Redacción / Agencias.- Mientras el PSOE y el Colegio de Geólogos se oponen a su ubicación, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, una ampliación que impediría la construcción del ATC al prohibirse «actos que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno».
El consejero de Agricultura del Gobierno castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, indicó que el inicio de este procedimiento «responde a una petición de más de 50 entidades ecologistas, agrarias, sindicatos, ayuntamientos de la zona y partidos englobados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear». Arroyo aseguró que este procedimiento es competencia del Gobierno regional y que el Gobierno central no podría «echarlo hacia atrás», añadiendo que la ampliación tiene «el visto bueno de la Comisión Europea».
El consejero reconoció que desde el Gobierno central sí se podría declarar la construcción del ATC como de interés nacional, lo que pondría al proyecto por encima de cualquier otra normativa, aunque afirmó que «lo más razonable sería que esto no sucediera». El titular de Agricultura destacó que de esta forma la Junta castellano-manchega «quiere posicionarse formalmente en contra del cementerio nuclear, que carece de cualquier consenso social». A su juicio, se trata de un proyecto «que está desfasado, no contempla la ampliación de la vida de las centrales nucleares de la región y los técnicos del CSN lo calificaron como desfavorable», tras lo que recordó que Villar de Cañas «quedó en cuarto lugar» como aspirante a albergar la instalación.
«Sorprende que se tome esta decisión cuando se ha encargado a Enresa unos sondeos que tardarían ocho meses en realizarse, y una empresa contratada por el CSN ha dado tres informes negativos sobre la infraestructura», ha aseverado. Arroyo detalló que el proceso «no tiene un plazo determinado», y ahora hay que elaborar el plan de ordenación de los recursos naturales y enviarlo al Ministerio. Arroyo puso de manifiesto que los sobrecostes que se pueden originar «por una mala gestión sobre el emplazamiento» podrían llegar a los 200 millones de euros.
Los geólogos hablan de sobrecostes
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera que la construcción del ATC en Villar de Cañas supondrá «elevadísimos sobrecostes» que se acabarán pagando a través del recibo de la luz y apuesta por un Almacén Geológico Profundo como la opción más fiable. Por ello, cree que es una «mala práctica» dar la autorización de emplazamiento «sin haber solicitado un análisis de coste-beneficio para poder fundamentar la decisión». En ese sentido, el Colegio recuerda que existen «informes geológicos desfavorables» a ubicar una infraestructura como el ATC en esos terrenos. «Este almacén se planificó atendiendo a unos parámetros económicos que estarían cuestionados con la información de la que disponemos ahora», subraya.
Así, apoya la labor de los profesionales geólogos del CSN que «han actuado conforme al código deontológico siguiendo los principios de responsabilidad social, integridad e independencia profesional, veracidad, lealtad y diligencia». Además, el Colegio de Geólogos opina que el ATC no es la verdadera solución para los residuos radiactivos y apuesta, en su lugar, por un Almacén Geológico Profundo (AGP) como la opción «más fiable y duradera ya que plantea una barrera geológica infranqueable para los desechos radiactivos«. «Todo gobierno debería tener como prioridad poner en marcha cuanto antes una línea en I+D destinada a ese almacenamiento geológico de residuos radiactivos, como la que ya existe a nivel europeo», puntualiza.
El PSOE quiere abrir debate
La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, reclamó al Ministerio de Industria que reconsidere la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas ya que no hay «garantías absolutas de seguridad» en ese emplazamiento, a la vista de los informes «contradictorios» sobre la idoneidad del emplazamiento y que podría terminar en «enormes sobrecostes». «Están tomando decisiones en un mes que no han tomado durante cuatro años y los informes no son favorables a instalar el ATC en Cuenca. Hay informes contradictorios y consideramos que tiene que haber más información, transparencia y claridad en el proceso, especialmente a la hora de tomar la decisión», criticó Lucio.
Así, el Grupo Socialista exigió las comparecencias del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados para que explique qué perspectivas hay con el ATC, así como del presidente de ENRESA, para que informe de los informes técnicos elaborados por los distintos departamentos relativos al suelo y los estudios hidrogeológicos que se hayan encargado a consultoras externas, entre otros. «Nos parece intuir, sin estar en condiciones de afirmarlo con rotundidad que los informes de evaluación del suelo elaborados por distintos departamentos del área de Ciencias de la Tierra podrían llevarnos a considerar como desfavorables o no idóneas las características del terreno de cimentación elegido», considera el portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, José Segura.
Por otro lado, el Grupo Socialista registró en la Cámara Baja la solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Energía con el objetivo de que informe de los contenidos que deberían integrar el nuevo Plan General de Residuos Radioactivos, ya que el vigente data de 2006 y ahora se pone en marcha el ATC. Según explica Segura, el plan se aprobó «en un ambiente de decisiones políticas en el que, entre otras cuestiones, se preveía que las centrales nucleares tendrían una vida útil de 40 años, es decir, el periodo de tiempo por el cual se les concedió la autorización de instalación y explotación».
