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El nuevo presidente de Greenpeace defiende el éxito de campañas como la realizada para cerrar Garoña

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Europa Press.- El nuevo presidente de Greenpeace-España, Daniel Fernández, elegido a mediados de este mes de junio, ha destacado las campañas y las «muchas batallas» de la organización en defensa del medio ambiente, que han logrado «bastantes resultados» visibles como el «cercano» fin de Garoña o la demolición del Algarrobico o su cooperación para sensibilizar a la sociedad que ha llevado a la firme el Acuerdo de París contra el cambio climático.

En una entrevista con motivo de su nombramiento, Fernández ha lamentado que no se ha logrado ganar la guerra por el medio ambiente y la paz. «Las principales amenazas siguen ahí y el principal problema en España es el cambio climático», ha advertido.

A nivel social, cree que la población es cada vez más consciente de la importancia de proteger el planeta porque de la naturaleza depende su salud y bienestar. Sin embargo, ha señalado que el fallo está en que no se está transmitiendo realmente a los ciudadanos la conexión entre los problemas sociales, económicos y la justicia ambiental.

Daniel Fernández es psicólogo, madrileño, y ocupaba el cargo de vicepresidente de la junta directiva hasta la salida de Sol Solá, a quien ha relevado.

La receta ambiental para el nuevo gobierno

Ante el resultado electoral, receta al Gobierno que está por formarse que se tome el medio ambiente como eje «trasversal» en «todas» sus políticas pues de ello depende «supervivencia» de los ciudadanos.

En concreto, opina que «el peor» problema ambiental de España es el cambio climático porque el país no solo no favorece su mitigación sino que es uno de los que más puede sufrir sus efectos.

Además, lamenta las tasas de contaminación «excesivas» de España porque afectan «increíblemente» a la salud de las personas, así como el modelo energético y la «amenaza nuclear» porque una de las centrales más «viejas» de Europa –Santa María de Garoña– sigue abierta. También ha denunciado que el Tratado de Libre Comercio que negocian la UE y Estados Unidos supondría una «reducción muy significativa» de la protección ambiental.

Acabar con el cáncer medioambiental del planeta

Igualmente, insta al Ejecutivo a ser «más valiente» para lograr la «auténtica revolución verde» y un cambio de sistema económico y social para no tener que estar combatiendo constantemente «este cáncer medioambiental del planeta». «Hay que mitigar su enfermedad o lograr su cura», ha apostillado.

En lo que a él respecta, ha prometido que Greenpeace trabajará para lograr la «máxima aplicación y ambición» del Acuerdo de París mientras espera que España sea «cada vez más ambiciosa» con las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, de las ciudades y del transporte, por ejemplo con medidas sencillas como reducir el tráfico urbano en un 50 por ciento.

El PSOE se compromete a que un 70% de la electricidad sea renovable en 2030 y a cerrar Garoña definitivamente

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EFE / Europa Press.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia, Pedro Saura, reafirmó el compromiso del PSOE hacia una transición energética de tal manera que en 2030 el 70% de la producción de electricidad proceda de las energías renovables.

«Quiero mostrar nuestro compromiso con este sector, porque no sólo estamos contribuyendo al ahorro de las empresas y las familias, sino también a construir toda una industria muy necesaria en España, y particularmente, en Murcia, para equilibrar el conjunto de la economía e ir cambiando el modelo de crecimiento», explicó Saura, que recordó que el PSOE siempre ha garantizado las inversiones de este sector. «Pero ahora más que nunca, decimos alto y claro que Pedro Sánchez garantizará esta inversión y la transición energética hacia otro modelo económico», afirmó. Finalmente, ha recordado que el PSOE y Pedro Sánchez se comprometen a derogar el impuesto al sol, «un impuesto contra las familias, contra las rentas más humildes y contra el sector energético».

Un plan para cerrar Garoña

Por su parte, el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, reiteró que el PSOE se compromete a cerrar la central nuclear de Garoña, parada desde diciembre de 2012 pero pendiente de una solicitud de renovación que estudia el Consejo de Seguridad Nuclear. No obstante, López precisó que «como históricamente ha hecho el PSOE» en otros casos de reconversión industrial, es necesario acompañar el cierre con «planes para invertir en el futuro de la zona«; puso el ejemplo de Euskadi, donde con una reconversión brutal con miles de empleos desaparecidos el gobierno socialista hizo una inversión para diversificar el modelo económico mediante la puesta en marcha de centros tecnológicos y empresas ligadas a la innovación.

Unidos Podemos reivindica un plan energético que incluya el «cierre progresivo» de las nucleares y la “renacionalización” de las hidroeléctricas

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Europa Press.- Podemos propondrá la renacionalización de las centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones públicas a empresas privadas, y destinará 4.000 millones de euros al año para movilizar un total de 16.000 millones de inversiones público-privadas en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Así consta en sus propuestas electorales en materia de energía, que además incluyen la promesa de no renovar ningún permiso de explotación de las centrales nucleares y cerrar progresivamente las centrales térmicas de carbón.

El coportavoz de Equo y cabeza de lista al Congreso por Álava de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera que «no es posible salir de la crisis si no hay un cambio de modelo energético» y propugna la implantación de un Plan Nacional de Transición Energética que apueste por las energías renovables, la “democratización” del sector de la energía y el cierre progresivo de las centrales nucleares como Garoña (Burgos). «La central burgalesa lleva tres años cerrada y nuestra intención es que así siga», subrayó. Según explicó, la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida y Equo, apuesta por la implantación de un plan dirigido a frenar el cambio climático, acabar con la pobreza energética y reducir la dependencia energética.

«El plan, con una inversión de 16.000 millones de euros hasta 2020, está encaminado a mejorar la eficiencia energética del modelo productivo y de consumo, y a reducir el consumo global de energía, el coste de la energía para empresas y hogares, las emisiones de CO2 y la factura de las importaciones de combustibles fósiles» ha explicado. «Nuestra apuesta son las energías renovables y el cierre progresivo de las centrales nucleares. En este sentido, reiteró la necesidad de desarrollar un modelo energético «diferente» que ponga fin al mix de carbón, gas y energía nuclear vigente hasta el momento. «En consonancia con el acuerdo del clima COP21 de París debemos dirigirnos hacia un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050”, apuntó Uralde.

Según expuso, el Plan Nacional de Transición Energética que propone su formación queda estructurado alrededor de dos ejes. El primero de ellos es un Plan Nacional de Ahorro Energético, dotado con 6.000 millones de euros. Este plan estaría centrado en la mejora de la eficiencia energética de unas 200.000 viviendas cada año para que pudieran reducir su consumo hasta en un 80%, pero también incluiría medidas enfocadas al transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. Por otra parte, el proyecto se completa con un Plan Nacional de Energías Renovables, dotado con 10.000 millones de euros, centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y la térmica, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión.

Una parte «relevante» de la financiación a este Plan Nacional de Transición Energética provendría de la reforma del sector eléctrico. Esta reforma pasaría por una auditoría de costes de todo el sistema y de la deuda asociada al déficit tarifario, aunque Podemos no precisa sí estaría dispuesto a impagar parte de esa deuda, por una modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía reciban retribuciones «razonables» en función de los costes reales de producción y por la eliminación de las sobrerretribuciones a las eléctricas por distintos conceptos.

De forma paralela, Podemos quiere, entre otras medidas, la sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables y la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones de hidrocarburos en el litoral. Finalmente, solicitará a la Comisión Europea que declare ayuda ilegal de Estado los costes de transición a la competencia (CTC), que a su juicio supusieron unas retribuciones de 3.400 millones para las compañías eléctricas, cuando la realidad es que la última liquidación no se culminó.

Por otra parte, el programa de la formación morada incluye el compromiso de luchar contra la pobreza energética prohibiendo cortes de suministro de luz o gas en viviendas habituales cuando los impagos de facturas se deban a motivos ajenos a la voluntad del titular. Para ello, se establecerá un mínimo vital mensual por hogar y, en caso de que se detecte una situación de pobreza energética, se les deberá ofrecer un precio adaptado, entre otros factores, a la renta familiar.

Asimismo, se derogará el real decreto de Autoconsumo eléctrico y se aprobará una nueva normativa para favorecer el desarrollo de estos sistemas de producción, y se fomentará la fiscalidad verde para que su peso sobre el PIB se acerque a la media comunitaria (2,4% frente al 1,6% español). Según Podemos, las medidas en materia energética son fundamentales para propiciar el necesario cambio de modelo productivo, reducir el impacto medioambiental y la dependencia energética, reducir el precio de la energía y luchar contra la pobreza energética.

Unidos Podemos entrega al Ministerio de Industria una moción contra la reapertura de Garoña mientras Bildu también prepara sus movilizaciones

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Europa Press / EFE.- La formación abertzale reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Por su parte, el cabeza de lista de Unidos Podemos por Álava para el Congreso de los Diputados, Juan López de Uralde, registró en el Ministerio de Industria una moción aprobada el pasado enero por el Ayuntamiento de Vitoria contra la reapertura de Garoña.

La entrega de esta resolución se enmarca en una campaña para exigir el cierre definitivo de Garoña, en la que participaron diferentes municipios próximos a la central. Uralde criticó que el PP «sigue empeñado en reabrir» esta central, que permanece inactiva desde 2011, y que continúa «dando pasos» para que Garoña vuelva a funcionar. Todo ello, pese a la «oposición» de la ciudadanía, reflejada en la «mayoría» de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. El candidato de Unidos Podemos asevera que el PP pretende establecer una política nuclear «que alargue la vida de las centrales hasta los 60 años», algo que considera «absolutamente incompatible con la transición hacia un nuevo modelo energético que demanda la sociedad».

Además, Uralde también acusó al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de estar «al servicio del oligopolio eléctrico», de tomar decisiones «sin pensar en las consecuencias» que pueden acarrear para la ciudadanía, y de «ignorar» la voluntad política del Congreso. El candidato de Unidos Podemos, coalición en la que está integrada Equo, aseguró que su partido seguirá trabajando «firmemente» para lograr el cierre y desmantelamiento de Garoña, y para que los habitantes de la zona «tengan una salida basada en el fomento del empleo verde» y se cierre una planta «obsoleta y peligrosa«, según calificó el coportavoz federal de Equo.

El propietario de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), ha pedido una autorización de explotación para funcionar hasta el año 2031. Uralde recordó que la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña «sufrió un parón» tras los comicios del 20 de diciembre y ahora «habrá que ver qué pasa con las elecciones del 26 de junio», al tiempo que ha reiterado que seguirá trabajando para evitar la reapertura. En su demanda no estuvo solo ya que representantes de Unidos Podemos en los principales municipios de la cuenca del Ebro, como Burgos, Miranda de Ebro, Logroño, Tudela, Tortosa, Valle de Sedano y Zaragoza registraron las mociones aprobadas en sus respectivos municipios contra la reapertura de la nuclear.

A juicio de estos políticos, la puesta en funcionamiento de Garoña representa «un riesgo inaceptable». Por este motivo instan al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a paralizar el proceso y advierten al Gobierno en funciones que están dispuestos a continuar con las movilizaciones. «No vamos a parar, esto es un movimiento en contra de la reapertura y vamos a continuar», insistió Uralde. En este sentido recordó la movilización convocada en Vitoria para el próximo sábado el 11 de junio. «Vamos a continuar movilizándonos hasta conseguir definitivamente su cierre», apuntó Uralde, que recordó que el presidente del CSN se negó a comparecer en el Congreso para informar sobre un proceso que «continúa adelante pese a las reclamaciones de la mayoría parlamentaria».

EH Bildu también se moviliza

Por su parte, EH Bildu reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Durante ese recorrido la coalición abertzale también ha organizado una parada en Subijana de Álava donde, según el cabeza de lista de EH Bildu por Álava al Congreso de los Diputados, Mikel Otero, hay un proyecto para la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica (fracking), a lo que se opone EH Bildu. La marcha en bicicleta del primer domingo de la campaña electoral comenzará frente a las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Otero considera que el CSN está esperando a que pasen las elecciones para emitir un informe para reabrir Garoña hasta 2031. El candidato aseguró que Bildu no va a permitir esta «afrenta» a los alaveses y que va a trabajar «donde haga falta» para detener «este ataque a la opinión, voluntad y salud de la ciudadanía vasca». También explicó que la coalición está llevando a cabo otras vías para «desenchufarse» de Iberdrola y Endesa, empresas propietarias de Garoña. En este sentido, destacó que en 25 ayuntamientos gobernados por Bildu y en sedes de la coalición rompieron sus contratos con dichas eléctricas en señal de protesta y se hicieron convenios con «cooperativas ciudadanas que solo comercializan con energía de origen renovable«.

Valle de Tobalina concede permiso para el ATI de la central nuclear de Garoña (Burgos)

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EFE.- El Ayuntamiento del municipio burgalés de Valle de Tobalina ha concedido la licencia para la construcción del almacén temporal de residuos nucleares promovido por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) y Nuclenor junto a la central nuclear de Santa María de Garoña. El almacén temporal, con una inversión prevista de 12 millones de euros, permitirá a la planta burgalesa acoger 32 contenedores de desechos radiactivos, si bien inicialmente solo contará con 5 de ellos.

El líder de la oposición socialista, Jesús Ángel López de Mendoza, recordó que la construcción del almacén tiene un coste de 5,3 millones, mientras que cada uno de los contenedores supone 1,3 millones. Además, la concesión de la licencia de obras ha sido una decisión del equipo de gobierno, del PP, “sin consultar con los grupos de la oposición”, criticó López de Mendoza. Eso sí, el concejal de la formación independiente Vivir en Tobalina, José Luis Conde, recordó que «no ha habido más remedio que otorgarla», puesto que el Ayuntamiento no tiene margen de maniobra.

Por su parte, el candidato al Congreso por Álava de Unidos Podemos y líder de Equo, Juan López de Uralde, calificó la decisión de «irresponsable», al mismo tiempo que reclamó el cierre de la central. El candidato consideró «inadmisible» que se haya ignorado a la Diputación Foral de Álava, impidiendo que participe en la fase de alegaciones. La institución ya protestó cuando el Ministerio de Medio Ambiente emitió informe favorable de impacto ambiental, requisito previo para conceder la licencia por parte del Ayuntamiento. Uralde criticó que el ATI convierte a Garoña en un «cementerio nuclear» y perpetúa el «riesgo radiactivo» para la zona de influencia.

Es más, Jesús Ángel López de Mendoza cuestionó su utilidad, y sobre todo su servicio de futuro, si no se construye el almacén centralizado de Villar de Cañas (Cuenca). Equo ha afirmado que seguirá exigiendo el cierre de Santa María de Garoña, parada desde diciembre de 2012, aunque pendiente de la renovación de la licencia de funcionamiento solicitada por Nuclenor.

El CSN prevé resolver en noviembre la petición de renovación de la autorización de operación de Garoña

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Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ya había anunciado que resolvería el informe sobre la solicitud de prórroga de la central nuclear de Garoña en el segundo semestre de este año, ha concretado que esa resolución se producirá en torno a noviembre. El informe se emitirá una vez que el titular de la central nuclear “vaya concluyendo todos los trabajos que todavía debe realizar”, en particular las modificaciones de diseño que deben contar previamente con la apreciación favorable del CSN.

Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña formada por Endesa e Iberdrola, pretende seguir operando la planta hasta marzo de 2031, cuando cumplirá los 60 años de actividad. La solicitud de prórroga que planteó requiere de ese informe; de ser negativo implicaría el cierre definitivo de la planta y, en el caso de que sea favorable, sometería el futuro de la central a la decisión del Gobierno. La nuclear lleva parada y desenganchada de la red desde diciembre de 2012, 7 meses antes de que expirase su licencia de operación el 6 de julio de 2013, aunque Nuclenor siempre justificó esta decisión por falta de rentabilidad económica.

El pleno del CSN ha sido informado por los directores técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de que continúa la evaluación de la solicitud de renovación de la autorización de operación de la central nuclear Santa María de Garoña, de acuerdo a los requisitos y pasos que el pleno estableció en la Instrucción Técnica Complementaria que emitió en julio de 2014, para que una vez «satisfechos y verificados» se pueda emitir el informe correspondiente.

Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción habían alertado del riesgo de que el informe del CSN pudiera emitirse antes de contar con un nuevo Gobierno en España, de manera que el Gobierno en funciones del PP, el único partido que se muestra favorable a conceder la prórroga, pudiera conceder el permiso e hipotecar al siguiente Gobierno, que se vería abocado a pagar una indemnización millonaria por «lucro cesante» si decidiera cerrar la planta atómica burgalesa.

Garoña dice que «seguirá cumpliendo»

Por su parte, desde Nuclenor, el portavoz Elías Fernández Centella confirmó que el planteamiento de la central de Garoña es «seguir cumpliendo los requisitos» de cara a la renovación y que, de hecho, «el CSN sabe todo lo que se está haciendo«. En concreto, ha recordado como algo «que es normal», el hecho de que en la planta el regulador mantiene un inspector residente y que hay inspecciones «constantes» del cuerpo técnico que está viendo la «evolución» de los trabajos.

La petición de renovación se basa en lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Esta modificación legislativa, impulsada por el Gobierno del PP, permitía a las plantas atómicas que no hubieran cerrado por motivos de seguridad nuclear o protección radiológica, sino por motivos económicos, pedir de nuevo su reapertura en el plazo de un año desde su cese de explotación. Nuclenor expuso entonces que «un marco temporal de explotación de estas características» era necesario para que el proyecto fuera «viable», estable y lograr la «certidumbre adecuada» para acometer las inversiones precisas.

“Es un lujo cerrar Garoña”

Desde entonces, la planta está en situación de cese de actividad, a la espera de que «se den las circunstancias administrativas y regulatorias que posibiliten la vuelta a la operación», según el Foro de la Industria Nuclear. En concreto, el presidente del Foro Nuclear, Antonio Cornadó, expresó la preocupación del sector porque un activo industrial como Garoña, que «funciona bien», pueda cerrarse cuando, de hecho, «puede seguir operando a largo plazo«. «Garoña es un activo industrial que funciona. Es un lujo que España, que no es tan lista ni tan rica como para permitirse prescindir de un activo viable que además ha operado más de 40 años de edad y conoce cómo hacer para operar a largo plazo», subrayó Cornadó.

En este sentido, admitió que el futuro de Garoña está «en manos del CSN» y, llegado el caso, de la posterior resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Así, ha garantizado que «está demostrado» por parte de Garoña que es «viable y seguro» operar un reactor más de 40 años, porque ya ha funcionado durante 42 años y que, incluso, un dictamen técnico del CSN aprobado por unanimidad en 2009 era «favorable» a que la planta operase hasta 2019.

De este modo, ha reiterado la defensa del Foro Nuclear sobre la operación del parque atómico a largo plazo, porque «no supone un salto cuantitativo», ya que se está haciendo en otros países, como Estados Unidos, donde 81 de sus 99 reactores tienen autorización para operar 60 años. En caso de que, finalmente, el Gobierno de visto bueno a Garoña, ha apuntado que entonces su vuelta a la producción eléctrica dependerá de su titular, Nuclenor, y su programa de plazos de vuelta a la operación.

Podemos pide que el Gobierno en funciones no decida ahora el futuro de la central nuclear de Garoña

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EFE.- Miguel Vila, diputado de Podemos en la legislatura que acaba de finalizar, exigió al Gobierno en funciones que no aproveche esta situación de transitoriedad para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de la provincia de Burgos.

Vila considera que un Gobierno en funciones «no debería de ninguna manera tomar este tipo de decisiones que pueden tener unas consecuencias muy graves», y ha expresado su temor a que intente «una maniobra de este tipo». La autorización de una prórroga en la actividad de la central supondría, en su opinión, un «serio problema» para el siguiente Gobierno, porque revocar una decisión de ese tipo podría implicar el pago de cantidades económicas muy importantes a la propietaria de la central nuclear «por lucro cesante».

Los municipios nucleares apoyan la oposición a un almacén de residuos radiactivos en Garoña

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EFE.- Los municipios del entorno de las centrales nucleares de España (AMAC) expresaron su «total apoyo» a la posición tomada por los municipios de AMAC de la zona de Santa María de Garoña reivindicando un desarrollo alternativo de sus municipios después de un posible cierre de la central nuclear. En este sentido, se oponen a la instalación de un almacenamiento de residuos radiactivos en el exterior de la central nuclear «sin que suponga ninguna oportunidad de creación de riqueza para la zona».

Por ello, AMAC comparecerá en todos los expedientes de licenciamiento que se incoen en el Ministerio de Industria para el almacenamiento de residuos y para las inversiones que se realizan en las plantas para oponerse a toda actividad que conlleve un aumento de residuos y su almacenamiento en el emplazamiento. Las zonas nucleares españolas constatan que la posición de la gran mayoría de los partidos políticos españoles conlleva la desaparición temprana de las centrales nucleares, lo cual se ha refrendado por la decisión tomada por la mayoría del Congreso de los Diputados a favor del cierre de las centrales a sus 40 años de funcionamiento.

La preocupación de los alcaldes es mayor el observar que ninguno de los partidos políticos que se posicionan a favor del cierre «manifiesta interés por el futuro de los ciudadanos que viven en el entorno de estas plantas, que son los que se verán realmente afectados por la pérdida de una actividad económica que se instaló para beneficio de las zonas más desarrolladas de España».

Además, la AMAC entiende que estas decisiones se toman sin pensar en solucionar la gestión de los residuos y se pretende, como en Almonacid de Zorita o en Garoña, «abandonar la actividad y dejar los desechos». AMAC recuerda que actualmente existen almacenamientos de residuos en todas las piscinas de combustible de las centrales y almacenamientos en seco al aire libre en Trillo, Almonacid de Zorita y Ascó; además está pendiente de la licencia municipal el de Garoña, y en fase de licenciamiento el de Almaraz.

El Foro Nuclear advierte de que esta energía es «esencial» mientras que los ecologistas hablan de “brindis al sol”

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Europa Press.- Ecologistas en Acción cree que la petición de la mayoría de grupos parlamentarios en la Comisión de Industria para que el Gobierno cierre las centrales nucleares según vayan cumpliendo 40 años es «un brindis al sol» ante la disolución de las Cortes Generales. Por su parte, el Foro de la Industria Nuclear advierte de que la continuidad de esta energía es «esencial» para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y el freno a las emisiones contaminantes.

Fuentes del Foro señalaron que la tecnología nuclear no debería entender de ideologías y abogan por mantener la operación de las plantas nucleares mientras su funcionamiento sea seguro y cumplan los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A su juicio, la continuidad del funcionamiento de las centrales nucleares españolas permitirá continuar con un abastecimiento eléctrico «abundante, fiable, medioambientalmente limpio y competitivo» para cumplir con los objetivos de sostenibilidad energética definidos por la Unión Europea.

En este sentido, insisten en que la energía nuclear es «esencial» en el mix eléctrico español y recalcan que las centrales nucleares españolas producen electricidad de forma constante y sin emisiones de CO2 y, además, en 2015 «fueron líderes en la producción eléctrica al generar más del 20% de la electricidad». Junto a ello, recuerdan que la producción nuclear supuso el 36,4% de la electricidad sin emisiones contaminantes en 2015.

«Brindis al sol» para ecologistas

Ecologistas en Acción cree que la petición del Congreso al Gobierno para que cierre las centrales nucleares es «un paso maravilloso» porque los grupos políticos «se retratan» pero que se convierte en «brindis al sol» ante la inminente disolución de las Cortes Generales. Según indicó el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, es «maravilloso» porque los grupos políticos «se retratan» en sus intenciones y espera que durante la campaña electoral sigan manteniendo la misma propuesta.

La propuesta socialista es “aceptable”

Para la ONG las centrales nucleares españolas «podrían cerrarse antes», y que su intención es que se clausuren una vez vayan expirando sus licencias, es decir, que éstas no se renueven incluso sin llegar a esa fecha, pero admite que la propuesta de 40 años de vida «es aceptable». De ser así, Castejón cree que Garoña (Burgos) no debería volver a abrir y que a esta le seguirían en el cierre Almaraz (Cáceres) en 2021, mientras que las últimas serían Vandellós (Tarragona) y, poco después, en 2028, la de Trillo (Guadalajara). Con ello, según indicaron, España daría por finalizada su etapa de energía nuclear seis años después que Alemania, un país que es «un referente en el paradigma energético europeo».

Prado (Endesa) vincula el futuro de Garoña a una decisión empresarial de Nuclenor siempre que el CSN apruebe su reapertura

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El presidente de Endesa, Borja Prado, reiteró que no existe «ningún compromiso político» con respecto al futuro de la central nuclear de Garoña y vinculó cualquier decisión final sobre el futuro de la planta, una vez se conozca el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre si aprueba a su reapertura, a que su titular Nuclenor (sociedad participada al 50% junto a Iberdrola) estudie su viabilidad «desde el punto de vista técnico y financiero», es decir, “una decisión empresarial”.

Asimismo, Prado señaló ante la junta de accionistas que lo que sí pide la energética es «que ese informe se saque lo antes posible» por el CSN para que Nuclenor pueda tomar una decisión. Por otra parte, el presidente de Endesa descartó comprar la participación de Iberdrola en Nuclenor si finalmente ésta decide dejar de operar plantas nucleares en España. «No es algo que contemplamos en este momento», apuntó. Al respecto, Prado no quiso calificar de desleal la actitud de Iberdrola, que según los sindicatos comunicó su intención de cerrar Garoña por causas económicas antes de plantearlo en el seno de Nuclenor, aunque subrayó que «cada uno es como es». «Yo no lo haría», concluyó.

En lo que respecta a Endesa, Prado indicó que en 2015 la compañía cumplió «con éxito» los objetivos marcados, reflejando una «operativa rentable y una posición financiera sólida», con un beneficio neto de 1.086 millones de euros. Asimismo, apuntó a la renovación de la compañía, con la creación de su nueva imagen corporativa y el lanzamiento de su nuevo logo, «que representa la voluntad de modernidad y de cambio; así como la visión, enmarcada en el concepto Open Power que impulsamos para el grupo Enel».

En este sentido, señaló que «la sólida» posición financiera de Endesa y los «buenos» resultados de gestión justifican la política de dividendos «muy atractiva y estable», que distribuirá el 100% del beneficio neto consolidado y que, como mínimo, ese dividendo sea cada año un 5% superior al del ejercicio anterior. De hecho, la junta aprobó el reparto de un dividendo total de los 1.086 millones de beneficio de 2015. Endesa ya procedió al pago de un dividendo a cuenta de 0,4 euros brutos por título. Con el abono en julio de un dividendo complementario de 0,626 euros brutos, la retribución total al accionista correspondiente a 2015 ascenderá a 1,026 euros.

Por otra parte, Prado subrayó que la contribución fiscal total de Endesa ascendió a 4.213 millones de euros en el año 2015, unos 11,5 millones de euros diarios y el 96% de ella realizada en España. Así, el grupo pagó en España un total de 1.745 millones de euros en impuestos en 2015, «una cifra superior en un 60% al beneficio neto registrado por la compañía en ese mismo año». «Y los impuestos recaudados, que no repercuten en nuestras cuentas, pero que se producen gracias al valor generado por nuestras actividades, fueron de 2.468 millones de euros”, añadió al respecto.

En su intervención ante los accionistas, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, pidió dar un fuerte impulso a la electrificación de la demanda final de la energía, por razones medioambientales, de eficiencia y ahorro energético, y porque está directamente relacionada con la posibilidad de introducir nuevas tecnologías para conseguir un sistema energético más sostenible y descarbonizado. Endesa está desempeñando un papel relevante en el impulso del coche eléctrico.

Por último, Bogas incidió en la importancia de proceder a una reforma en profundidad de los mercados energéticos, «con el fin de que estos envíen claras señales de precios de largo plazo a los agentes». A este respecto, denunció que «en la actualidad el correcto funcionamiento de los mercados se está viendo negativamente afectado por un amplio número de excepciones que introducen importantes perturbaciones en la formación de los precios«.

La junta de accionistas también aprobó el nuevo Plan de Fidelización de la compañía para retener a sus directivos, que contempla retribuciones por importe máximo de cerca de 3,8 millones de euros para su presidente, Borja Prado, y su consejero delegado, José Bogas. La junta, que también aprobó el resto de puntos del orden del día, ha refrendado este sistema de retribución a largo plazo que tiene como finalidad fortalecer el compromiso de los directivos en posiciones de mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos estratégicos de la sociedad.

Este plan está dirigido al presidente, al consejero delegado y a los restantes directivos del grupo con responsabilidad estratégica que sean determinados por el Consejo de Administración. El periodo del plan será de 3 años a contar desde el 1 de enero de 2015 para el Programa 2015-2017 y desde el 1 de enero de 2016 para el Programa 2016-2018.