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Ciudadanos exige una auditoría y eliminar el impuesto sobre la electricidad para reducir la factura de la luz un 6%

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Redacción / Agencias.– Ciudadanos presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para auditar la factura de la luz y una proposición no de ley en la que exige que se elimine el impuesto especial sobre la electricidad que se mantiene desde 1997, de modo que la factura que los consumidores pagan por la luz se reduzca en algo más del 6%.

La portavoz adjunta y responsable de Energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, explicó que en enero el precio de la luz batió cotas que no se alcanzaban desde 2013 y su objetivo es que «los ciudadanos no sigan pagando los errores políticos que se cometen en la Cámara Baja o por los sucesivos Gobiernos», recordando que el impuesto especial de la electricidad fue creado en 1997 por José María Aznar para financiar las ayudas al carbón aunque después el de José Luis Rodríguez Zapatero lo incrementó. Más de 20 años después, esas ayudas se han reducido de 1.000 millones al año hasta apenas 25 millones en 2016, pero la recaudación del impuesto especial sigue utilizándose para financiar a las comunidades autónomas.

Por eso, Ciudadanos cree que se debe aprovechar la reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar que las comunidades reciben el dinero que necesitan sin tener que recurrir a este tipo de fuentes de ingresos. Así se podría suprimir el impuesto especial sobre la electricidad, que grava con un 5,11% el término de potencia contratada y el consumo del período facturado. A esa cantidad se suma el IVA, lo que eleva el efecto fiscal del gravamen hasta el 6,186%. Además, Ciudadanos recuerda que incluyó en el acuerdo de investidura la exigencia de realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, y reclamó un análisis de la factura para saber qué cargos se están repercutiendo a los ciudadanos.

Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rechazó la posibilidad de eliminar este impuesto porque sería necesario incrementar otra figura impositiva para hacer frente a los compromisos de reducción del déficit público. Algo que Ciudadanos rechaza, alegando que «hay mucho dinero que no se sabe dónde está» y que podría utilizarse para compensar la pérdida de recaudación. Como ejemplos, Rodríguez ha mencionado los fondos utilizados para rescatar a las concesionarias de las autopistas radiales o las cajas de ahorros, las cantidades no exigidas a los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, o los ahorros que podrían obtenerse eliminando el Senado o las Diputaciones.

Sube el mercado entre semana

Lo cierto es que después del fin de semana el precio de la electricidad en el mercado mayorista empezó la semana al alza, ya que el lunes se situó en 49,66 euros el megavatio hora (MWh), un 3,9% más que el viernes, cuando marcó una media diaria de 47,77 euros el MWh, según OMIE, el operador del mercado. Sin ir más lejos, el precio del lunes fue un 67% superior al del domingo (29,76 euros el MWh), pero no se trata de una comparación homogénea porque los fines de semana el coste de la energía suele muy inferior al de los días laborables, ya que la demanda baja al reducirse la actividad industrial y empresarial.

En cualquier caso, los precios en el mercado mayorista están ya lejos de los 91,88 euros el MWh marcados el pasado 25 de enero, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013 y que se alcanzó en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. La reciente moderación de los precios mayoristas se debe a la subida de las temperaturas y a las mejores condiciones meteorológicas. El mercado mayorista, también conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Miles de mexicanos reafirman con protestas su rechazo a la subida de los carburantes aunque el Gobierno frenó nuevas alzas

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EFE.- El Gobierno mexicano dio un respiro a los ciudadanos al frenar un nuevo aumento del precio de las gasolinas, después de que la subida de enero generara un amplio rechazo social, haciendo uso de ingresos excedentes para ampliar los estímulos fiscales. Sin embargo, miles de personas se manifestaron en varias localidades para protestar contra la subida de los precios de las gasolinas, si bien fueron manifestaciones menores a las de enero y no desencadenaron disturbios.

En Guadalajara miles de personas marcharon para mostrar su rechazo al alza del precio y para mantener la presión social contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las protestas fueron sensiblemente más pequeñas que las de enero, cuando el Gobierno subió entre un 14% y un 20% el precio de las gasolinas, una medida que desencadenó fuerte protestas sociales y disturbios y que antecede la liberalización de precios del sector, que arranca en marzo y se realizará por etapas a lo largo de 2017. Ahora se esperaba un nueva alza de los precios, pero el Ejecutivo anunció que se mantendrían sin cambios hasta el 17 de febrero, una decisión que se logró aumentando los estímulos fiscales al sector gasolinero.

La protesta de Guadalajara congregó unas 4.000 personas, según datos proporcionados por Protección Civil. En la marcha se pudieron leer pancartas con leyendas como No a la corrupción o No más gasolinazo, ya basta. La ciudadana Alicia Quevedo reconoció que acudió a todas las manifestaciones realizadas después del anuncio del «gasolinazo» pues no está de acuerdo con las reformas estructurales implementadas por el Gobierno federal. «Nos afecta a todos el gasolinazo, en el precio de la luz, en el gas, en la canasta básica. Por eso quiero que se vaya este gobierno corrupto», dijo la comerciante, que consideró que las marchas han servido para «presionar» al gobierno y dar marcha atrás en el alza en el precio de la gasolina.

Los manifestantes salieron de cuatro puntos diferentes de la ciudad para reunirse en el centro histórico, donde se tenía previsto quemar una imagen de cartón con la figura de Peña Nieto. «Peña Nieto escucha tienes que renunciar, o de lo contrario te vamos a quemar», gritaba el grupo de estudiantes universitarios que realizaron la figura y la llevaban atada a un palo. Asimismo, decenas de personas participaron en un bloqueo de gasolineras en Monterrey y su zona metropolitana, en el norteño estado de Nuevo León. Según el Congreso Nacional Ciudadano, la entidad que llevó a cabo la acción, se bloquearon los accesos de 176 estaciones de servicio, del alrededor de 600 existentes en el estado.

Convocados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), unos 2.000 integrantes marcharon contra el «gasolinazo» en Ixmiquilpan, Tulancingo, Mixquiahuala, Tula y otros 13 municipios del céntrico estado de Hidalgo. En la capital de Coahuila miles de personas salieron a las calles para protestar contra el alza de combustibles, en exigencia de una suspensión definitiva de la subida de precios. En Torreón y en Saltillo, norteño estado de Coahuila, colectivos ciudadanos también se manifestaron en una marcha que tuvo como caballo de batalla tanto la subida de las gasolinas como la corrupción política. En Ciudad Madero, en el nororiental estado de Tamaulipas, un reducido grupo de personas bloquearon un centro de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Gobierno frena nuevas subidas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que los precios de las gasolinas se mantendrán sin cambios hasta el 17 de febrero, producto de una «decisión política de suavizar las modificaciones en la dirección que indique el mercado». El subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, explicó que si hay «margen fiscal, ya sea por ingresos excedentes o por las medidas de austeridad», es posible suavizar las fluctuaciones en los precios «reduciendo ligeramente la tasa del impuesto a través de un estímulo fiscal». Explicó que de no haberse aplicado este estímulo fiscal en enero, el alza promedio de precios de entonces habría sido aún mayor.

Aún aplicando el estímulo, el aumento del precio de entre un 14% y 20% que entró en vigor en enero causó protestas ciudadanas en buena parte del país y disturbios que dejaron al menos 6 muertos, más de 1.500 detenidos y más de 680 tiendas saqueadas, con unas pérdidas estimadas en 90 millones de dólares. A raíz de ello, muchas voces se alzaron en contra de una nueva subida en febrero, tanto de la oposición política como del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que pidió al Ejecutivo poner en práctica todas las medidas a su alcance para evitar nuevos incrementos.

El subsecretario explicó que «ahora los excedentes sí nos dieron para mantener el precio» tras destacar que esta vez hubo una mejora importante tanto en el tipo de cambio frente al dólar como en los precios internacionales del petróleo, que generaron ingresos adicionales. «En enero no fue posible» por la volatilidad particularmente alta en diciembre y enero en el tipo de cambio y el precio internacional de las materias primas, dijo Messmacher, quien detalló que se seguirá aplicando esta misma política a futuro siempre que sea posible. «Tendremos que ver si realmente sí se van estabilizando los mercados» y si esto va a ser permanente o es algo temporal, apuntó.

A partir del 18 de febrero, los cambios en los precios máximos de las gasolinas serán diarios. La Comisión Reguladora de Energía los publicará en su web. El 30 de marzo arrancará la liberalización gradual de los precios en los mercados de gasolinas y diésel, a fin de permitir la libre fluctuación de precios en todo el país después de ocho décadas en las que fueron fijados por el Gobierno. El proceso comenzará en los estados fronterizos con Estados Unidos por ser la zona con mayor conectividad a diversas fuentes de suministro de combustibles y donde se concentra alrededor de 25% del consumo nacional, y concluirá el 30 de diciembre.

El Congreso de Perú elimina el impuesto en su factura eléctrica para financiar el Gasoducto Sur Peruano

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EFE.- La comisión permanente del Congreso de Perú aprobó de forma unánime eliminar un impuesto en los recibos del servicio eléctrico para financiar el Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuya construcción está paralizada a raíz de que el consorcio concesionario devolviera el proyecto al Gobierno.

El parlamento peruano remitirá de inmediato la norma al Ejecutivo, que tendrá 150 días naturales después de su promulgación para reglamentar la ley y devolver el importe a los usuarios del servicio energético. En el debate parlamentario intervino el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien estuvo de acuerdo con dejar sin efecto este cargo. La presidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, autora del proyecto de ley, defendió que las devoluciones deben tener efectos desde enero de 2015.

El impuesto eliminado se llama Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE) y servía para subsidiar al concesionario del gasoducto, de modo que sus ganancias durante los primeros años de operación, cuando el transporte de gas sería menor, fuesen iguales a los años posteriores, cuando operase de manera completa. El impuesto fue creado por el gobierno del presidente Ollanta Humala y actualmente implicaba un cargo adicional del 2,87% sobre el consumo mensual de electricidad.

La concesionaria Gasoducto Sur Peruano, compuesta por la constructora brasileña Odebrecht, la energética española Enagás y la constructora peruana Graña y Montero, devolvió la concesión al Gobierno por no haber logrado la financiación necesaria en el plazo marcado por el contrato. El proyecto Gasoducto Sur Peruano prevé una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.

Tomemos nota de este mes de enero

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Persiste un colectivo ideológico en torno al sector eléctrico que está intentando aprovechar este enero de incrementos de precio en el mercado mayorista para dar el salto desde su planteamiento inicial, que considera que el suministro eléctrico, además de un servicio esencial, debe ser un «bien público» sobre el que establecer determinados mecanismos sociales de apoyo por nivel de renta, a dar varios saltos mortales consecutivos: que el mismo debe ser intervenido, que se regule por costes reconocidos y si es posible que sea de titularidad del Estado, sin mercados que lo regulen.

¿Cómo se ha espoleado esta agitación antimercado en esta crisis? Intentando dirigir la fijación mediática desde las redes sociales y desde ciertas asociaciones en la atención al mercado mayorista eléctrico en las puntas horarias de precios que se han producido en este período, como cuándo se han alcanzado los 100 euros/MWh en determinadas horas. Resulta paradójico cómo, en su momento, cuando se proponían retribuciones reguladas a ciertas tecnologías superiores a los 300 euros/MWh, no existía controversia alguna. Añadamos, la difusión paródica respecto del impacto de la climatología en el precio de la luz, como si no influyesen la ausencia de viento y de recurso hidráulico en el mix eléctrico y el frío no disparase la demanda de los consumidores españoles.

Curiosamente, estos agentes fintan sobre el problema de los costes de acceso incluidos en el coste del suministro, sobre la renuncia a la revisión de la retribución e inversiones en el transporte eléctrico, sobre el sistema de subsidios cruzados existente en la tarifa, ni mencionan el problema de la abundante fiscalidad de la electricidad o aceptan/aceptaron retribuciones desmesuradas a determinadas tecnologías por ser del «régimen». ¿Cuáles son los defectos de la actuación de estos agentes? Que, al final, en definitiva, no buscan proteger al consumidor.

El fin último siempre es acabar con el mercado eléctrico y atacar a unos agentes concretos, lo cual obedece más a un objetivo de ideología política. De hecho, en ningún momento, se apunta de forma fiable en términos comparados el efecto en euros para el consumidor de este período punta del año, partiendo de una estructura de consumo de referencia y no de una interesada, que busca extrapolaciones exageradas en espacios temporales móviles y acomodaticios a los intereses del emisor.

Los medios de comunicación, pon su parte, han contribuido a ello inundando los programas con periodismo de interés social, en algunos casos sin darse cuenta de lo que se deslizaba, debido a la indigencia social en materia de conocimiento económico. Personas que iban a ser embargadas por no pagar la hipoteca y que… ¡además les iban a cortar la luz! Pero el problema es la pobreza energética. Y llenando de «todólogos»/opinadores sobre el precio de la electricidad las tertulias, alguno de ellos, autodenominados expertos, con chuscos severos errores conceptuales. Es la república independiente de Twitter.

Lo más importante es plantearse en un debate sin trampas qué bases tiene España para aspirar a un suministro permanentemente abaratado artificialmente o de forma intervenida, cómo abordar esta situación hacia el futuro, cómo abordar el encarecimiento general de la energía, cómo favorecer la eficiencia energética y cuáles son los mecanismos de protección y de política social hacia el consumidor vulnerable. Ahora que la crisis remite, debemos aprender de ello.

Seamos serios con los precios de la electricidad

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Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que suba el precio de un bien o suministro es algo negativo para los consumidores afectados, en un momento en el que, probablemente, las condiciones y situación económica de los ciudadanos de nuestro país siguen siendo precarias. Quiere decirse que es un problema; un problema, posiblemente, al mismo nivel que cuando hay oscilaciones al alza de los productos de la cesta de la compra o cuando también tienden al crecimiento los precios de los carburantes para ir a trabajar.

Lo que pasa es que, en el caso de la energía eléctrica en España, este proceso adquiere unos tintes demagógicos adicionales  cuando llega al debate político. Es decir es una cuestión que se presenta ante la opinión pública de forma incendiaria. Por un lado, porque se produce la negación de que la electricidad tenga que tener un precio (que, en todo caso, debería bajar siempre, de forma ilusoria) y, por otro,  porque se niega que deban de existir empresas eléctricas en su modelo de gobernanza.

En el año existen varios momentos punta en que esto se produce, aprovechados en el ámbito de la comunicación política asociada a esto para su tratamiento en términos de escándalo. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal ha terciado para argumentar que es previsible que aumente la factura de la luz una media de 7-8 euros al mes, es decir, unos 100 euros al año.

Además, no hay que olvidar que quedan muy pocas oportunidades para convertir esta cuestión en una ola mediática: si mejora la climatología, todo pasará, y si además se cierra el acuerdo para abordar el problema de los consumidores vulnerables severos, alargar el período de impago requerido para realizar el corte de suministro, y si se liga el bono social a la renta, las posibilidades de mediatización de esta cuestión se van a ver muy mermadas.

Por su parte, los expertos habituales consultados por los medios generalistas acuden a sus posicionamientos habituales: Retórica antiempresarial de corte retroprogresivo, la insinuación en referencia a las investigaciones de la CNMC (sin resultado alguno conocido en términos de existencia de comportamientos anticompetitivos). O acuden a mezclarlo todo, para que no se entienda nada: recoger las quejas de las comercializadoras pequeñas que tendrán que participar en el nuevo bono social o reclamar mejores condiciones para el autoconsumo, como bálsamo de fierabrás, o acudir al argumento bolchevique de mostrar con escándalo la cifra total de beneficios empresariales, sin ponerlos en relación con el tamaño del sector y sus empresas. Un argumentario más o menos trillado y previsible.

El hecho es que la energía eléctrica en nuestro país sube por las condiciones de oferta y demanda. La ola de frío ha disparado la demanda a niveles no conocidos en los últimos años en un momento en el que el parón de las nucleares francesas está haciendo a Francia importar nuestra electricidad (la lógica invita a pensar que lo hacen porque es más barata que otras opciones). Por otro lado, la oferta se ha visto afectada por la climatología, con una reserva hidráulica un 38% menor y una producción eólica no tan extraordinaria como la acontecida en enero de 2016, así como un contexto internacional marcado por el alza en los precios de las materias primas (gas, petróleo, carbón).

Dejando de lado el hecho de cifrar el volumen final de este crecimiento para el consumidor, la pregunta que hay que hacerse es si han llegado las condiciones en las que es posible que se produzca un incremento general de los precios de la energía, con el butano acumulando una subida del 14,5% desde julio, una subida limitada además en la revisión de enero al 5% máximo, por lo que es una subida actualmente  insuficiente para cubrir sus costes, con el gas que ha subido un 3,5% a principios de año, con una previsión de déficit de tarifa por parte de la CNMC de 450 millones de euros entre 2016 y 2017, con la gasolina y el gasóleo en máximos…

Por cierto, si la energía ibérica en el mercado mayorista es más barata que la francesa y los precios a los consumidores europeos son más bajos, ¿no sería cuestión de revisar el contenido de los costes de acceso, en lugar de dejar en manos de la turba la matanza? ¿Tampoco se va revisar esa gallina de los huevos de oro que es la fiscalidad aplicada en la energía? Seamos serios.

La Unión de Contribuyentes rechaza una subida de impuestos a los hidrocarburos, que ya están «maltratados por diversos gravámenes»

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Europa Press.- La Unión de Contribuyentes rechaza cualquier posible subida de impuestos a los hidrocarburos al considerar que tendría carácter «indiscriminado» y que estos productos se encuentran «maltratados» por diversos gravámenes. La organización señala que «diversos analistas próximos al Gobierno» están sugiriendo una posible subida de estos impuestos. «Estamos ante el típico globo sonda cuyo objetivo es preparar el terreno de la opinión pública para suavizar la introducción de la medida cuando se produzca«, asegura el presidente de Unión de Contribuyentes, Juan Pina.

La organización señaló a comienzos de diciembre que las medidas tributarias del Gobierno «no eran suficientes para cumplir con los objetivos de déficit establecidos por la Unión Europea» y consideró que su aplicación «sólo abrían la puerta a nuevas alzas fiscales a lo largo de 2017». Pina considera que un alza de los impuestos sobre los hidrocarburos «perjudica gravemente al conjunto de la sociedad, ya que sus efectos son indiscriminados y encarecen el precio de infinidad de bienes y servicios».

«Los hidrocarburos ya se encuentran particularmente maltratados en nuestro régimen a consecuencia del gravamen adicional que imponen las autonomías», indica, antes de asegurar que «los contribuyentes ya soportan unos impuestos extremadamente elevados a los hidrocarburos”, y alerta sobre el daño que les causaría una nueva subida«. La Unión de Contribuyentes ve absolutamente «imprescindible reducir el déficit por el lado del gasto y no mediante el continuo incremento de los impuestos.

Nadal: “Hubo precipitación del Gobierno socialista con las renovables por ideología e intereses”

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EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asevera que con las energías renovables el Gobierno socialista se «precipitó por ideología e intereses». En una entrevista con el diario El País, Nadal explica que «el gran problema que hubo en las políticas que llevaron al déficit tarifario fue que se tomaron decisiones como si la tecnología hubiera avanzado cuando no lo había hecho, y el coste todavía era muy alto».

«Fue una precipitación clarísima por un deseo ideológico, aparte de que siempre hay intereses detrás de las cosas», señala el ministro de Energía, que añade que con más paciencia, no habría sido tan caro ni se tendría esa gran hipoteca a 25 años por las primas. Agrega Nadal que «no hay que dejarse presionar por los intereses económicos» y que el Gobierno estará vigilante con los precios de los carburantes.

En ese sentido y tras recordar que las subidas de impuestos corresponden a Hacienda, el ministro de Energía manifiesta que en un contexto de subida del petróleo, el aumento de impuestos energéticos no le gusta. Destaca que «las prioridades de esta cartera son la eficiencia energética y las renovables» y que «la mejor energía es la que no se consume y, por tanto, no se tiene que producir«. «He solicitado al Banco Europeo de Inversiones financiación para el plan Juncker. Supondrían por lo menos 200.000 empleos en construcción y se crearían empresas especializadas«, explicó Nadal.

La recaudación por el impuesto de hidrocarburos sube un 8,5% y por el impuesto de la electricidad cae un 8,3%

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Servimedia.- La Agencia Tributaria recaudó 7.923,1 millones de euros entre enero y septiembre de 2016 con el impuesto de hidrocarburos, lo que supone un 8,5% más que en 2015 (7.300 millones). De la cuantía total, 2.793,6 millones los recaudó el Estado, algo más de 5.028 las comunidades autónomas y casi 101 lo hicieron las corporaciones locales.

Tendencia diferente se observa en el impuesto que grava la electricidad, pues la Agencia Tributaria ingresó 967,4 millones de euros hasta septiembre, un 8,3% menos que en 2015. En este caso, el Estado recaudó cerca de 159 millones de euros y en las comunidades autónomas la cuantía ascendió a 809,3 millones. Por otra parte, con los impuestos al carbón se ingresaron 158,4 millones, íntegramente por parte del Estado, un 27,4% menos que el año anterior.

En torno a la sentencia del bono social discriminatorio

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España no está para argumentos que requieran atención y precisión. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la financiación del bono social, por otro lado esperable y predecible con unos conocimientos básicos de Derecho, lo demuestran. El bono social es una forma imperfecta, por su forma indirecta de entender la renta disponible en el domicilio, de trasladar a la legislación española el concepto de consumidor vulnerable y de pobreza energética en lo que se refiere al suministro eléctrico.

El bono social supone una reducción del 25% de la tarifa para aquellos consumidores que cumplían una serie de condiciones. Dicha reducción está sufragada fundamentalmente por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, como está reglamentariamente fijado por decisión del regulador. La sentencia, por su parte, pone en cuestión que el bono social deba ser sufragado por los grupos que integran las actividades de producción, distribución y comercialización, cuando, en realidad, existen más agentes en el sistema.

No hay que olvidar la dimensión de “política social” que tiene el bono social y que debería ser resuelta de forma pública vía política fiscal y no con la tarifa eléctrica. Hagamos una analogía. Imaginemos que, el Estado determina una entrega de alimentos gratuita para los individuos que estén por debajo de un umbral de pobreza y se determina por norma legal que lo tienen que sufragar las tres principales cadenas de supermercados. Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo ha sido que, esa fórmula no es posible, es ilegal y no se adapta a las normas comunitarias por su propio desequilibrio, discriminación y desigualdad.

Lo que subyace debajo del diseño de la medida es una mirada oblicua sobre los propios agentes empresariales (a efectos de determinar el descuento, pagado selectivamente por elección discrecional del Gobierno) y la tendencia española a solucionar vía subsidios cruzados, frente a una ortodoxia hacendística y fiscal que sea responsable de aquellas materias que deben tener naturaleza pública. Todo ello en los tiempos de la demagogia económica de corte colectivista, por un lado, y de la superación de las previsiones de déficit en los Presupuestos Generales del Estado por otro.

Empiezan las turbulencias para el nuevo gobierno en ciernes, como cosecha de las tropelías pasadas. Ahora tocará la propia reliquidación al respecto. Por eso, en lugar de pedir intervención, es mucho más necesario pedir rigor y ortodoxia en la regulación.

Lugonovo denuncia que Lugo lleva 30 años sin examinar la tributación de las compañías eléctricas

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EFE.- El grupo municipal de Lugonovo denuncia que hace «como mínimo 30 años que el servicio de inspección» del Ayuntamiento «no ejerce ningún control sobre las empresas suministradoras de electricidad» para comprobar si la «facturación que reconocen» y por la que tributan se corresponde con su volumen de negocio real. Según el portavoz de Lugonovo, Santiago Fernández Rocha, sin esa vigilancia «resulta imposible saber si realmente los ingresos por los que tributan son los que perciben» y «hablamos de cantidades relativamente importantes para las arcas locales».

De hecho, «ahora mismo en el mercado hay cerca de una veintena de operadores» y la «ordenanza reguladora establece que ese tipo de negocios deben abonar el 1,5% de sus ingresos brutos por el aprovechamiento especial que hacen de la vía» pública. Por ello, los ediles de Lugonovo le piden al gobierno local que «supervise escrupulosamente a las grandes compañías eléctricas que operan en el término municipal lucense», precisamente para verificar «si la facturación que reconocen y por la que pagan esa tasa de aprovechamiento del suelo público se corresponde con el volumen de negocio real que obtienen del ayuntamiento».