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Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pide liderazgo y ambición para afrontar el «profundo problema» con el cambio climático

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Europa Press.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reclamado a los líderes mundiales un «liderazgo sagaz» y «mayor ambición» y compromiso para afrontar el «profundo problema» con el cambio climático, que está yendo «más rápido» que los hombres. «Debemos alcanzar su ritmo pronto, antes de que sea demasiado tarde», urgió Guterres, quien ha apelado a reducir las emisiones un 45% en 2030, respecto de los niveles de 2010, y alcanzar cero emisiones en 2050.

En la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (la COP24) en Katowice (Polonia), el secretario general de la ONU ha advertido a los jefes de Estado y presidentes de Gobierno presentes, entre ellos, Pedro Sánchez, de que esta es una cuestión «de vida o muerte» para muchas personas, regiones e incluso países y destacó que la reunión es «la más importante» para avanzar desde que hace 3 años se firmó el Acuerdo del Clima de París.

En este contexto, ha recordado que el objetivo en Katowice es finalizar el programa de trabajo del Acuerdo de París para su implantación y ha advertido de que el plazo es el que entonces se dieron los propios mandatarios. En su receta, Guterres ve necesaria una transformación «completa» de la economía energética, de la gestión de los recursos, al tiempo que es preciso llegar a un desarrollo sostenible bajo en carbono y resistente al clima.

El secretario general de la ONU ha reprochado a los asistentes de que a pesar de que la sociedad está siendo testigo de los «devastadores» impactos del cambio climático que se están produciendo «a lo largo de todo el mundo» no se está haciendo «lo suficiente» ni se va lo suficientemente rápido. Asimismo ha insistido en que no se está haciendo «lo suficiente» para capitalizar las «enormes» oportunidades medioambientales, sociales y económicas de la acción climática. En concreto, recordó que la ciencia demanda una «respuesta significativamente más ambiciosa» en el marco de acción que proporciona el acuerdo de París, pero que es preciso hacerlo operativo.

El secretario general de la ONU ha apelado a la responsabilidad colectiva para invertir este «caos climático global» y consolidar el compromiso financiero hecho en París y para asistir a las comunidades y naciones más vulnerables. «La acción climática ofrece un convincente camino para transformar nuestro mundo a mejor», añadió. En este contexto ha recordado que según la Organización Meteorológica Mundial, los 20 años más cálidos se han registrado en los últimos 22 años, y entre estos, los cuatro más cálidos, en los últimos cuatro años; que la concentración de CO2 ha sido la más alta registrada en 3 millones de años y que las emisiones están volviendo a crecer.

Igualmente, ha precisado que el reciente informe del IPPC advierte de que el calentamiento podría llegar a 1,5ºC en 2030 y tendría impactos devastadores. «El último informe de misiones de la ONU nos dice que las contribuciones y compromisos nacionales actuales conducirán a un calentamiento global de unos 3ºC a final de siglo», ha comentado. En definitiva, ha afeado a la mayoría de los países más responsables de las emisiones invernadero están por detrás de sus esfuerzos para llegar a las necesidades de París. «Estamos muy lejos del rumbo. Necesitamos más acción y más ambición. Tenemos que cerrar absolutamente esta brecha de emisiones», ha apostillado.

Para ello, ubicó el Acuerdo de París como el «marco de trabajo» para la transformación necesaria y que marca las reglas para su implantación. «Necesitamos una visión de implantación unificadora que establezca reglas claras, que inspire la acción y promueva el aumento de la ambición, basada en el principio de la igualdad y con responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo a las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. No tenemos tiempo para negociaciones limitadoras», advirtió.

En cuanto a los recursos, avanzó que es necesario movilizar recursos e inversiones para combatir «con éxito» el cambio climático en cinco áreas económicas clave: la energía, ciudades, uso de la tierra, agua e industria. De momento, según estima falta construir el 75%de las infraestructuras necesarias en 2050 y según se haga el proceso, bloqueará un futuro de altas emisiones o conducirá a un desarrollo sostenible bajo en emisiones. Por ello, asegura que Gobiernos e inversores deben apostar por la economía verde, no por la economía gris. En concreto, ha pedido «aceptar» el precio del carbón y eliminar los subsidios dañinos a los combustibles fósiles e invertir en tecnologías limpias.

También ha instado a los líderes a tener la responsabilidad colectiva para realizar una transición justa, que asista a las comunidades más vulnerables y los países más sensibles, y a los trabajadores en los sectores tradicionales que se enfrentan a la interrupción de su sector. Para ello, ha pedido hacer un «claro» progreso para movilizar los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos y ha urgido a los Estado miembro a implantar «rápidamente» el reaprovisionamiento del Fondo Verde para el Clima.

Por último, ha negado que la acción climática sea un obstáculo y lo considera una oportunidad decisiva para llevar el barco y establecer un rumbo hacia un futuro mejor para todos. «Lo que necesitamos es más una política con mayor voluntad y un liderazgo sagaz. Es el reto por el que los líderes de nuestra generación serán juzgados», ha concluido. Finalmente, Guterres resaltó que el cambio climático es el asunto «más importante» al que se enfrenta el mundo, porque afecta al desarrollo sostenible y a la seguridad de un mundo próspero. Así, ve «difícil» comprender por qué «colectivamente» aún el mundo se mueve lentamente e incluso en la dirección incorrecta.

Un nuevo catalizador produce hidrógeno sin emisiones y surge como fórmula eficiente de almacenar energía

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Europa Press.- Nuevos materiales más baratos y eficientes para el almacenamiento de energía renovable en forma de hidrógeno podrían reemplazar a los catalizadores actuales de separación de agua. El profesor Anthony O’Mullane, de la Queensland University of Technology (QUT), reivindicó que el potencial para el almacenamiento químico de energía renovable en forma de hidrógeno está siendo investigado. «El gobierno australiano está interesado en desarrollar una industria de exportación de hidrógeno para exportar nuestra abundante energía renovable», apuntó O’Mullane de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de QUT.

«En principio, el hidrógeno ofrece una forma de almacenar energía limpia a una escala que se requiere para hacer viable el despliegue de los parques solares y eólicos a gran escala, así como la exportación de energía verde. «Sin embargo, los métodos actuales que utilizan fuentes de carbono para producir hidrógeno emiten dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que mitiga los beneficios de usar energía renovable del sol y el viento. «La división electroquímica del agua impulsada por la electricidad proveniente de la tecnología de energía renovable ha sido identificada como uno de los métodos más sostenibles para producir hidrógeno de alta pureza».

Un problema adicional ha sido la estabilidad, especialmente para la evolución del oxígeno del proceso. «Lo que hemos descubierto es que podemos utilizar dos alternativas más baratas y abundantes en la tierra, el cobalto y el óxido de níquel con solo una fracción de las nanopartículas de oro, para crear un catalizador bi-funcional estable para dividir el agua y producir hidrógeno sin emisiones», señaló. En su opinión, desde el punto de vista de la industria, tiene mucho sentido utilizar un material catalizador en lugar de dos catalizadores diferentes para producir hidrógeno a partir del agua».

O’Mullane destacó que el hidrógeno almacenado podría usarse en las pilas de combustible. «Las pilas de combustible son una tecnología madura, que ya se está implementando en muchos vehículos. Usan hidrógeno y oxígeno como combustibles para generar electricidad, esencialmente lo opuesto a la división del agua. «Con una gran cantidad de hidrógeno hecho a bajo costo, podemos devolver la electricidad generada por las pilas de combustible a la red cuando sea necesario durante la demanda máxima o alimentar nuestro sistema de transporte y lo único que se emite es agua», explicó. El estudio ha sido publicado en Advanced Functional Materials.

La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

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Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

Bruselas quiere eliminar las emisiones en 2050 con un mix de fuentes renovables apoyado por un 15% de energía nuclear

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Europa Press.- La Comisión Europea se fijó el objetivo de eliminar las emisiones de gases invernadero para 2050, un escenario que requerirá «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará numerosos efectos «positivos».

El Ejecutivo comunitario ha adoptado su estrategia climática a largo plazo ante la COP24 de Katowice (Polonia). El objetivo del documento es confirmar el compromiso del bloque comunitario para «liderar» la acción climática global y presentar una «visión» que pueda ayudar a conseguir unas emisiones netas de gases invernadero nulas mediante una transición «socialmente justa» y eficiente. «El status quo no es una opción», defiende Bruselas, que identifica las oportunidades que la transición ofrece a los ciudadanos y la economía europea y los retos que supone. El documento, sin embargo, no incluye nuevas políticas y no es una propuesta legislativa.

La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030. Bruselas calcula que esta cifra llegará al 45% cuando toda la legislación esté completamente vigente y estima que avanzará hasta el 60% a mitad de siglo. «Esto, sin embargo, no es suficiente para que la Unión Europea contribuya a los objetivos del Acuerdo de París«, apunta la Comisión.

En este sentido, Bruselas otorga «un papel central» a la energía en la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes, puesto que aglutina más del 75%, pero añade que también requerirá avances en sectores como el transporte, la agricultura, los edificios y la industria. También podrá «acelerarse» con progresos en digitalización, inteligencia artificial y biotecnología. Igualmente exigirá, advierte Bruselas, cooperación «en diferentes niveles» entre regiones y Estados, con la meta de «maximizar las sinergias» y poner en común recursos y conocimientos. «Los países deberían actuar juntos para proteger a sus ciudadanos del cambio climático», recomienda la Comisión Europea en el documento, en el que expone 8 líneas de actuación.

En primer lugar, insta a «maximizar» el despliegue de energías renovables para «descarbonizar» completamente el suministro de energía en Europa. Según sus cálculos, en 2050 más del 80% de la electricidad provendrá de fuentes renovables, que junto con una cuota de energía nuclear del 15%, será la «columna vertebral» de una economía libre de combustibles fósiles. La eficiencia energética asumirá también un papel importante en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050, momento en el que Bruselas prevé que el consumo energético sea la mitad que el registrado en 2005 potenciando el ahorro energético de los edificios, responsables del 40% del consumo.

De la misma forma, Bruselas subraya que «todos los medios de transporte» tendrán que contribuir a la descarbonización del sector para hacerlo más limpio, seguro y conectado. Esto supone, avanzar en una movilidad multimodal, eficiente e innovadora tanto para pasajeros para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. La Comisión Europea también resalta la importancia de desplegar una red «inteligente» de infraestructuras e interconexiones energéticas en Europa, así como por desarrollar una economía circular «competitiva», aprovechar los beneficios de la bioecononía y acabar con las emisiones residuales de CO2 mediante su absorción y almacenamiento.

La estrategia climática a largo plazo de la Unión Europea defiende que la modernización y descarbonización de la economía comunitaria dará un impulso «significativo» a la inversión para alcanzar hasta los 575 millones anuales. «En general, los efectos económicos de la profunda transformación son positivos a pesar de las importantes inversiones adicionales que se requieren en todos los sectores de nuestra economía», apunta el texto. En este ámbito, el documento remarca que una trayectoria compatible con un escenario libre de emisiones contaminantes tendría «un impacto positivo moderado» sobre el PIB europeo que estima en hasta el 2% para 2050, en comparación con el escenario base.

Además, el despegue de la inversión en la transformación energética, economía circular, movilidad limpia, infraestructuras verdes y bioeconomía creará «nuevas oportunidades de nuevos empleos, locales y de alta calidad». Más allá de los beneficios económicos, la descarbonización de la economía europea reducirá casi a la mitad las muertes prematuras por contaminación del aire. En la actualidad, fallecen en la Unión Europea casi 500.000 personas al año por estas causas, relacionadas con los combustibles fósiles, los procesos industriales y la agricultura, las principales fuentes de contaminación.

Acción climática “aplazada a 2030”

Amigos de la Tierra lamenta que la Estrategia de Clima de la Unión Europea para una Economía cero emisiones próspera, moderna, competitiva aplace la acción climática al periodo 2030-2050 sin aumentar la ambición entre 2020 y 2030. En este sentido, la ONG critica que no se plantee revisar los objetivos para la próxima década, 2020-2030, sino que posterga hasta 2030-2050 «toda la acción necesaria» para llegar a un horizonte libre de emisiones. Además, lamenta que en el documento se plantean 8 escenarios pero de estos, solamente 2 contemplan un futuro libre de emisiones en 2050. La ONG advierte de que para estar en línea con la ciencia del clima, ese objetivo será necesario en 2040.

Entre los aspectos positivos, celebra que incluya términos como «energía comunitaria», «empoderamiento ciudadano» o «transición justa». Por el contrario, cuestiona que el texto promueva lo que la ONG califica de «distracciones peligrosas» que no permiten avanzar hacia un futuro 100% renovable ya que considera necesarias tecnologías «no probadas o peligrosas» como la del hidrógeno, el biogás, la nuclear o la captura de carbono. Igualmente la ONG ve «muy grave» que ninguno de los escenarios contempla un mix sin aportación de carbón ya que es el combustible fósil que más perjudica al clima y la salud.

«Sabemos que la COP24 será complicada, y la Comisión ha querido arrojar algo de luz al proceso, no obstante se queda corta en objetivos y posterga las decisiones importantes», comenta Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra. Por ello, Amigos de la Tierra exige a la Comisión Europea y a los Gobiernos europeos una revisión de los acuerdos para 2030 y que apueste de forma decidida para alcanzar un sistema 100% renovable para 2040 basado en la eficiencia, el ahorro, las renovables, y la transferencia de conocimientos y financiación a los países en desarrollo.

España emitió 344 millones de toneladas de CO2 en 2017, tras aumentar un 12,2% en actividades vinculadas al sector energético

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Europa Press.- La economía española aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2017 en un 2,6% más respecto al año anterior y emitió en total 344 millones de toneladas de GEI a la atmósfera, según el avance de las Cuentas medioambientales publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la Cuenta de emisiones a la atmósfera: avance 2017 y año 2016 del INE, el año 2017 rompió la tendencia a la reducción de las emisiones que comenzó en 2008, cuando se emitieron 416,4 millones de toneladas de CO2 y que continuó, salvo en 2015 cuando hubo un “ligero repunte», hasta 2016, cuando la economía española emitió 335,1 millones de toneladas de GEI. Entre los principales GEI, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el Óxido nitroso (N2O), el primero, el CO2 registró un aumento de las emisiones en un 3,8%; las de metano, un 0,9% y el óxido nitroso, un 4,1%.

Suministro energético aumenta sus emisiones

Precisamente, según las cuentas del INE, las emisiones de CO2 fueron las que más contribuyeron a aumentar la tasa de variación anual y aportaron 3,116 puntos al crecimiento. Por el contrario, las de otros GEI, como los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de azufre (SF6) se redujeron en un 21% y tuvieron la mayor influencia negativa (-0,769 puntos). Por sectores, el suministro de energía eléctrica y gas fue el que más aumentó sus emisiones, con un 12,2%, seguido por las industrias extractivas, con un 6,6% más emisiones que en 2016. Los hogares también emitieron más, un 1%.

Por el contrario, el sector de la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca fue el grupo que más retrajo sus emisiones, en un 7,7%. Si bien, la industria manufacturera fue el que más GEI emitió, con el 24,7% del total; seguido por el 23,1% del total de emisiones que representa el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua y, el tercer puesto lo ocupan los hogares, con un 20,9%. En cantidades absolutas, la industria manufacturera emitió 77,8 millones de toneladas; los hogares 68,4 millones; el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua (67,3 millones). En su conjunto, los tres sectores concentraron el 74,8% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera.

B&B Hotels reduce sus emisiones

El grupo hotelero B&B Hotels ha anunciado que sustituirá el plástico por cartón en sus habitaciones y que con ello prevé evitar la emisión de 92 toneladas de Co2 al planeta, equivalente a 24 toneladas de plástico. La apuesta de B&B Hotels por el entorno se extiende también al conjunto de sus establecimientos. La construcción de los hoteles está pensada para generar muy poco mantenimiento, con un consumo energético mínimo.

Los establecimientos, que disponen de iluminación LED, cuentan con equipos de ahorro energético de altas prestaciones (climatización, calefacción y/o placas solares fototérmicas), además de cargadores para vehículos eléctricos de uso gratuito para sus clientes, formando parte de la red de Destination Charging de Tesla. Asimismo, la cadena hotelera apuesta por las energías limpias como en su B&B Hotel Valencia Paterna Aeropuerto, en el que redujo al mínimo el consumo de combustibles fósiles contaminantes, sustituyéndolos por una energía de origen solar.

La Unión Europea analizará si es legal prohibir la venta de determinados vehículos en 2040 antes de su aprobación definitiva

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha señalado que la Comisión Europea analizará si la prohibición de vender en España coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040 es «conforme o no» con la normativa del mercado interno, y que se hará antes de que se adopte definitivamente dicha medida.

Acerca de la medida anunciada por el Gobierno, Arias Cañete ha señalado que «no le consta» que ningún otro país haya fijado por ley la prohibición de vender determinados vehículos. «He oído declaraciones de Gobiernos y ministros de que en 2040 no se podrá…, pero no lo he visto plasmado en legislaciones internas», ha señalado el comisario, quien ha añadido que «habrá sectores en los que el motor de combustión interna deberá seguir y los fabricantes tendrán que ver cómo cumplen los objetivos de emisiones».

Desde la Comisión no se plantean prohibiciones de venta de vehículos, ha apuntado el comisario, quien ha dicho que la labor de la Comisión es «establecer trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización, pero no proponer medidas concretas drásticas«. El Consejo y el Parlamento Europeo están debatiendo la estrategia horizonte 2050 con los objetivos de reducción de emisiones elaborada por la Comisión. El debate, centrado en establecer un objetivo del 35% o 45% de emisiones, se encuentra estancado por la «poca flexibilidad» de las partes, según Arias Cañete, quien señala que si no hay acuerdo en esta legislatura, se mantendrán los objetivos de 95 gramos ya establecidos.

La electrificación generará más empleo

En este debate también se está considerando el número de puntos de carga, que podría llegar a los 2,8 millones de puntos con el 35% de nivel de emisiones que se está barajando. El comisario considera que «no se puede conseguir este objetivo haciéndolo obligatorio únicamente en gasolineras», ya que se trata de «puntos públicos de recarga». Con respecto a la preocupación manifestada por los fabricantes sobre la posible pérdida de empleo que causaría la electrificación, Arias Cañete ha afirmado que «los datos de la Comisión apuntan a que la electrificación acaba con generación neta de empleo». Sin embargo, ha apuntado que se producirán «impactos claros» en los fabricantes, así como externalidades que deberán «corregirse».

Cañete ha mencionado otras posibles vías para reducir las emisiones de carbono (CO2), entre las que ha señalado la fiscalidad, otorgar ayudas directas a través del presupuesto comunitario o los antiguos planes Renove. En este sentido, el comisario ha destacado que «lo que tiene que tener un Estado es una política muy clara del nivel de desarrollo de vehículos eléctricos que quiere y poner en marcha los temas de apoyo a las infraestructuras y las políticas fiscales necesarias». El tema verdaderamente importante, concluye Cañete, es que «no se está hablando de cómo mejorar la formación profesional para hacer posible la descarbonización del sector del transporte».

Aniacam y la reunión ministerial

Por otro lado, la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam) ha mostrado su agradecimiento a los Ministerios de Industria y para la Transición Ecológica por convocar una reunión «de urgencia» para atajar y clarificar el ruido mediático en relación con el borrador sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno.Este documento contempla la intención del Gobierno de prohibir la matriculación de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, mientras que su circulación se vetará desde el año 2050.

Aniacam destacó que el Gobierno dejó patente que el ejercicio de descarbonización tendrá unos plazos que «no tienen que poner en peligro» la capacidad productiva de las fábricas en España, de sus empleados, del sector de la distribución y de los consumidores.Desde Aniacam indicaron que el Gobierno tiene el objetivo de marcar unas metas de un futuro para que «con tiempo» todos los protagonistas del sector y los usuarios puedan ir adecuando sus necesidades para adaptar sus estructuras a un horizonte que, aunque lejano, puedan ir incorporando a las agendas de todo el sector para poder cumplir los objetivos.

Ribera: España no puede estar en el «vagón de cola» hacia la descarbonización y ve 2040 como una fecha «razonable»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que España no puede ser el «vagón de cola» en el proceso hacia la descarbonización y subraya que 2040 le parece un «plazo razonable» para adaptarse al objetivo de prohibir en España la matriculación de vehículos con emisiones de CO2.

Ribera destacó la importancia de ir transformándose para liderar esas nuevas alternativas que están surgiendo en el campo de la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente. «Creo que 20 años es un plazo razonable para gestionar dicha transformación», subrayó. Además, afirmó que su sensación es que los cambios se están produciendo muy rápidamente. «Lo peor que nos podemos encontrar es que nos pasa un tsunami por encima, tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria», indicó.

En este sentido, recordó que recientemente tanto representantes de su Ministerio como del de Industria, Comercio y Turismo se reunieron con las principales asociaciones del sector y señaló que dicha mesa de transformación «es fundamental» para asegurar el futuro. «Los que tenemos hoy coches podemos estar tranquilos, tenemos tiempo con coches mucho más eficientes, con motores de combustión y también híbridos», resaltó, al tiempo que indicó que, en la actualidad, el 65% de los coches que exportan se envía a países con normas que limitan la circulación de los motores de combustión en diferentes períodos.

En cuanto a la transformación de la estaciones de servicio hacia la movilidad eléctrica, Ribera indicó que estas instalaciones, por motivos de seguridad, están acostumbradas a cumplir con aspectos más complejos que su adaptación a electrolineras y destacó que hay empresas eléctricas y del sector petrolero que ya se están posicionando en relación con este cambio del modelo de negocio. La titular de la cartera de Transición Ecológica afirmó que hay que evitar que se produzcan «cuellos de botella» en la transformación porque no se cuente con infraestructuras preparadas para acoger esta evolución. «Esto requiere cambios en garajes y también en las vías públicas», señaló.

Por otro lado, afirmó que en todo proceso de cambio se producen desajustes en el marco regulatorio, puesto que fue ideado bajo otras circunstancias, y, respecto al modelo eléctrico, apuntó que la electricidad «tiene gran futuro», al ser el gran vector de desarrollo energético, aunque indicó que hay que llevar a cabo ajustes. Ribera reivindicó que están trabajando en algo que «estaba prácticamente sin hacer» y aseguró que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se tiene que presentar antes de finales de año.

Ningún país es tan ambicioso

Por otro lado, Ribera ha asegurado que «nadie» se ha marcado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero «tan ambicioso» como la propuesta de ley de cambio climático española, que señala que habrá que rebajar el CO2 en 37 puntos en 11 años. Ribera ha defendido que se proponen reducir en 2050 un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa «reducir prácticamente» a cero las emisiones y la transformación «de todo», excepto algunas emisiones residuales de la agricultura que todavía se desconoce cómo gestionar. En definitiva, reivindica que la propuesta de ley «pone patas arriba el sistema eléctrico y parte de la movilidad».

Endesa instalará 108.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 5 años mientras pide “inteligencia” para la transición energética

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, pidió que no «pueda la ansiedad» en el proceso de transición energética y ha llamado a que se realice «con inteligencia», ya que «es inviable» tener un sistema energético 100% renovable de un día para otro. Asimismo, la compañía eléctrica lanzó un macroplan para instalar 108.000 puntos de recarga públicos y privados para vehículos eléctricos en España durante los próximos 5 años, con lo que el grupo quiere promover la electrificación de la economía.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la movilidad eléctrica «es un pilar estratégico» para el grupo y con el lanzamiento de este plan «muy ambicioso» demuestra que es «un firme creyente» en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Este plan se llevará a cabo bajo la marca Endesa X, la nueva línea de negocio de la energética que ofrecerá servicios de valor añadido y soluciones tecnológicas innovadoras en el mundo de la energía. El presidente de Endesa, Borja Prado consideró que la iniciativa lanzada por Endesa supone «el plan más ambicioso» puesto en marcha en España en materia de movilidad eléctrica.

En concreto, se instalarán más de 8.500 puntos de recarga pública entre 2019-2023, cuya inversión ascenderá a 65 millones de euros; así como otros 100.000 puntos privados en parkings residenciales y corporativos. De estos puntos, más de 2.000 se instalarán entre 2019-2020 para dar acceso a la infraestructura al 75% de la población, conectando las principales ciudades (de más de 35.000 habitantes) y carreteras, cubriendo así los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas urbanas.

En la segunda fase, entre 2021-2023, se instalarán los otros más de 6.500 puntos de recarga de acceso público para garantizar una cobertura más amplia de las zonas urbanas (centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, vía pública…), las principales autopistas y las islas. En paralelo, Endesa impulsará el desarrollo de puntos de recarga en parkings privados, residenciales y de compañías, con el objetivo de alcanzar 100.000 puntos de recarga instalados en el periodo de desarrollo del plan. Este proceso estará acompañado por la entrada de los nuevos modelos de vehículo eléctrico, que tendrán en su mayoría una autonomía de más de 400 kilómetros, según han adelantado los fabricantes.

La electricidad suministrada en estos puntos de recarga de acceso público será 100% certificada de origen renovable, lo que asegura que esta energía procederá de fuentes de generación limpia. Bogas consideró que, una vez que los fabricantes de automóviles consigan incrementar de manera sustancial la autonomía de las baterías y que el precio de los vehículos eléctricos empieza a ser competitivo frente a los de combustión, es necesario superar una última barrera en su desarrollo, la de las infraestructuras, donde Endesa puede ofrecer «su aportación».

Así, destacó que el objetivo del plan lanzado por la energética a 5 años es que cualquier conductor pueda desplazarse por España teniendo un punto de recarga a una distancia máxima de 100 kilómetros. El plan lanzado por Endesa incluye la carga doméstica a 3,7 kW, puntos de carga semirápida de 22 kW, puntos de carga rápida de 50 kW y más de 150 kW de puntos de carga ultrarrápidos.

Hacer transición energética «con inteligencia»

Por otro lado, Bogas afirmó, al ser cuestionado por la voluntad del Gobierno de no alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años, que esa transición energética hay que hacerla «con inteligencia», tal y como recuerdan todos los agentes del sector (eléctricas, gobiernos y otras instituciones). «Hacerlo con inteligencia es gradualmente ir introduciendo más renovables, gradualmente ir cerrando centrales que hoy en día funcionan. Querríamos muchas veces que el sector eléctrico 100% renovable fuera mañana, pero eso es inviable«, afirmó. Así, subrayó que en esta transición energética hay que acompasar la mayor reducción posible de CO2 con unos costes de la electricidad competitivos y, siempre, preservando la seguridad de suministro.

Bogas afirmó que habrá que ir cerrando centrales, pero recalcó que este proceso se debe llevar a cabo de «forma planificada, de forma gradual, que es lo que creo que el Gobierno ha dicho». Por otra parte, el directivo consideró que el reto de pasar de un sistema eléctrico con centrales que emiten CO2 pero ofrecen firmeza al sistema a otro con un desarrollo de las baterías y el almacenamiento para complementar las renovables es «muy grande, pero es viable».

El Gobierno propone edificios descarbonizados en 2030, coches solo eléctricos en 2050 y un 90% menos de CO2 en 2050

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Europa Press.- El Gobierno quiere «poner en el centro de la acción política» la lucha contra el cambio climático y la transición energética para «construir el futuro» mediante un plan que prevé la «neutralidad» de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con pasos previos que incluyen la descarbonización de los edificios de aquí a 2030, la prohibición de circular a los vehículos que emitan CO2 en 2050 y una economía descarbonizada al 90%.

Así consta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que para facilitar esta transición de una manera justa se podría destinar el 30% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a los «elementos con incidencia social» provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. La propuesta normativa, que consta de 31 artículos en 9 títulos y varias disposiciones, reconsidera el papel de los combustibles fósiles, la electricidad, el consumo, la movilidad o la vivienda y un nuevo sistema fiscal que grave las prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

Los objetivos, superiores a los marcados por la Unión Europea, son reducir en 2030 un 20% las emisiones de GEI respecto a 1990 y que el conjunto de la economía española deberá reducir en un 90% sus emisiones de aquí a 2050 respecto a 1990, con un sistema eléctrico basado «exclusivamente» en fuentes de generación de origen renovable. Al mismo tiempo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En el camino de cumplimiento, el Gobierno plantea la aprobación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima que incluirán los objetivos, políticas y medidas correspondientes así como un presupuesto de carbono quinquenal que precisará lo que corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 y lo que le toca al resto. Para facilitar el impulso a las energías renovables, el Gobierno propone abrir procedimientos para construir un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año entre 2020 y 2030.

Otra de las principales cuestiones que prevé el anteproyecto es que cuando entre en vigor la Ley no se darán en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, ninguna autorización nueva de exploración o permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos ni tampoco para fracking, al tiempo que las autorizaciones en vigor podrán solicitar prórrogas solo hasta 2040. También se prohibirán los subsidios o incentivos económicos a los combustibles fósiles, mientras que se aprobarán mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos a partir de materias primas y energías renovables y se permitirá la inyección de gases renovables en la red de gas natural.

El título V del anteproyecto de Ley se centra en la movilidad y la edificación, dos aspectos en los que el cambio que se plantea de aquí a los próximos 32 años es casi de 180 grados. En concreto, el borrador apuesta porque el parque de turismos que circule por las carreteras no emita CO2 en 2050 y para ello, 10 años antes no se permitirá en España la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo que incluye a los de gasolina y diésel, pero también a los híbridos. Solo se libran los vehículos históricos, que sí podrán circular siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales.

Las gasolineras deberán presentar un plan para instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW que además se deberán abastecer con renovables. Para ello dispondrán de un plazo que va de 9 a 15 meses en función de su volumen de ventas. En materia de vivienda, la propuesta normativa prevé la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030 mediante una estrategia que deberán elaborar las comunidades autónomas. Además, todas las edificaciones que liciten las administraciones públicas deberán ser de energía casi nula en 2025, cuando tampoco podrán arrendar edificios no eficientes.

En general, todos los planteamientos, tanto de inversiones como de planificación, deberán considerar los riesgos del cambio climático. En este objetivo, las comunidades autónomas y los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021. La política fiscal, según el anteproyecto, incorporará incentivos a la economía baja en carbono. Concretamente, estima que al menos el 20% de los Presupuestos deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025 y entonces ese porcentaje se revisará al alza.

Por último, para garantizar el cumplimiento de la ley, de los planes y las estrategias dirigidos a lograr los objetivos finales, el Gobierno creará el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que estará integrado por la Presidencia y 8 expertos que asesorarán al Ejecutivo y contarán con independencia. Sus miembros serán propuestos por el Consejo Nacional del Clima y serán aprobados por el Congreso de los Diputados. Este órgano se encargará de realizar recomendaciones y propuestas que el Gobierno deberá valorar de forma motivada.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».