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Teresa Ribera asegura que el borrador de la ley de cambio climático recoge el sentir «unánime» de la conciencia social

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Europa Press.- El Gobierno asegura que el Plan Nacional de Energía y Clima combatirá la pobreza energética en España mientras que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el documento base para elaborar la Ley de Cambio Climático, cuyas líneas generales trascendieron, recoge el «sentir unánime» de la sociedad española de que hay que poner en marcha un marco regulatorio «estable y predecible, que guíe la transición hacia un desarrollo libre de emisiones”.

Ribera ha recordado que España es un país «altamente vulnerable» al cambio climático y su ciudadanía «está totalmente concienciada de la magnitud del problema». Así, este marco regulatorio deberá convertir este proceso en una oportunidad para un crecimiento «más justo y solidario». La propuesta, según ha explicado, plantea reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero actuales de España en tan solo una década. «Lo consideramos un hito a nivel internacional y una muestra de nuestro firme compromiso con la lucha contra el cambio climático», ha añadido.

Por ello, ha defendido que el Gobierno defiende una ley que da «señales claras y predecibles» a los inversores y al resto de agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España. «La transición hacia una economía neutra en carbono en 2050 generará progreso y empleo estable, y presenta grandes oportunidades económicas que España debe aprovechar», vaticina.

Se combatirá la pobreza energética

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de que finalice el año combatirá la pobreza energética, especialmente agravada por la subida del precio de la electricidad que, aunque en octubre quebró la tendencia alcista de los últimos 6 meses, aun presentó una cifra un 14% superior a la registrada en octubre del 2017.

Por otro lado, Domínguez Abascal ha señalado la descarbonización y la electrificación de la economía como unos objetivos que pueden parecer «ambiciosos» pero también suponen una «gran» oportunidad para los ingenieros, las empresas y la economía española. Además, añadió que se hace «urgente» revertir la situación que España ha vivido bajo las «políticas conservadoras» del Gobierno anterior. «En España tenemos un 17% más de emisiones que en 1990. Esta situación debe revertirse y el Gobierno trabajará en esa dirección«, aseguró.

2030: objetivo renovable del 32%

De igual forma, Domínguez Abascal ha matizado que la economía española seguirá las directrices de la Unión de alcanzar el 32% en generación energética mediante fuentes renovables para el año 2030 y de alcanzar la descarbonización de la economía entre el 90% y el 100% para 2050. Con el fin de lograr tal objetivo, Domínguez Abascal destacó que se debe desarrollar una labor «conjunta» entre la industria y el Estado.

Domínguez Abascal también ha apuntado a la necesidad de cambiar la forma de movilidad dentro de las grandes urbes: «Un 25% de las emisiones actuales provienen del transporte y estas crecen más rápido que cualquier otro tipo de emisiones». A este respecto, el secretario de Estado reiteró que es «oportuno» aprovechar las mejoras que se están realizando en los vehículos eléctricos, los cuales «se están volviendo competitivos, algo muy importante«.

El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

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Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.

Endesa gana 1.193 millones hasta septiembre, un 10% más, impulsada por el mercado liberalizado y pese al incremento del pool

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Europa Press.- Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.193 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que representa un incremento del 10% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el buen comportamiento del mercado liberalizado, la estable evolución del mercado regulado y la recuperación del margen del negocio de gas.

Los ingresos de la energética en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 15.353 millones de euros, un 4% más que en los 9 primeros meses de 2017. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 2.791 millones de euros a cierre de septiembre, con un crecimiento de casi el 10%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) fue de 1.644 millones de euros, un 11% más.

La compañía registró estos resultados en un contexto de elevados precios de las materias primas energéticas y de alza significativa de los precios del CO2 lo que ha dado lugar, a su vez, a elevados precios en el mercado mayorista, a pesar de que la generación hidráulica alcanzó niveles elevados de los 10 últimos años y de que la producción eólica se incrementó un 3,3%.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que, en este contexto de precios altos, la compañía «ha dado muestras otra vez de su capacidad para realizar una gestión efectiva de sus negocios en un entorno complejo y cambiante». Asimismo, valoró que Endesa ha realizado en el periodo «un esfuerzo inversor muy relevante en nueva capacidad renovable (+37%), lo que se enmarca en los compromisos asumidos por la compañía para impulsar un periodo de transición energética que permita avanzar hacia un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050». El grupo anticipó que cumplirá los objetivos comprometidos para 2018, en el que prevé un beneficio neto de unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a 3.400 millones de euros.

La evolución del Ebitda se vio impulsada por la estrategia de la compañía en el mercado liberalizado, que ha permitido incrementar el margen de este negocio en un 13%, lo que ha llevado a que el Ebitda del mismo haya crecido un 23%. El margen bruto del negocio liberalizado aumentó en 212 millones de euros, que se convierten en 295 millones de euros una vez eliminados los efectos no recurrentes del año pasado, principalmente el reembolso del bono social eléctrico de los años 2015-2016 contabilizados en el tercer trimestre de 2017, el ajuste a precios de mercado y otros ajustes en el sector del gas y las liquidaciones de años anteriores en territorios no peninsulares.

Elevados precios del mercado mayorista

La compañía presidida por Borja Prado indicó que esta mejora se debe fundamentalmente a la buena gestión del mercado de electricidad, «a pesar de los elevados precios del mercado mayorista, que han aumentado un 10%, hasta situarse en 55,4 euros por MWh». Además, el negocio del gas elevó su contribución al margen bruto de Endesa a 107 millones de euros en el periodo. Excluidos los no recurrentes de 2017, este negocio mejora en un 200%.

Mientras, el negocio regulado incrementó su margen en un 2%, un 5% en términos ajustados, principalmente por la mejora en la retribución de la distribución, lo que ha llevado a un incremento del 3% en el Ebitda regulado, situándose en 1.806 millones de euros, un 6,5% más en términos comparables. Las inversiones brutas del grupo se situaron en 866 millones de euros hasta septiembre, un 37% más, debido, principalmente, a las destinadas a la construcción de la potencia eólica y fotovoltaica, adjudicada a la empresa en las subastas celebradas en 2017, así como a las inversiones efectuadas en la central de As Pontes para su adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) europea, que entrará en vigor en 2020.

Por su parte, la deuda financiera neta de Endesa, que se situaba en septiembre en 6.640 millones de euros, aumentó en 1.655 millones de euros con respecto al cierre de 2017 como consecuencia, entre otros factores, del pago de dividendos por importe de 1.470 millones de euros, de las inversiones realizadas en el periodo, de la adquisición de 5 parques eólicos de Gestinver, por 42 millones de euros, y de la compra de la distribuidora y comercializadora Eléctrica de Ceuta, por 83 millones de euros.

En el periodo de enero a septiembre, la producción de Endesa cayó un 4,6% como consecuencia del menor hueco térmico. Las tecnologías libres de emisiones de CO2 representaron el 50,5% de su mix de generación peninsular hasta septiembre, superando el 45,8% alcanzado en el mismo periodo de 2017. Endesa alcanzó unas cuotas de mercado del 24,2% en generación peninsular, del 43,7% en distribución y del 33,6% en ventas de electricidad a clientes del mercado liberalizado. El número de clientes en el mercado liberalizado de la empresa era a cierre de septiembre de 5,67 millones, con un aumento del 1,4% con respecto a 2017. En gas, Endesa alcanzó una cuota de mercado del 16,2% en ventas a clientes del mercado liberalizado.

Los océanos están absorbiendo calor en un 60% más de lo estimado inicialmente por las emisiones de los combustibles fósiles

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Europa Press.- Los océanos absorben cada año una cantidad de energía térmica que es 150 veces más que la energía que los seres humanos producen como electricidad, un 60% más de lo que se había estimado. El fuerte calentamiento oceánico que encontraron los investigadores de Princeton y la Scripps Institution of Oceanography sugiere que es más sensible a las emisiones de combustibles fósiles de lo que pensaban.

Los investigadores informaron en la revista Nature que los océanos del mundo consumían más de 13 zetajoules (un joule, unidad estándar de energía, seguido de 21 ceros), de energía térmica cada año entre 1991 y 2016. La primera autora, Laure Resplandy, profesora asistente de Geociencias y del Instituto Ambiental de Princeton, confirmó que la estimación es más del 60% superior a la cifra del IPCC en su informe de 2014. «Imagínese si el océano tuviera solo 10 metros de profundidad», señaló Resplandy. «Se habría calentado en 6,5 grados Celsius cada década desde 1991. En comparación, el calentamiento es de solo 4 grados Celsius cada década.»

Los científicos saben que el océano ocupa aproximadamente el 90% de todo el exceso de energía producida a medida que la Tierra se calienta, por lo que saber la cantidad real de energía hace posible estimar el calentamiento que podemos esperar, apuntó el coautor Ralph Keeling, un geofísico de Scripps Oceanography y ex asesor postdoctoral de Resplandy. «El resultado aumenta significativamente la confianza que podemos depositar en las estimaciones del calentamiento del océano y, por lo tanto, ayuda a reducir la incertidumbre en la sensibilidad al clima, eliminando así la posibilidad de una sensibilidad al clima muy baja», indicó Keeling.

La sensibilidad climática se utiliza para evaluar las emisiones permitidas para las estrategias de mitigación. La mayoría de los científicos del clima han acordado en la última década que si las temperaturas medias globales superan los niveles preindustriales en 2 grados Celsius, es casi seguro que la sociedad enfrentará consecuencias generalizadas y peligrosas del cambio climático. Los hallazgos de los investigadores sugieren que si la sociedad debe evitar que las temperaturas suban por encima de esa marca, las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas efecto invernadero producido por las actividades humanas, deben reducirse en un 25% más en comparación con lo que se había estimado anteriormente, según Resplandy.

Los resultados de los investigadores son los primeros en provenir de una técnica de medición independiente del método dominante detrás de la investigación existente, señaló. Los investigadores utilizaron las mediciones de alta precisión de Scripps de oxígeno y dióxido de carbono en el aire para determinar la cantidad de calor que los océanos han almacenado durante el tiempo que estudiaron. Midieron el calor del océano observando la cantidad combinada de O2 y CO2 en el aire, una cantidad que llaman «potencial oxígeno atmosférico» o APO. El método se basa en que el oxígeno y el dióxido de carbono son menos solubles en agua más caliente.

A medida que el océano se calienta, estos gases tienden a liberarse en el aire, lo que aumenta la APO, que está influenciada por la quema de combustibles fósiles y por un proceso oceánico que involucra la absorción del exceso de CO2 del combustible fósil. Al comparar los cambios en la APO que observaron con los cambios esperados debido al uso de combustibles fósiles y al consumo de dióxido de carbono, los investigadores pudieron calcular la cantidad de APO que emanaba del océano para calentarse. Esa cantidad coincide con el contenido de calor-energía del océano.

Los Gobiernos de los países europeos abogan por reducir un 35% las emisiones contaminantes de los coches en 2030

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Europa Press.- Mientras las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en España han crecido un 1,8% hasta septiembre, según datos de la consultora MSI, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea pactaron, tras casi 14 horas de negociación, establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 35% en 2030, con una meta intermedia del 15% para 2025, en comparación con los niveles registrados en 2021.

Con respecto a las furgonetas, el acuerdo final mantiene el recorte del 15% en 2025, pero rebaja al 30% la ambición de cara al final de la próxima década. También han acordado realizar una revisión de estos porcentajes en 2023. «Hemos conseguido llegar a un acuerdo en el último momento», ha anunciado la ministra austriaca de Medio Ambiente, Elisabeth Köstinger, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, después de que los ministros constatasen en la sala de reuniones que la última propuesta contaba con los apoyos suficientes.

Los gobiernos comunitarios han conseguido así definir sus líneas rojas de cara a las negociaciones que abordarán con el Parlamento Europeo, la otra institución europea con poderes legislativos y que aboga con elevar la ambición al 40%. Se ha impuesto de esta forma una tesis intermedia a la postura que defendían, por un lado, Alemania y los países del Este, partidarios de limitar el recorte al 30%, y, por otro, el grupo de países que como Francia, Italia o los nórdicos, reclamaban una mayor ambición y apostaban por una meta de al menos el 40%.

Algunos países hablan de decepción

De hecho, algunos de estos países expresaron sus reservas con el acuerdo final. Irlanda, por ejemplo, ha hablado de «decepción» por el consenso alcanzado, que encuentra «peor» que el planteamiento con el que comenzó el encuentro. Luxemburgo, Suecia, Eslovenia y Dinamarca han apoyado la posición irlandesa. Países Bajos también ha intervenido para aclarar que no está satisfecho con el resultado final. El texto, sin embargo, ha contado con el apoyo de países como Alemania, Hungría, Bulgaria, Rumanía o Eslovaquia, que se habían opuesto en principio a apoyar un objetivo superior al 30%, que es el que propuso la Comisión Europea.

En conjunto, el texto finalmente aprobado ha sido respaldado por 20 países, mientras que 4 han votado en contra y otros 4 se han abstenido, según ha detallado Köstinger. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, también ha tomado la palabra después de que se confirmarse el acuerdo para celebrar el mismo y que se puedan iniciar las negociaciones con la Eurocámara.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que el acuerdo logrado entre los Veintiocho es «una oportunidad para la innovación y la competitividad de la industria del automóvil en España». «Este acuerdo es una oportunidad para que la industria del automóvil lidere la transición hacia una movilidad libre de emisiones de CO2, principal gas causante del calentamiento global», auguró.

En concreto, la responsable de Medio Ambiente del Gobierno ha señalado que este pacto permitirá al sector español del automóvil «poner en marcha una hoja de ruta coherente con los objetivos comunitarios» y que «visibilice cómo se anticipa y se prepara para innovar y realizar la necesaria transición hacia una movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente y la salud». El Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que España ha apoyado «un acuerdo progresista y ambicioso del 35% hacia arriba», pero «pensando más en que la decisión final se quede entre un 35%-40%».

Crecen las emisiones un 1,8%

Por otro lado, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en España se situaron en 117 gramos por kilómetro recorrido en lo que va de año, lo que supone un incremento del 1,8% en comparación con la media del mismo periodo del ejercicio precedente, según datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Faconauto achaca esta subida de las emisiones a la caída en las matriculaciones de coches diésel y subraya que se continúa con la tendencia negativa que experimentó esta estadística durante 2017, cuando se incrementó por primera vez en 10 años.

«La caída en las matriculaciones de los coches diésel de última generación, que emiten menos CO2 que los de gasolina y que suponen ya solo un 36,9% del mercado, es la clave que explica este incremento», destaca la federación. Las ventas de coches diésel cayeron un 16,5% hasta septiembre, mientras que de gasolina se incrementaron un 36,7%, suponiendo el 55,5% de todas las adquisiciones. Según Faconauto, los motores diésel emiten hasta un 20% menos de CO2 que los de gasolina, por lo que el descenso en sus matriculaciones, junto al repunte de los de gasolina, explica el «mal dato» de emisiones medias de CO2 en lo que va de año.

La patronal de los concesionarios explica que en España se experimentaron «importantes» caídas desde el año 2004, cuando se situaban en 155 gramos por kilómetro cuadrado, aunque durante 2017 se incrementó por primera vez en 10 años. «Esta tendencia parece continuar en lo que va de 2018, incrementándose las emisiones medias o manteniendo la cifra de 116 gramos que se alcanzó el pasado ejercicio», añade.

Para Faconauto, los vehículos impulsados por energías alternativas protagonizarán la movilidad del futuro, pero todavía no terminan de ser una alternativa real para los ciudadanos, a pesar de que están experimentando un «fuerte» repunte. Entre enero y septiembre, los eléctricos representan el 0,3% de las matriculaciones, un 5,7% los híbridos y un 1,1% los híbridos a gas. La llegada «real» al mercado de este tipo de vehículos será también, según Faconauto, clave para lograr reducciones significativas de CO2 más allá de los niveles de 2020, pero pasa por la disponibilidad de la infraestructura de recarga. No obstante, para la organización, el liderazgo de las administraciones para intensificar las inversiones en infraestructuras «no está siendo suficiente».

«El incremento en las emisiones medias de CO2 de los coches vendidos en España es un claro indicador de que el debate sobre el diésel es poco realista, lo que resulta contraproducente para el objetivo común, en el que el sector está completamente involucrado, que es alcanzar una movilidad sostenible. Para ello, además de mantener una neutralidad tecnológica, se debe ir a la raíz del problema, un parque automovilístico muy antiguo y contaminante y fomentar la solución que pasa por facilitar el achatarramiento de esos coches más viejos», señaló el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

Un tribunal ordena al Gobierno holandés que reduzca más rápido las emisiones para cumplir el objetivo del 25% en 2020

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Europa Press.- Un tribunal de apelaciones holandés ha ordenado al Gobierno que reduzca las emisiones de gases con efecto invernadero más rápido de lo previsto, con el fin de garantizar que son al menos un 25% inferiores a los niveles de 1990 para finales de 2020. El año pasado, las emisiones de gases con efecto invernadero en Países Bajos fueron solo un 13% inferiores a los niveles de 1990. El país es uno de los que más contaminan de la Unión Europea.

«El Gobierno ha hecho demasiado poco para prevenir los peligros del cambio climático y está haciendo demasiado poco para ponerse al día», ha considerado el tribunal, que ha ratificado una sentencia de 2015 de un tribunal de distrito. Los planes actuales para combatir el cambio climático prevén que reduzcan las emisiones al 23% en 2020, con el objetivo de reducirlas a la mitad para 2030.

«Pero la incertidumbre sobre el objetivo de 2020 es muy amplia», ha sostenido la corte. «Hay una opción real de que la reducción no llegará al objetivo del 25%, lo cual es inaceptable», ha añadido. El Gobierno ha anunciado que acatará la sentencia y que el objetivo de 2020 está «al alcance». Sin embargo, también baraja recurrir, cuestionando el modo en el que el tribunal ha pesado en decisiones políticas. En su veredicto, el tribunal ha dado una clara victoria al grupo ecologista Urgenda Foundation.

La Fundación Princesa de Asturias compensará la huella de carbono generada por sus actividades con pequeñas hidroeléctricas en China

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Europa Press.– La Fundación Princesa de Asturias compensará la huella de carbono que se genere por sus actividades durante la semana de los premios. Este compromiso supone que los Premios Princesa de Asturias dispongan de nuevo de la etiqueta CeroCO2, sello que la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) concede a las empresas y entidades que compensan su impacto medioambiental y con el que la Fundación cuenta desde 2012.

La Fundación comenzó con este compromiso en 2011. Desde entonces, ha logrado reducir en un 41% los indicadores de emisiones de CO2 pese al aumento de emisiones totales como consecuencia del mayor número de asistentes a los actos, ya que en 2011 participaron 8.670 personas y en 2017 20.683, y al significativo incremento de actividades realizadas durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

La Fundación compensará su huella de carbono a través del proyecto Pequeñas y micro centrales hidroeléctricas, que permite a zonas rurales y montañosas del suroeste de China producir energía libre de emisiones. Las centrales utilizan saltos naturales sin necesidad de un dique de contención para generar energía sostenible. Además de la compensación, el compromiso medioambiental de la Fundación incluye la reducción de su huella de carbono, para lo que también contará con 4 vehículos eléctricos y 2 vehículos híbridos (eléctrico y gasolina) cedidos por la Fundación EDP, que serán usados para desplazamientos de personal de la Fundación Princesa de Asturias.

Ribera afirma que España y la Unión Europea reducirán un 45% sus emisiones de CO2 en 2030

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que España y la Unión Europea están en el camino para poder reducir «ya» un 45% las emisiones de gases efecto invernadero en 2030, 5 puntos más de lo comprometido, tal y como recomienda el informe del Panel de Cambio Climático de la ONU, pero asegura que ese no puede ser el techo, sino que la obligación es «reducir al máximo» las emisiones, pero sin poner en riesgo la equidad y el desarrollo sostenible.

Aunque el objetivo para 2030 de la Unión Europea es reducir en un 40% las emisiones, Ribera cree que Europa «en realidad ya va a cumplir» aquello a lo que se ha comprometido para lograr una reducción del 45% de las emisiones y celebra que la Comisión Europea ya esté planteando que esto «se materialice». Eso sí, insistió en que actualizar ese dato «no puede suponer un techo para la acción» y que no puede ser «la excusa» para no hacer más, sino un acicate para que la Unión Europea se plantee a partir de 2020 «subir su ambición» climática.

Tras la presentación de las conclusiones del informe del IPCC, ha destacado que la coexistencia con un aumento de la temperatura global del planeta «ya nos está afectando» en la realidad cotidiana por lo que Europa tiene que «tomarse en serio ese papel de liderazgo que preconiza». «Europa ha hecho cosas muy importantes, en materia de clima, tanto en las políticas domésticas como en la construcción de alianzas con otros países y la gran pregunta es si está a la altura de las circunstancias con su propio esfuerzo», ha manifestado.

La ministra ha precisado que España debe dotarse de un marco estratégico normativo dado por la futura ley de cambio climático, el paquete de energía y clima, una reforma del sistema eléctrico basado en el funcionamiento del mercado, una «corrección» del sistema fiscal, la potenciación de la capacidad de almacenamiento de energía porque la seguridad energética de la generación renovable no tenga que corresponderse «siempre» con la potencia térmica detrás y una variable social que se expresa para el Gobierno, según defiende, con la estrategia de pobreza energética que «falla».

En ese sentido, ha asegurado que espera poder presentar «en las próximas semanas» la estrategia de transición justa que evite daños a los colectivos que serán afectados por los «grandes cambios que se avecinan» y que se sabían desde 2010, en particular en el ámbito del carbón. «No podemos entender que no haya habido una voluntad de anticipación y de generación de oportunidades de futuro con los colectivos que se van a ver afectados», comenta.

A su juicio, los cambios que vienen para poder hacer frente «al reto» que incluyen el cambio de modelo energético, de la movilidad, la fiscalidad, los servicios ambientales y la forma de redistribuir la riqueza, de modo que observa que se trata de una «agenda completa» que debe promover «la equidad de la sociedad». Respecto a la regulación del autoconsumo y del nuevo bono social, son, en su opinión, las «primeras orientaciones de un cambio con implicaciones en otros usos finales. Si bien, admite que esto es «insuficiente» porque el cambio climático presenta «muchas incógnitas».

Así, ha incidido en que la «principal obligación» es reducir «al máximo» las emisiones de gases de efecto invernadero allí donde existe el conocimiento para hacerlo «sin poner en riesgo» el desarrollo sostenible, la equidad y la erradicación de la pobreza. A su juicio, en términos generales, «no se trata de parar un país sino al contrario, activar un modelo de desarrollo que resulte más equilibrado, más justo y orientado a abordar el desafío de la seguridad energética» o del futuro para las próximas generaciones sin olvidar el reforzamiento en materia de clima. «Todavía hay algunas incógnitas por despejar», admitió.

Las medidas para combatir la subida de la luz tendrán un impacto en el sistema eléctrico de 910 millones

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Europa Press.- Las medidas del decreto-ley aprobado por el Gobierno para combatir la subida del precio de la electricidad tendrán un impacto total de 910 millones de euros sobre el sistema eléctrico. Entre estas medidas figuran la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el PP,así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde o la supresión del conocido como impuesto al sol.

Según consta en la memoria del análisis del impacto del proyecto de real decreto-ley, este impacto de las medidas será de 300 millones de euros en este ejercicio y de 610 millones de euros en 2019. De esta cifra, el mayor importe corresponderá a la suspensión del impuesto a la producción del 7% durante 6 meses, que ascenderá a un total de 534 millones de euros, de los cuales 265 millones corresponden a este año y 269 millones al próximo ejercicio. Por su parte, la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos tendrá una afección sobre los costes del sistema eléctrico de unos 125 millones de euros, con un total de 25 millones en 2018 y de 100 millones en 2019.

Además, medidas como la reducción de la potencia contratada por los consumidores encaminadas a rebajar la factura de la luz se estima que tendrán un impacto de unos 144,6 millones de euros (unos 4,6 millones de euros en 2018 y 140 millones de euros en 2019). También impactarán en los ingresos del sistema eléctrico el cambio a discriminación horaria, con unos 98 millones de euros (6 millones de euros este año y 92 millones de euros en 2019) y el autoconsumo, con una estimación de unos 9,75 millones de euros, todos en el próximo ejercicio.

Para contrarrestar este impacto, el Gobierno cuenta con la compensación por mayores ingresos de las subastas de emisiones de CO2, adicionales a los 450 millones de euros que se destinan ya al sistema eléctrico. En concreto, estima que estos ingresos ascenderán a 850 millones de euros en 2018 y a 538 millones de euros en 2019, lo que permitirá hacer frente a ese impacto de 300 millones de euros este año y de 610 millones de euros el próximo ejercicio.

Por otra parte, el Gobierno considera que la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica tendrá un impacto económico en la factura de electricidad por el coste de energía de unos 200 millones de euros, añadiendo además la menor factura por IVA del consumidor. En lo que se refiere a la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos a la generación eléctrica, que supone minorar el efecto multiplicador del precio del mercado de producción en las horas que los ciclos combinados marquen el precio marginal en el mercado o sirvan de referencia a tecnologías que lo sustituyan, tendrá un impacto durante 2019 de unos 53 millones de euros.

Así, según una estimación con datos de 2017 de la introducción de estas medidas, siendo de aplicación la suspensión del impuesto del 7% durante 3 meses del año y la eliminación el impuesto especial de hidrocarburos durante todo el año, la reducción de la factura de un consumidor medio por peaje de acceso habría sido del 2,16% para un consumidor doméstico (2.0 A) y del 2,97% para una pyme (3.0). Para un consumidor industrial (6.1) esta reducción en la factura llegaría hasta el 3,73%, mientras que para un gran consumidor industrial (6.4) alcanzaría el 5%.

La Eurocámara pide recortar un 40% las emisiones de coches nuevos para 2030 respecto a los niveles registrados en 2021

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Europa Press.- El Parlamento Europeo ha abogado por establecer un objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de turismos nuevos del 20% en 2025 y del 40% para 2030, en comparación con los niveles que se registren en 2021.

El recorte aprobado en el Pleno es inferior al que reclamaba la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, del 45%, pero 10 puntos superior a la propuesta lanzada por la Comisión Europea, que defiende una disminución del 30%. Asimismo, los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa que la Unión Europea invertirá en formación para trabajadores afectados por la transición ecológica. Por otro lado, los fabricantes deberán garantizar que los vehículos menos contaminantes (los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50 gramos de CO2), representen un 20% de los coches y furgonetas nuevos en 2025 y un 35% en 2030.

La Eurocámara ha instado al Ejecutivo comunitario a proponer, en 2 años, un mecanismo para medir las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción mediante un dispositivo portátil similar al que se ha introducido recientemente para controlar los óxidos de nitrógeno (Nox). Del mismo modo, se ha reclamado a Bruselas una legislación que permita a los consumidores conocer con claridad las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2, así como otros gases contaminantes. En cualquier caso, se trata todavía de la posición del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones que debe mantener con los Estados miembros.

«¡Victoria! Pese a las presiones del lobby automovilístico, el Parlamento Europeo ha decidido apostar claramente por la reducción de emisiones de los coches», destacó el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi. La eurodiputada del PP, Pilar Ayuso, sin embargo, era partidaria de que el objetivo de reducción de emisiones para 2030 fuese del 35%, en línea con la postura «ambiciosa y razonable» que defendía el Partido Popular Europeo (PPE) de cara a la votación. «Nuestro objetivo es lograr un equilibrio razonable entre los fines medioambientales, que compartimos, y el mantenimiento de la competitividad de la industria de automoción española», ha explicado.

La ONG Transport&Environment ha destacado que esta votación es «un paso crucial hacia un aire más limpio, menos petróleo importado y más empleos». No obstante, ha remarcado que el objetivo acordado todavía «se queda corto» con respecto al necesario para «evitar un calentamiento global catastrófico» y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea en el Acuerdo de París.

Por contra, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) ha expresado sus «graves preocupaciones» por el resultado del voto en la Eurocámara, en especial por los objetivos de reducción de emisiones «extremadamente agresivos» y la «imposición» de cuotas de ventas de vehículos con baterías eléctricas. «Corremos el riesgo de tener un impacto negativo en el empleo en toda la cadena de valor de la automoción», ha advertido el secretario general de ACEA, Erik Jonnaert.