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La Diputación de Álava asegura que el proyecto de extracción de gas de Shesa está en fase “muy preliminar»

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EFE.- El diputado foral de Álava de Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio Galera, indicó que el proyecto para la extracción de gas en el territorio alavés está en fase «absolutamente preliminar» y que Shesa, sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco, sólo contempla utilizar técnicas convencionales y no de fractura hidráulica (fracking).

El diputado foral confirmó que existe este proyecto de Shesa para el pozo Armentia-2, en el entorno de Vitoria, y ha explicado que la institución foral tuvo conocimiento de manera oficial de éste en septiembre a través de una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, que pidió a la Diputación que detallase los aspectos importantes a tener en cuenta en la declaración de impacto ambiental que el Gobierno central debe emitir sobre este proyecto. Según señaló, Shesa ha solicitado permiso para hacer un sondeo exploratorio con técnicas convencionales en Armentia-2, con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.540 metros, durante 164 días de intervención.

Una vez estudiada «a detalle» la información de la promotora, la Diputación emitió un informe, que remitió al Ministerio de Medio Ambiente, en el que señala que el estudio de impacto ambiental debe tener en cuenta que haya una «certeza absoluta» de que no se utilizará la técnica del fracking, así como que de que las sustancias que se usen no tengan afectación en el suelo ni el acuífero de Subijana. «Estamos en una fase informativa y absolutamente preliminar y todavía no hemos recibido el informe de impacto ambiental», concluyó.

La plataforma Fracking ez alertó recientemente de que la sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco estaba tramitando un nuevo permiso para un pozo de extracción de gas. Esta agrupación recordó que hace 20 años se perforó el pozo Armentia-1 mediante técnicas convencionales y se fracasó en el intento, por lo que consideró «no creíble» que ahora esas mismas técnicas vayan a funcionar. En cualquier caso, para la plataforma, el debate actual no es «fracking sí o fracking no», sino el modelo energético en su conjunto.

BNK se retira del permiso Urraca (Burgos), su último proyecto de fracking en España

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EFE.- La empresa BNK España se retira del último proyecto de investigación de hidrocarburos que aún tenía en marcha en España, el denominado Urraca (Burgos), después de que el permiso concedido por el Gobierno haya caducado sin que se haya conseguido la declaración de impacto ambiental favorable.

El permiso de exploración de hidrocarburos Urraca, que afecta a los municipios de Villarcayo, Medina de Pomar y Merindad de Cuesta Urría (Burgos), se otorgó en 2011. En concreto, la concesión se aprobó el 29 de septiembre de 2011 por un plazo de 5 años, que se cumplieron este 29 de septiembre, recordaron fuentes de BNK España. «El permiso ha caducado», insisten, sin que Medio Ambiente haya emitido declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de exploración presentado en 2014.

BNK España planteó abrir hasta 6 pozos de perforación, 2 por cada uno de los municipios afectados, para investigar la presencia de hidrocarburos a través de la técnica del fracking. Las perforaciones requieren de informe favorable previo de Medio Ambiente ya que el proyecto se radica en Burgos y Álava, afectando a dos comunidades autónomas, lo que obliga a que las autorizaciones vengan del Gobierno central. Sin declaración de impacto ambiental, y con el permiso caducado, «no se puede continuar», ha asegurado BNK España. La empresa de origen canadiense no tiene intención de reclamar o pedir responsabilidades el Gobierno central por un retraso que finaliza con la caducidad del proyecto.

Urraca era el último de los proyectos con los que contaba BNK España en el país, después de haberse retirado en junio de Sedano, el otro permiso vinculado a Burgos. En ese caso, su renuncia se justificó en la «incertidumbre legal» en cuanto a la viabilidad del proyecto, centrada en legislación y procesos administrativos. «Motivos técnicos internos», explicaron en su momento fuentes de BNK España, que se queda «sin ningún plan de futuro», así que abandonarán el país, según reconocen. La canadiense es una de las principales empresas del mundo dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión que pesaba sobre algunos artículos de la ley del País Vasco contra el fracking

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que se mantenía desde el pasado 3 de mayo sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o más conocida como ley del fracking. La suspensión se aplicaba desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre este asunto, que aún está pendiente de resolverse por el tribunal de garantías.

Concretamente, según fuentes jurídicas, el tribunal de garantías da vigencia a los artículos 2 (sobre los hidratos de metano enterrados en el mar), 3, 5 y 6 (el inciso sobre la reposición de la situación alterada a su estado originario) y las disposiciones transitorias primera y segunda de la citada norma. La ley vasca del fracking se aprobó en junio del 2015 a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

La Ley del País Vasco faculta a las instituciones vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas autonómicas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno central las recurrió, al igual que hizo con la del País Vasco.

La ley del fracking del País Vasco fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustenta al Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

A pesar de ello, cuando el Gobierno central decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi. El Gobierno argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental. Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al obstaculizar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.

El PSOE celebra el levantamiento

Por su parte, el PSOE celebró la decisión del Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la ley del fracking, que fue recurrida por el Gobierno central y que estará vigente en su totalidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. La parlamentaria autonómica socialista Natalia Rojo celebró esta resolución porque «avala la seguridad jurídica» del texto.»Los vascos hemos ganado una nueva batalla utilizando el camino que la propia ley nos ofrecía, sin maximalismos, con los pies en la tierra y haciendo uso de hasta las últimas de nuestras competencias», defendió Rojo aludiendo a que prohibir el fracking de manera literal únicamente hubiera conducido a la «frustración» porque la norma habría sido anulada. 

Cepsa espera «un rebote» del precio del petróleo y lo sitúa en 70-80 dólares en un plazo de 5 años

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Redacción / Agencias.- Además de explicar las dificultades administrativas que afronta Cepsa para poder reanudar la actividad en la refinería en Tenerife, que lleva 2 años parada, el vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, está convencido de que se producirá «un rebote» del precio del petróleo y reveló que la compañía prevé que en el plazo de 5 años el crudo se sitúe entre 70 y 80 dólares, frente a los poco más de 50 actuales.

Precios bajos “malos para todos”

Así se expresó Miró, que defendió que ese rango de precios es el necesario para que las empresas sigan invirtiendo y advirtió también de la cara menos amable del petróleo barato. «Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Los precios bajos, muy bajos, son malos para el productor y para el consumidor, para el productor a corto y para el consumidor a largo», prevé Miró. «Llegará un momento en que esto va a pegar un rebote; con precios bajos, hay poca inversión y, si no se invierte, llegará el rebote», auguró Miró, que recordó que en los últimos dos años la inversión del sector petrolero ha caído un 50% sin apenas nuevos proyectos.

En cuanto a la recuperación de los precios, admitió que «es complicada» por factores como la irrupción de Irán o el gran stock de reservas actual, que se sitúa en unos 4.000 millones de barriles, como consecuencia de que la producción sigue siendo superior a la demanda. No obstante, a la hora de apuntar esa recuperación, Miró reconoce que es complicado determinar cuándo arrancará aunque «algunos ya hablan de 2018», según ha apuntado el directivo de Cepsa, para quien el problema está más en la fortaleza de la demanda que en la capacidad de la oferta, por lo que los inventarios jugarán un papel clave.

Por otro lado, defendió la importancia de invertir en el fracking ya que considera que, «a poco que repunten los precios», volverá a ser importante. Por ello, valoró el desarrollo logrado por estas tecnologías en Estados Unidos, país que llegó a ser el mayor productor mundial gracias al fracking. En esta línea, destacó que un estado como Dakota consiguió producir más que algunos países de la OPEP y que otro como Nueva York, donde la técnica está prohibida, llegó a crear 2 millones de empleos.

Miró: “De Tenerife nos echarán”

Sobre su negocio de refino en España, lamentó que una de sus tres refinerías, la de Tenerife, lleve ya 2 años paralizadas como consecuencia de las exigencias medioambientales. «Nosotros no nos iremos de Tenerife, nos echarán», apuntó Miró, que explicó que para hacer funcionar la refinería hace falta una declaración ambiental integrada y que, en el caso de la de Tenerife, las exigencias medioambientales son más duras que en ninguna otra parte de España, incluso superiores a las que tienen sus refinerías de Andalucía, la de La Rábida en Huelva y la de San Roque en Cádiz. Teniendo en cuenta además que en las Islas Canarias no hay gas “va a ser muy complicado” poder hacer funcionar la refinería, añadió.

«A mí y al accionista de Cepsa nos duele tener la refinería parada», aseveró Miró, que explicó que el grupo tiene recurrido el plan de calidad del aire que aprobó el Gobierno canario a comienzos de 2014 pero que, “en las condiciones actuales, la compañía no puede arriesgarse a poner en marcha la refinería” ya que, de hacerlo, Cepsa tendría que afrontar además «una campaña de desprestigio que afectaría a nuestra reputación». No obstante, pese a lamentar esta situación y recordando el compromiso con los empleados, Miró relativizó su importancia ya que reconoció que tanto en Europa como en el mundo sobra capacidad de refino y que el mercado «no se ha resentido en absoluto» por la parada de Tenerife.

Reino Unido da luz verde a la fracturación hidráulica para extraer gas

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EFE.- El Gobierno británico dio luz verde a la fracturación hidráulica (fracking) en forma horizontal para la extracción de gas de esquisto en una zona del norte de Inglaterra, lo que supone una medida histórica para este sector energético. El ministro británico de Comunidades, Sajid Javid, aprobó este controvertido proceso de extracción para que la compañía británica de energía Cuadrilla pueda extraer el gas en cuatro pozos de Fylde, en el condado de Lancashire.

Los grupos defensores del medio ambiente criticaron la decisión, que calificaron como «negación» de la democracia, pues el Gobierno ha revertido la prohibición original de las autoridades municipales para la extracción horizontal del gas de esquisto. El ayuntamiento de Lancashire rechazó el permiso el año pasado porque temía el impacto para el tráfico y el ruido en la zona. Sin embargo Cuadrilla decidió recurrir la medida. El consejero delegado de la compañía, Francis Egan, subrayó que habían llevado a cabo una «profunda evaluación» sobre el impacto de este tipo de explotación y recalcó que la Agencia de Medioambiente del país estaba satisfecha con este análisis.

Se prevé para el 2017

La portavoz de los residentes de Fylde, Pam Foster, señaló que el visto bueno supone negar el principio democrático pues todas las autoridades locales habían rechazado la fracturación. «Hemos seguido todos los canales democráticos. No nos queda nada. Estamos bastante disgustados», añadió. Cuadrilla, que estima hay grandes cantidades de gas en las rocas profundas de Lancashire, espera empezar la fracturación hidráulica a finales del 2017.

Esta actividad fue prohibida en el Reino Unido en 2011 después de que provocara pequeños terremotos cerca de Blackpool, en el noroeste de Inglaterra, pero la medida fue levantada un año después. La explotación horizontal permite extraer el gas de una capa específica de rocas y se la considera más productiva que el sistema vertical de perforación, que alcanza una zona más pequeña. El fracking se realiza en un pozo previamente construido y entubado, y en ella se utiliza agua a alta presión para extraer el gas de las rocas.

Podemos/Equo reivindica en el País Vasco su oposición al fracking y a la reapertura de la central nuclear de Garoña

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EFE.- El coportavoz de Equo y diputado en el Congreso por Podemos, Juan López de Uralde, denunció que «cómo es posible que quien se llama nacionalista haya hecho tanto daño a su territorio», en alusión al Gobierno vasco de Urkullu (PNV).

Los candidatos a las elecciones autonómicas por Álava han explicado que para Elkarrekin Podemos una de las prioridades de la próxima legislatura será impulsar una Ley de Acción contra el Cambio Climático «que apueste por un modelo para Euskadi sustentado en el ahorro y en la eficiencia energética, mediante una sustitución de las energías fósiles por las renovables».  López de Uralde ha criticado la política medioambiental del PNV y del Gobierno de Iñigo Urkullu y ha denunciado que «la agenda vasca» que han impuesto ha sido «tremendamente destructora» para el entorno natural de Euskadi. En este sentido, criticó que el PNV haya seguido apostando por la técnica del fracking para extraer gas natural de roca.

«Ahora se les llena la boca diciendo que están en contra de la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña», ha criticado, pero ha advertido de que el PNV ha votado en el Congreso medidas que favorecen la expansión de la industria nuclear en España porque «eso no les pilla cerca». En cambio, «nosotros somos antinucleares aquí, en Madrid y en Berlín«, subrayó.

Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explicó que la lucha ecologista también permite generar empleos «verdes, de futuro, de calidad y sostenibles». «En Europa hay 20 millones de desempleados y si apostáramos de manera real y eficiente por los empleos verdes, podríamos crear la misma cantidad de puestos de trabajo», aseveró. Marcellesi considera que es el momento de dar «un paso valiente» y apostar por «una Euskadi donde se pueda respirar de forma limpia» y dependa menos de los combustibles fósiles. El eurodiputado de Equo denunció la existencia de una «casta energética» que no piensa en los intereses de los ciudadanos y que aboga por el fracking.

El precio del petróleo vive en 2016 su peor año en una década

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EFE.- El precio del petróleo vive en 2016 su peor ejercicio desde 2004, con un precio medio en torno a los 43 dólares en lo que va de año y sin indicios que apunten a recuperarse. A ello contribuye la difícil combinación que arroja una demanda más débil de lo esperado con un exceso de oferta, lo que se va a mantener, como mínimo, en lo que queda de año, según los expertos.

Tras arrancar 2016 en mínimos no vistos en 12 años, el barril de Brent se mantiene en torno de los 40 dólares, muy lejos de los picos alcanzados en años como 2008 o 2012, que terminó con un promedio de 111 dólares. Tras un 2013 y un 2014 de precios en los 100 dólares, 2015 ya supuso un cambio radical terminando en 53 dólares de media. «Se esperaba que para este último trimestre del año se balanceara algo el mercado, cierta remontada de precios que, por ahora, parece complicada por varios factores», resume el director del programa de Energía del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano.

Por un lado, una demanda ralentizada y, por otro, un exceso de oferta con los países de la OPEP con producción al máximo y resistiendo más de lo esperado. «Lo podríamos definir como el dilema del prisionero», señala el catedrático de la Universidad de Barcelona Mariano Marzo. «En la OPEP hay interés por subir precios, pero se miran unos a otros a ver quién es el primero en dar un paso. Necesitan que suban pero sin resucitar al fracking«, explica Marzo, que apunta a mediados de 2017 para poder ver una recuperación de los precios.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ponía cifras a ese panorama: una reducción de sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo tanto para este año como el próximo y un pronóstico de que el desequilibrio del mercado va para largo. «El informe de la AIE ha sido un jarro de agua fría. Nos vamos a mediados de 2017 para llegar a ese cierto equilibrio», coincide Escribano. «Se barajaba que los precios a final de año estuvieran en 60 dólares pero parece complicado. Se van a quedar más o menos como ahora, alrededor de los 45 dólares, no se va a dar un repunte ni tampoco hundirse», concluye el experto del Real Instituto Elcano.

¿Y dónde podría estar ese equilibrio? Para Marzo, un barril de Brent por encima de los 60 dólares pondría de nuevo en el mercado a los no convencionales, a la industria del fracking, lo que no interesa a la OPEP, por lo que el equilibrio podría no llegar ni a ese nivel. «La industria petrolera norteamericana está viviendo su mayor crisis desde la gran depresión, necesitan vender en cuanto el petróleo repunte y reducir deuda», explica Marzo, que apunta que «lo mejor para todos es salir de esa volatilidad extrema, frenar ese mercado paralelo de futuros que distorsiona el sector”.

La inversión en energía cayó un 8% en 2015 a pesar del avance de las fuentes renovables, según la AIE

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EFE / Europa Press.- La inversión energética global disminuyó un 8% en 2015, hasta los 1,8 billones de dólares (1,6 billones de euros), con una caída en los proyectos de exploración y producción de gas y petróleo, lo que contrarrestó la inversión realizada en renovables, redes eléctricas y eficiencia energética, según indicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En su informe Inversión mundial en energía 2016, la agencia destacó además que, después de tres años de preponderancia de Estados Unidos, en 2015 el país que contó con más inversiones en el sector energético fue China. Esto se debió «al récord de inversiones en el sector eléctrico» chino, comparado con un descenso del capital invertido en proyectos de crudo y gas en Estados Unidos, donde se había canalizado mucho dinero a proyectos de lutita. Así, China invirtió 315.000 millones de dólares, sobre todo en renovables y nuclear; seguida de Estados Unidos, que gastó 280.000 millones; la Unión Europea, que destinó 140.000 millones especialmente a medidas de eficiencia, y Rusia e India, que invirtieron 85.000 y 65.000 millones de dólares.

No obstante, la inversión en petróleo y gas sigue acaparando la mayor proporción de inversión mundial, a pesar de que el gasto en combustibles fósiles se ha reducido en 200.000 millones de dólares en 2015, representa el 46% del total, por delante de las energías renovables (17%), las redes eléctricas (14%), la eficiencia energética, la energía térmica (7%) y el carbón (4%). No obstante, el gasto en el sector eléctrico registró un nuevo récord al alcanzar los 690.000 millones de dólares (614.000 millones de euros) en 2015, un 37% del total, gracias a la expansión de las renovables y las redes eléctricas, y a pesar de la ralentización en el crecimiento de la demanda eléctrica.

En economías maduras como las de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, el crecimiento de los servicios «está rompiendo el vínculo entre demanda energética y crecimiento del producto interior bruto (PIB)», indicó la AIE. Este cambio estructural se traduce en un aumento de la inversión en medidas de eficiencia energética, que alcanzó 220.000 millones de dólares a nivel mundial en 2015, un 6% más que en el ejercicio anterior.

La Agencia, que se encarga de analizar el panorama energético para sus 29 países miembros, alertó de que, aunque la inversión se está reorientado hacia la energía limpia, «es esencial seguir invirtiendo en la extracción y producción de petróleo para garantizar la seguridad energética mundial». «Es imposible que las energías renovables puedan actualmente reemplazar al petróleo, en particular en sectores como el transporte o los petroquímicos», aseveró el director ejecutivo, Fatih Birol, que subrayó que la ralentización de la economía china está afectando a las inversiones globales, por el descenso de la demanda de petróleo, gas y carbón, y a que el dinero destinado a los combustibles fósiles ha bajado un 25% respecto a 2014.

La AIE predijo que la inversión en el sector petrolífero seguirá bajando en 2016, hasta un «preocupante» 24 %, debido a los bajos precios del petróleo. En este sentido, recordó que se ha ofrecido a colaborar con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para estabilizar la situación. «Oriente Medio continuará siendo clave para el mercado del crudo por muchos años, pues es la principal fuente de reservas a un precio barato», advirtió Birol.

La AIE avisó de que, dado que la inversión en el sector petrolífero se está destinando a sustituir activos viejos o deteriorados, «es clave que en los próximos años se incremente la inversión para mantener la seguridad del suministro«, al margen de que los indicadores apunten a una ralentización de la demanda energética. «Los Gobiernos deben no solo mantener, sino reforzar sus compromisos para conseguir la seguridad energética al mismo tiempo que cumplen sus objetivos de cambio climático», manifestó Birol.

España aumentó un 4,23% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015 sobre 2014 según denuncia Ecologistas en Acción

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Servimedia / EFE.– Las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron un 4,23% el año pasado en comparación con 2014, según aseguró Ecologistas en Acción a partir de los últimos datos proporcionados por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea.

Los datos indican que las emisiones invernadero en España superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo que supone un incremento de 13,77 millones respecto al año anterior (un 4,2% más) y un 18% más en comparación con los niveles de 1990, considerado como año de referencia en el Protocolo de Kioto para la medición de emisiones. 2015 fue el segundo año en el que se produjo un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente coincidiendo con el inicio de la crisis económica y, según Ecologistas en Acción, provocará que el Estado se vea obligado a aumentar en un 10% su peso en el sistema europeo de derechos de emisión.

«Refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global», apuntó Ecologistas en Acción, que destaca que España está «a la cabeza» de la Unión Europea en el incremento de emisiones desde 1990 y “demuestra que los compromisos asumidos en la cumbre de cambio climático de París (COP21) de diciembre pasado son indefendibles». El sector energético aportó el principal incremento, un 17% más, por delante de la industria, un 10% más, sobre todo por el incremento del sector siderúrgico, un 17%, y de un 23% en las industrias asociadas a los sustitutos del ozono.

«Es patente también cómo la nula acción de la Administración sobre la movilidad provoca seguir con el incremento continuo de la motorización de los desplazamientos, que ha aumentado en un 2,5% el consumo. Así, el resultado evidente es un incremento del consumo de combustibles fósiles, que está muy por encima del resto de indicadores económicos, lo que indica la adicción del modelo económico español al petróleo«, recalcó Ecologistas en Acción. Por ello, en relación al transporte público, destacan una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero gracias a la renovación del parque móvil, aunque cree que los gobiernos locales no fomentan su uso con medidas suficientes, como la limitación del tráfico en las ciudades.

Esta organización considera «profundamente irresponsables» algunas medidas del Gobierno como «la política contraria a las renovables, la penalización al autoconsumo, las subvenciones a los sectores fósiles como el carbón, el apoyo a la energía nuclear o el recurso contra gobiernos locales y regionales que han manifestado su oposición al fracking«. «Esta actitud temeraria somete a todo el territorio español, especialmente frágil a las consecuencias del cambio climático, a un agravamiento peligroso del deterioro ambiental como consecuencia del calentamiento global», apostilló.

Ecologistas en Acción indicó que España debería ser un país «puntero» en el uso de las tecnologías renovables pero «sigue apostando irresponsablemente por la continua quema de fósiles como única forma de desarrollo«. «Es urgente y necesario dejar atrás esta visión cortoplacista e insostenible, abordando con la mayor urgencia un cambio radical en el modelo actual de producción y de consumo, que consiga disminuir las emisiones contaminantes y alcanzar la justicia social y ambiental», concluyó.

Los británicos decidirán cómo gastar más de 1.000 millones de libras de los impuestos al fracking e incluso podrán repartírselos

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Europa Press / EFE.– Los ciudadanos británicos que vivan cerca de explotaciones de fracking elegirán cómo gastar los recursos del Fondo Soberano del Esquisto (SWF) que será dotado mediante un 10% de la recaudación fiscal por la explotación de este tipo de energía, lo que proporcionará 1.000 millones de libras (1.178 millones de euros) a lo largo de 25 años, que las comunidades afectadas podrán destinar a mejorar infraestructuras, financiar proyectos comunitarios o incluso a la distribución de un pago directo a los hogares.

El Gobierno del Reino Unido ha lanzado una consulta pública sobre cómo deberá gestionarse este nuevo fondo soberano, cuyos recursos «consistirán inicialmente de hasta el 10% de la recaudación por impuestos a la producción de gas de esquisto» y que deberán destinarse al beneficio de las comunidades que acojan las explotaciones. «Las comunidades que acojan la actividad de fracking deberían beneficiarse directamente más allá del esperado impulso a la economía local», señala el Gobierno, que subraya su intención de que los hogares de estas comunidades obtengan «ganancias directas» de los beneficios del desarrollo del fracking.

De este modo, el Ejecutivo plantea varias opciones para que estas comunidades puedan influir en cómo se gestiona el fondo y en qué se gasta el dinero, que las autoridades calculan en 1.000 millones de libras a lo largo de los próximos 25 años. «Proponemos inicialmente establecer un pago máximo de 10 millones para cada comunidad o región vinculada a una explotación de esquisto durante la vida útil de la misma, que probablemente sea de unos 25 años», plantea el Gobierno, aunque apunta que «esto podría revisarse en el futuro».

La primera ministra británica, Theresa May, avanzó que prevé pagar directamente a los ciudadanos una proporción de los beneficios obtenidos con los impuestos sobre el fracking, mientras que el Ejecutivo anterior planeaba entregar esos fondos a las autoridades locales de las áreas afectadas. El proyecto, que está en fase de consultas, significaría que cada familia podría recibir entre 5.000 y 20.000 libras, es decir, de 5.850 a 23.400 euros. May, que asumió el cargo en julio, apuntó que el mismo modelo podría ser aplicado a otros ámbitos, como en los impuestos sobre nuevos desarrollos inmobiliarios, cuyos beneficios irían también a parar personalmente a los residentes.

«El Gobierno que lidero estará siempre guiado por el interés de la mayoría de familias ordinarias, para las que la vida es más dura de lo que muchos políticos piensan», afirmó. «Este anuncio es un ejemplo de cómo poner esos principios en acción. Se trata de asegurarse de que la gente se beneficia personalmente de las decisiones económicas que tomamos, y no solo los ayuntamientos, para que puedan retomar el control de sus vidas», agregó.

Asimismo, el Gobierno británico señala que este fondo soberano del esquisto supone «nueva financiación», subrayando que no servirá como reemplazo de financiación pública existente y que será adicional a cualquier beneficio proporcionado por la industria del fracking mediante sus paquetes de beneficios comunitarios. La consulta planteada por el Ejecutivo del Reino Unido pretende así examinar qué prioridades debe asumir el Gobierno en la gestión del SWF, así como en la asignación de los recursos, incluyendo los potenciales modelos de reparto para asegurar que los hogares y comunidades próximos a las explotaciones se benefician y deciden cómo se gasta y en qué se gastan los recursos.

UK Onshore Oil & Gas (UKOOG), entidad que agrupa a las empresas desarrolladoras de explotaciones de gas de esquisto, ha dado la bienvenida a la iniciativa del Gobierno de establecer este nuevo fondo soberano. «UKOOG sigue creyendo que la población local debería compartir el éxito de nuestra industria y ser recompensada por acoger explotaciones en beneficio del resto del país y por eso lanzamos en 2013 un plan de beneficios comunitarios al que se suma este fondo», destacó la organización.