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De Guindos cree que Soria «pasará a los anales de la historia como un buen ministro» en el ámbito económico

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Europa Press / Servimedia.- El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, considera que, más allá de las razones que le llevaron a presentar su renuncia, el exministro José Manuel Soria «pasará a los anales de la historia de la política económica como un buen ministro de Industria, Energía y Turismo».

Guindos, que reconoció que Soria es buen amigo suyo, subrayó que, objetivamente, «más allá del error de comunicación» que cometió en relación a la aparición de su nombre en los llamados papeles de Panamá, “ha sido un buen ministro para España”. En este sentido, ha destacado que cuando Soria llegó al Ministerio de Industria se generaba anualmente un déficit eléctrico de más de 5.000 millones de euros que el político canario fue capaz de cerrar, dando estabilidad al sector eléctrico. También resaltó que durante su mandato creció mucho el sector turístico y que la economía española avanzó en su reindustrialización.

«Yo creo que él se da cuenta de que comete un error de comunicación y tomó la decisión más concluyente, que fue renunciar a todo. Pero, más allá de ese error de comunicación, ha sido un buen ministro», aseguró De Guindos. Preguntado por si comparte la opinión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que ninguna persona que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno, Guindos ha afirmado que «piensa lo mismo» que el titular de Hacienda.

El mandato de Soria al frente de Industria, marcado por el agujero del sistema eléctrico y las prospecciones en Canarias

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Redacción / Agencias.- El mandato de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo estuvo marcado, en el ámbito de las políticas relacionadas con su departamento, por aspectos como las medidas puestas en marcha en la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico, un lastre de 30.000 millones de euros de agujero que por lo menos no ha crecido en los dos últimos años, o la polémica por las prospecciones petrolíferas en Canarias.

Soria también ha tenido que abordar otras cuestiones como la expropiación de YPF a Repsol en 2012, el preconcurso de Abengoa, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los sucesivos planes Pive de apoyo a la compra de vehículos, la apuesta por el fracking o las controversias acerca de Castor, el autoconsumo, Garoña o el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC). En la parte final de la legislatura, la caída del precio del petróleo marcó el pulso del sector y se presentó como un «viento de cola» para la economía. Soria abandona el departamento tras no haber sido capaz de dar explicaciones sobre su aparición en los papeles de Panamá y su relación con empresas offshore, cayendo en numerosas contradicciones.

El mandato de Soria comenzó con la aprobación, en enero de 2012, de la llamada moratoria verde, por la que se suspendía de forma temporal la instalación de nueva potencia renovable incentivada mediante primas. Dos meses después, Industria aprobó un primer recorte de costes regulados del sistema eléctrico, especialmente a la distribución y a los pagos por capacidad, para contener el déficit de tarifa. También en marzo de 2012, Industria se vio forzada a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar el recibo de luz a millones de consumidores para repercutir las subidas que no aplicaron ni el PSOE en su última revisión trimestral antes de salir del Gobierno ni el PP nada más llegar al poder.

Para acabar con el déficit de tarifa, el departamento dirigido por Soria abordó dos grandes reformas, una en 2012 bajo el mandato de Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, consistente en una batería de impuestos eléctricos que contribuyó al cierre temporal de Garoña, y otra en 2013 acometida por el sucesor de Marti, Alberto Nadal, y centrada en los costes regulados. Tras alertar en varias ocasiones del riesgo de quiebra del sistema eléctrico, Nadal presentó un conjunto de medidas por las que los contribuyentes asumirían 900 millones de costes extrapeninsulares, los consumidores una subida del 3,2% en el recibo y las empresas del sector un recorte de 2.700 millones, además de un nuevo esquema retributivo para las renovables.

Este recorte a las tecnologías renovables, que se sumó a los aplicados en la última etapa del PSOE, puso al sector en pie de guerra. Los inversores han presentado recursos ante distintas instancias en España y ante los organismos de arbitraje internacional, que por el momento ya han avalado las medidas aplicadas por el exministro Miguel Sebastián. En todo caso, la reforma energética puso fin al déficit de tarifa que se generaba cada año y permitió que en 2014 el sistema eléctrico arrojase un superávit de 550 millones de euros, que podría verse incrementado en otros 900 millones en 2015. Está por ver si las medidas serán capaces de revertir las subidas del recibo de la luz iniciadas en 2005.

Tras la reforma, se produjo en diciembre de 2013 la polémica de las subastas eléctricas. El mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, alcanzó ese mes cotas históricas e hizo que la subasta del 19 de diciembre para fijar la tarifa de luz para el primer trimestre de 2014 concluyese con un alza del 11% del recibo. El Gobierno suspendió la puja alegando las «circunstancias atípicas» detectadas por el recién creado regulador, la CNMC, y puso en marcha el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la nueva tarifa por horas, que se ha convertido en todo un reto tecnológico, al permitir, para el caso de los contadores inteligentes, la facturación hora a hora.

En el sector eléctrico, la legislatura también ha estado marcada por la subida del término fijo de la electricidad, con la que el Gobierno garantizaba los ingresos del sistema pese a empeorar la señal de ahorro en el consumo, y por el real decreto de autoconsumo, especialmente criticado por el llamado impuesto al sol, por el que estos productores también deben sufragar los costes regulados del sistema. Finalmente, Industria eximió provisionalmente a los consumidores domésticos de pagar cargos por la parte variable de la electricidad autoproducida. El decreto sigue siendo objeto de polémica por incluir fuertes multas y trabas administrativas.

En gas, el Ministerio también reformó los aspectos fundamentales del sistema para atajar un incipiente déficit aunque con menos polémica y en menos tiempo; mientras que en carburantes se introdujeron algunos cambios legislativos para intentar elevar la competencia. En este capítulo energético, Industria se ha dejado, no obstante, algunos temas pendientes como la reforma del mercado mayorista eléctrico, el refuerzo de la eficiencia energética o de los proyectos de interconexiones. También una promesa electoral del PP de 2011: la reapertura de la central nuclear de Garoña, instalación que sigue a la espera de conocer su futuro mientras lleva parada desde 2012. Por otro lado, ha mantenido un conflicto constante durante la legislatura con el carbón.

Por otro lado, la decisión del Gobierno de permitir a Repsol la exploración del subsuelo en aguas canarias generó un fuerte encontronazo entre el Gobierno de Paulino Rivero y la Administración central. La movilización en contra de las prospecciones vino acompañada de la convocatoria de un referéndum cuyos términos anuló el Constitucional y que a efectos prácticos no tuvo mayor repercusión, ya que en enero de 2015 Repsol anunció que bajo las aguas de Canarias hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción. Además, tampoco llegó a realizar otros dos sondeos para los que tenía permiso, uno opcional.

Durante la etapa de Soria al frente de Industria se han aprobado un total de 8 ediciones del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con un importe total de 1.100 millones de euros. Asimismo, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos con el Plan Movele, dotado con 20 millones de euros, y del actual Movea, con 10 millones de euros. Igualmente, el Ministerio ha participado en el Plan PIMA Aire (38 millones de euros).

El déficit eléctrico se sitúa en 845,9 millones de euros en la primera liquidación del año

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 845,9 millones de euros hasta enero, según señala la primera liquidación del sistema eléctrico elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La CNMC recordó que mensualmente redistribuye el dinero que recaudan los distribuidores o transportistas de gas y electricidad entre los agentes que se encargan del transporte, distribución, comercialización a tarifas, costes permanentes del sistema y costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. Dicho trámite se denomina liquidación de las actividades reguladas y proporciona un seguimiento de la evolución del consumo, de los ingresos y de los gastos del sector energético.

No obstante, el superregulador señala que las primeras liquidaciones son de «escasa relevancia» debido al desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste. Concretamente, en la primera liquidación de cada ejercicio se declara, aproximadamente, el 2,6% de los ingresos totales de acceso del ejercicio. La demanda de consumo registrada en el primer mes del año se situó en 4.281 gigavatios hora (GWh), un 4,7% inferior al valor promedio observado en años anteriores.

62,7 millones menos de costes

Los costes regulados fueron 62,7 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración y residuos y de los pagos por capacidad. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por las renovables, la cogeneración y los residuos en enero ascendió a 519,2 millones de euros, antes de IVA o impuestos equivalentes. La CNMC ha gestionado los pagos a 63.678 instalaciones que estaban activas. Eso sí, la cantidad a pagar a cuenta a estos productores en esta liquidación ascendió a 133,6 millones de euros, antes de impuestos.

En enero, el coeficiente de cobertura fue del 25,74%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya recursos disponibles. La normativa establece que los costes del sistema se pagan conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de peajes de acceso se suelen recibir con retraso.

Déficit gasista de 170,1 millones

En lo que respecta al sector gasista, el déficit provisional se situó en 170,1 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 34,7% de la retribución acreditada. La demanda de gas en este primer mes ascendió a 16.130 GWh, un 0,6% menos que en enero del año pasado. El número de consumidores declarado por las empresas ascendió a 7,6 millones, lo que representa un aumento interanual de 63.960 consumidores.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Iberdrola contra la orden de peajes eléctricos por obligar a financiar el déficit

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Redacción / Agencias.- Mientras la compañía eléctrica continúa con su programa de recompra de acciones propias, que ya ha completado en un 86,7%, en el marco de la convocatoria de la junta general de accionistas, la sala tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Iberdrola en contra de la orden de peajes eléctricos y, en concreto, de las disposiciones en las que se obliga a la empresa a financiar los déficits de tarifa provisionales del sistema.

Desde la puesta en marcha de la reforma energética en 2013, todos los agentes del sistema eléctrico financian los desajustes que mes a mes y de forma temporal puedan producirse en las liquidaciones de la CNMC, conforme a un coeficiente de cobertura que limita sus ingresos regulados. El recurso de Iberdrola, según se aprecia en el BOE, se dirige contra la orden ministerial IET/2735/2015 de diciembre por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016. La admisión a trámite se produjo el 2 de marzo.

El año pasado, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ya dictaminó a favor de la obligación impuesta por el Gobierno en la reforma energética de que todos los agentes con retribución regulada del sector deban financiar el déficit de tarifa que pudiera producirse a partir de 2014. Aquella decisión del Supremo se produjo en respuesta a los recursos presentados por cerca de 40 productores fotovoltaicos, que habían recurrido la orden de peajes de acceso de electricidad de 2014 con el argumento de que la obligación de soportar los desequilibrios y el déficit de tarifa debería imponerse a las principales empresas del sector.

Recompra acciones por 4 millones

Por otro lado, Iberdrola recompró en la última semana 0,68 millones de acciones propias, por valor de 3,99 millones de euros a un precio medio de 5,86 euros. Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estas compras se suman a las acciones adquiridas previamente, lo que hace un total de 7,3 millones de acciones, con lo que completa el 86,7% del programa lanzado, que preveía la adquisición de un máximo de 8,35 millones de acciones. El programa de recompra de acciones pretende evitar la dilución de los accionistas que elijan cobrar el dividendo de la compañía en efectivo en lugar de en nuevos títulos.

Aprobado en accesibilidad para Iberdrola.es

Las páginas web de las empresas son, cada vez más, el principal canal de comunicación con los clientes, por lo que es necesario que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad en su diseño y renovación. De acuerdo con el último Observatorio Discapnet sobre las webs de Servicios y Suministros del Hogar de Fundación ONCE, sólo los sitios web para clientes de Iberdrola, Vodafone España y Aguas de Barcelona han obtenido un aprobado.

Para la evaluación de las páginas se analizaron tres procesos, como son la consulta de productos y tarifas, la simulación de contratación del servicio y la revisión de una factura electrónica. Además, el análisis ha sido tanto técnico como de experiencia de usuario, para lo cual se ha contado con perfiles de personas con distintos tipos de discapacidad, según indicó David Zanoletty, de Fundación ONCE, en la presentación del Observatorio. Tanto Jose Martín, responsable de Digital de Iberdrola Clientes, como David Carro, Digital Cross Capabilities Manager de Vodafone España, destacan que en un entorno tan cambiante como es Internet es esencial que «la accesibilidad esté incorporada en los entornos digitales».

La deuda del sistema eléctrico se redujo un 7% en 2015, hasta los 25.056 millones de euros

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Redacción / Agencias.- La deuda del sistema eléctrico, acumulada durante años como resultado del denominado déficit de tarifa, se situó en 25.056 millones de euros a cierre de 2015, lo que representa una reducción de 1.890 millones de euros, un 7% menos, respecto a los 26.946,3 millones de euros a los que ascendía en 2014, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante años, el sistema eléctrico sufrió un desajuste entre los ingresos y costes regulados, ya que los fondos recaudados no eran suficientes para atender a todos los costes como transporte, distribución o renovables, que además eran costes crecientes. Así, ejercicio a ejercicio se acumuló una deuda que llegó a rozar los 30.000 millones de euros y que se articuló en forma de derechos de cobro a 15 años. A medida que esta deuda crecía, suponía un lastre mayor en los balances de las empresas eléctricas, por lo que el Gobierno creó un sistema para titulizarla, es decir, colocar estos derechos de cobro en el mercado con el aval del Estado.

En la actualidad, existen cuatro categorías de derechos de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit 2005; los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante; los derechos de cobro del déficit 2013; y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). El derecho de cobro asociado al FADE representa el 79% del importe total que estaba pendiente al cierre del ejercicio 2015, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, que supone un 12,4%.

El análisis del coste medio de la deuda revela que el FADE tiene el coste más elevado, con un tipo de interés en 2016 que asciende al 4%, mientras que el déficit 2005 tiene, a día de hoy, la deuda de menor coste, dado que el tipo de interés aplicable es del -0,089% en 2016, debido a que la cotización del Euríbor a tres meses se ha situado en valores negativos desde abril de 2015. De este modo, el coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2016, con los datos disponibles a cierre de 2015, es del 3,5%, lo que implica un descenso de 33 puntos básicos respecto al coste medio ponderado de la deuda en 2015.

Por su parte, la anualidad estimada para este año es de 2.871 millones de euros, un 0,5% inferior a la del año 2015. Los intereses de la deuda estimados para el año 2016 ascienden a 882 millones de euros. Hay que reseñar que después de 14 años consecutivos de generación de déficit, 2014 fue el primer ejercicio en el que se registró un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550 millones de euros.

La CNMC recuerda que, tal y como ha señalado en su informe sobre la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016, considera necesario que se proceda lo antes posible al desarrollo reglamentario que permita cumplir con la finalidad dada en la Ley del Sector Eléctrico a los superávit de ingresos y «se pueda llevar a cabo la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico».

El déficit eléctrico de 2015 alcanza los 938 millones de euros a falta de dos liquidaciones

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos en los peajes, se situó en 938 millones de euros hasta diciembre a falta de dos liquidaciones para completar el ejercicio, según la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), que revela que los costes regulados resultaron 625 millones inferiores a lo previsto por unos menores pagos por capacidad y una menor retribución de la producción renovable.

Puesto que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se realizarán dos liquidaciones más. Así, al cierre de todas las liquidaciones, la previsión es que el saldo arroje un superávit, como ya ocurrió el año pasado por primera vez en más de una década. El pasado año, la demanda de energía eléctrica se situó en 221.277 gigavatios hora (GWh), un 2,3% superior al valor promedio observado en años anteriores.

El coeficiente de cobertura se situó en el 93,4% en la duodécima liquidación de este año, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La normativa establece que los costes del sistema se pagan conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de los peajes de acceso se suelen recibir con cierto retraso.

De acuerdo a estos datos provisionales del ejercicio 2015, los costes regulados han ascendido a 16.138 millones de euros, mientras que se han ingresado 13.056 millones por peajes de acceso y 2.144 millones por otros conceptos, que se resumen en 1.859 millones por los impuestos a la generación y 284 millones por subasta de derechos de CO2. En esta liquidación no se registraron ingresos de Hacienda, fondos que la CNMC espera recibir en próximas liquidaciones.

En cuanto a energías renovables, cogeneración y residuos, la CNMC gestionó los pagos a 63.688 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2015 ascendió a 6.668 millones de euros, aunque la cifra a abonar a cuenta a los productores en esta liquidación se reduce hasta los 440 millones una vez aplicado el coeficiente de cobertura y descontado los pagos de más cobrados en el pasado por estas tecnologías, un requisito exigido por el cambio en la regulación.

En el sector gasista, el déficit provisional se situó en 312 millones, un 57,5% menos que en la misma liquidación del 2014. La demanda de gas en 2015 se situó en 295.085 GWh, un 4,2% más que en 2014. El número de consumidores declarado por las empresas ascendió a 7,6 millones, lo que representa un aumento anual de 62.024 consumidores.

El sistema eléctrico registra hasta noviembre un desajuste que es 652 millones de euros inferior al previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 776 millones de euros hasta noviembre, lo que supone un desajuste 652 millones inferior al previsto para este periodo, de 1.428 millones. En este sentido, estos 776 millones son menos de la mitad de los 1.724 millones registrados hasta octubre. Las previsiones para el cierre del ejercicio son de superávit.

Estas cifras aparecen en la undécima liquidación del sistema eléctrico, donde se aprecia que los ingresos fiscales del sistema eléctrico ascendieron hasta noviembre a 1.859 millones. Esta partida de ingresos fiscales es aún inferior a los 2.989 millones de euros previstos para el conjunto del ejercicio 2015. La llegada de los impuestos pendientes, procedentes de las figuras impositivas creadas en 2012, contribuirá a que el sistema eléctrico arroje superávit en el ejercicio. De hecho, el Ministerio de Industria esperaba un superávit de 36,8 millones de euros para el ejercicio, si bien la evolución del escenario de costes e ingresos arrojará previsiblemente un saldo positivo mayor.

La CNMC redistribuye mensualmente el dinero que recaudan los distribuidores o transportistas de gas y electricidad entre los agentes que se encargan del transporte, distribución, comercialización a tarifas y otros costes. Este trámite se denomina liquidación de las actividades reguladas y proporciona un seguimiento de la evolución del consumo, los ingresos y los gastos del sector.  En esta ocasión el coeficiente de cobertura se sitúa en el 94,1%, es decir, que los agentes del sistema eléctrico cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya recursos.

Hasta noviembre, la demanda de energía eléctrica se situó en 201.996 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 2,8% con respecto al valor promedio observado en años anteriores, lo que ha repercutido en un incremento de los ingresos por peajes de acceso y de generadores. Además, los costes regulados son inferiores a lo previsto gracias los menores pagos por capacidad y a la bajada de la retribución renovable.

Respecto a las renovables, cogeneración y residuos, la CNMC liquidó un total de 63.691 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada hasta noviembre ascendió a 6.159 millones de euros. Precisamente en noviembre la cantidad recogida en la liquidación para su pago a los productores del anteriormente conocido como régimen especial ascendió a un total de 668 millones de euros, una vez aplicado el coeficiente de cobertura y descontado los pagos cobrados por estas tecnologías antes de la entrada en vigor del modelo retributivo.

En cuanto al sector gasista, la liquidación arroja unos ingresos netos liquidables de 2.243 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El déficit se situó en 335 millones de euros, un 65% menos que en la liquidación anterior. La demanda de gas en los 11 primeros meses de 2015 ascendió a 268.046 GWh, un 4,3% más que el año anterior. El número de consumidores declarado por las empresas se situaba en 7,608 millones con un aumento anual de 65.254 consumidores.

El sistema eléctrico registra hasta octubre un desajuste 673 millones de euros inferior al previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.724 millones de euros hasta octubre, 183 millones más que el obtenido hasta el mes de septiembre, de 1.541 millones. Sin embargo resulta ser un desajuste 673 millones de euros inferior al previsto para este periodo, dato que mejora al desajuste de 491 millones registrados en septiembre.

Estas cifras aparecen recogidas en la décima liquidación del sistema eléctrico elaborada por la CNMC, en la que también se cifra en el 91,32% el coeficiente de cobertura para los distintos agentes retribuidos, frente al 90,37% de septiembre. Los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La normativa establece que los costes se pagan conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de peajes de acceso se suelen recibir con retraso.

La demanda en consumo fue de 182.788 gigavatios hora (GWh), un 2,9% superior al valor promedio observado en años anteriores, lo que permitió que los ingresos por peajes de acceso, de 10.719 millones, aumentasen un 1,4% con respecto al promedio histórico. Además, los ingresos de peajes de generadores resultaron 2,8 millones superiores a los previstos, lo que supone un incremento del 3%, mientras que los ingresos registrados han resultado un 34,7% superiores a los previstos.

En el ámbito de los costes regulados, han sido 436 millones inferiores a los previstos, debido a menores costes de los pagos por capacidad, de 256 millones, y a la retribución específica de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos. En este sentido, la CNMC liquidó un total de 63.686 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta hasta octubre ascendió a 5.617 millones de euros, antes de impuestos. Una vez descontadas las cantidades ya abonadas, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 520 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sistema gasista, el total de ingresos declarados por las empresas gasistas por facturación de peajes, cánones y tarifas ascendió a 2.103 millones de euros, prácticamente igual que en el mismo periodo del 2014. Los costes liquidables han sido de 30 millones de euros, lo que representa un descenso del 70%. En consecuencia, se obtienen unos ingresos netos liquidables de 2.046 millones de euros, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La desviación de la retribución total acreditada para el periodo de liquidación frente a los ingresos netos liquidables del sistema es de 283 millones de euros en términos de caja, un 63% inferior al de 2014. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 88% de la retribución acreditada. La demanda de gas en los diez primeros meses de 2015, hasta octubre, asciende a 239.365 gigavatios hora (GWh), lo que representa un aumento del 2,5% respecto al 2014. El número de consumidores declarado por las empresas ha ascendido a 7,5 millones, con un aumento anual de 58.694 consumidores.

20 claves energéticas del PP para el 20-D: Continuismo desde la reforma

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El partido en el Gobierno presume de su gestión durante esta legislatura con la reforma en materia energética: se atribuye haber acabado con el déficit de tarifa del sector eléctrico, soslayando el impacto causado sobre consumidores, empresas y seguridad jurídica, así como subraya su impulso de la competencia en los carburantes. Siguiendo el mantra del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de que «la energía más barata es la que no se consume«, la eficiencia energética parece cobrar protagonismo en su programa electoral junto a las renovables, una vez superada la moratoria que decretaron nada más llegar al Gobierno.

Así afronta el programa del PP para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: El PP propone programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado exterior municipal, de agua y desalación ya que «estas áreas permiten fuertes ahorros energéticos que redundan en ahorros para los sectores productivos y para las administraciones públicas».

ATC: Se compromete a culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Autoconsumo: No hay ninguna referencia al autoconsumo en el programa electoral del PP, pero se puede encuadrar en el decreto de autoconsumo energético aprobado en octubre por el Gobierno, que hace pagar con peajes los costes fijos al autoconsumidor que permanece enganchado al sistema eléctrico.

Bono social: No concreta más pero el PP anuncia que reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. También habla de poner en marcha fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

Carburantes: Tras las medidas aprobadas en la legislatura, el PP quiere «profundizar en la vigilancia de los precios» en el mercado de carburantes y habla de fomentar la competencia favoreciendo la implantación de gasolineras independientes.

Centrales nucleares: Sin concretar si se extenderá que las centrales nucleares puedan funcionar más allá de los 40 años, como por ejemplo Garoña, que solicitó licencia hasta 2031, el PP promete «mantener las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad».

Cogeneración: Se anuncia un plan renove para aumentar su eficiencia.

Consumidor: El programa apunta a «situar al consumidor como protagonista del mercado energético». Para ello culminará el despliegue de contadores inteligentes para 2018 a la par que impulsa medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real para que pueda gestionar mejor su energía. El PP también pretende «aumentar la capacidad de elección y decisión del consumidor, mejorando la comparación y comprensión de las diferentes ofertas del mercado».

Deuda eléctrica: Relacionado con el consumidor, el PP se compromete a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno. Además, «garantiza» que no se volverán a generar déficits en el sector energético y se compromete a que los potenciales superávits que se generen en el sistema se destinarán a reducir la factura del consumidor, siendo esto contradictorio con el planteamiento de congelar la parte regulada del recibo.

Eficiencia energética: A través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de otros mecanismos, compromete invertir 1.800 millones de euros en los próximos 4 años y realizar acciones que permitirán cumplir con los objetivos de ahorro energético a 2020, lo que supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año. La rehabilitación de viviendas será una de las claves. También impulsarán programas específicos de eficiencia energética para los servicios públicos y edificios de la Administración.

Fiscalidad: No concreta cifras, pero se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, lo que afecta al impuesto del 7% que introdujo el Gobierno al comenzar la legislatura.

Fracking: La palabra fracking no aparece recogida en el programa pero el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han argumentado que, con las medidas puestas en marcha durante esta legislatura, no podrá ponerse en marcha ningún proyecto de este tipo sin la correspondiente declaración de impacto ambiental. También se han mostrado partidarios de explorar todos los recursos energéticos que pueda haber en España dada la dependencia energética del exterior.

Impulso a las renovables: El PP se compromete a introducir «progresivamente» nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Incluso concreta un impulso a la incorporación de energías renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como con la incorporación progresiva de la geotermia.

Mercados energéticos: El programa del PP habla de «mejorar la eficiencia y el grado de competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo».

Minería del carbón: Pretende un marco adecuado para que la minería energética competitiva «sea un sector de futuro», cumpliendo con la normativa comunitaria, que impedirá dar ayudas públicas al sector a partir de 2018. En este sentido, «garantiza» un marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

Mix energético: El PP dice que potenciará la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en los archipiélagos, «donde su coste es menor que las tecnologías convencionales».

Movilidad: El compromiso es mejorar la sostenibilidad en el transporte mediante una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas. Tal y como ha fijado en Consejo de Ministros, también se irán incrementando gradualmente el uso de los biocarburantes para cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea.

Respaldo térmico: No hay mención alguna al futuro de las centrales térmicas de carbón ni de ciclo combinado de gas. Por un lado las centrales de carbón tienen que acometer una serie de inversiones para modernizarse si quieren continuar funcionando, mientras que los ciclos combinados de gas aspiran a que el aumento de la demanda sirva para aumentar su funcionamiento, por lo que el Ministerio de Industria descartó en octubre que vaya a haber hibernaciones.

Seguridad jurídica: En una legislatura marcada por la judicialización del sector, con innumerables causas ante el Supremo e incluso una escalada sin precedentes de los arbitrajes internacionales, el programa del PP no hace referencia a la seguridad jurídica en el ámbito energético. En noviembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió nuevamente a los inversores en renovables que las garantías regulatorias son «limitadas».

Unión Europea: En continuidad a la labor desarrollada durante esta legislatura, un Gobierno del PP impulsará las interconexiones eléctricas con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Igualmente hará con las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.

Industria dice que el «éxito» de su reforma permite el superávit eléctrico y futuras bajadas de luz

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo considera que el superávit de tarifa del sistema eléctrico en 2014 notificado este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirma el «éxito» de la reforma energética del Gobierno y permitirá que la luz baje progresivamente en el futuro.

«Tras más de diez años de déficit, el sistema eléctrico ha alcanzado el superávit, confirmando así el éxito de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura», señala Industria en una nota de prensa.

El departamento dirigido por José Manuel Soria sale de esta forma al paso de la publicación este viernes del resultado de la liquidación definitiva del sistema eléctrico correspondiente al ejercicio 2014 elaborada por la CNMC, según la cual el ejercicio se cerró con un superávit de 550 millones de euros.

El déficit de tarifa, señala, «ha sido eliminado de manera definitiva, tras más de 10 años de continuos déficits, que habían llevado al sistema al borde de la quiebra».

«La reforma del sistema eléctrico llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura», continúa, «ha logrado la estabilidad financiera del sistema, eliminando el déficit del sistema eléctrico e introduciendo mecanismos para impedir que se vuelvan a generar desequilibrios en el futuro».

Una vez equilibrados los ingresos y costes del sistema, Industria asegura que la factura eléctrica «irá descendiendo progresivamente a medida que se vaya amortizando la deuda del pasado, lo que permitirá mejorar la competitividad de las empresas y los consumidores, facilitando la creación de empleo».