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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos rechaza la propuesta de los expertos de subir el gasóleo un 28,6%

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EFE.– La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las propuestas presentadas recientemente al Ministerio de Energía realizadas por parte de la comisión de expertos que está trabajando en la ley de Transición Energética, ha mostrado su «completo rechazo» al aumento sugerido al impuesto del gasóleo como vía para descarbonizar el transporte, según ha indicado.

En concreto, la organización agraria es contraria a la postura de esta comisión que presupondría que la fiscalidad es la única manera para disminuir las emisiones y, por este motivo, habría propuesto el aumento de los impuestos hasta incrementar el precio del gasóleo un 28,6%, mientras que para la gasolina este incremento sería sólo del 1,8%. Según estiman, los agricultores tendrían que pagar 200 millones de euros más al año por el gasóleo agrícola que consumen en sus labores. Igualmente, consideran que las propuestas realizadas están más enfocadas a los problemas de contaminación de las grandes ciudades, afectadas por las emisiones de óxido nitroso y de partículas, olvidando que los vehículos de gasolina emiten CO2.

Sin embargo, la organización ve positivas otras observaciones realizadas por el grupo de expertos en relación a mejorar la electrificación en todo lo que sea posible, propuesta que han realizado desde hace años sin que se ponga en marcha por las administraciones un verdadero plan de electrificación. En este sentido, Unión de Uniones destaca que, no sólo no se ha hecho el plan sino que el agricultor está obligado por los peajes a pagar por un suministro eléctrico que no utiliza en temporada baja, desincentivando el consumo de energía eléctrica frente a los combustibles fósiles.

Por todo ello, la organización considera importante «abrir un diálogo» con los profesionales del campo, la industria alimentaria y la de maquinaria agrícola antes de hacer que los costes de producción para el agricultor y los consumidores finales se incrementen de manera injustificada, sin haber planteado antes otras medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad y la eficiencia. «No se pueden poner impuestos al sol y luego criticar que no se usan lo suficiente las energías limpias. Estamos concienciados con los problemas ambientales y somos los primeros que nos sentimos amenazados por el avance del cambio climático y aprovecharemos cualquier herramienta innovadora que pongan a nuestra disposición para contribuir al combatirlo», aseguraron desde Unión de Uniones.

Nadal se muestra en contra de los expertos sobre el traspaso de algunos costes del sistema eléctrico a los Presupuestos

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha mostrado en contra de traspasar costes del recibo de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética. En este sentido, Nadal afirmó estar a favor de que los costes del sistema eléctrico, «que son históricos y debido a decisiones muy precipitadas», se sigan pagando «como costes energéticos» y no trasladarlos al contribuyente.

Concretamente, los expertos proponen en su informe sacar de la tarifa eléctrica costes que actualmente recaen en la factura eléctrica a los presupuestos del Estado. Para financiar esos costes, el comité de sabios propone crear nuevos impuestos medioambientales y cambiar el modelo actual de financiación de las energías renovables, repartiendo su sobrecoste entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Así, Nadal consideró que la política energética, «más que trasladar sus problemas a los Presupuestos, lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes», por lo que defendió «hacer reformas, evitar que entren nuevos costes en el sistema e intentar que esos costes bajen en beneficio de los consumidores».

No obstante, el ministro de Energía valoró «el trabajo bastante único en España» realizado por el comité de expertos, conformado por representantes de todos los grupos parlamentarios y agentes sociales, ya que en energía «es imposible encontrar algo perfecto» y con este trabajo han puesto sobre la mesa «las ventajas y los inconvenientes» de todas las propuestas. «A partir de ahí han lanzado una idea. Si queremos descarbonizar la economía española tendremos que consumir más electricidad y menos coche, y ellos hacen una propuesta fiscal y otras propuestas desde el punto de vista energético para llegar a ese objetivo», apuntó.

Respecto a la energía nuclear, señaló que los expertos respaldan que su supresión supondría la ventaja de «tener menos residuos», aunque también apunta como desventajas que habría más emisiones y subiría del orden de «unos 2.000 o 3.000 millones de euros el coste de la generación eléctrica a todos los españoles, que es más o menos como un 20-25% en el precio del mercado mayorista».

En lo que se refiere al carbón, el ministro destacó que si se cumpliesen las previsiones de subida del precio de los derechos de emisión de CO2 «en un momento determinado dejará de ser competitivo». Eso sí, subrayó que, a los precios actuales de los derechos de emisión, la desaparición de las plantas de carbón implicaría un encarecimiento de los costes de generación de electricidad.

Sobre las energías renovables, Nadal señaló las «enormes dificultades técnicas, no solo por los altos costes para los consumidores» con que cuentan, debido a que no es tan fácil sustituir energías ordinarias por verdes, que tienen el problema de que son impredecibles y dependen del viento, la lluvia y el sol. A este respecto, afirmó que «la gran incertidumbre es saber cómo va a evolucionar la tecnología de aquí a 30 años». «No lo sabemos, por eso hay que actuar con prudencia porque ya hemos pagado unas renovables caras y seguimos pagando un auténtico dineral todos los meses en la factura de la luz», añadió.

«Juego de trileros» para Facua

Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha calificado de «juego de trileros» la propuesta de los expertos sobre Transición Energética de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes, que sería de un 28% para el gasóleo, un 2% para la gasolina y un 6% para el gas consumido en los hogares. En este sentido, la asociación de consumidores denuncia que estas medidas son «un caramelo envenenado» y critica que la subida de impuestos en carburantes perjudicará a aquellos consumidores que menos tienen, «ya que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles«.

«Al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes», destaca Sánchez. En definitiva, Facua considera «descabellada» la propuesta de los expertos porque «perjudica al consumidor». Además, desde su punto de vista, censura que el planteamiento de los expertos «rehuya una intervención gubernamental en el sector eléctrico para bajar unos precios hinchados a partir de las medidas especuladoras que desarrolla el oligopolio».

Ha recriminado que los expertos defiendan «no perjudicar los intereses del sector eléctrico mediante más tributos que castigan al que menos tiene a través de una subida de los impuestos indirectos, como el IVA» y también con un «desproporcionado» aumento de la fiscalidad del gasóleo para potenciar los vehículos eléctricos o híbridos. Asimismo, el portavoz de Facua ha rechazado la propuesta de los expertos de prolongar la vida de las centrales nucleares, con la que se muestran favorables a los «intereses del lobby nuclear», lo que a su juicio es el resultado «de haber seleccionado expertos acorde a la ideología del Gobierno y de los intereses de las grandes empresas».

Para el portavoz de Facua, «el Gobierno del PP ha elegido un grupo de expertos de ideología conservadora que no apuesta precisamente por la intervención estatal sobre los oligopolios para frenar sus abusos» y acusa al Ejecutivo de «no querer tocar al sector energético y seguir permitiéndoles que especulen con la luz«. Así, la asociación considera que la única medida «indispensable» que debería tomar el Gobierno es la de intervenir el sector eléctrico, ya que de esta forma podría impedirse que «el lobby eléctrico consiga beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos».

CETM no quiere más impuestos

Por otro lado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha manifestado su «total oposición» a la subida que sobre los impuestos a los carburantes propone la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y ha añadido que tendría consecuencias inflacionistas. La CETM opina que con la medida se incrementaría el precio final de todos los productos y reduciría, por tanto, el poder adquisitivo de los ciudadanos. La propuesta, según la CETM, «incidiría de forma desproporcionada e injusta» sobre el transporte de mercancías por carretera, que a su juicio es el «principal» consumidor de hidrocarburos.

Otro factor negativo para CETM si se aplicasen las medidas es que «dificultarían enormemente» la exportación de productos nacionales, como frutas y verduras, componentes de automoción, vehículos, productos químicos, textiles, siderurgia o papel. El comité de sabios plantea nuevos impuestos medioambientales, uno de ellos a las emisiones de CO2, y un recargo para financiar las renovables. Además, el grupo de expertos propone crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas», que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias.

La comisión de expertos propone subir un 28,6% el gasóleo, un 5,8% el gas y bajar un 6,8% la luz

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Europa Press.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% en la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico.

La comisión, que ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno, considera que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual. El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que el que contamina, paga. El documento incluye 3 límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.

Propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, para la electricidad y el gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia «ya que la mayor penetración renovable en nuestro país permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España», explica Sanz, presidente de la comisión de expertos. El informe apunta a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.

En lo que respecta a la generación eléctrica con carbón, el informe apunta a que con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50 euros por tonelada previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula, por lo que prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en el año 2030.

Mejor fijar pagos por capacidad

El informe también contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación «que, pudiendo ser redundantes actualmente, podrían necesitarse cuando se recupere la demanda de electricidad«. Esto podría ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años.

La comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso «para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara» respecto de otras fuentes energéticas alternativas (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y, con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables. Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.

«Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala», apunta Sanz. Por ello, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. «Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía», explica Sanz.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas. Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización, será necesaria la reconversión energética del parque de edificios, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.

El informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético, pero financiado desde los Presupuestos. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), «siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas», con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes. Por último, la comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático.

El Ministerio de Energía considera «lógico» avanzar de forma gradual en la imposición energética que recomiendan los expertos

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera «lógico» que se avance en la imposición medioambiental que propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética, aunque apuesta por que ésta se lleve a cabo de una «forma gradual«.

Fuentes del Ministerio han explicado que los expertos no plantean un único escenario válido, sino diferentes variables, y apuestan por que se adopte un suelo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para que este importe se use como financiación del traspaso de costes de la factura de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Estas medidas tendrían un problema, ya que si son adoptadas por un país en particular pueden suponer una merma en su competitividad, puesto que puede provocar que las industrias se deslocalicen y que se vayan a otros países, y no es que se deje de emitir CO2, sino que se emite en otro lugar», explicaron desde Energía.

En cuanto a las recomendaciones del documento, desde el Ministerio de Energía apuntan que España, en los diferentes escenarios que se manejan, cumple con los objetivos de emisión de CO2 con un impuesto de 15 euros por tonelada, por lo que estas medidas podrían ser demasiado ambiciosas, lo que da margen para cumplir con ellas «de una forma más gradual». Dichas fuentes apuntaron que los expertos, en su informe, hacen recomendaciones que traspasan el ámbito de la cartera de Energía, como puede ser la reforma fiscal que supondría trasladar los costes de las renovables, de los sistemas extrapeninsulares y de la deuda del sistema eléctrico a los Presupuestos del Estado, lo que haría más propicia la electrificación de la economía.

Esta reforma fiscal, según la comisión, lograría un abaratamiento del 6,8% del precio de la luz, aunque implicaría un recargo de otras energías finales, principalmente las fósiles, con un aumento del precio del gasóleo de automoción del 28,6%, de la gasolina del 1,8% y del gas natural del 5,8%. También sería necesario un aumento del tipo impositivo del IVA general para todos los productos de entre 1,1 y 1,3 puntos, en función del escenario analizado. «La subida del IVA propuesta es muy ambiciosa si se quiere adoptar a corto plazo», aseguraron, aunque indicaron que sirve como un punto de partida para ver qué medidas se pueden tomar de forma gradual.

Dicho documento recoge que la reforma fiscal y de los peajes serviría para eliminar el cargo transitorio al autoconsumo eléctrico sin que se generen distorsiones entre los consumidores. Fuentes del Ministerio han explicado que lo lógico es avanzar gradualmente en la aplicación de impuestos medioambientales para equiparar a España con otros países europeos, pero han subrayado que las propuestas del grupo de sabios tienen «implicaciones de todo tipo» que «hay que calibrar con cuidado», por ejemplo en la financiación autonómica y en el coste de los carburantes y el gas natural. Eso sí, todos los escenarios analizados muestran una penetración «muy elevada» de energías renovables.

Apuntaron que existe en la actualidad consenso político entre los grupos parlamentarios para avanzar en la transición energética. El informe del grupo de expertos se remitirá a la Comisión de Energía del Congreso y al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la futura Ley de Transición Energética. El Ministerio cree que lo lógico sería iniciar el debate sobre el informe presentado «cuanto antes» e incluir las conclusiones en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, que se debería presentar antes del 31 de diciembre. «La idea es convocarlo cuanto antes en el Congreso y lo ideal es contrastar los resultados de esta discusión con los expertos en el Plan Nacional de Energía y Clima», explicaron desde Energía.

Respecto a la energía nuclear, desde Energía destacaron que el informe de los expertos resalta que esta energía tiene un papel «determinante», por lo que sería razonable alargar 10 años su funcionamiento, y añade que prescindir de las centrales nucleares supondría un aumento de las emisiones de casi el 100% en el escenario de referencia y del coste variable de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales en función del escenario, es decir, del 20%. «Si las centrales cierran con 40 años podría haber riesgo para el contribuyente; habría que analizar dicho riesgo y ver quién lo tendría que asumir. Habría que ver si se equipara a otros países europeos», aseguró Energía.

Sobre el futuro de las centrales de carbón, las fuentes de Energía han recalcado que dependerá de la evolución de los precios de los derechos de emisión de CO2. En los escenarios contemplados por el informe, con precios muy elevados de los derechos de emisión (de 50 y 206 euros por tonelada), la generación con carbón dejaría de ser competitiva. Sin embargo, las fuentes del Ministerio han explicado que con un precio de 7,5 euros por tonelada (similar al registrado en 2017), el coste de generación podría reducirse un 45% si se mantienen todas las centrales de carbón, sin poner en riesgo los objetivos medioambientales.

Los expertos proponen subir la fiscalidad sobre los carburantes, frente al rechazo de los transportistas, para fomentar la movilidad sostenible

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Europa Press / EFE.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) rechaza «de forma rotunda» la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y califica como «brutal» la subida que propone en los impuestos a los carburantes. Los expertos proponen fiscalidad vinculada al CO2, con un incremento del tipo aplicable al gasóleo y extender «ese refuerzo de la señal medioambiental a los impuestos locales afectados», entre los que se encuentra el impuesto de circulación de los ayuntamientos.

Este informe, entregado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, apunta que el transporte ha sido el «principal responsable» del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España en el período comprendido entre 1990 y 2015, por lo que apuesta por la expansión de los vehículos eléctricos para reducir este impacto negativo. No obstante, indica que la penetración en el mercado de este tipo de vehículos, aún reducida, estará condicionada «de modo muy destacado» por el coste de dichos vehículos y por la evolución que experimenten las baterías y, por lo tanto, la autonomía.

La comisión de sabios considera que la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia vehículos de energías alternativas, «sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables», y prestando «especial atención» al cambio de fiscalidad como instrumento «imprescindible» para facilitar la transición a una movilidad sostenible. Por ello, dicho grupo de expertos, con el fin de facilitar la transición a una movilidad baja en emisiones, se muestra a favor de establecer una estructura de peajes de acceso que favorezca un uso eficiente de la red eléctrica.

En esta línea, defiende avanzar en una exploración de medidas proactivas por parte de las administraciones locales que, además de fomentar el transporte colectivo como estrategia para reducir las emisiones, también incentiven la movilidad no contaminante. El informe recomienda, a su vez, vincular los apoyos a los vehículos con energías alternativas a las emisiones de CO2 evitadas y considerar, en tanto que se procede a la creación de una fiscalidad vinculada al CO2, un incremento del tipo aplicable al gasóleo.

Igualmente, los expertos proponen garantizar un entorno adecuado para la I+D+i del coche eléctrico en España ya que “sería vital”, aseguran, debido especialmente a la relevancia que tiene el sector del automóvil. También proponen proporcionar un entorno «adecuado y prudente» para la expansión de los puntos de recarga de coches eléctricos. En cuanto a los biocarburantes, el informe apunta que la medida más eficiente «sería financiar renovables eléctricas más que mezclar biocombustibles», por lo que apuesta por contribuir a un Fondo de energías renovables, con el fin de profundizar en la neutralidad ecológica y lograr una descarbonización al mínimo coste.

Además, resalta que la descabornización del transporte de mercancías tiene su máximo potencial con el uso de camiones eléctricos para el tráfico ligero de mercancías y de vehículos industriales de gas para tráfico más pesado y el traspaso de parte del transporte al tren. Para ello, advierten de que hace falta un mayor impulso para superar barreras que frenan su desarrollo, como la falta de capilaridad de la red ferroviaria, la necesidad de invertir para eliminar cuellos de botella, el desdoblamiento de vías y su electrificación, así como el incremento del parque de máquinas eléctricas.

Fenadismer rechaza la presión fiscal

Según Fenadismer, el informe del grupo de expertos «supone desconocer la realidad del sector del transporte por carretera», tanto en materia fiscal como en su contribución al medio ambiente. Fenadismer ha subrayado que las cargas fiscales del transporte por carretera «contrastan con los beneficios fiscales de los que disfrutan» otros medios, como el transporte aéreo, el marítimo o el ferroviario.

Además, los expertos proponen crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas«, que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias. No obstante, este comité de sabios precisa que las infraestructuras, tanto las viarias como las energéticas, pueden tener un impacto positivo en la economía y en la equidad interterritorial, lo que justificaría que una parte de la inversión se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado. Los expertos consideran que los consumidores de los distintos productos energéticos deberían financiar las infraestructuras asociadas a su consumo, tal y como ocurre actualmente con las redes eléctricas y gasistas.

En el caso de las infraestructuras viarias, el informe plantea tres opciones: crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo de automoción que permita recuperar las inversiones en la red de carreteras; establecer un sistema de «viñetas», como ocurre en otros países europeos, que deberían pagar los propietarios de vehículos por el uso de las vías; o una combinación de ambas. Según los expertos, la introducción de las «viñetas» sería «imprescindible» a medida que se extiendan los vehículos de combustibles alternativos, como el coche eléctrico, que no consumirán ni gasolina ni gasóleo. El informe cifra en 12.520 millones de euros la inversión anual en construcción y mantenimiento de carreteras.

En todos los casos, el informe aconseja exenciones fiscales para mitigar el impacto de estos impuestos y recargos en colectivos sensibles como los profesionales del transporte o los agricultores. El documento elaborado por el grupo de expertos aboga por sustituir los actuales impuestos energéticos por otros que internalicen los daños medioambientales derivados de la generación y el consumo de energía. Concretamente, plantea 2 nuevos impuestos, uno para las emisiones de CO2 y otro para otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas). Estos nuevos gravámenes recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad y sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo.

Además, los expertos proponen cambiar el mecanismo de financiación de las renovables, que ahora recae en la tarifa eléctrica, y sustituirlo por un recargo a todas las fuentes de energía final. Según los cálculos del comité de sabios, estas medidas abaratarían la factura eléctrica pero encarecerían el gas natural, el butano, la gasolina y, sobre todo, el gasóleo. En el caso de la electricidad, disminuirían los peajes aunque subiría algo el precio mayorista por el impacto del impuesto al CO2.

El director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia, advirtió del efecto negativo que tendría para el sector y para las exportaciones españolas una eventual subida de los impuestos que gravan los carburantes. Valdivia recordó que la mayoría de las exportaciones hacia Europa «viaja por carretera». Valdivia avanzó que, si la subida fuera inevitable, el sector exigiría que se aplicase la figura del «gasóleo profesional» para compensar los efectos negativos.

El director general de Astic subrayó que el sector ya soporta bastantes impuestos, más de 10.000 millones al año, y se quejó de que regularmente «se vuelve la vista hacia la carretera» cuando se necesita aumentar la recaudación. Valdivia ha criticado la tentación de «escudarse» en las emisiones de CO2 para justificar una subida impositiva a los carburantes. En este sentido, ha explicado que los camiones y los autocares sólo representan el 6% de las emisiones de CO2 de Europa, muy lejos de otras actividades.

Más renovables y un nuevo impuesto al CO2 para aligerar la factura eléctrica, claves del informe del comité de expertos

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EFE.- El comité de sabios creado por el Gobierno para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos climáticos: una apuesta decidida por las energías renovables y un nuevo impuesto al CO2, que financiaría los actuales sobrecostes en el recibo de la luz. Ahora toca desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima.

El informe Análisis y Propuestas para la Descarbonización, es fruto de 8 meses de trabajo de 14 expertos nombrados por el Gobierno a propuesta de los grupos parlamentarios, sindicatos y patronal. Plantea escenarios para que España cumpla sus compromisos del Acuerdo de París y contra el cambio climático en 2030: una reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida procedente de renovables y un 30% de ahorro energético. Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.

De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx). El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por tonelada), al igual que en Reino Unido.

Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables) y la supresión de dos impuestos, el de generación eléctrica (7%) y el de electricidad finalista (en torno a un 4,5%). Esos sobrecostes se pagarían vía presupuestos generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales. La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el impuesto al sol. En la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañarían de una subida de los impuestos del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29% y un 2%, respectivamente.

Otra recomendación clave del informe es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década. Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación eléctrica renovable: 10% hidráulica, 20% eólica (con 31.000 megavatios instalados, MW), 27% fotovoltaica (47.150 MW), 1% termosolar y 4% otras renovables. Además, España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal, pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con renovables.

Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables, dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados en la factura energética final de España, muy dependiente de los combustibles fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria, porque los hogares y la movilidad seguirían dependiendo del petróleo y el gas. Un 29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca la Unión Europea pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo, cuya consecución, de acordarse a nivel comunitario, requeriría de mayores esfuerzos en electrificación del transporte y la edificación.

Nuclear o gas como respaldo

Aunque el informe no es vinculante, sí debe inspirar el debate para el desarrollo de políticas que, por ser de gran calado y a largo plazo, requieren un amplio consenso. Ante las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a 2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que asegure el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico en caso de menos recurso solar o viento. Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.

Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas. Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración. Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.

El Congreso cuenta con una Comisión de Cambio Climático que lleva una década escuchando a ponentes de los ámbitos más diversos relacionados con la transición y todos coinciden en la misma petición a los partidos: pacten una regulación estable para cumplir los objetivos climáticos para que todos puedan saber a qué atenerse en sus decisiones. Además, en la transición hacia una economía descarbonizada, habrá perdedores a los que hay que anticipar soluciones económicas y sociales.

El reto de la descarbonización es «colosal», según reconocen los expertos, porque requiere poner patas arriba el modelo de producción y consumo imperante, pero si se aborda bien y a tiempo presenta grandes oportunidades para la competitividad y el empleo dado el buen posicionamiento de partida de España en las energías del futuro, con sol y viento. De las dos normas que asesorará este documento, la más avanzada es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se cerrará, previsiblemente, en las próximas semanas tras pasar por la comisión interministerial que lo estudia.

Según fuentes consultadas, la ley pasará en breve por el Consejo de Ministros y, tras el informe del Consejo de Estado y un periodo de información pública, llegará al Parlamento antes del cierre estival, para su debate en otoño. Dadas las diferentes velocidades en los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, la futura ley hablará de la obligatoriedad de ir desarrollando planes nacionales integrados de energía y clima, marcará los contenidos de los mismos, e incorporará el primero en cuanto esté acabado pero sin necesidad de esperarlo para su aprobación.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que no presentará el plan (2021-2030) hasta que no concluyan las negociaciones europeas para cerrar los objetivos a 2030, ya que está en liza pasar de un 27% de renovables a un 35%, si bien no podrá dilatarlo más allá de 2018, cuando la Unión Europea exige el primer borrador. El Gobierno lleva años anunciado una Ley de Cambio Climático y la oposición años reclamándola; se acerca el momento de ponerse de acuerdo.

Aragón impugna la orden del Estado que permite a las compañías eléctricas cobrar recargos territoriales por impuestos medioambientales de 2013

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EFE.- Aragón impugnará por la vía contencioso- administrativa la orden estatal de enero de 2018 por la que se faculta a las empresas a establecer recargos territoriales en función de los tributos medioambientales vigentes en 2013, es decir, el ICA y el Impuesto de Emisiones Contaminantes.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, explicó que se ha autorizado iniciar las acciones judiciales necesarias para que se anule esta orden, que permite a las eléctricas aplicar recargos en las facturas de los consumidores aragoneses para compensar determinados impuestos autonómicos, únicamente referidos al año 2013, año en que se aprobó la ley del sector. En cualquier caso, la orden no permite a las eléctricas cobrar ya el suplemento, sino que es una «primera fase». Como para fijar el suplemento es necesario conocer el importe de los impuestos que han soportado las compañías eléctricas, la orden se limita a identificar estos impuestos y remite a una segunda orden para cuantificar de forma precisa el suplemento.

De este modo, Aragón presenta el recurso de forma «casi preventiva» para que el canon de saneamiento en 2013 y el impuesto de emisiones contaminantes no se consideren impuestos que afectan al suministro eléctrico. El Gobierno de Aragón considera que ni los consumidores tienen que soportar los impuestos exigidos a las empresas suministradoras de energía ni el Ministerio puede decidir que estos impuestos los paguen los ciudadanos de la comunidad.

La Junta de Castilla y León defiende su plan de reindustrialización de Garoña y el impuesto a los residuos radiactivos

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EFE.- La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido la actuación de la Junta para reindustrializar Garoña y precisó que está en proceso de información pública hasta el 13 de abril un anteproyecto de ley para regular un impuesto a residuos temporales radiactivos en la zona. Así respondió Del Olmo a Virginia Jiménez Campano, procuradora socialista, quien ha preguntado cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta tras el cierre definitivo de la central nuclear.

Del Olmo insiste en que hay un plan de reindustrialización para la zona y que se estudia el referido impuesto a residuos radiactivos para destinar sus fondos a la comarca. La consejera recordó que en 2009 «ya había un acuerdo del consejo de ministros que hablaba de un plan de reindustrialización y que entonces se vendió humo con este asunto, ya que el PSOE tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo». Del Olmo ha señalado que los trabajos de desmantelamiento pueden durar 10 años y ha concluido precisando que la Junta va a «ayudar decididamente a la reindustrialización».

La Fundación Renovables propone que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables plantea que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025, según el documento presentado Hacia una transición energética sostenible, con 200 medidas «urgentes e ineludibles» para realizar la transición energética en España. La Fundación propone un plan de cierre progresivo de las centrales de carbón que comience en 2018 y que culmine en 2025, así como la eliminación de todas las subvenciones a la minería y al uso del carbón.

Además, propone que no se den pagos por capacidad a las centrales de carbón que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora (Kwh) y un plan de «transición justa» para las zonas afectadas por la desaparición del carbón. José Luis García Ortega, patrono de la Fundación, ha denunciado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, está empeñado en que las plantas de carbón no se cierren y ha pedido a los grupos parlamentarios que no apoyen la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso para ampliar los criterios a tener en cuenta para el cierre de centrales valorando la posibilidad de mantener una central si su cierre incrementara los precios de la electricidad.

En cuanto a las centrales nucleares, la Fundación Renovables propone un cierre programado a medida que vayan expirando las licencias actualmente en vigor, con lo que la última cerraría en 2024. También pide que los costes de desmantelamiento de las centrales y el tratamiento de los residuos los asuman las empresas. Además, reclama que el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) siga paralizado hasta que no haya un plan de cierre de todas las nucleares.

El presidente de la Fundación, Fernando Ferrando, considera que se trata de una propuesta «proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista» que parte del convencimiento de luchar contra el cambio climático y contra «las graves disfunciones del sistema energético» en España, así como para lograr una significativa reducción de las emisiones. Por ello, ve imprescindible electrificar la demanda de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo. La propuesta parte de que la ciudad es el escenario del cambio energético, ya que en ellas reside el 80% de la población y consumen el 75% de la energía.

El documento, que plantea un escenario hasta 2030, gira en torno a desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el 50% de esa demanda de energía en España corresponde a productos petrolíferos, frente al objetivo de la Fundación Renovables para 2030 de que el 50% se cubra con renovables, multiplicando su peso por tres. Por tanto, aboga por reducir el petróleo del 50% al 22% a 2030; reducir la dependencia del 83% al 50% y frenar las emisiones un 59%, pasando de las 255 mtn de CO2 de 2015 a 104 Mtn. Ese objetivo supondría que la electrificación de la demanda pasara de un 25% en 2015 a un 50% en 2030 y que la generación renovable llegara al 80%.

Cuota del 10% en autoconsumo

La Fundación Renovables, que propone anular las medidas retroactivas en la retribución de estas energías y la repotenciación de 15.000 MW hasta 2030, calcula que habría que instalar 85.000 megavatios (MW). La Fundación Renovables exige derogar el decreto de autoconsumo, simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la incorporación de baterías y el desarrollo del autoconsumo compartido con el fin de que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de cobertura de la demanda de la electricidad. Asimismo, propone que no se limite la potencia de estas instalaciones y que se permitan las compras y ventas de energía entre particulares.

El documento recoge también propuestas para erradicar la pobreza energética. La Fundación considera ineficaz el actual bono social y propone una tarifa social. La Fundación Renovables propone rehabilitar 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética, lo que representa el 3% del parque actual. De esta forma, en 2030 estarían adaptadas todas las que lo necesitan. También se propone actuar en los edificios públicos, rehabilitando el 5% de ellos cada año. Plantea eliminar el consumo de combustibles fósiles con sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor. Por ello, propone prohibir las calderas de carbón a partir de 2021 y las calderas de gasóleo a partir de 2025.

En materia de movilidad, la Fundación Renovables propone prohibir la circulación de vehículos diesel en las ciudades en 2025, que en 2030 el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%. Asimismo, pretende minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo y emisiones y abandonar progresivamente los vehículos de combustión interna. «Apostamos por la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público y la implantación del vehículo eléctrico», comenta.

Por otro lado, otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico con la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020, modificar la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones, se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la electricidad que se consuma, transformando los costes fijos en variables. En materia regulatoria, pide sacar de la tarifa las políticas industriales y territoriales.

Entre otras propuestas plantea actuar de forma prioritaria sobre la demanda sobre la vía para mejorar la gestión del sistema eléctrico y una reforma de la política fiscal como herramienta «fundamental» mediante, por ejemplo, la incorporación en el IBI de las ineficiencias energéticas de los edificios. En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que «para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para el final».

En el ámbito de la fiscalidad, propone que esta se dirija a fomentar y penalizar las prácticas que se quieran limitar. Por ejemplo plantea modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos y aumentar el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Con esta medida calcula que recaudarían aproximadamente 3.500 millones de euros que se destinarán a planes urbanos, rehabilitación de viviendas, sustituir calderas por bomba de calor, mejorar la domótica o instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La Fundación Faes aboga por revisar la fiscalidad sobre las nucleares ya que son un “activo valioso” para la descarbonización

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Europa Press.- La Fundación Faes ha presentado el informe Claves de éxito de la transición energética, en el que considera necesaria la figura de una vicepresidencia económica que coordine y asuma las competencias relativas a la transición energética que hay abordar de cara al horizonte de 2030 y 2050. En este sentido, el presidente de la Fundación Faes y expresidente del Gobierno, José María Aznar, considera que la transición energética es un tema «estratégico para el país».

Por ello, Aznar ve como «lo más lógico» que existiese una vicepresidencia económica para esta función o una comisión delegada especialmente destinada a ello. «Pero me parece lo más eficaz para el proceso una vicepresidencia económica», subrayó. Asimismo, indicó que esta figura debería tener también las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, una cartera que, recordó, fue «creación» suya en su época. «Teniendo en cuenta los elementos conectados con la política energética, los elementos medioambientales van a ser vitales y que estén vinculados a esta vicepresidencia me parece fundamental», apuntó.

Esta propuesta se enmarca dentro del planteamiento de un acuerdo político para la gobernanza del proceso de transición energética que cuente con el sector privado y se apoye en la eficiencia económica y la competitividad. A este respecto, Aznar consideró que plantear acuerdos, complicados ahora debido al «fraccionamiento» existente en la política española, es «sentar las bases generales», algo que es el objetivo de la transición energética, por lo que es necesario «ser coherente en los discursos con las acciones«, y destacó que el fin de este documento es «abrir el camino hacia ese debate».

Así, la Fundación apunta que la transición energética requerirá un «exigente» proceso de tomas de decisiones en las que habrá que combinar rigor técnico, consenso político, acierto regulatorio e implicación de los actores. En su informe, apunta también como claves para la transición energética la existencia de estabilidad regulatoria y un marco institucional. «Me parece esencial. Es necesario saber a qué atenerse en un plazo razonable de tiempo, y eso significa seguridad jurídica. Todas las situaciones que puedan promover inseguridad deben ser mejoradas», añadió Aznar.

En lo que respecta a los objetivos de la transición energética, el documento valora que son «incompatibles con nada que no sea un sistema energético sin apenas emisiones, aunque destaca que hay que valorar que no todos los procesos industriales son susceptibles de electrificación, lo que requiere asegurar el suministro de combustibles fósiles. Además, cree necesario prestar atención «especial» a las redes, ya que son claves en la estabilidad de los sistemas eléctricos, los soportes físicos de los mercados y base esencial de la eficiencia.

En lo que se refiere a las nucleares, defiende alargar su vida útil hasta que sea posible, ya que la sustitución del parque plantearía construir casi 30.000 megavatios (MW) de nuevas renovables, con su correspondiente inversión adicional en potencia flexible de respaldo, lo que no parece «realista a corto plazo». Además, el informe subraya que su cierre inmediato «podría elevar significativamente los precios de la electricidad e incrementar considerablemente las emisiones de CO2. «Son un activo valioso y contribuye a precios bajos, por lo tanto cerrar un activo así antes de tiempo parece poco sensato», indicó Pedro Mielgo, coordinador del informe junto a Miguel Marín.

No obstante, para evitar este cierre del parque nuclear, Faes ve necesario revisar la fiscalidad que actualmente soporta la generación con esta energía. Sobrecargar una producción hasta que deje de ser rentable no parece una solución buena», añadió Mielgo. Respecto al autoconsumo, Mielgo defendió que jurará un papel importante a medida que el desarrollo tecnológico abarate los costes y aumente sus posibilidades, aunque recalcó que no se debe confundir con el concepto de impuesto al sol, que «no es ningún impuesto, sino el pago por la disponibilidad de la red, que es un principio innegable».