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La Diputación Foral de Álava se personará en el expediente de reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.- La Diputación Foral de Álava anunció que se personará ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su condición de interesada, tanto en el procedimiento de autorización de un almacén temporal individualizado para la central nuclear de Santa María de Garoña, como en el de la renovación de la autorización de reapertura de la central burgalesa.

El Consejo de Diputados de Álava ha acordado solicitar «audiencia, vista y acceso» a los expedientes e información pública ambiental, después de que sus servicios jurídicos hayan confirmado que la institución alavesa es «parte interesada» en los procedimientos relacionados con Garoña. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), explicó que la Diputación ha tenido «conocimiento extraoficial» de ambos expedientes porque «en ningún caso, ha sido informada o tenida en cuenta por el Ministerio de Industria en estos expedientes». Sin embargo, la Diputación Foral considera que ambos expedientes, cuya resolución aún no se ha dictado, «sí que afectan a la institución y sus intereses legítimos«.

González insiste en que tras el acuerdo formal de personamiento, la Diputación «solicitará poder opinar sobre los expedientes» y que se le dé traslado completo de toda la información. El diputado general reconoce que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, podría entender que la Diputación no es parte interesada, algo que a su juicio sería «absolutamente fuera de lo normal«. En ese caso ha advertido que la entidad foral «agotará todas las vías judiciales para que se la tenga en cuenta como parte personada».

En este sentido, ha recordado que tiene competencias en Medio Ambiente y Urbanismo, que incluyen el Ciclo Integral del Agua, Paisaje, Conservación de la Naturaleza, Biodiversidad y Especies Protegidas de Flora y Fauna. Asimismo, ha subrayado que la Diputación es una de las Administraciones Públicas que, por proximidad geográfica, queda incluida en el Plan Director de Protección Civil de la central nuclear de Garoña, ubicada a 40 kilómetros de Vitoria.

«Resulta incuestionable que la Diputación ostenta un interés legítimo en cualquier actuación o procedimiento que tenga como resultado la adopción de actos administrativos o disposiciones normativas susceptibles de afectar de forma directa a una pluralidad de intereses que esta Administración foral debe salvaguardar en relación con las personas y sus bienes, situados en un entorno muy próximo a la central nuclear», detalla el informe jurídico.

Protesta contra Garoña este sábado

Las Juntas Generales de Álava han organizado el próximo 19 de marzo un acto social e institucional contra la posible apertura de la central nuclear. El acto llega tras una moción aprobada en el pleno del 29 de noviembre en la que se instaba al parlamento del País Vasco a convocar a la mayor brevedad posible un gran acto institucional y social que visualice el rechazo «masivo y unánime» del territorio a cualquier intento de mantener la actividad de Garoña.

De esta forma, la Plaza de la Provincia de Vitoria acogerá este sábado un acto en el que un centenar de colectivos participarán en el acto organizado por las Juntas Generales para «visibilizar el rechazo unánime» de la población a un posible reinicio de la actividad de la central. El acto comenzará a las 12.00 horas, con la creación de una estructura formada por globos que representará «la opinión mayoritaria» en el territorio y finalizará con la lectura de un manifiesto «redactado por una destacada figura de la cultura alavesa».

«Las significaciones políticas presentes en el parlamento alavés no son sino la representación de la voluntad de todos los alaveses y, por lo tanto, deben actuar como motor en aquellas cuestiones que afecten y/o preocupen a esta sociedad«, insistieron desde las Juntas alavesas. Asimismo, han subrayado que la iniciativa busca «impulsar un marco en el que estas personas puedan manifestar su opinión acerca de un asunto que forma parte indiscutible de la actualidad del territorio».

Ecologistas en Acción critica que España “no ha aprendido la lección del accidente nuclear de Fukushima” un lustro después

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Europa Press / Servimedia.- Ecologistas en Acción cree que España no ha aprendido las lecciones del accidente de Fukushima Daiichi, cuando se cumplen 5 años de la tragedia de un terremoto al que siguió un tsunami que provocó la «catástrofe» en la central nuclear japonesa. Con motivo del aniversario, la ONG ha anunciado que plantará un cerezo, un árbol sagrado japonés, por cada año transcurrido desde el accidente en varios puntos de España para mostrar su solidaridad con los afectados y las víctimas del accidente.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha recordado que el tsunami destrozó los sistemas de refrigeración y de alimentación eléctrica de las centrales: se produjeron tres grandes explosiones de hidrógeno en los reactores 1, 2 y 3, y un incendio en la piscina del reactor número 4. Además asegura que la situación «sigue sin controlarse» y de hecho no se puede entrar en los reactores que están fundidos total o parcialmente por la alta radiactividad. Además, Castejón añade que «lo más probable» es que se tendrán que construir sarcófagos para cubrir los reactores e impedir las emisiones.

Igualmente, denuncia que la descontaminación que el Gobierno de Japón realiza para permitir que la población pueda volver a sus casas resulta «insuficiente» porque el nivel de tasa de dosis radiactiva permitida es de 20 milisievert al año (mSv/año) que es «un nivel demasiado alto». En concreto, expone que los límites para el personal profesionalmente expuesto son 50 mSv/año, con un máximo de 100 mSv en cinco años pero advierte de que la población general no cobra peligrosidad ni está sometida a controles médicos, así como de las dosis recibidas, a diferencia de las personas trabajadoras de la industria nuclear.

Asimismo, apunta que se ha renunciado a descontaminar las zonas boscosas en las que se encontraron puntos calientes con más actividad que ese límite radiactivo. Por ello, alerta de que las incidencias de la radiactividad sobre la mortalidad y la salud de los habitantes de la zona se verán en toda su intensidad en un par de décadas. Hasta el momento, el número de cánceres de tiroides en los 300.000 niños de la prefectura de Fukushima aumentó sustancialmente y se multiplicó por un número que oscila entre el 15 y el 50, según diferentes cálculos.

Entre los retos principales, Castejón señala que, en estos 5 años, el principal problema ha sido luchar contra la constante fuga de agua radiactiva al mar, un hecho traumático para un país como Japón que se vuelca en la pesca y donde es muy común el consumo de algas. Según datos de universidades niponas, el coste del accidente supera los 80.000 millones de euros y el protocolo de París, que regula las indemnizaciones a realizar por los propietarios de las centrales, ha fijado el techo de entre 750 y 1.200 millones de euros, lo que a su juicio «resulta irrisorio».

El portavoz de Ecologistas lamenta que en España no se han aprendido las lecciones de Fukushima ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) todavía se está planteando la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos) que «es idéntica» al reactor número 1 de Fukushima, que empezó a funcionar en 1971. «Los planes de emergencia nucleares no se han reformulado todavía para tener en cuenta las lecciones de aquel accidente y las llamadas pruebas de estrés no han sido suficientemente rigurosas», insiste.

Castejón destaca también que el accidente de Fukushima ha introducido una nueva variable, los sucesos externos a las plantas que no se pueden prever, por lo que la seguridad nuclear no se puede garantizar al 100%. Por ello, considera que dada la «incertidumbre y el riesgo, lo más sensato es proceder al cierre escalonado de las centrales nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que existen alternativas más limpias y seguras».

Antonio Cornadó (Foro Nuclear): «Tras Fukushima tiene más sentido alargar la vida de las plantas nucleares a 60 años”

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Europa Press / EFE.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó los efectos «positivos» post-Fukushima para la energía nuclear un lustro después del accidente de Fukushima Daiichi, a raíz del tsunami que siguió al terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. «Las centrales nucleares ya eran seguras antes de Fukushima y ahora lo son más», aseguró Cornadó, que considera que “tiene más sentido” alargar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años que antes de Fukushima.

Concretamente ha señalado el incremento de los márgenes de mejora de la seguridad, sobre todo ante catástrofes naturales, tras la «rápida» reacción de la industria. Respecto a las medidas post-Fukushima que afectan al parque atómico español, ya están implantadas al 80% y el programa se está cumpliendo «en plazo» y de forma «razonable», aunque se deben efectuar en paradas de recarga, los ciclos operativos de las centrales, para hacer las mejoras en los equipos y sistemas. En concreto, Cornadó detalló que estas mejoras pasan por incrementar o rediseñar los márgenes de seguridad sísmica, reforzar estructuras, equipos, mejorar los sistemas frente a inundaciones, los equipos de lucha contra incendios, rediseñar cableados.

No obstante, hay dos cuestiones importantes aún pendientes para las plantas nucleares, que aportan más del 20% de la electricidad en España: la instalación de los recombinadores pasivos (componentes para evitar una deflagación por acumulación de hidrógeno en el edificio del reactor, como ocurrió en Fukushima) y los sistemas de venteo, según el último informe del organismo regulador europeo (ENSREG). Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indicaron que los recombinadores tienen que estar instalados antes de acabar este año y, de momento, lo tienen Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Almaraz I (Cáceres) ya tiene la autorización para poder hacerlo y, en noviembre próximo, está previsto que lo obtenga Almaraz II.

El sistema de venteo, cuyo calendario de implantación acaba en 2017, es la medida más compleja desde el punto de vista técnico y se colocará aprovechando las paradas programadas de las centrales. Su misión es minimizar, en caso de necesidad, la liberación de elementos radiactivos al exterior durante un accidente severo, de modo que se garantice la integridad de los sistemas de contención y se mantenga el confinamiento de los materiales radiactivos durante el suceso.

Por otro lado se han mejorado también las posibilidades de atención física de la emergencia, para lo que cada planta ha construido o está construyendo un Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia, que es una sala alejada del edificio del reactor que cuenta con autonomía para que un grupo de personas pueda vivir en ese lugar haciendo frente a un accidente. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Asistencia de Emergencia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con capacidad para gestionar un accidente de cualquier planta española.

Respecto a Japón, Cornadó ha subrayado que la industria nuclear japonesa está «recomponiéndose» cinco años después del accidente. Para ello, según indicó, la primera medida nipona fue «refundar» su organismo regulador atómico, volver a ponerlo en marcha e incrementar la seguridad de las centrales de modo que algunas ya están en marcha puesto que, a pesar de la catástrofe, Japón pretende seguir contando con una aportación de entre el 20 y el 25% de energía atómica en su mix eléctrico. En la actualidad, el reactor accidentado está en torno al 10% de su proceso de desmantelamiento y Cornadó recuerda que el programa «será muy largo y tendrá un coste importante».

Mientras tanto, las centrales nucleares españolas siguen este programa post-Fukushima y la central nuclear de Garoña (Burgos), un reactor similar al accidentado en la planta japonesa, «tiene un programa y calendario propio acorde a sus características» por su situación de cese de actividad aunque con una solicitud de renovación de licencia hasta 2031 pendiente. En todo caso, «si vuelve a estar operativa estará en las mismas condiciones que el resto de las centrales», asegura Cornadó.

En definitiva, Cornadó ha sentenciado que «el fondo del asunto es que con todas estas mejoras, especialmente de los márgenes de seguridad las centrales estarán más preparadas para una operación más dilatada en el tiempo». En este sentido, el presidente del Foro Nuclear defiende también que la consecuencia que va aparejada a todas estas medidas es que ahora el parque atómico español puede apelar a seguir operando a largo plazo, «60 años o los que sean» porque, en su opinión, «no tiene sentido poner una fecha de caducidad a una instalación que está operando bien y que está mucho mejor preparada para afrontar situaciones difíciles«.

«Podemos apostar o tenemos mejores argumentos para presentar la operación a largo plazo como una opción válida y acertada para la estrategia energética de los próximos años», subraya Cornadó. Así, insiste en que «no tiene sentido» frenar en seco estas inversiones a los 40 años de funcionamiento por una decisión en base a una fecha «obsoleta que ya nadie maneja». «Apelo al sentido común, a las cifras, los datos, las ventajas y los inconvenientes y, si vemos toda la realidad energética, debemos tomar decisiones sin límites de partida con fechas en la planificación energética. Queremos una electricidad competitiva y con los mejores costes», reivindicó Cornadó.

Por otro lado, si el escenario cambia y se cumplen algunas promesas electorales por las que el parque nuclear cerrase en 2028, tal y como proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos, Cornadó afirma que estas formaciones también quieren un Pacto de Energía en el que le gustaría que no hubiera «apriorismos y se contara con todas las tecnologías disponibles, sin prejuicios«. Asimismo, recuerda que la industria nuclear está «muy unida» a las centrales pero, en la actualidad, cuenta con aproximadamente un 80% de su actividad fuera de España, donde está presente en 40 países, tanto en proyectos de fusión como de fisión y en toda la cadena de valor del sector.

A este respecto, celebró que en la actualidad se están construyendo reactores en distintos países de «todo el mundo», en Asia, Europa (Finlandia, Gran Bretaña, Hungría), y ha mercado potencial en Sudamérica y México, así como en los países árabes. También Irán se está abriendo a proyectos nucleares, por lo que Cornadó confía en que las empresas españolas puedan seguir desarrollándose en el exterior. En concreto, se ha referido a Irán, del que destaca que poco a poco da pasos para abrirse al mundo con un programa de inversiones «espectacular». De este modo, concluyó que pese a  Fukushima, la industria nuclear tiene ahora una «pujanza similar» a la de antes.

Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de Garoña en su 45º aniversario

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Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que cumple este miércoles 45 años desde que se conectara a la red por primera vez y ahora se encuentra, a juicio de la organización, «en pésimas condiciones de seguridad» y supone «un riesgo inaceptable» para las autonomías de Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Según recuerda Ecologistas en Acción, la central nuclear tiene 460 megavatios de potencia eléctrica y es un reactor de agua en ebullición idéntico al número 1 de Fukushima-Daiichi (Japón), que sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011. Garoña entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1971 y fue inaugurada por Francisco Franco. Como consecuencia de esta antigüedad, la organización considera “sensato” proceder al cierre definitivo de Garoña, la más antigua de Europa. En este sentido, Ecologistas en Acción asegura que la central se encuentra «en muy malas condiciones de seguridad», como muestran los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al presentar “78 elementos severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo”.

«Se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico, y modificar el venteo de la contención, para evitar posible explosiones», añadió. Además, Ecologistas en Acción consideró «imprescindible» aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fukushima y recalcó que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha ordenado a Garoña construir una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río. «Estas reformas supondrían un gasto de 150 millones de euros. Aun así, no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente», apostilló.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, señaló que «lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central», porque supone un riesgo para seis comunidades autónomas «bien a través del viento o bien a través del río Ebro como vectores de la radiactividad«. «Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico”, por lo que su cierre definitivo “no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico», indicó, antes de concluir que «el negocio de pocos no puede sustentarse sobre el riesgo, tanto para la salud como económico, que sufren miles de personas».

Por ello, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares asegura que el Gobierno del PP debería «rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central». Además, cree que para su titular, Nuclenor, y el resto de la industria nuclear mantener Garoña, para la que se ha solicitado prorrogar su actividad hasta 2031, es «un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años».

Dies Llovera, consejero del CSN a propuesta del PP, defiende su rigor y «más absoluta independencia» de motivaciones políticas

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Europa Press.- El consejero de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies Llovera, emitió un voto particular en el que defiende su «más absoluta independencia de cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones del organismo regulador en el marco del proceso de evaluación de la renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El consejero votó la semana pasada a favor de cuatro puntos que figuraban en el orden del día relativos a ese proceso y ahora ha emitido una explicación de su voto en la que defiende que su toma de decisión se corresponde con el procedimiento que establece el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que determinan el proceso de evaluación de las solicitudes de los titulares de las instalaciones nucleares y los requisitos a los que deben someterse y las modificaciones de diseño que deben estar aprobadas durante el proceso de evaluación de la solicitud de renovación de la licencia.

30 años de experiencia nuclear

En consecuencia, de acuerdo con el voto particular, añade que la práctica regulatoria se sigue de acuerdo con la normativa aplicable, con los procedimientos internos y, «en este caso también» con una guía de evaluación específica. Asimismo, en su toma de decisión favorable, Dies Llovera expone que su voto se basa también en sus «conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear». En base a este bagaje, afirma compartir «plenamente» la fundamentación técnica de las propuestas como resultado de la «estricta aplicación de la normativa» y del seguimiento del procedimiento, además de «en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero».

Respecto del procedimiento de Garoña en cuestión, explica que la evaluación de la seguridad nuclear y la protección radiológica no es un proceso abstracto y dependiente únicamente del buen saber y entender de los técnicos implicados y de los miembros del Pleno, sino que viene determinado por la aplicación estricta de la normativa aplicable y debe basarse en criterios técnicos. El consejero defiende que lo relacionado con Garoña se decide en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno «le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas» en la Ley y, por tanto, «adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Los plazos ya están marcados

Del mismo modo, añade que toda esta normativa «garantiza la transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse», de modo que los expedientes analizados en el pleno del 3 de febrero respecto a la planta atómica de Garoña, «cumplen plenamente» tanto con los requisitos técnicos impuestos, como con los procedimientos administrativos e internos preestablecidos«. En todo caso, afirma que «ninguna» de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.

Por último, subraya que, a su juicio, el pleno tiene la «responsabilidad de analizar en profundidad los argumentos técnicos que apoyan las propuestas, así como si han respetado las garantías administrativas y procedimientos; en base a ello cada consejero debe formarse su criterio y emitir su voto. Mientras, al CSN le corresponde determinar si las solicitudes son «compatibles con la seguridad nuclear, así como qué requisitos deben imponerse para mejorarla».

Narbona (CSN) pide paralizar las decisiones sobre Garoña hasta debatir las implicaciones de alargar un reactor hasta los 60 años

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Europa Press / EFE.- La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido, en el seno del organismo regulador, que se paralice cualquier decisión sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta que se analicen y difundan a la opinión pública las implicaciones en seguridad nuclear y radiológica de autorizar hasta los 60 años el funcionamiento de un reactor nuclear.

El pleno del CSN está compuesto por 5 miembros, el presidente, Fernando Martí (a propuesta del PP) y los consejeros Javier Dies Llovera y Fernando Castelló (a propuesta del PP) y las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (a propuesta del PSOE). La consejera ha emitido un voto particular a la decisión adoptada la semana pasada por mayoría en el pleno del Consejo, que apreció favorablemente varias actuaciones en el marco del proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la central, solicitada por el titular, hasta 2031. Si ese informe es negativo, obliga al cierre definitivo de la planta; si es positivo, correspondería al Gobierno la decisión política de prorrogar su funcionamiento.

Narbona ha votado en contra de varias decisiones del pleno en relación a la renovación de licencia de la central desde que se presentó y ha emitido diversos votos particulares. Sin embargo, en este caso, la política socialista aclara que sí voto a favor la semana pasada de la decisión del pleno del CSN de ampliar las condiciones del edificio de almacenamiento de material usado al tratarse de una instalación en todo caso necesaria para el desmantelamiento de la central. Eso sí, recuerda en su voto particular que la orden ministerial que decretó el cierre de la planta está plenamente vigente y que esa orden obliga al CSN a proseguir con las labores de cierre.

«Dado que no hay ningún plazo, ni legal ni técnico, que obligue al CSN a emitir su informe preceptivo en un tiempo determinado, por estar parada la central desde hace más de 3 años, el Consejo debería posponer los asuntos para la toma de decisión sobre Garoña», señala. Concretamente, en su voto particular, reclama que antes sea debatidas y explicadas, tanto en el pleno como ante la opinión pública, las implicaciones técnicas y jurídicas y las mejoras que en materia de seguridad nuclear y radiológica se estarían introduciendo derivadas de autorizar a un reactor nuclear a llegar a los 60 años de explotación comercial y con una renovación de más de 10 años de duración.

No es una petición nueva de la consejera, como recuerda Narbona, que apunta también su coincidencia con lo manifestado por el consejero Fernando Castelló (propuesto por el PP) en su voto particular emitido en noviembre de 2014 en el que afirmaba que dicho debate «debería haberlo hecho el pleno como cuestión previa cuando se tuvo conocimiento de la petición por parte del Ministerio de Industria». Que una central nuclear pueda operar hasta los 60 años de actividad es una circunstancia inédita en España, puesto que rebasaría los 40 años que operó por ejemplo la central nuclear de José Cabrera (Zorita).

Narbona plantea que debe aplazarse la decisión sobre Garoña hasta que no estén concluidas todas las mejoras técnicas que permitan a Nuclenor (titular de la central) cargar el combustible nuclear que, «es precisamente para lo que habilita una autorización de explotación». En todo caso, apunta que, si para implantar algunas de las modificaciones requeridas por el CSN para la hipotética carga del combustible, hiciera falta alguna aprobación puntual por tener que intervenir en los sistemas de seguridad disponibles en la actualidad, Narbona entendería justificada la elevación a pleno de un informe concreto sobre este asunto. «Si no fuera así, esta consejera considera que el pleno no debe proseguir con esta inédita forma de evaluar», advierte.

Narbona especifica que no está introduciendo «elementos políticos» en la tramitación de la solicitud presentada por Nuclenor ante el Ministerio y remitida al CSN. «Todos y cada uno de los argumentos que contempla este voto particular se refieren a la calidad de los procedimientos que garantizan la máxima seguridad nuclear y protección radiológica», añade. El regulador atómico ha informado de que está previsto que la remisión de ese informe al Ministerio «se produzca durante el segundo semestre del presente año». Al respecto, la consejera considera que el CSN no debería imponerse plazos para informar sobre la prórroga de la central.

Ecologistas en Acción cree que Nuclenor mantiene Garoña para que sea precedente para extender el funcionamiento del parque nuclear

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EFE / Europa Press.- Mientras desde el PSOE del País Vasco exigen que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detenga la evaluación de Garoña hasta que haya nuevo Gobierno, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, asegura que la propietaria de Garoña, Nuclenor, está soportando un «gasto notable» para mantener la planta abierta, aunque esté parada, para que sea un precedente en el parque nuclear español.

En su opinión, para Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, el gasto de mantener Garoña (Burgos) abierta con unos 300 trabajadores parece «algo ilógico» pero es «una inversión» «porque no se trata de mantener abierta esta central, sino de prolongar la vida de todo el parque nuclear». En este sentido, ha recordado que hay otras centrales que también están a punto de cumplir los 40 años que se fijaron para que funcionaran cuando se diseñaron, como Almaraz I, que los cumplirá en 2020 y Almaraz II, al año siguiente, y que se podrían beneficiar de una prórroga con «relativa facilidad» siguiendo el ejemplo de Garoña.

Castejón considera que el CSN también está contribuyendo a alargar la vida de la central de Garoña, al seguir la forma atípica de «licenciamientos parciales», en lugar de tratar todo el expediente para resolver la solicitud de prórroga, como se había hecho con anterioridad. De esta manera, considera el portavoz ecologista, se va «estirando» el periodo de resolución y se ganan meses de vida para el resto del parque nuclear. Además, parte de las especificaciones técnicas que se están aprobando para la central nuclear de Garoña son válidas para otras plantas y ya contemplan condiciones para que sigan funcionando más allá de los 40 años.

Castejón considera que la fórmula que está siguiendo el CSN con Garoña está sirviendo para evitar una valoración conjunta de la seguridad de la central burgalesa y el debate sobre una solicitud de prórroga por 17 años, la más larga planteada hasta ahora en España, que permitiría a la central llegar a los 60 años de actividad. Otro efecto del sistema de «resoluciones parciales» de la prórroga de Garoña es que «desmoviliza a los grupos ecologistas y a la sociedad», al convertirse en un tema que se prolonga en el tiempo y en el que se avanza a «pequeños pasos».

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción asegura también que en el caso de Garoña se están «vulnerando principios democráticos» al aprobar una ley «ad hoc» para que la central pueda seguir sin una orden definitiva de cierre tras su parada voluntaria en diciembre de 2012. También considera que el CSN, que es nombrado por el Parlamento y debe dar cuentas ante el Congreso, tendría que haber acatado la petición de todos los grupos parlamentarios salvo el popular para detener toda la tramitación del expediente de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno. Castejón insiste en que la aportación de Garoña a la red eléctrica es «prescindible» porque, a su juicio, España tiene una «sobrepotencia eléctrica de casi 60.000 megavatios-2.

PSOE vasco y el CSN

El PSOE del País Vasco aseveró que un Gobierno en funciones «no tiene legitimidad» para autorizar la renovación de la central nuclear de Garoña y, por tanto, debería ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detenga el proceso de evaluación hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo. En este sentido, los socialistas argumentan que en la actualidad la composición del CSN no se corresponde a la mayoría del Congreso de los Diputados, que es partidaria de cerrar esta central.

El PSOE considera que el «verdadero objetivo» del PP es «satisfacer los intereses del oligopolio eléctrico» y abrir Garoña «como punta de lanza para conseguir su gran objetivo prolongar la vida útil de las centrales nucleares» porque es «un negocio redondo para las eléctricas«. La formación socialista denuncia que el PP pretende dar un «golpe con premeditación y alevosía» para reabrir la central nuclear de Garoña, y ha animado a la sociedad alavesa a participar en el acto convocado para el 19 de marzo por todas las formaciones alavesas, salvo el Partido Popular, para reclamar el desmantelamiento de la planta.

Foro contra Garoña se concentrará este miércoles frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar sus «engaños»

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Europa Press.- El Foro contra Garoña se concentrará este miércoles a las 19.00 horas frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar los «engaños» y las «maniobras» para facilitar la «reapertura» de la central nuclear burgalesa, de la que reclaman su cierre definitivo ya que se encuentra muy próxima a varios municipios alaveses, y critican las «fábulas» contadas por los populares alaveses durante la campaña electoral.

Este colectivo critica que el PP y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que los consejeros designados por el PP suman mayoría, «siguen adelante en su empeño» para propiciar la reapertura de la central, que permanece cerrada desde 2012, pero cuyos propietarios (Endesa e Iberdrola) pretenden reabrir. El Foro contra Garoña ha reprochado al PP y a su «brazo ejecutor» del CSN que hayan «desoído» a todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el del PP, que han reclamado la «paralización» de toda medida que, en caso de revertirse un eventual permiso de reapertura, pueda dar lugar a una posterior reclamación de indemnizaciones por parte de los propietarios de la central.

El PSOE señala que el Congreso puede pedir el cese del CSN mientras Castilla y León pide anteponer la técnica

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EFE.- La secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, indicó que el Congreso de los Diputados puede instar al cese del presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y demandó explicaciones a su máximo responsable, Fernando Martí, tras la decisión adoptada por este organismo regulador, que informó favorablemente sobre varias actuaciones para la reapertura de la central de Garoña, cuyo propietario, Nuclenor, solicitó una licencia para volver a operar hasta el año 2031.

Precisamente, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, había registrado una carta en el CSN en la que pedían una moratoria al presidente y a los consejeros del regulador en el proceso de evaluación hasta la constitución del nuevo Gobierno. Por ello, la portavoz socialista de energía acusó al CSN de plegarse al Gobierno en funciones al decidir continuar con el proceso de evaluación de la renovación de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), no escuchando a los grupos parlamentarios cuando «por respeto» debería haber considerado y respetado el contenido de la misiva.

Debe dar explicaciones al Parlamento

«El Gobierno es ejecutor», pero a quien tiene obligación de dar explicaciones es al Parlamento, enfatizó Pilar Lucio, quien recordó el artículo 7 de la Ley de Creación del CSN: «El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese de Presidente y Consejeros». «Esto debe quedar perfectamente claro», añadió la responsable socialista, que recordó que tanto su grupo como el resto de formaciones que firmaron la mencionada misiva han exigido la comparecencia de Fernando Martí una vez se constituya la Comisión de Industria y Energía en la Cámara Baja.

En su opinión, la decisión del CSN muestra a las claras que las órdenes del Ejecutivo en funciones «se cumplen sin dilación y las peticiones del nuevo legislativo son totalmente ignoradas». «La moratoria es una petición legítima, perfectamente realizable si el presidente así lo quisiera, ya que es él quien decide los puntos del orden del día a incluir en los plenos» del CSN. «El CSN ha vuelto a hacer caso a las exigencias de un gobierno en funciones y ha dado la espalda al Congreso una vez más», insistió.

En caso de prosperar la renovación de la licencia de autorización de Garoña sería la primera vez en la historia del país en que se permitiría a un reactor operar 60 años, en lugar de 40 años, y que dicha licencia tuviera una duración de 17 años, cuando hasta el momento el máximo fue de 10 años. «Pedimos sentido común y un debate sosegado sobre nuestro modelo energético en un proceso de transición, en el cual estamos la gran mayoría de acuerdo, pero en el que el CSN va en la dirección opuesta», concluyó Lucio.

Anteponer conclusiones científicas en Garoña

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, reclamó anteponer las conclusiones científicas a los planteamientos políticos sobre el futuro de la central nuclear de Garoña y reconoció que, si se garantiza la seguridad de las instalaciones desde el punto de vista científico, el Ejecutivo autonómico estaría «encantadísimo» de que la central nuclear burgalesa pudiera seguir activa, pero insistió en que se trata de una decisión «al margen de la política». «Son muy importantes los puestos de trabajo, pero también que se cumpla lo que diga el CSN», resumió la vicepresidenta, convencida de que deben ser los científicos los que den «garantías» sobre el futuro de Garoña.

«Que el CSN afronte indemnizaciones»

Por otro lado, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), emplazó a los miembros del CSN a que «paguen cualquier posible indemnización que pudiera derivarse» de la reapertura de Garoña. En este sentido, indicó que la posición del PP «es claramente favorable a la reapertura» de la central burgalesa y que un próximo Gobierno podría denegar la reapertura posteriormente, con lo que los propietarios de la instalación, Nuclenor (Endesa e Iberdrola) podrían reclamar por lo tanto una indemnización. Ante esta posibilidad González invitó públicamente a los miembros del CSN a que paguen esa posible indemnización, ya que «si quieren seguir amparando una decisión del PP, entonces que se hagan responsables personales de sus actos«.

Fuentes forales confirmaron que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava se personarán conjuntamente «de manera inmediata» en el expediente de reapertura de Garoña, para mostrar su «disconformidad con cualquier acto administrativo encaminado a la reapertura de la central». Si pese a los fundados motivos jurídicos no se permitiera la personación de la Diputación, ésta recurrirá, anunció González. El ejecutivo foral y el Gobierno Vasco solicitaron un informe jurídico sobre las posibilidades de actuación legal en el procedimiento de reapertura de la central, «ya que no se ha tenido en consideración la opinión de Álava en ningún momento». Este informe jurídico concluyó que la entidad «tiene que ser parte en dicho procedimiento, ya que tiene un interés directo».

El CSN informa favorablemente de varias actuaciones para la reapertura de Garoña, cuyo informe tendrá listo a partir de julio

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Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apreció favorablemente varias actuaciones en el marco del proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la central nuclear de Garoña (Burgos), solicitada por Nuclenor hasta 2031, aunque el informe final sobre la cuestión se prevé para la segunda mitad del año. El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria.

Según comunicó el CSN, el pleno apreció favorablemente varias modificaciones que recogía la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) emitida por el organismo regulador en 2014. Así, acordó informar favorablemente de la revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento que pidió mejorar a Nuclenor para renovar su licencia, así como a la modificación de diseño sobre la independencia y separación física de circuitos y sistemas eléctricos de la división eléctrica B; las mejoras del aislamiento de la contención primaria y la modificación de diseño sobre la protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída de la cubierta del edificio de turbina tras un incendio.

La decisión se ha adoptado por mayoría de los consejeros del pleno, salvo el de la consejera y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que ha votado en contra de todos los puntos a excepción de uno relacionado con la modificación de los requisitos de operación del edificio de almacenamiento de Garoña de material usado en el que se realizan actividades de reacondicionamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad. Estas actuaciones estaban previstas en la guía de evaluación por el cuerpo técnico para evaluar y emitir el informe solicitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de cara a que el Gobierno emita o no una autorización para que la planta de Burgos vuelva a producir electricidad.

El titular de Garoña, Nuclenor, pidió al Ministerio autorización para volver a operar hasta marzo de 2031, es decir, hasta que el reactor llegue a los 60 años de operación. Esta circunstancia es inédita en España, de modo que supondría rebasar los 40 años de actividad en un reactor, como ocurrió hasta ahora con las centrales nucleares de José Cabrera (Zorita) y Garoña, que se encuentra en situación de cese de explotación desde 2013. El regulador atómico ha informado de que está previsto que la remisión de ese informe al Ministerio «se produzca durante el segundo semestre del presente año».

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP, habían registrado en el CSN una carta para pedir al presidente del organismo regulador, Fernando Martí, una moratoria en el proceso de renovación de la licencia de la central burgalesa. Los representantes de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, EH-Bildu, IU-Unidad Popular y Compromís demandaban en la misiva que se detenga el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo gobierno «al que corresponda la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo regulador».

«Otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el próximo gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo, causando graves problemas a la Hacienda Pública», alertan. Según subrayan, se trata de una renovación «inédita» en la historia de la seguridad nuclear de España porque permite una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando «jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años».

Por estos motivos, consideran que «es debida» una detallada explicación a la ciudadanía y a sus representantes en el Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta «inédita renovación«. En este sentido, las formaciones parlamentarias firmantes recuerdan que Garoña está parada desde diciembre de 2012, «por decisión unilateral y voluntaria de su empresa propietaria», a la vez que advierten de que esta situación «no ha supuesto ningún problema» para el suministro eléctrico y «podría seguir en esta situación durante unos meses más».