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Organizaciones ecologistas y renovables piden a Rajoy que no ilegalice las instalaciones de autoconsumo a partir del lunes

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Servimedia / Europa Press.- 11 organizaciones ecologistas, de consumidores y del sector de las renovables enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para expresar su preocupación por «la situación de indefensión» a la que el Ejecutivo somete a gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica, que podrían ser sancionados a partir del próximo lunes, fecha límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor de la norma se registren, por lo que piden prorrogar el plazo.

Las entidades son Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco, Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Ecologistas en Acción, Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España. Denuncian que miles de instalaciones de autoconsumo eléctrico en España podrían entrar el próximo lunes, 11 de abril, en un limbo legal muy cercano a la ilegalización, ya que es la fecha límite para que las instalaciones se adapten a su articulado, bajo amenaza de ser declaradas ilegales y de exponerse a multas de hasta 60 millones de euros, además de pagar los cargos al autoconsumo.

Las organizaciones consideran que el Gobierno penaliza a quienes pusieron en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico para sus hogares o negocios en los últimos años, algo que «contribuye a la lucha contra el cambio climático y al cambio de modelo energético del país». Además, denuncian que el Ministerio de Industria, que fraguó el decreto contra el autoconsumo, «está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que estableció, ya que a pocos días para que finalice el plazo fijado, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas.

Asimismo, las entidades piden a Rajoy que resuelva «el caos creado por el ministro José Manuel Soria» y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas por «la falta de previsión» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por otro lado, recalcan que, «en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada, y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana». «Por este motivo, resulta incomprensible que Soria siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas«, añaden.

Las organizaciones destacan que el decreto de autoconsumo eléctrico «contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética». «La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, al impedir cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas», concluyen.

Ecologistas en Acción critica que España “no ha aprendido la lección del accidente nuclear de Fukushima” un lustro después

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Europa Press / Servimedia.- Ecologistas en Acción cree que España no ha aprendido las lecciones del accidente de Fukushima Daiichi, cuando se cumplen 5 años de la tragedia de un terremoto al que siguió un tsunami que provocó la «catástrofe» en la central nuclear japonesa. Con motivo del aniversario, la ONG ha anunciado que plantará un cerezo, un árbol sagrado japonés, por cada año transcurrido desde el accidente en varios puntos de España para mostrar su solidaridad con los afectados y las víctimas del accidente.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha recordado que el tsunami destrozó los sistemas de refrigeración y de alimentación eléctrica de las centrales: se produjeron tres grandes explosiones de hidrógeno en los reactores 1, 2 y 3, y un incendio en la piscina del reactor número 4. Además asegura que la situación «sigue sin controlarse» y de hecho no se puede entrar en los reactores que están fundidos total o parcialmente por la alta radiactividad. Además, Castejón añade que «lo más probable» es que se tendrán que construir sarcófagos para cubrir los reactores e impedir las emisiones.

Igualmente, denuncia que la descontaminación que el Gobierno de Japón realiza para permitir que la población pueda volver a sus casas resulta «insuficiente» porque el nivel de tasa de dosis radiactiva permitida es de 20 milisievert al año (mSv/año) que es «un nivel demasiado alto». En concreto, expone que los límites para el personal profesionalmente expuesto son 50 mSv/año, con un máximo de 100 mSv en cinco años pero advierte de que la población general no cobra peligrosidad ni está sometida a controles médicos, así como de las dosis recibidas, a diferencia de las personas trabajadoras de la industria nuclear.

Asimismo, apunta que se ha renunciado a descontaminar las zonas boscosas en las que se encontraron puntos calientes con más actividad que ese límite radiactivo. Por ello, alerta de que las incidencias de la radiactividad sobre la mortalidad y la salud de los habitantes de la zona se verán en toda su intensidad en un par de décadas. Hasta el momento, el número de cánceres de tiroides en los 300.000 niños de la prefectura de Fukushima aumentó sustancialmente y se multiplicó por un número que oscila entre el 15 y el 50, según diferentes cálculos.

Entre los retos principales, Castejón señala que, en estos 5 años, el principal problema ha sido luchar contra la constante fuga de agua radiactiva al mar, un hecho traumático para un país como Japón que se vuelca en la pesca y donde es muy común el consumo de algas. Según datos de universidades niponas, el coste del accidente supera los 80.000 millones de euros y el protocolo de París, que regula las indemnizaciones a realizar por los propietarios de las centrales, ha fijado el techo de entre 750 y 1.200 millones de euros, lo que a su juicio «resulta irrisorio».

El portavoz de Ecologistas lamenta que en España no se han aprendido las lecciones de Fukushima ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) todavía se está planteando la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos) que «es idéntica» al reactor número 1 de Fukushima, que empezó a funcionar en 1971. «Los planes de emergencia nucleares no se han reformulado todavía para tener en cuenta las lecciones de aquel accidente y las llamadas pruebas de estrés no han sido suficientemente rigurosas», insiste.

Castejón destaca también que el accidente de Fukushima ha introducido una nueva variable, los sucesos externos a las plantas que no se pueden prever, por lo que la seguridad nuclear no se puede garantizar al 100%. Por ello, considera que dada la «incertidumbre y el riesgo, lo más sensato es proceder al cierre escalonado de las centrales nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que existen alternativas más limpias y seguras».

Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de Garoña en su 45º aniversario

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Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que cumple este miércoles 45 años desde que se conectara a la red por primera vez y ahora se encuentra, a juicio de la organización, «en pésimas condiciones de seguridad» y supone «un riesgo inaceptable» para las autonomías de Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Según recuerda Ecologistas en Acción, la central nuclear tiene 460 megavatios de potencia eléctrica y es un reactor de agua en ebullición idéntico al número 1 de Fukushima-Daiichi (Japón), que sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011. Garoña entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1971 y fue inaugurada por Francisco Franco. Como consecuencia de esta antigüedad, la organización considera “sensato” proceder al cierre definitivo de Garoña, la más antigua de Europa. En este sentido, Ecologistas en Acción asegura que la central se encuentra «en muy malas condiciones de seguridad», como muestran los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al presentar “78 elementos severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo”.

«Se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico, y modificar el venteo de la contención, para evitar posible explosiones», añadió. Además, Ecologistas en Acción consideró «imprescindible» aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fukushima y recalcó que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha ordenado a Garoña construir una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río. «Estas reformas supondrían un gasto de 150 millones de euros. Aun así, no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente», apostilló.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, señaló que «lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central», porque supone un riesgo para seis comunidades autónomas «bien a través del viento o bien a través del río Ebro como vectores de la radiactividad«. «Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico”, por lo que su cierre definitivo “no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico», indicó, antes de concluir que «el negocio de pocos no puede sustentarse sobre el riesgo, tanto para la salud como económico, que sufren miles de personas».

Por ello, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares asegura que el Gobierno del PP debería «rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central». Además, cree que para su titular, Nuclenor, y el resto de la industria nuclear mantener Garoña, para la que se ha solicitado prorrogar su actividad hasta 2031, es «un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años».

Ecologistas en Acción cree que Nuclenor mantiene Garoña para que sea precedente para extender el funcionamiento del parque nuclear

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EFE / Europa Press.- Mientras desde el PSOE del País Vasco exigen que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detenga la evaluación de Garoña hasta que haya nuevo Gobierno, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, asegura que la propietaria de Garoña, Nuclenor, está soportando un «gasto notable» para mantener la planta abierta, aunque esté parada, para que sea un precedente en el parque nuclear español.

En su opinión, para Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, el gasto de mantener Garoña (Burgos) abierta con unos 300 trabajadores parece «algo ilógico» pero es «una inversión» «porque no se trata de mantener abierta esta central, sino de prolongar la vida de todo el parque nuclear». En este sentido, ha recordado que hay otras centrales que también están a punto de cumplir los 40 años que se fijaron para que funcionaran cuando se diseñaron, como Almaraz I, que los cumplirá en 2020 y Almaraz II, al año siguiente, y que se podrían beneficiar de una prórroga con «relativa facilidad» siguiendo el ejemplo de Garoña.

Castejón considera que el CSN también está contribuyendo a alargar la vida de la central de Garoña, al seguir la forma atípica de «licenciamientos parciales», en lugar de tratar todo el expediente para resolver la solicitud de prórroga, como se había hecho con anterioridad. De esta manera, considera el portavoz ecologista, se va «estirando» el periodo de resolución y se ganan meses de vida para el resto del parque nuclear. Además, parte de las especificaciones técnicas que se están aprobando para la central nuclear de Garoña son válidas para otras plantas y ya contemplan condiciones para que sigan funcionando más allá de los 40 años.

Castejón considera que la fórmula que está siguiendo el CSN con Garoña está sirviendo para evitar una valoración conjunta de la seguridad de la central burgalesa y el debate sobre una solicitud de prórroga por 17 años, la más larga planteada hasta ahora en España, que permitiría a la central llegar a los 60 años de actividad. Otro efecto del sistema de «resoluciones parciales» de la prórroga de Garoña es que «desmoviliza a los grupos ecologistas y a la sociedad», al convertirse en un tema que se prolonga en el tiempo y en el que se avanza a «pequeños pasos».

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción asegura también que en el caso de Garoña se están «vulnerando principios democráticos» al aprobar una ley «ad hoc» para que la central pueda seguir sin una orden definitiva de cierre tras su parada voluntaria en diciembre de 2012. También considera que el CSN, que es nombrado por el Parlamento y debe dar cuentas ante el Congreso, tendría que haber acatado la petición de todos los grupos parlamentarios salvo el popular para detener toda la tramitación del expediente de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno. Castejón insiste en que la aportación de Garoña a la red eléctrica es «prescindible» porque, a su juicio, España tiene una «sobrepotencia eléctrica de casi 60.000 megavatios-2.

PSOE vasco y el CSN

El PSOE del País Vasco aseveró que un Gobierno en funciones «no tiene legitimidad» para autorizar la renovación de la central nuclear de Garoña y, por tanto, debería ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detenga el proceso de evaluación hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo. En este sentido, los socialistas argumentan que en la actualidad la composición del CSN no se corresponde a la mayoría del Congreso de los Diputados, que es partidaria de cerrar esta central.

El PSOE considera que el «verdadero objetivo» del PP es «satisfacer los intereses del oligopolio eléctrico» y abrir Garoña «como punta de lanza para conseguir su gran objetivo prolongar la vida útil de las centrales nucleares» porque es «un negocio redondo para las eléctricas«. La formación socialista denuncia que el PP pretende dar un «golpe con premeditación y alevosía» para reabrir la central nuclear de Garoña, y ha animado a la sociedad alavesa a participar en el acto convocado para el 19 de marzo por todas las formaciones alavesas, salvo el Partido Popular, para reclamar el desmantelamiento de la planta.

El CSN garantiza que Almaraz está en situación «segura» por lo que no hará actuaciones adicionales pero sí un seguimiento

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Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas solicitan paralizar cautelarmente la central nuclear de Almaraz (Cáceres) por lo que consideran «problemas endémicos» del sistema de refrigeración, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no considera necesario requerir actuaciones adicionales al titular de la planta después de que un informe interno de los técnicos dirigido al director de seguridad nuclear del regulador atómico cuestionase las «garantías» de la planta tras detectarse un «problema» en el mantenimiento de unas bombas del circuito de refrigeración.

Según el CSN, el pleno del regulador atómico fue informado respecto a la situación por el director técnico de seguridad nuclear, Antonio Munuera, que concluyó que Almaraz «se encuentra en una situación segura». Así, de acuerdo con la información disponible en la actualidad, tras las conclusiones sobre la operabilidad de las bombas y la situación operativa existente, el CSN «no considera necesario requerir actuaciones adicionales» al titular. Sin embargo, añade que se realizará un «seguimiento detallado» de los resultados del plan de actuaciones del titular. Además, se evaluará la información adicional que la planta suministre.

En concreto, la dirección de Seguridad Nuclear explicó que en la actualidad la unidad I de Almaraz está parada por recarga y tiene «operables» las dos bombas del sistema de agua de servicios esenciales, donde los técnicos detectaron un «problema de mantenimiento». Aún así «no presentan ninguna incertidumbre respecto de su operabilidad». En cuanto a la unidad II, señaló que dispone de dos bombas que están operables y que, también está alineada a esta unidad una bomba común que los dos reactores tienen de reserva.

Según esto, la situación descrita se ve «reforzada» por la restricción operativa adicional establecida por el titular, para aplicar acciones «más restrictivas» que las que contemplan sus Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de modo que en caso de que una de las cinco bombas falle, ambas unidades del reactor se deberán parar de forma segura. Igualmente, indicó que el titular ha realizado las «actuaciones necesarias» para obtener una garantía de «expectativa razonable de operabilidad». «Esa garantía se considera suficiente, aunque está limitada por el hecho de no haber determinado hasta la fecha la causa origen del fallo de motor ocurrido en enero», ha apuntado la dirección técnica de seguridad nuclear.

Según el CSN, el pasado 11 de enero se produjo un fallo del motor de la bomba B del sistema de refrigeración de la unidad I de Almaraz. A consecuencia de esto, el titular procedió a abrir un parte de «condición anómala» para las dos bombas (A y B), de la unidad II de la central nuclear, que en ese momento se encontraba funcionamiento a plena potencia. Ante esa situación, el titular extendió la condición anómala a la bomba común de las dos unidades (la central dispone de un total de cinco bombas de este tipo, dos para cada unidad y una quinta común de reserva y que puede sustituir a cualquiera de las anteriores).

Posteriormente, el día 15 de enero el titular de la central extendió la condición anómala a todas (las cinco bombas del sistema de agua de servicios esenciales) y no identificó la causa del fallo. Por ello, el CSN inició una inspección reactiva, que se realizó el 22 de enero, para identificar y recopilar información adicional sobre este suceso y para descartar que pudiera existir una causa de fallo común en todas las bombas, así como conocer el mantenimiento de los motores de las bombas, cojinetes, así como para determinar la idoneidad de las acciones compensatorias.

Ecologistas piden paralizar cautelarmente Almaraz

Por su parte, las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que los fallos en los sistemas de refrigeración detectados en Almaraz son «endémicos» y se producen desde su puesta en funcionamiento, por lo que piden una «parada cautelar» hasta que se solucione definitivamente. Así, para el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, indicó que Almaraz siempre ha tenido problemas con el sistema de aguas esenciales, que sirve para extraer el calor del núcleo y evitar que se funda, como ocurrió en Fukushima. «Lo ideal sería una parada cautelar de la central porque si ocurre un accidente nos encontraríamos con que no hay suficiente agua para extraer el calor del núcleo», ha advertido Castejón.

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que Greenpeace ha evaluado los resultados de las pruebas de resistencia y concluyó que uno de los fallos «más llamativos» es la redundancia de los sistemas de refrigeración que necesita Almaraz y los sistemas de venteo, así como los problemas en el sistema de detección de incendios. A su juicio, los técnicos están «informando de fallos, pero el órgano político del CSN trabaja en la dirección contraria».

Los partidos políticos y los ecologistas piden al CSN que no estudie reabrir Garoña en su pleno de este miércoles

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Redacción / Agencias.- Representantes de PSOE, Podemos, Compromís, ERC, IU-Unidad Popular y Bildu han mantenido un encuentro este martes en el Congreso de los Diputados con miembros de Greenpeace y de Ecologistas en Acción en el que han pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que en su pleno de este miércoles no estudie reabrir Garoña (Burgos). A esta reivindicación se sumarían miembros de Democracia y Libertad (DL) y del PNV que, por problemas de agenda, no han podido participar de la reunión.

Así, desde Greenpeace han acudido a la Cámara Baja su presidente Mario Rodríguez, y la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón, así como el representante de Ecologistas en Acción, Paco Castejón. Montón sostiene que actualmente «no es momento de firmar una licencia» para reabrir Garoña en las actuales condiciones en las que se encuentra tanto el Gobierno, en funciones, así como la propia instalación atómica. A su juicio, entre otros puntos dice que es una cuestión de «seguridad nuclear».

«Si un gobierno posterior quisiera cerrarla, le darían herramientas a las empresas, Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, para solicitar el lucro cesante por esa decisión de cierre y creemos que en este tiempo de descuento no es momento de renovar la licencia», agrega. Sobre el pleno del CSN de este miércoles, Montón espera «que se paralice ese proceso porque la mayor parte de parlamentarios quiere el cierre de Garoña». Desde Ecologistas en Acción, Paco Castejón, advirtió de que un informe favorable del órgano regulador a la reapertura de la central supondría una «presión inadmisible» sobre un Gobierno que quisiera pronunciarse sobre Garoña de forma autónoma. «Creo que es pertinente que el CSN interrumpa sus funciones estas semanas», precisó Castejón.

En diciembre de 2014, PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias sellaron un pacto para que la instalación atómica de Garoña no reanudase sus operaciones en cuanto cambiaran las mayorías en el Congreso. Actualmente, las formaciones que no quieren la reapertura de la central lograrían la mayoría necesaria para que ésta no pudiera volver a operar. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear, debe elaborar un informe para evaluar si se han cumplido los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña. El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria y el Consejo de Ministros.

Por su parte, la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, explicó que la reunión pretende visualizar la oposición parlamentaria a la reapertura de la nuclear y su apoyo a un plan de sustitución de las nucleares por renovables. Asimismo, recordó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa en la Cámara esta legislatura con el objetivo de que no se reabra Garoña. Sobre si el PSOE estaría dispuesto a cambiar las reglas del juego en la elección de consejeros del CSN, Lucio subrayó que se trata de «un compromiso de campaña» y confirmó que su formación estaría a favor de una revisión en profundidad sobre cómo se eligen los consejeros del CSN y otro organismos reguladores.

Mientras, Juan López de Uralde, diputado de Equo y Podemos, ve importante que desde la sociedad civil se inste a los partidos a cumplir lo prometido en ese acuerdo de cerrar de forma definitiva la central. Podemos también presentó en la Cámara una proposición no de ley instando a la no reapertura de Garoña y solicitó al CSN que el proceso se paralice hasta que haya un gobierno. «Un gobierno en funciones debe actuar en asuntos del día a día pero la reapertura de una central para los próximos 17 años no le corresponde», indicó.

Sobre el pleno del órgano regulador de este miércoles, Uralde hace un llamamiento para que no trate la cuestión de Garoña. «Hay 7 puntos que quedaron retrasados e instamos a que no se traten y se espere a que haya un gobierno para no condicionar la reapertura o ver los costes económicos que tendría que el CSN se adelante a lo que pueda decidir un gobierno», ha precisado el diputado. Tanto partidos como grupos ecologistas incidieron en que es la primera vez en la historia del país en la que se daría luz verde a una renovación a una nuclear por un periodo de 17 años, en lugar de las anteriores renovaciones por 10 años.

Ecologistas en Acción ve «innecesaria» otra refinería en la Bahía de Algeciras ya que «agravaría la situación sanitaria»

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Europa Press.- Ecologistas en Acción en el Campo de Gibraltar considera «innecesaria» la instalación de una nueva refinería en la Bahía de Algeciras, ya que «aumentaría las emisiones contaminantes a niveles inaceptables y agravaría la actual situación sanitaria con altos niveles de morbilidad«. Asimismo, Ecologistas apuntó que «tampoco hay que olvidar que para luchar contra el cambio climático es necesario abandonar las energías fósiles».

Los ecologistas indicaron que el proyecto promovido por la Compañía Iraní de Refinado y Distribución (Niordc) pretende refinar 10 millones de toneladas de crudo al año, 220.000 barriles de petróleo diario» y tendría la aprobación del Gobierno en funciones del PP, a la vista de las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo». Según Ecologistas en Acción, la capacidad de refino de las 10 refinerías instaladas en España es de 76,8 millones de toneladas de crudo, «muy superior a las importaciones, que en 2015 rondarán las 65 millones de toneladas», por lo que «ahora mismo hay por tanto capacidad excedente de refino».

Por ello, aseguran que «una nueva refinería daría salida comercial al crudo iraní pero supondría aumentar de forma innecesaria la ya gran capacidad de refino; su producción iría destinada en su mayor parte a la exportación». En este sentido, resaltaron que «las refinerías son las instalaciones industriales más contaminantes de todas las existentes«. «El sector del refino en España emitió más de 14 millones de toneladas de CO2 en 2015, lo que supuso el 4,82% del total de emisiones de gases invernadero de España», apuntaron. Además, durante 2014 fue «el segundo sector más contaminante en la emisión de óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y níquel, mientras que fue el tercero en la emisión de óxidos de nitrógeno y naftaleno».

A juicio deEcologistas en Acción, «es ingenuo pensar que las emisiones no tendrán impactos sobre la salud de la población cercana a esa instalación y sobre el medio marino«. Además, ha añadido, «hay que tener en cuenta el efecto sinérgico y de acumulación a las emisiones del resto de industria pesada existente en el Campo de Gibraltar, que lo configura como el primer polígono industrial de industria pesada de Andalucía». Por todo ello, para Ecologistas «la idea de instalar una nueva refinería en la zona es completamente descabellada y solo obedece a intereses especulativos».

La bici del diputado López de Uralde (Equo), un símbolo de la lucha por la movilidad sostenible

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales han celebrado que el diputado de Podemos-Equo Juan López de Uralde haya acudido al Congreso de los Diputados en bicicleta porque es un gesto «positivo» en favor de la movilidad sostenible. Además, los ecologistas consideran que el hecho de que no haya un aparcamiento previsto para bicicletas en la Cámara Baja es un síntoma del camino que falta por recorrer.

Para el responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra, Alejandro González, que 3 diputados empiecen a ir en bicicleta es un «síntoma bastante positivo y un gesto simbólico» y espera que tanto Uralde como sus compañeros inviten al resto de diputados a emularles. «Es un buen punto de partida», indicó, al tiempo que ha añadido que el hecho de que «al final» le hayan dejado meter la bicicleta en el garaje para coches es un síntoma de que «no está previsto» un aparcamiento para este medio de transporte. Respecto al nuevo periodo del Parlamento, ha deseado que la nueva actividad parlamentaria impulse un «nuevo espíritu» en la movilidad del futuro.

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, celebró que las cosas están cambiando y que en el Parlamento estén entrando diputados con «una sensibilidad ambiental diferente«. Por ello, cree que estas motivaciones deben verse en distintos gestos como ir en bicicleta, igual que ya hacen algunos alcaldes e incluso han hecho algunos primer ministro de otros países. Sin embargo, le parece «sorprendente» que ni siquiera esté previsto que entren bicicletas en el Congreso. «El hecho de que no haya espacio para bicis pero sí un garaje para coches es muy significativo», subrayó.

En esta línea, para la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, el gesto de Uralde, que fue director ejecutivo de esta misma ONG, supone el «símbolo» de que Madrid debe ser «mucho más habitable» y una ciudad no solo para los conductores, sino para los ciudadanos. Asimismo, opina que una ciudad grande debe de facilitar la movilidad sostenible y confía en que Uralde favorecerá desde la Cámara Baja la movilidad sostenible ya que sus declaraciones «siempre» han estado dirigidas hacia la lucha contra el cambio climático, para lo que la movilidad es «fundamental».

En la misma línea, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, cree que los gestos son «muy poderosos e importantes y siempre han ayudado a mover las ideas», por lo que califica la llegada en bici al Congreso de un «símbolo de los nuevos aires que llegan al Congreso y que espera que se materialicen de verdad en propuestas y acción política cuanto antes». En este sentido, indicó que espera que Podemos «asuma cuanto antes los postulados» de Equo, cuyo programa ambiental es «muy potente». Del Olmo pide que estas formaciones pongan la defensa del medio ambiente entre sus prioridades puesto que «sin un medio ambiente adecuado, todo lo demás está en peligro».

Ecologistas en Acción exige el «cierre definitivo» de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- La Asamblea Federal de Ecologistas en Acción exigió al Gobierno central que «no otorgue un nuevo permiso de explotación a Garoña y proceda a su cierre definitivo por el riesgo que supondría la puesta en marcha de la central». A juicio del colectivo ecologista, en Garoña «el riesgo de accidente es demasiado grande, dado que el estado de la central es lamentable».

Ecologistas en Acción Indica que «Garoña está aquejada de numerosos problemas de seguridad entre los que destacan: la vasija está afectada por fenómenos de corrosión, así como las penetraciones de las barras de control, que son los auténticos frenos de la central; el sistema de protección contra incendios presenta graves deficiencias; al igual que numerosos sistemas eléctricos y de control».

Además, señala que «el reactor de Garoña es idéntico al número 1 de Fukushima, por lo que presenta sus mismas deficiencias y riesgos, sobre todo en los sistemas de venteo de gases; todavía no se han realizado las modificaciones impuestas tras las pruebas de estrés que, en todo caso, no garantizan la seguridad de la central; y sería imprescindible que edificara una torre de enfriamiento para dejar de calentar el agua del Ebro en exceso».

«Un accidente en Garoña podría suponer un episodio de contaminación terrible en la zona y más allá. Garoña se encuentra muy cerca de Euskadi por lo que su contaminación superaría las fronteras de Burgos y Castilla-León y, además, se podría contaminar el río Ebro con consecuencias espantosas sobre los cultivos, las ciudades e industrias ribereñas de Castilla-León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. El litoral mediterráneo también se vería afectado. Mantener esta central en funcionamiento sería jugar con fuego«, recalcan.

Señalan que «Garoña genera en su funcionamiento unas 15 Tm de residuos de alta actividad al año, que son peligrosas durante cientos de miles de años y para los que no existe solución», por lo que afirman que «la paralización definitiva de Garoña evitaría un aumento de los residuos a gestionar». A su juicio, «la electricidad que genera Garoña no es necesaria, como muestra el hecho de que lleva parada tres años sin ningún problema de suministro, y los puestos de trabajo que genera también están garantizados por su desmantelamiento».

«La posible continuidad de Garoña abriría la puerta a la prolongación de la vida de las centrales hasta los 60 años, lo que resulta inadmisible. Además, el proceso de la posible reapertura ha supuesto un desprestigio sin precedentes del Consejo de Seguridad Nuclear. Ante estos hechos, la Asamblea resuelve pedir el cierre definitivo de la central y proceder a su desmantelamiento a la mayor brevedad», finalizan desde Ecologisas en Acción.

Las organizaciones ecologistas piden mayor esfuerzo en el cierre de las negociaciones climáticas de París y critican a la Unión Europea

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EFE.- La Red de Acción sobre el Clima (CAN, por sus siglas en inglés), alianza que engloba a varias de las principales ONG medioambientales del mundo, reconoció el rápido avance en las negociaciones para alcanzar un acuerdo, pero pidió más esfuerzo en cuestiones como la financiación. De hecho, otorgó su premio diario «Fósil» a la Unión Europea por la «falta de ambición» que, según la ONG, el bloque está mostrando en las negociaciones climática de la cumbre de París (COP21).

El director de Estrategia y Políticas de la organización Union for Concerned Scientists, Alden Meyer, consideró que «hay claramente algo de progreso: se ha resuelto el asunto del límite para la temperatura, y también la neutralidad de emisiones para la segunda mitad de siglo«. Sin embargo, puntualizó que en la financiación «queda mucho trabajo por hacer», sobre todo en lo referido a los fondos para la adaptación de los países en desarrollo antes de 2020.

La cumbre del clima (COP21) de París avanza con buen paso para lograr un acuerdo global de lucha contra el calentamiento estos días, según indicó el presidente de la reunión, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, durante la presentación esta noche de un nuevo borrador de acuerdo. El nuevo documento, en el que prácticamente han desaparecido los corchetes (apenas quedan 48 frente a los 365 que tenía antes), ya tiene «la forma» del acuerdo legal que prevén adoptar 195 países más la Unión Europea.

Neutralidad de emisiones desde 2050

«Estamos muy cerca de la meta, y confiamos en que se resuelva», señaló Meyer, que agregó que la cuestión de la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo «sigue entre corchetes», aunque concedió que parece haber consenso en que los 100.000 millones de dólares que deberán ser movilizados anualmente son responsabilidad de las naciones ricas. Alabó que se incluya el objetivo de la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero durante la segunda mitad del siglo, lo que «envía un mensaje fuerte al sector financiero sobre por dónde deben ir las inversiones». «Hay que resolver las cuestiones pendientes», enfatizó.

Por su lado, la responsable climática de Oxfam, Kelly Dent, señaló que en el texto sometido a análisis hay «ganancias», como la referencia a los objetivos de financiación posteriores a 2020, y «pérdidas», como que desaparece la alusión a los derechos humanos en el artículo dos del documento. También llamó la atención sobre que la controvertida cuestión de la creación de un mecanismo de «pérdidas y daños» para los países más vulnerables al cambio climático sigue abierta, algo que a su juicio es «muy importante».

Por su lado, Greenpeace, criticó que «lo que hay ahora en la mesa todavía no es suficientemente bueno». La organización ecologista cree que los actuales objetivos de emisiones no dejarán por debajo de 1,5 grados centígrados el calentamiento global y «este borrador no hace absolutamente nada por cambiar eso». «Presenciamos una muestra de impotencia internacional», sentencia Greenpeace, que cree que se está «cerrando la puerta a nuestra mejor oportunidad para evitar el calentamiento». Mientras, Ecologistas en Acción indicó que «la cumbre del clima de París se dirige hacia un acuerdo de mínimos, claramente descafeinado y sin ambición ni herramientas objetivas para convertirse en un instrumento eficaz contra el cambio climático».

Críticas a la ambición europea

Por otro lado, el contra-galardón otorgado a la Unión Europea «trata de empujar a sus líderes a que «prediquen con el ejemplo y presionen para lograr un acuerdo climático lo más sólido posible» en las negociaciones que han entrado ya en su recta final. En concreto, la CAN critica que los Veintiocho supuestamente se opusieran a que se incluyese en el texto del acuerdo una mención a la necesidad de descarbonizar completamente las economías, a pesar de que lideran la autodenominada «coalición por una ambición muy alta» en la COP21.

Esa agrupación de varios centenares de ONG afirmó que la Unión Europea también se unió a los países que se oponían a que el texto pida un aumento de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020, una postura que el director de la CAN, Wendel Trio, consideró «contradictoria». «La falta de un verdadero liderazgo de la Unión Europea no nos ayuda para conseguir un acuerdo significativo», señaló. Durante esta cumbre climática, la CAN ha otorgado su premio Fósil del día a India, Venezuela, Arabia Saudí, Bélgica y Dinamarca, entre otros.