciaba que no se celebraría su habitual reunión plenaria de los miércoles por cuestiones «ordinarias» y que quedaba pospuesta para la semana siguiente, según fuentes cercanas al organismo regulador.

De acuerdo con estas fuentes, el cambio de fecha entra dentro de la normalidad y de vez en cuando ocurre, por ejemplo, por problemas de agenda de los propios consejeros. Lo cierto es que la semana pasada, el día 20, hubo pleno del Consejo pero se aplazaron los puntos en los que estaba previsto abordar asuntos relativos a Garoña y al futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca). El máximo organismo regulador en materia de seguridad nuclear explicó entonces que el aplazamiento se hizo de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, «como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN».

País Vasco presiona al CSN

En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, advirtió de que recurrirán si la planta retoma su actividad en un recurso conjunto con la Diputación alavesa. Por otro lado, la plataforma Araba sin Garoña emplazó a los partidos vascos a impulsar en el Congreso la derogación del decreto que posibilita la reapertura de Garoña mediante una iniciativa que podría respaldar la mayoría parlamentaria.Asimismo, propuso a las instituciones vascas que interpongan más recursos.

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

La reapertura de Garoña: la decisión técnica y la decisión política

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Es necesario percibir con el suficiente distanciamiento la episódica situación de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña para comprender lo que está pasando y como se está embarrando el terreno en torno a esta decisión. Una frialdad prácticamente imposible en el caso de Garoña.

Distanciamiento, en este caso, que supone el hecho de no figurar en ningún bando, ya sea el de forofos o el de los opuestos respecto a una tecnología de generación o respecto a cualquier otra. Y este mismo distanciamiento es necesario para valorar cuáles serían las tecnologías que podrían sustituir el hueco nuclear en el mix de generación. De ahí, los intentos en convertir la reapertura de esta central en una cuestión de política politizada a través de los medios. Los titulares en la prensa española contribuyen en la politización de una cuestión de índole técnico y procedimental tras la solicitud de renovación de operación por parte de sus titulares.

Todo parte del debate falaz en torno a la vida útil de estas instalaciones. Falaz, en primer lugar, porque la vida útil inicial de una instalación puede prolongarse en función de la inversión adicional que se vaya produciendo, así como de las condiciones de seguridad y mantenimiento que la misma tenga (como en tantas otras instalaciones y activos), sin que haya mediado una obsolescencia tecnológica. Cuestión que, por otra parte, ya se ha resuelto en países con comportamientos democráticos y económicos pragmáticos como Estados Unidos.

Por tanto, podemos leer titulares que afirman que se “aceleran” los pasos para la reapertura de Garoña, tras el cumplimiento de las inversiones y requerimientos fijados por la Administración a la misma. Y también se puede leer cómo el aplazamiento (reglamentariamente establecido) de la valoración de su situación en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también se entiende en clave política. Añadamos además el marco general de una situación de stand by en la política española combinado con lo que supone convertir Garoña en tema de combate en las redes.

Los contrarios a su reapertura afirman que debería ser una decisión “política” y que hay que dejar al Gobierno que finalmente surja (de las elecciones o de los pactos) manos libres para hacer y deshacer sin que haya consecuencias económicas. Temen que la resolución del debate de la vida útil mediante una prolongación condicionada a la certificación de la seguridad de la instalación suponga la ruptura del dogma del concepto de vida útil en sus planteamientos. Por tanto, censuran cualquier afirmación que no conlleva la adopción de ese posicionamiento político.

En esta línea, el PSOE se opone a la reapertura de Garoña por tres motivos: defender el cierre de 2013, dispuesto por Zapatero y anunciado con fuerte aparato mediático y apoyo de los sectores más radicales del partido; por recuperar la cabeza de las posiciones antinucleares en las corrientes más izquierdistas de España, aunque suponga encarecer los precios de la electricidad; y seguir la influencia de Jorge Fabra en los actuales jóvenes responsables del partido dedicados a la energía. Esta pretensión del PSOE les une a Podemos, que combina el papel relevante que juegan los ecologistas de Equo en esta formación junto a las pulsiones intervencionistas hacia el sector eléctrico que respiran la mayor parte de sus iniciativas y postulados.

Por su parte, como trasfondo, el PP ha proseguido con la tendencia a la politización del CSN, un órgano que, en teoría, debería estar exclusivamente dedicado a vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, no a definir la política en torno a esta tecnología. Se trató de asegurar el control político con el nombramiento como presidente del CSN de Fernando Marti Scharfhausen tras su paso por la secretaría de Estado de Energía. Una decisión que ha derivado en el incendio torpe del organismo, derivando en el escándalo permanente. Y, en el intercambio de cromos del turnismo político, se incorporó como consejera por parte del PSOE a una política antinuclear declarada como Cristina Narbona. El cóctel es explosivo.

En conclusión, se deben separar las decisiones técnicas de las políticas. En primer lugar, el cumplimiento de los criterios de seguridad de una instalación nuclear para seguir operando mientras así se cumplan debería ser una cuestión estrictamente técnica en el seno de un CSN no politizado. Posteriormente, se trataría de valorar esta decisión en términos de política energética, a su vez, inserta en la política económica y medioambiental: mantener un mix de generación equilibrado, que responda a los principios de seguridad, medioambiente, cumplimiento de nuestros objetivos en materia de emisiones de gases contaminantes y sostenibilidad económica en la tarifa, teniendo en cuenta, además, lo que supone despreciar potencia operativa, inversiones realizadas y el impacto marginal en los precios de generación.

Pero eso, es ya mucho pedir.

Podemos /Equo pide en el Congreso que el Gobierno no reabra Garoña y que se derogue el decreto de autoconsumo

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Europa Press / EFE.- El grupo parlamentario de Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a no reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos). El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, recuerda que su partido defendió en campaña el cierre definitivo de esta central nuclear y añadió que con esta iniciativa pretenden poner de manifiesto la «barbaridad» que está a punto de cometer «un gobierno en funciones».

En su proposición no de ley, Podemos señala que el Consejo de Seguridad Nuclear está dando pasos para avanzar en la reapertura de la central y para establecer compensaciones económicas a Nuclenor, la empresa propietaria, de cara a un futuro cierre. Esta fuerza política considera «inadmisible» que en la actual situación política se desarrollen medidas que «comprometen presupuestariamente a un futuro gobierno si decide cerrar la central nuclear». «Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha», sostiene el portavoz de Equo en su iniciativa, que consideró «inaceptable» que el Gobierno en funciones «tratase de activar el proceso» de reapertura de la planta atómica, teniendo en cuenta que la mayoría del nuevo arco parlamentario lo rechaza.

En este sentido, Uralde recuerda el acuerdo parlamentario sellado en diciembre de 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. En la iniciativa, se recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que le ha llegado el momento de ser desmantelada.

Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica de Garoña «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y además es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, «tristemente famosa» por protagonizar un «grave accidente» nuclear.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el gobierno del Partido Popular y la empresa propietaria (Nuclenor) están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo popular está utilizando el caso de la central nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

Por ello, la proposición no de ley planteada insta al Gobierno en el Congreso al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras». En la iniciativa, también plantea que el desmantelamiento de la instalación atómica contará con un calendario público de cierre definitivo durante el período, necesariamente de varios años, en el que se recoja también el consiguiente plan de reactivación económica de la zona.

Derogar la normativa de autoconsumo

Por otro lado, Podemos / Equo presentó otra proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno derogue «todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación». Uralde pretende con esta iniciativa fomentar el autoconsumo por motivos ecológicos, económicos y sociales con la aprobación de una normativa que reconozca el derecho a retribución por la energía vertida en la red y elimine cualquier tipo de peaje por el consumo instantáneo de energía autogenerada.

En la iniciativa, el dirigente ecologista subraya las «indudables ventajas» del autoconsumo energético, entre las que cita la reducción de costes en infraestructuras y mantenimiento, la reducción de la contaminación, el incremento del uso de renovables, el ahorro en la factura y la consecuente lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de un nuevo sector económico y la creación de puestos de trabajo. Por eso, Uralde critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aprobado tanto el decreto de Autoconsumo, que impone peajes a esta modalidad de uso de energía, como la Ley del Sector Eléctrico, que exige a todo este tipo de instalaciones contribuir a los costes y servicios del sistema en igualdad de condiciones con el resto.

Castilla y León insiste en que el debate sobre Garoña es científico pero el PSOE de Álava habla de «cacicada»

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EFE / Europa Press.- El PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido. Por su parte, desde la Junta de Castilla y León insistieron en que el debate sobre la reapertura de la central nuclear no es político o ideológico, sino científico, y a pesar de que están 1.000 empleos en juego «la prioridad es la seguridad».

Ante el anuncio de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudiará distintos asuntos relacionados con esta central nuclear, la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, se mostró «muy respetuosa» con lo que ese órgano decida y estarán con las prescripciones que haga, atendiendo los criterios técnicos sobre la renovación o no de la licencia de la central. «No debería ser un debate político sino avalado por esa seguridad sobre la que nadie debe ni quiere correr ni el más mínimo riesgo», sostuvo.

Valdeón ha insistido en que acatarán lo que digan los científicos, reconociendo la preocupación de la Junta en cuanto a la incertidumbre por las mil familias que dependen directamente de esta estructura energética, aunque «la prioridad es la seguridad», ha recalcado. «A veces la utilización es más ideológica y sectaria que real; cuando es una decisión puramente científica», ha opinado la también portavoz de la Junta de Castilla y León.

«No hay nada nuevo en este sentido, el Gobierno defiende que pueda funcionar con normalidad siempre que cumpla las preinscripciones técnicas de CSN», ha aseverado. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró recientemente un lujo prescindir de la energía nuclear, ya sea de la planta de Garoña como de cualquier otra. Estas afirmaciones se produjeron el mismo día en el que el Consejo de Seguridad Nuclear aplazó sin fecha distintos asuntos relacionados con esta central que tenía previsto tratar en la reunión ordinaria de su pleno.

Garoña, el reactor más antiguo del país, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de sus propietarios, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola). El CSN continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta. Recordó, asimismo, que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria para operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años, operación que después fue remitida al CSN para evaluarse.

«Cacicada» del Gobierno del PP

Por su parte, el PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido.En este sentido, el PSOE de Álava tachó de «demoledoras» las afirmaciones de Soria y aseguró que lo que no se puede permitir es el «lujo de arriesgar la seguridad de las personas». Por ello el PSOE alavés ha pedido a los populares que «dejen al nuevo Gobierno que vele por la seguridad de la ciudadanía y no por los intereses de Nuclenor«, como en su opinión ha hecho el PP durante los 4 años de legislatura.

Greenpeace pide esperar nuevo Gobierno

Mientras, desde Greenpeace han reclamado al CSN que paralice la tramitación de la solicitud de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña porque asegura que se está realizando sin participación pública, con «total opacidad» y rompiendo las «buenas prácticas» en materia de seguridad nuclear. Greenpeace ha denunciado que la tramitación de la licencia va en contra de la voluntad de la mayoría de los representantes del Congreso, que «se han opuesto públicamente a esta reapertura». Al mismo tiempo, la ONG está pidiendo a los diputados que insten al CSN a paralizar el proceso hasta que se constituya un nuevo gobierno.

La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que el pleno del CSN «sin unanimidad» está permitiendo que el Ministerio de Industria en funciones del Partido Popular pueda conceder una licencia a Garoña, de modo que las empresas dueñas de la central (Iberdrola y Endesa) podría exigir «lucro cesante» si el Gobierno decide cerrarla. «El Parlamento debe impedir el expolio de la hacienda pública que se está tramando por parte del Gobierno en funciones», ha reclamado.

Indemnización por el lucro cesante

A su juicio, el CSN está acelerando un informe «condicionado» sobre la licencia hasta 2031 para que el Ministro pueda dar «en sus últimos días» en funciones la autorización a Nuclenor para abrir de nuevo la central. Esto conllevaría que las empresas propietarias podrían reclamar pérdidas por lucro cesante en caso de que un próximo Gobierno decida desmantelarla. Además, subraya que sería una «renovación inédita en la historia» de la seguridad nuclear de España porque supondría dar una autorización a un reactor por 17 años, cuando «jamás» se renovaron plantas por más de 10 años.

Greenpeace recuerda que incluso los propios técnicos del CSN han denunciado públicamente la «opacidad y dificultades» para hacer su trabajo y lamenta que la situación interna de enfrentamiento de los técnicos del regulador atómico con el personal de dirección. Por ello se manifestaron a las puertas del organismo regulador. En el CSN están en discusión temas como la modificación del procedimiento interno para clasificar la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el retraso de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), motivada por el retraso del proyecto del ATC al ser este un elemento estratégico del PGRR, la situación del Código Ético y Plan de Comunicación que el CSN debía realizar.