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Oklahoma (Estados Unidos) limita el fracking para reducir los terremotos

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EFE.- El estado de Oklahoma anunció un plan de medidas para reducir el elevado número de terremotos que registró en los últimos años y que parecen asociados al empleo masivo de la técnica de fracturación hidráulica o fracking para extraer petróleo y gas de esquisto. El nuevo programa, que ahonda las regulaciones anunciadas por la Oklahoma Corporation Commission (OCC), exigirá que a partir de ahora se reduzca un 40% el volumen de inyecciones de agua en 400 pozos del estado respecto a las cifras de 2015.

«El plan de reducción del centro de Oklahoma cubre un área donde hemos llevado numerosas y localizadas acciones en los últimos 12 meses, como las Cushing, Crescent y Edmond», explicó Tim Baker, director de la división de petróleo y gas de la OCC. Se trata de un área que cubre 13.000 kilómetros cuadrados. Baker señaló que estas nuevas exigencias suponen «una reducción de los más de 300.000 barriles diarios que se inyectaron en 2015» y buscan ser una iniciativa para adelantarnos a la actividad sísmica.

Un comunicado del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de 2015 advirtió que la actividad sísmica inducida aumentó notablemente en Estados Unidos desde 2009, especialmente en el centro del país, por el auge del uso de la fracturación hidráulica. Oklahoma es el principal afectado por esta alza en la actividad sísmica; seguido de Texas, Kansas, Colorado, Nuevo México y Ohio, que en los últimos años han registrado sismos con más frecuencia de lo habitual. En 2010, Oklahoma registró tres terremotos de más de 3 grados en la escala Richter, mientras que en 2015 registró 907.

El auge de la fracturación hidráulica se encuentra detrás del «boom» energético en Estados Unidos, cuya producción nacional se disparó en los últimos años gracias a esta técnica que permite el acceso a bolsas de petróleo y gas a las que anteriormente no era posible llegar. Esta polémica técnica inyecta en el subsuelo una mezcla de agua y productos químicos a altas presiones para romper las rocas porosas que almacenan los combustibles y así liberarlos.

Exxon Mobil dice que el petróleo de esquisto que se obtiene con el fracking ya no es rentable

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EFE.- El consejero delegado de la petrolera estadounidense Exxon Mobil, Rex Tillerson, aseveró que con los actuales precios no tiene sentido invertir en la extracción de petróleo de esquisto. «No vamos a invertir en extracción de petróleo de esquisto porque creemos que nuestros recursos son mucho más valiosos», afirmó el máximo ejecutivo de la mayor petrolera del país.

Tillerson explicó que en la actualidad cada barril que extraen de la cuenca de Permian, en los estados de Texas y Nueva México, cuesta 10 dólares, mientras que en la cuenca de Bakken, en los estados de Montana y Dakota del Norte, cuesta 11 dólares. Preguntado por los bruscos movimientos de precios en los mercados de materias primas, Tillerson vaticinó que «seguirá habiendo algo de volatilidad» pero confió en que poco a poco el rebote sea «de un rango reducido».

El ejecutivo afirmó que en la actualidad sigue habiendo una «gran incertidumbre» en el mundo, especialmente en zonas como Oriente Medio, pero subrayó que la energía sigue siendo la «savia vital» del crecimiento económico. «El riesgo geopolítico es un modo de vida para nosotros, así lo ha sido durante toda mi carrera. Hemos pasado por guerras, por revoluciones, nos han echado de algunos países y hemos vuelto a otros», subrayó.

Y en cuanto a Irán, con su inminente regreso a los mercados tras el fin de las sanciones de la comunidad internacional, el consejero delegado de Exxon Mobil aseguró que estará «muy pendiente» de la evolución de los acontecimientos en ese país. «Esperaremos a ver si se abren oportunidades de negocio para las empresas estadounidenses en Irán, y por supuesto vamos a tenerlo muy en cuenta porque es un país con enormes recursos», concluyó Tillerson.

Sánchez utiliza el cierre de las nucleares y el fracking para presionar a Podemos

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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, utilizó varias de las medidas que llevaba en su programa electoral en el ámbito energético para presionar a los partidos de la izquierda política, especialmente Podemos y sus confluencias, a facilitar su investidura mediante la abstención cuando les preguntó sobre su posición ante el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y la prohibición de la técnica extractiva del fracking, “cuando son medidas que podrían estar aprobadas la próxima semana”.

En su discurso de investidura en el pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez propuso un pacto de Estado de la Energía para abordar una transición energética que combata «firmemente» el cambio climático, con el objetivo de alcanzar un sistema energético “eficiente, innovador y sostenible”. Dos fechas claves aparecen en el horizonte: 2028, año en el que culminaría el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los reactores de Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona) los 40 años de funcionamiento; y 2050, para el que compromete un sistema eléctrico 100% renovable, tal y como demandan las principales organizaciones ecologistas.

Asimismo, el líder socialista se ha comprometido a reducir la carga tributaria de las rentas del trabajo, hecho que compensará con otro tipo de rentas y de impuestos medioambientales, que tal y como aparecía en su programa electoral supondría, por ejemplo, incrementar la carga impositiva sobre los carburantes de automoción. Además de los aplausos de la bancada socialista, la intervención de Pedro Sánchez ha estado marcada por la absoluta indiferencia del resto de grupos. Ni siquiera los diputados de Ciudadanos han reaccionado cuando Sánchez enunciaba el cierre nuclear o la prohibición del fracking, discurso acogido con la misma frialdad que demostraron los diputados de Podemos.  

Ciudadanos abraza las tesis socialistas y acuerda cerrar las nucleares a los 40 años y fijar una moratoria al fracking

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Servimedia / Europa Press.- PSOE y Ciudadanos han llegado un acuerdo en materia de energía mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa y que supondrá el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento, restringir nuevas autorizaciones de fractura hidráulica (fracking), así como reformar el autoconsumo energético. Así consta en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

En concreto, proponen establecer una moratoria durante la próxima legislatura para las prospecciones de fracking y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. En relación con las nucleares, la propuesta establece el cierre «progresivo» de las centrales al cumplir los 40 años “de vida útil”. Se trata de una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta pero Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicassi los informes técnicos lo avalaban.

Por otra parte, el acuerdo de investidura establece reformar el decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En este punto, el PSOE y Ciudadanos destacan que pretenden eliminar el denominado impuesto al sol. Así, pretenden aprobar en su lugar un marco regulatorio «estable» para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

El acuerdo también establece acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición«. El objetivo de ambos partidos es alcanzar un sistema energético «eficiente y sostenible» que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones compatible con los compromisos de París.

Para ello, PSOE y Ciudadanos consideran necesario promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. De este modo, proponen aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. Así, PSOE y Ciudadanos abogan por la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2.

Junto a ello, el pacto recoge la creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. Por otro lado, el PSOE y Ciudadanos plantean desarrollar un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios con el fin de pasar de las actuales 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 en 2025, lo que serviría para generar con estas actividades de rehabilitación hasta 200.000 empleos nuevos.

La OPEP secunda la posición de Arabia Saudí y apuesta por «congelar» la producción de petróleo

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EFE.- Siguiendo los planes de Arabia Saudí, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdallah Salem El-Badri, apostó por «congelar» la producción de petróleo para hacer frente a la caída acumulada de los precios del crudo. Salem El-Badri secundó así la estrategia de Venezuela, Qatar, Arabia Saudí y Rusia, los tres primeros miembros de la OPEP, que recientemente alcanzaron el acuerdo de congelar la producción a niveles de enero si otros países secundan la medida.

«Este sería un primer paso», indicó Salem El-Badri, que apuntó que la estrategia debería prolongarse durante tres o cuatro meses, para evaluar entonces su efecto e implementar nuevas medidas que no concretó. «Si esto funciona, quizás en el futuro podemos acordar nuevos pasos», dijo El-Badri, que ocupó diversos cargos en la Libia de Muamar Gadafi entre 1983 y 2006, entre ellos ministro de Petróleos y de Energía. El secretario general de la organización que controla el 40% de la producción mundial se mostró esperanzado en que, con un acuerdo entre potencias, los precios vuelvan a subir en 2017, aunque reconoció que la situación es «preocupante».

Con ese objetivo, Salem El-Badri reconoció que la colaboración de los países que no forman parte de la OPEP y, en especial, de los Estados Unidos, es necesaria. El petróleo de esquisto, extraído con la técnica del fracking, necesita un precio superior a los 60 dólares por barril para ser rentable y la estrategia inicial de la OPEP de aumentar la producción era desplazarlo del mercado. Esta estrategia tuvo como consecuencia la caída progresiva del precio en 2015 y principios de 2016 hasta los 26 dólares el barril del pasado 11 de febrero, la cifra más baja en 12 años.

México adelanta la libre importación

Salem El-Badri participó en la primera jornada de la IHS Ceraweek, una conferencia energética internacional que inauguró el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ante directivos y empresarios petroleros, Peña Nieto presentó la reforma energética como su mayor logro como presidente y anunció el adelanto a abril de la libre importación de combustibles, meses antes de lo previsto. «A partir del 1 de abril cualquier empresa podrá importar gasolinas y diésel, lo que deberá reflejarse en una mejora de precios», afirmó Peña Nieto. La entrada en vigor de esta medida no estaba programada hasta 2017.  

Esta medida llega precedida de la autorización a empresas distintas a Pemex de vender combustibles al público y con el objetivo en 2018 de decretar la libertad de precios en un proceso de desmantelamiento del monopolio de la petrolera estatal. «Esta apertura a las importaciones de terceros es una acción contundente, que detonará una fuerte inversión privada y permitirá que exista una intensa competencia en el sector de combustibles para cuando los precios se liberen totalmente en 2018″, agregó. El mandatario mexicano resaltó que este adelanto, junto a la licitación el próximo diciembre de los yacimientos de exploración situados en aguas profundas del Golfo de México, es una señal de que la «reforma energética avanza con paso firme y decidido».

«No es momento de detenernos; es el momento de seguir adelante», dijo Peña Nieto con respecto a las reformas y a los bajos precios del petróleo, al presumir de que «el mundo está confiando e invirtiendo en México: Todas las licitaciones de contratos planeadas para 2015 se realizaron». En referencia a los bajos precios, Peña Nieto alertó de que Pemex deberá tomar «decisiones financieras inteligentes» para «reducir gastos» y lograr «mayores ingresos». «Pemex tendrá que priorizar inversiones y, sobre todo, aprovechar las oportunidades de asociación que le ha abierto la reforma energética«, afirmó el presidente.

También participó de la jornada el presidente y director ejecutivo de la petrolera estatal argentina YPF, Miguel Galuccio, quien anunció que Argentina dejará de importar arena de fracturamiento, un elemento necesario para la fracturación hidráulica o fracking, a finales de 2016. Galuccio recordó que el de Vaca Muerta es el yacimiento petrolífero no convencional más grande del mundo fuera de los Estados Unidos y que, en la actualidad, YPF ya opera cerca de 300 pozos en el área, para los que todavía usa arena importada.

El PSOE reclama paralizar los proyectos de fracking en Cantabria y Burgos y prohibirlos en todo el país

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Europa Press / EFE.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados 2 proposiciones no de ley para instar al Gobierno a que paralice los proyectos de prospecciones por fractura hidráulica, el llamado fracking, autorizados en la provincia de Burgos y en Cantabria, y que promueva una modificación legislativa para prohibir el uso de esta técnica en todo el país.

Los textos, que serán debatidos en las comisiones parlamentarias de Industria y de Agricultura y Medio Ambiente, se hacen eco de la «alarma social» que estos proyectos han despertado en las zonas afectadas y cumple con el compromiso electoral del PSOE de favorecer un «modelo energético diferente» que se base en la eficiencia y las renovables, según la portavoz parlamentaria de Energía del PSOE, Pilar Lucio. Así, la propuesta relativa a los proyectos en Burgos apela al «rechazo claramente mayoritario» que a juicio del PSOE han suscitado para reclamar «como mínimo» una reflexión previa a cualquier decisión, ya que los beneficios económicos «nunca demostrados» repercutirían únicamente en las empresas mientras los efectos medioambientales «adversos, ya detectados», recaerían en el territorio.

Por ello, se exige al Ejecutivo que «suspenda cautelarmente» los permisos concedidos en la provincia, que impulse modificaciones legislativas para paralizar otros proyectos de este tipo, y que paralice y prohíba en todo el país cualquier proyecto o permiso relacionado con el fracking, incluidos los de investigación. La diputada burgalesa Esther Peña señaló que espera que esta iniciativa sea la «definitiva» para terminar con la fractura hidráulica en todo el país, y ha exigido al PP que deje de «titubear» y de «hacer el paripé» de votar en contra de esta técnica en unas instituciones y fomentarla después desde el Gobierno central. «Éste es el momento para que se retraten de manera real», ha añadido.

Ander Gil, senador socialista por Burgos, también subrayó que los proyectos que ya están autorizados en su provincia son «la punta de lanza de la industria del fracking para promover otras prospecciones» en otras regiones, por lo que si su propuesta sale adelante sentaría un «precedente necesario y muy importante para pararlos», tal y como ya han hecho otros países «también dependientes energéticamente» como Francia o Polonia. Además, ha subrayado que este tipo de prospecciones suponen una «amenaza» para zonas donde la economía y el empleo dependen de forma muy importante de sectores como la ganadería o el turismo rural.

Por su parte, la iniciativa parlamentaria que se debatirá en la Comisión de Agricultura parte de la declaración institucional que todos los partidos, incluido el PP, respaldaron la pasada legislatura en Cantabria oponiéndose a esta técnica y reclamando medidas para convertir a la región en «territorio libre de fracking«. «Hay otras técnicas, vamos a luchar por las energías limpias, que en Cantabria tiene mucho futuro porque tenemos viento y mar, y también sol. Hay mucha alarma social porque son territorios de pura naturaleza y están muy preocupados porque se van a destrozar», explicó la diputada cántabra Puerto Gallego, recordando que los dos proyectos de investigación que hay en su región ya han recibido incluso el visto bueno del Tribunal Supremo.

Así, su proposición no de ley insta al Ejecutivo a «asumir y aceptar» el acuerdo aprobado por el Gobierno de Cantabria la pasada legislatura, cuando estaba presidido por Ignacio Diego (PP); y a colaborar y apoyar el I+D de energías alternativas y limpias en la región. Igualmente, piden al Gobierno que paralice la actividad de este tipo de proyectos, suspenda autorizaciones y prohíba nuevas actividades «en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad».

Los socialistas pretenden que estas dos propuestas sean sólo el primer paso para una reforma de la Ley de Hidrocarburos que prohíba de forma definitiva el fracking en toda España. Según Lucio, que también es secretaria general de Cambio Climático del PSOE, la voluntad de su formación es «iniciar el camino» en los primeros 100 días de Gobierno. En este sentido, cree que sus iniciativas contarán con el respaldo de otras formaciones políticas, con las que ha constatado una gran coincidencia en el modelo energético por el que abogan. De hecho, señala que «dos tercios» del Parlamento se pondrían de acuerdo en este tipo de iniciativas, como ya hicieron con la petición de no reabrir la central nuclear de Garoña.

Actualmente, hay previstos dos proyectos en Burgos, en fase de alegación, y tres en Cantabria, con los permisos de investigación ya concedidos puesto que son dos de las regiones que potencialmente tienen más recursos de gas no convencional. La Ley de Hidrocarburos impulsada por el PP, que entró en vigor en mayo de 2015, prevé incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle la extracción de gas no convencional mediante la rotura de las rocas del subsuelo. «Existe la voluntad política de acabar con el fracking, con las prospecciones petrolíferas y hay una apuesta por desarrollar el autoconsumo» de energía, en el marco de un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, concluyó Lucio.

Podemos defiende planificar el cierre de las centrales de carbón, clausurar las nucleares antes de 2024 y prohibir el fracking

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EFE / Servimedia.- El documento presentado por Podemos para intentar un gobierno de coalición con el PSOE propone la planificación del cierre de las centrales de carbón, aunque garantizando «una transición justa» de los empleos de esta actividad hacia otros sectores. Asimismo, se subraya que la meta es que haya un sistema eléctrico 100% renovable en 2050 y que todas las centrales nucleares estén clausuradas en 2024. También quiere una Ley de Cambio Climático y rechaza el fracking y realizar nuevos sondeos petrolíferos.

Todas estas medidas aparecen recogidas en el documento en el apartado relativo al modelo económico e industrial, que tendría como meta «la transición energética hacia una economía descarbonizada, menos dependiente enérgicamente del exterior y más eficiente». Podemos aboga por «un Gobierno del Cambio» que impulse una reforma del sistema eléctrico, entre cuyos ejes estaría lo relativo al carbón. La formación que lidera Pablo Iglesias aboga por «la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores». Ya en el programa de las elecciones generales del 20 de diciembre, Podemos defendía «el cierre progresivo de las centrales de carbón».

Por otro lado, Podemos defiende además una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes. Para ello, se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes, señala el texto. Las críticas desde los territorios mineros no han tardado en producirse. La secretaria de Política Municipal del PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, criticó a Podemos por su postura sobre el carbón. «Podemos se alía con el PP contra la minería del carbón. En campaña lo negaban. Esto es lo que pinta Podemos Asturias», ha censurado Lastra en Twitter.

En las propuestas presentadas por el PSOE para intentar pactar un gobierno, no se menciona el asunto del carbón. En su programa electoral, los socialistas planteaban que hasta que se avance hacia una transición energética y una economía libre de emisiones, era preciso encontrar una «solución justa» para la minería del carbón. Esta salida, según los socialistas, debería combinar su compromiso de «cero emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética del país y la seguridad del suministro».

Rechazo al fracking o prospecciones

Volviendo a la propuesta de Podemos, el documento Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías aboga por el «cierre paulatino» de las centrales nucleares que actualmente están en funcionamiento en España, Además, plantea la prohibición del fracking y de nuevos sondeos de hidrocarburos y aprobar una Estrategia de Rescate Ecológico a 20 años para recuperar las zonas degradadas por causas diversas, con especial atención a la biodiversidad. Derogar la Ley de Costas, medidas para llegar al «vertido cero» e inversiones públicas en infraestructuras ambientales son otras propuestas realizadas.

La formación de Iglesias reivindica la elaboración de una Ley de Cambio Climático que recoja una potenciación de las actuaciones autonómicas sobre política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y retomar las negociaciones con la Unión Europea para hacer una propuesta de gestión de emisiones de CO2 y poner precio fijo a la tonelada de carbono emitido. Esa nueva norma supondría elaborar un plan de transición energética para que el 100% del consumo proceda de energías renovables en 2050 y un plan de reducción de emisiones en los sectores difusos (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión).

El ecologismo político llega al Congreso con tres diputados de Equo y Garoña y el fracking entre sus objetivos

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Servimedia / EFE.- Con el objetivo de cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y parar cualquier proyecto que utilice la técnica de la fractura hidráulica en España, el ecologismo político de Equo irrumpe en la undécima legislatura del Congreso de los Diputados con tres diputados que se presentaron a las elecciones con Podemos. Son Juan López de Uralde, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail.

López de Uralde, coportavoz federal de Equo, concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos. Rosa Martínez, también coportavoz federal de Equo, entrará también en el Congreso al figurar en el segundo puesto de la lista de Podemos-Ahal Dugu en Vizcaya. Esa provincia ponía en juego ocho escaños, que se han repartido EAJ-PNV (3), Podemos (2) y PSE-EE, EH Bildu y PP (1 cada uno). Y Bail lideraba la candidatura de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común en la provincia de Huesca, donde también consiguieron escaño el PP-PAR y el PSOE, todos ellos con un asiento en el Congreso de los Diputados.

En ninguna de las legislaturas anteriores coincidieron al menos tres diputados verdes. El primero de todos fue Paco Garrido, entonces portavoz confederal de Los Verdes y que obtuvo un escaño por Sevilla al presentarse a la lista del PSOE en las elecciones generales de 2004, de las que saldría el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos años después logró un asiento otro representante de Los Verdes, Joan Oms.

Por otro lado, López de Uralde se mostró «satisfecho» por los resultados de Equo en las elecciones generales y destacó que en Álava la formación morada consiguió «el porcentaje más alto de votos y la mayor diferencia con el segundo». «Hemos batido a la cúpula del PP en el País Vasco, con el ministro Alfonso Alonso y el exalcalde de Vitoria Javier Maroto», indicó. Precisamente, el propio Maroto se ha quedado fuera del Congreso. «Desde luego, para nosotros hay motivos para la satisfacción. Hemos conseguido tres diputados en las listas de Podemos y eso nos da una plataforma para seguir trabajando por la ecología política y la defensa de nuestros planteamientos desde el Congreso», apuntó.

López de Uralde expresó su deseo de que Podemos pueda gobernar para «llevar adelante» las propuestas de la formación ecologista, aunque se mostró prudente, a la espera de «ver cómo se desarrollan las conversaciones». «Nos presentamos con dos objetivos. Primero, que nuestros votos y la ecología política se sumaran al cambio, que era tan necesario en este país y es un momento histórico poder trabajar por él. Y segundo, con el objetivo a largo plazo de consolidar el ecologismo político en España», apostilló. Por último, López de Uralde indicó que llevará al Congreso de los Diputados «la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad«, asuntos en los que lleva trabajando en las tres últimas décadas.

García Tejerina respalda el fracking siempre que tenga «todas las garantías»

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EFE.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina ha insistido hoy en su apoyo al «fracking» con «todas las garantías» y a la energía nuclear dentro del mix energético del país para garantizar la seguridad de suministro eléctrico.

Tejerina ha asegurado hoy en una entrevista con Telemadrid que los proyectos de fractura hidráulica («fracking») se desarrollarán si tienen «todas las garantías» en los emplazamientos y ha recordado la obligación legal de una evaluación de impacto ambiental previa, igual que «cualquier otro proyecto».

En el caso de no existir un impacto sobre el medioambiente, Tejerina ha afirmado que se apostará por el «sí» y que, si el lugar donde se lleve a cabo la técnica de extracción de gas no posee «todas las garantías ambientales», sería un no.

Respecto a la producción eléctrica, ha defendido que para garantizar la seguridad, es necesario un mix para una mayor autonomía y costes razonables, dentro del cual tiene cabida la electricidad de origen nuclear.

«Solamente con las renovables no sería posible porque dependen de la naturaleza», ha concluido al respecto.

El Gobierno del País Vasco no renuncia a los permisos de fracking pero no invertirá en ellos

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EFE.- El Gobierno Vasco no renunciará a los permisos de investigación para la posible extracción de gas mediante mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) aunque en 2016 no destinará dinero a estos proyectos.

Así lo indica la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, en la respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu sobre los permisos de investigación Enara y Angosto que tiene la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi S.A. (Shesa), dependiente del Ejecutivo.

En el proyecto de presupuestos vascos para 2016 se suprimieron las referencias al fracking y se limitaron al gas convencional las partidas para Shesa, porque así lo exigió el PSE para facilitar la aprobación de las cuentas, que se votarán de manera definitiva el miércoles de la semana próxima.

En su iniciativa parlamentaria, Maeztu pregunta a la consejera si la eliminación de esas referencias de los presupuestos supone que Shesa renuncia a los permisos de investigación de Enara y Angosto. En ambos casos Tapia responde que no, aunque aclara que en las cuentas para 2016 no hay «partidas específicas para estos usos».

De esta manera el año que viene Shesa se limitará a llevar a cabo «todos aquellos trámites necesarios para no perder la titularidad del permiso y cumplir con la normativa vigente de aplicación».

En la respuesta la consejera también indica que la eliminación de los párrafos sobre la fracturación hidráulica obedece a la aprobación en junio de la ley que en la práctica impide el uso de «fracking» en Euskadi dado los elevados requisitos medioambientales que establece para poder desarrollar esta técnica.

En un comunicado EH Bildu ha considerado que con esta respuesta el Gobierno vasco «admite que mantiene su apuesta por el fracking y deja en evidencia la pantomima del PSE», formación que a su juicio «se ha vanagloriado de haber parado al fracking».

«El Gobierno Vasco ha dejado claro que no citar los permisos Angosto y Enara en los presupuestos no tiene consecuencias prácticas y ha desnudado el discurso del PSE», ha afirmado Maeztu, quien ha añadido: «Han querido hacer creer a la gente que el fracking era historia y la han engañado».

El parlamentario abertzale ha abogado por renunciar a los citados permisos y también a Shesa porque ésta es «la única garantía contra el fracking»