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El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica donde en 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a 9 personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones. Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

La DIA contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas, y siempre se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de «entidad importante» siempre que las actividades no se acometan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no supondrá un «incremento apreciable de presión sobre la fauna«. El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo. Los vibrocamiones realizarán registros durante 2 o 3 semanas de entre 1 y 5 minutos de duración.

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos 4 proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales. Es más, añade que es de especial relevancia que el proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking supondría «graves riesgos» para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura. Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica «especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí», con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2. Por ello, pide la denegación «rotunda» del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».

Cataluña asegura que el Gobierno se compromete a retirar el recurso a su ley autonómica de cambio climático

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Europa Press.- El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a retirar el recurso del Estado contra la Ley catalana de cambio climático. En este sentido, Calvet considera “necesario que el Gobierno del PSOE retire el recurso para garantizar que se aplica esta legislación; si no, estaríamos pendientes que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional nos tumbase estos mecanismos de lucha contra el cambio climático«.

El Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley, excepto para determinados artículos relacionados con el fracking, pero la Generalitat ha señalado que es necesaria la retirada del recurso para garantizar el pleno despliegue de la norma. Calvet mantiene que la Generalitat no cambiará la legislación, «ni una coma», porque quiere que las partes que afectan a la fiscalidad pueda ser operativa ya que considera que es una normativa útil, moderna y avanzada. Por ello, asegura que el compromiso de la ministra, que «llegó a alabar» la ley, se mantiene, y remarca la importancia de poder aplicar plenamente la normativa.

Estados Unidos se convertirá en el principal productor de gas natural licuado en 2028

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EFE.- Estados Unidos reforzará su apuesta por el gas natural licuado en los próximos años y en 2028 se convertirá en el primer productor mundial de esta fuente energética.

Estas son algunas de las previsiones que ha hecho la jefa de investigación de Gas de America Wood Mackenzie, Kristy Kramer.

«Las perspectivas para el gas natural estadounidense son extremadamente prometedoras», ha asegurado Kramer, que ha afirmado que el gas de esquisto había supuesto una «revolución».

También ha pronosticado que en 2040 el volumen de producción de gas natural convencional será un 50% superior al actual en Estados Unidos.

Por su parte, el director de Gastech, Charlie Cracknell, ha asegurado que el sector está fuerte y ha apuntado que uno de los grandes retos que tiene para los próximos años es mejorar su eficiencia.

Del congreso ha aplaudido que un año más haya atraído a las grandes empresas del sector, tanto internacionales como nacionales, que han podido intercambiar conocimiento y experiencias.

Gastech ha reunido a más de 700 expositores y ha atraído a más de 30.000 visitantes de las industrias del gas, el gas natural licuado y la energía en general.

Cracknell ha apuntado que en la próxima edición Gastech aspira a ser referente de toda la cadena de valor relacionada con el gas y el gas natural.

Una de las novedades será el aumento de las zonas para industrias especializadas, con la incorporación de zonas para instalaciones portuarias y abastecimiento de combustibles, tuberías , almacenamiento y distribución, entre otros.

La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático denuncia que los 12 grandes proyectos hidroeléctricos del país podrían triplicar su deuda

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EFE.- Los planes de Bolivia de construir en los próximos años 12 grandes presas hidroeléctricas pueden duplicar y hasta triplicar la deuda del país y causar daños graves en el ecosistema, según denunció la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático.

Así lo afirma Martin Vilela, coordinador de Justicia Climática de la ONG, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en Bangkok.

Vilela afirmó que los casos más preocupantes son las presas de Bala-Chepete y Rositas en la cuenca amazónica que no han contado, según él, con una consulta informada previa de las comunidades e invadirán terrenos de parques naturales.

El activista boliviano añadió que las hidroeléctricas, proyectadas para exportar energía, producirán electricidad a precios no competitivos en un mundo que avanza hacia otras tecnologías renovables.

También se mostró preocupado por la apuesta del Gobierno de Evo Morales por el biocombustible, lo que significará que la deforestación aumente desde las 200.000 o 340.000 hectáreas anuales en la actualidad a 420.000 hectáreas por año en el futuro.

En su opinión, el fracking de hidrocarburos y la energía nuclear, también incluidas en los planes del Gobierno boliviano, asimismo son contraproducentes.

«En Bolivia vivimos un gran desafío porque el Gobierno solo entiende el desarrollo como crecimiento económico», indicó Vilela.

El activista denunció que en este sentido las autoridades bolivianas han perseguido en los últimos diez años «un modelo de industrias extractivas en energía».

Las ONG bajo la plataforma demandan que los países desarrollados abandonen las fuentes de energía contaminantes en 2030 y las naciones en desarrollo lo hagan en 2050, como muy tarde.

También exigen una moratoria a la energía nuclear a partir de 2019 y la prohibición de la hidrofracturación o fracking de gas y petróleo.

Los delegados en Bangkok negocian un manual de normas y directrices que incluya metas, calendarios y políticas para que los países reduzcan sus emisiones de gases contaminantes, responsables del calentamiento global, de acuerdo con el Acuerdo de París (2015).

Uno de los escollos en las negociaciones es cómo van a hacer efectivo los países desarrollados los 100.000 millones de dólares anuales que se han comprometido a aportar a las naciones en desarrollo a partir de 2020 para luchar contra el cambio climático y paliar sus efectos.

La cita de Bangkok, en la que participan más de 1.400 delegados de 182 países, es la última reunión preparatoria antes de la Cumbre del Clima (COP 24) que tendrá lugar en Katowice (Polonia) en diciembre.

El petróleo se aprecia un 10% en las últimas semanas por la volatilidad que existe en el mercado de suministro

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Europa Press / EFE.- El precio del petróleo se ha incrementado en torno al 10% desde el pasado 15 de agosto por la volatilidad que existe en el mercado de suministro, recuperando el terreno perdido desde julio, cuando se situó en máximos del año.

Concretamente, el precio del barril de Brent, de referencia para Europa, cerró sesión en 78,15 dólares por barril frente a los 70,66 dólares unitarios a los que llegó a negociarse hace dos semanas. De su lado, el barril Texas, de referencia para Estados Unidos, cotiza a un precio ligeramente superior a los 71 dólares por barril. El 15 de agosto, cuando empezó la recuperación de los precios, se vendía a un precio de 64,84 dólares. «El mercado petrolero se está ajustando después de un corto periodo de tiempo a finales de junio y principios de julio en el que había exceso de oferta», explicó el analista de UBS Giovanni Staunovo.

La falta de oferta en el mercado petrolero se debe a que en varias regiones del mundo el bombeo de crudo decaiga. «Con arreglo a los datos de los cargueros, la caída en las exportaciones de petróleo iraní ya es visible en previsión de las sanciones de Estados Unidos, que entran en vigor en noviembre», ha añadido Staunovo. «Irán está teniendo dificultades para encontrar cargueros que estén dispuestos a transportar su petróleo, ya que las compañías temen perder acceso al sistema financiero de Estados Unidos», ha subrayado el analista, que indicó que, en septiembre, las exportaciones de Irán podrían reducirse en un millón de barriles diarios con respecto a abril.

Sin embargo, la efectividad de las sanciones impuestas por el Ejecutivo de Donald Trump no está clara para el banco suizo Julius Baer. El analista de la entidad Norbert Rücker ha adelantado que lo «más posible» es que China reduzca el impacto del embargo. El experto en petróleo de DWS, Marco Scherer, añade que las exportaciones de crudo iraní cerraron el mes de agosto en torno a 2,2 y 2,3 millones de barriles diarios. «Hace un par de meses, el país rondaba los tres millones por día», ha puntualizado Scherer.

De su lado, el analista de Wisdom Tree, Nitesh Sha, ha asegurado que la menor oferta del oro negro también se debe a los bajos niveles de producción en Venezuela. «La OPEP en conjunto todavía está produciendo menos crudo que su cuota grupal», ha afirmado Sha. De hecho, según apunta un informe elaborado por Bank of America Merrill Lynch, la producción del cártel petrolero se mantuvo estable en julio en comparación con junio por la «volatilidad». Por ejemplo, en Venezuela el bombeo de crudo cayó en 770.000 barriles diarios, hasta 1,26 millones de barriles diarios.

En conjunto con los retos en el seno de la OPEP, en Estados Unidos también se afronta un descenso de la producción. «El crecimiento de la industria del fracking ha experimentado algunas limitaciones que afectan principalmente a la gran Cuenca Pérmica de Texas», ha añadido Scherer. A principios de agosto, la Asociación Internacional de la Energía (AIE) rebajó sus expectativas de crecimiento de suministro en Estados Unidos en 2018 en 130.000 barriles diarios, hasta 10,7 millones de barriles por jornada.

De acuerdo con los riesgos de abastecimiento de la demanda mundial de crudo, el banco suizo Julius Baer prevé que el precio unitario del crudo podría escalar hasta los 90 dólares por barril, una cifra que no toca desde el último trimestre de 2014, cuando estaba en plena caída desde sus máximos históricos. En cambio, el director corporativo de riesgos de Solunion, Enrique Cuadra, estima que el precio del crudo se «estabilizará» entre los 70 y los 75 dólares por barril en el primer semestre de 2019, principalmente por la «más que previsible» subida de producción de la OPEP para compensar las exportaciones de Irán.

La petrolera francesa Total y sus socios de Joslyn venden el proyecto de arenas bituminosas de Canadá a CNLR

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EFE.– La petroquímica Total y el resto de los accionistas de Joslyn acordaron vender el proyecto de arenas bituminosas situado al norte de Canadá, paralizado en 2014 desde que se hundió el precio del petróleo, a Canadian Natural Resources Limited (CNRL). Total, que era con el 38,25% el operador de esta concesión, en la que también estaban Suncor Energy Joslyn Partnership (36,75%), Joslyn Partnership (15%) e Inpex Canada (10%), explicó que el precio de la operación es de 148,2 millones de euros.

Desde que se congeló el proyecto ubicado en la provincia canadiense de Alberta hace cuatro años, la actividad allí se limitó a cumplir con las exigencias reglamentarias y garantizar la seguridad de las instalaciones. El presidente de la petrolera francesa, Patrick Pouyanné, indicó que reducir su exposición a las arenas bituminosas forma parte de su estrategia que consiste en centrar las inversiones en yacimientos cuyo punto muerto sea bajo y desarrollar una cartera que sea «resistente a medio y largo plazo». A ese respecto, recordó que el pasado año Total ya redujo su participación en Fort Hills, un proyecto similar.

Organizaciones antidesarrollo de infraestructuras lanzan la red de acción Gas no es solución para luchar contra ese combustible fósil

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Europa Press.- Colectivos y organizaciones españolas que luchan contra el desarrollo de infraestructuras de gas en el terreno, ecologistas y formaciones políticas han fundado la red Gas no es solución, con la que se oponen al desarrollo de este gas desde distintos ámbitos.

Así, la red ha firmado el manifiesto constituyente Gas no es solución. El texto se opone al desarrollo del gas desde distintos aspectos, que incluyen la lucha contra el cambio climático, la promoción de las energías renovables, la denuncia de la financiación y la deuda en el sector energético, el transporte sostenible o la democratización de la energía. La red se ha presentado con un vídeo que muestra la diversidad de sus componentes y argumentos. El colectivo advierte contra la fuerte campaña de promoción del gas que se observa desde distintas instancias económicas y políticas. Según apunta Gas no es solución, se trata de un combustible fósil y como tal debe abandonarse para poder cumplir con los objetivos de París.

La red nace para hacer frente a este discurso y visibilizar los impactos y amenazas que el gas representa. Proyectos como el almacén de gas de Doñana, las nuevas regasificadoras en Canarias y Huelva, la distribución de aire propanado en Gran Canaria, el gasoducto MidCat en Cataluña, el fracking, la herencia que han dejado proyectos como el de Reganosa en Ferrol, la fallida planta de El Musel en Gijón o el almacén Castor frente a las costas de Castellón y su deuda que, según la red, ha sido ilegítimamente costeada por la ciudadanía. Algunas organizaciones que conforman esta red son Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria o la Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur).

El Tribunal Constitucional da la razón a Castilla-La Mancha y no ve inconstitucionalidad en su ley antifracking

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y ha declarado constitucional una parte de la ley antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, se da así validez a una disposición por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, parte del texto que fue recurrido por decisión del Consejo de Ministros de diciembre de 2017. El Ejecutivo de Mariano Rajoy invocaba el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, consideraba que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental«.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha. Esta admisión ya suspendía automáticamente la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados tras la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, por el cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas. El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, expresó su «satisfacción y orgullo» ante el pronunciamiento, tras lo que ha agradecido a las distintas plataformas antifracking de la comunidad autónoma su trabajo y apoyo durante todo el proceso.

La ley antifracking de Castilla-La Mancha incluye varias medidas para imposibilitar, en la práctica, el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe un plan estratégico sectorial, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Cantabria, La Rioja y Navarra

En su recurso, el Gobierno central argumentó que varios aspectos de la ley incurrían en inconstitucionalidad inmediata por vulneración de competencias estatales, como protección del medio ambiente, y recordó que el Estado aprobó en 2013 la ley del Sector de Hidrocarburos, en la que se autorizaba el empleo del fracking. En este sentido, la sentencia recuerda que por no respetar el contenido de esta ley, se declararon nulas e inconstitucionales las leyes sobre esta materia de Cantabria, La Rioja y Navarra, pues contenían «una prohibición absoluta e incondicionada» de la fractura hidráulica en sus regiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la ley de Castilla-La Mancha ni contiene una prohibición legal expresa de esta técnica de carácter absoluto e incondicionado como en los demás casos citados ni efectúa una remisión incondicionada o en blanco a la Administración para que regule su posible uso. Por lo tanto, la sentencia indica que la ley, al proponer la elaboración de un plan estratégico sectorial, recoge una «norma novedosa y no examinada hasta la fecha» consistente en habilitar a la Administración autonómica para que ésta efectúe una zonificación del territorio y delimite áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida.

De este modo, el Tribunal Constitucional señala que «no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración», pues ha afirmado que el Tribunal Constitucional no debe pronunciarse sobre las eventuales o hipotéticas interpretaciones de las leyes, sino que debe responder si las leyes se oponen o no a los mandatos constitucionales.

También señala que «la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en sí misma motivo bastante para declarar la inconstitucionalidad de éstas». Con todo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la comunidad autónoma puede crear un instrumento normativo como el plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica y que no procede evaluar la adecuación del plan aún no aprobado, de forma que su simple aprobación no puede considerarse contraria al orden constitucional.

El Ministerio de Energía suspende los permisos de investigación de fracking ‘Bezana’ y ‘Bigüenzo’ de Cantabria

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EFE. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha declarado la suspensión de los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Bezana’ y ‘Bigüenzo’, concedidos en 2009 para la extracción de gas no convencional a través de la técnica del ‘fracking’ o fractura hidráulica dentro de un territorio que abarca Campoo, Valderredible, Valdeprado del Río, norte de Burgos y Palencia.

El Ministerio, en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado declara que los citados permisos han estado suspendidos desde el 3 de mayo de 2013 por causa no imputable al titular, Petroleum Oil & Gas España SA, debido a la necesidad de tramitar la evaluación de impacto ambiental previa a la autorización de los sondeos.

Así, la declaración está condicionada a que continúe la tramitación del correspondiente procedimiento de autorización, por lo que no surtirá efectos en el supuesto de que el operador desista voluntariamente de tal tramitación.

En definitiva, se considera que el operador desiste voluntariamente si lo hace antes de que llegue a ser otorgada la declaración de impacto ambiental, o tras la emisión de declaración de impacto ambiental favorable, «salvo que resulte acreditado que el desistimiento viene determinado por cualesquiera actos administrativos impeditivos de la obtención de otras autorizaciones indispensables para la ejecución de los trabajos o por otras circunstancias sobrevenidas que, a juicio de la Administración, otorguen justificación bastante al mismo».

Se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para levantar, mantener y modificar la suspensión de los permisos de acuerdo con una serie de condiciones, como que la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento administrativo de solicitud de autorización del primer trabajo que permita al titular proseguir con sus compromisos.

En caso de que la terminación sea por resolución favorable a la solicitud del promotor, la Dirección General de Política Energética y Minas, junto con la autorización de los trabajos, levantará la suspensión de los permisos de investigación.

Si por el contrario la terminación lo fuera en sentido desfavorable o si se produjera ésta por desistimiento no voluntario del titular, la Dirección General podrá levantar, mantener o modificar la suspensión en función de las circunstancias que hubiesen producido tal terminación, así como de la situación particular de los permisos de investigación.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo.

El permiso de investigación de hidrocarburos ‘Bezana’ ocupa una superficie de 87.780 hectáreas, y el permiso ‘Bigüenzo’, 91.654 hectáreas, ambos en el Sur de Cantabria y el Norte de Burgos y Palencia.