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156 distribuidoras de electricidad todavía no reemplazaron el 35% de sus contadores y serán investigadas por no cumplir los plazos

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Redacción / Agencias.- 156 distribuidoras no cumplieron a finales de 2015 el objetivo fijado para 2014 de sustituir el 35% de su parque de contadores analógicos por telegestionados, los conocidos como inteligentes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, Competencia señala que existen distribuidoras de electricidad que, disponiendo de contadores inteligentes, emiten un porcentaje muy reducido de facturas basadas en curvas de consumo horario, o que no han puesto a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario.

El organismo presidido por José María Marín Quemada ha anunciado que abrirá actuaciones previas para analizar los casos en los que se incumplen los plazos de sustitución de los contadores y en los que han instalado más de 1.000 inteligentes y no han emitido curvas de consumo horario. En global, el número total de contadores inteligentes a cierre del pasado año ascendía a 14,49 millones, lo que supone que el 51% de los contadores analógicos ya ha sido sustituido en España. Un dato que no es óbice para que haya esas 156 distribuidoras de electricidad que no están cumpliendo los plazos para reemplazar sus contadores.

Contadores inteligentes, integrados y telegestionados

Según el informe de seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida correspondiente al segundo semestre de 2015, al 90% de los consumidores con este tipo de contador se le facturó utilizando sus curvas de consumo horario. De estas medidas horarias, un 91,6% correspondieron a medidas reales. Los contadores telegestionados son equipos capaces de medir de forma remota el consumo horario de energía eléctrica de los usuarios.

La normativa vigente establece que las distribuidoras deben realizar la sustitución de los contadores analógicos y posteriormente integrarlos en sus sistemas de telemedida y telegestión para poder realizar las lecturas horarias de forma remota de aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW. Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, se estableció un cambio gradual. Así, a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.

Iglesias pide recuperar la movilización social en un acto contra la pobreza energética porque «los derechos se conquistan luchando»

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Servimedia / EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió recuperar la movilización social en las calles y plazas de la que nació la formación, porque «los derechos se conquistan luchando» y “aún no hay fuerza institucional suficiente para defender desde las instituciones a las capas sociales más humildes”. Iglesias participó en una concentración contra la pobreza energética en la que presentó ‘Vamos!’, un movimiento con el que Podemos pretende recuperar la movilización como fuerza de empuje político.

Iglesias aseguró que la formación morada no se va a «atrincherar» en el Parlamento. Indicó, en ese sentido, que los diputados de Podemos no tienen fuerza suficiente para “combatir la corrupción en las grandes energéticas que compran a ex presidentes del Gobierno sentándolos en sus consejos de administración”, y apostó por ello por «desbordar» las calles. Pidió expresamente que Podemos se nutra de activistas que se dejen la piel en los barrios. Los parlamentos «no regalan nada», dijo, «los derechos se conquistan luchando y es en la calle donde hay que defender a los 5 millones de personas que no van a podar calentarse el próximo invierno”, sentenció Pablo Iglesias.

Por su parte, Podemos Santander denunció la pobreza energética a través de una performance que recreó el salón de un hogar con sus propietarios vestidos con ropa de abrigo, representando así la «trágica situación» que cada vez más españoles sufren. La formación política lamentó con esta iniciativa la carestía y el frío que están pasando muchas personas en sus hogares por no tener dinero suficiente para pagar la factura de la luz. Además, Podemos criticó “la complicidad» que, a su juicio, «los pasados gobiernos y el bipartidismo han tenido y tienen con las empresas energéticas».

La bajada de temperaturas aumenta la demanda eléctrica hasta los 33.447 megavatios

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Servimedia.- La bajada de temperaturas ha elevado la demanda eléctrica a nivel nacional hasta un pico de 33.447 Megavatios (MW), lo que supone «un valor casi invernal», según la compañía Unieléctrica, que señaló que tras un agosto donde la temperatura media en España estuvo entre 1,5 y 3,5 grados centígrados por encima de lo normal y un mes de septiembre con valores proporcionalmente incluso más altos, el desplome de la temperatura registrado elevó la demanda eléctrica «a niveles invernales».

Por ejemplo, Madrid pasó de 28,1 grados centígrados a los 15,1 de máxima el miércoles, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Red Eléctrica de España (REE). Ante estas circunstancias, con un otoño que se ha «echado encima», los expertos consultados por Unieléctrica dan una serie de consejos para disminuir el consumo en los hogares. El primero sería ajustar la potencia contratada a las necesidades reales. «Más vale alguna vez tener que volver a conectar el interruptor general, como popularmente se le conoce, porque haya saltado tras superarse la potencia contratada, que estar pagando hasta un 25% más de la factura por una potencia que rarísimamente se usará alguna vez», apuntan.

Además, recomiendan, si el horario de la familia se ajusta a ello, aprovechar las tarifas con discriminación horaria. Los expertos también aconsejan sustituir las bombillas incandescentes por otros puntos de luz de bajo consumo, así como instalar y utilizar termostatos, vigilar el aislamiento de puertas y ventanas, así como revisar el sistema de calefacción y calcular si sale a cuenta otros sistemas, mecanismos y aparatos calefactores. Por último, recordaron que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) insiste periódicamente en la conveniencia de adaptarse a las necesidades reales de consumo para ahorrar dinero.

La apuesta por las energías renovables empieza a salir cara a los consumidores alemanes al dispararse un 8% la subvención

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EFE.– El abandono de la energía nuclear y el auge de la electricidad procedente de fuentes renovables le sale caro a los consumidores y empresas en Alemania, que son los que financian mayoritariamente el uso de energías limpias. La subvención para fomentar la electricidad de fuentes renovables en Alemania subirá en 2017 algo más de un 8%, hasta 6,88 céntimos por kilovatio hora (6,35 céntimos actuales), según indicaron los cuatro operadores de las redes de transmisión: 50Hertz, Amprion, Tennet y TransnetBW.

Se trata de un aumento en la subvención que se paga con la factura de la electricidad y con la que se financia en gran parte el cambio de modelo energético. Para un hogar medio con un consumo anual de 3.500 kilovatios hora, los costes de la subvención a las renovables pueden incrementarse en unos 22 euros, hasta 286 euros anuales, incluido el IVA. Esta contribución, que se introdujo en 2000, financia el crecimiento del uso de las energías renovables y desde su introducción ha aumentado anualmente, excepto en 2015 que se produjo una caída.

El presidente de la Asociación Federal de Industrias Alemanas (BDI por sus siglas alemanas), Ulrich Grillo, calificó la subida de los costes para fomentar la generación de electricidad de fuentes renovables de señal de alarma porque este año «crecen casi cuatro veces y media más que la economía». Asimismo Grillo hizo hincapié en que los costes de la energía se van a convertir en un problema importante para las empresas en Alemania. Desde hace tiempo muchas empresas en Alemania se quejan de que los costes de la energía son demasiado altos en comparación con los que pagan las empresas en otros países como Estados Unidos.

Piden reformar retribución a renovables

Las asociaciones de consumidores y las asociaciones mercantiles de Alemania (VZBV y HDE) piden que se alivie las cargas a los hogares y las empresas en la financiación de la electricidad de fuentes renovables. Consideran que esta contribución a las renovables, que cuesta a los hogares y a las empresas anualmente más de 10.000 millones de euros, debería reformarse. El presidente de la Federación de asociaciones de consumidores, Klaus Müller, considera que los minoristas y los hogares pagan «una parte desproporcionadamente elevada de los costes del cambio de modelo energético» porque cargan con casi la mitad de la contribución pero sólo son responsables de un tercio del consumo de electricidad.

Esta contribución (EEG-Umlage) es la diferencia entre el precio que las compañías generadoras de electricidad reciben por su electricidad y los precios garantizados de la electricidad de fuentes renovables: eólica, solar, hidráulica y de biomasa. Las cuatro compañías operadoras de las redes de transmisión compran la electricidad de fuentes renovables a las generadoras y la venden a precio de mercado. Por ello, cuánto más bajo sea el precio mayorista de la electricidad, más elevada es la subvención, como este año que cayeron mucho los precios mayoristas de la electricidad. La ley de energías renovables (EEG), que entró en vigor en el año 2000, garantiza a los productores la compra de electricidad de fuentes renovables a precios fijos durante 20 años.

Los costes del cambio del modelo energético en Alemania se han cuantificado en 520.000 millones de euros entre los años 2000 y 2025, según cifras de algunos expertos, que han sido criticadas por el sector de renovables. Entre los años 2000 y 2016, se pagaron unos 150.000 millones de euros, quedando otros 370.000 millones de euros hasta el 2025. El sector de renovables se defiende y dice que en los cálculos no se incluyen las ganancias y que se equipara las inversiones en los costes.

El diario Handelsblatt recordaba recientemente que Jürgen Trittin, que fue ministro de Medioambiente entre 1998 y 2005 en un gobierno de coalición rojiverde, prometió que los costes de promoción de las renovables costarían a un hogar medio mensualmente lo mismo que una bola de helado. Lo cierto es que algunos expertos calculan que un hogar de cuatro personas pagará hasta el año 2025 más de 25.000 euros por el cambio de modelo energético y el abandono de la energía nuclear.

La Eurocámara apoya el «mecanismo de solidaridad gasística» entre países de la Unión Europea en casos de una emergencia energética

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo respaldó la propuesta de la Comisión Europea para poner en marcha un «mecanismo de solidaridad regional» que permita a un país de la Unión Europea que se encuentre en situación de emergencia energética pedir ayuda a otros socios comunitarios para satisfacer sus necesidades de gas natural a través de «corredores de abastecimiento».

La resolución fue aprobada por la comisión de Energía con 55 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. El borrador legislativo permitiría a los Estados miembros reclamar ayuda para suministrar gas en casos en los que la seguridad y la salud de los «consumidores protegidos» esté en riesgo y las deficiencias no puedan sortearse con los planes de emergencia regionales. Así, el proyecto contempla la creación de 7 «regiones de cooperación» conectadas por «corredores de abastecimiento» de gas comunitarios con el objetivo de mitigar los efectos de posibles cortes en el suministro. Dentro de esas 7 regiones, España se integraría en el denominado grupo Norte-Sur de Europa occidental, formado además por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.

Este mecanismo de solidaridad deberá ahora ser negociado con el Consejo, es decir, los países, de forma que los Estados podrán recibir gas de otros países comunitarios para «proteger a los consumidores» en caso de riesgo de penuria energética que no pueda ser solventado con planes de contingencia nacional. «La solidaridad no es un eslogan vacío: es una obligación, consagrado ahora en una ley. No podemos confiar en la buena disposición y los esquemas voluntarios si se corta el suministro de gas de un Estado miembro», resumió el presidente de la comisión europarlamentaria, Jerzy Buzek.

Los eurodiputados subrayaron no obstante que el «mecanismo de solidaridad» debe ser un «último recurso» y debe incluir una compensación adecuada para reducir las consecuencias que pueda acarrear en los mercados. Además, la comisión de Energía ha introducido cambios en la propuesta para garantizar que los suministros de gas a hogares y servicios esenciales en un Estado miembro que ha pedido medidas de solidaridad sean los primeros en ser satisfechos antes que los de cualquier otra categoría de consumidores. La Comisión Europea presentó en febrero una serie de medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas en la Unión Europea y reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia.

Si bien la Comisión Europea subrayó cuando presentó su propuesta que no señalaba directamente a Moscú, algunas de sus medidas apuntan directamente a Rusia o a su consorcio gasístico Gazprom. El proyecto de la Comisión Europea emana de las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas, y de las pruebas de resistencia realizadas en 2014. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló entonces que los países de la Unión Europea son aún «demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro de gas».

Por otro lado, la misma comisión parlamentaria aprobó también que los Estados miembros estén obligados a comunicar a Bruselas y a las autoridades pertinentes las negociaciones de suministro energético que entablen con terceros países fuera de la Unión así como los detalles de los contratos de suministro energético de más de un año, incluyendo el precio de gas, con el objetivo de asegurar que cumplen las normas y tener una imagen más amplia del mercado energético comunitario. En relación a esto la Comisión, si considera que los términos de un contrato de suministro pueden perjudicar el aprovisionamiento ininterrumpido de gas en la Unión Europea, podría iniciar procedimientos bajo la legislación comunitaria en materia de competencia.

Estos términos incluyen la «construcción o gestión de la infraestructura energética conectada con al menos un Estado miembro de la Unión Europea», lo que no debería restringir la libertad de los países comunitarios para negociar pero afectaría a proyectos como el de Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto a Alemania y que genera reticencias entre los Veintiocho. El espíritu del legislador es que la Comisión Europea desempeñe un papel de «consejera» de las capitales para garantizar que se respeta la legislación comunitaria.

Más del 80% de los conductores toma medidas para ahorrar en combustible, según Rastreator

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Europa Press.- El 81,3% de los conductores asegura que toma medidas para ahorrar en combustible. Así se desprende de un análisis elaborado por Rastreator en el que se refleja cuáles son las medidas que los consumidores han llevado a cabo para ahorrar en gasolina durante el último año.

Esta cifra supone un incremento del 3,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Buscar gasolineras más económicas es la acción más común llevada a cabo por los usuarios como medida para ahorrar. En concreto, un 52,7% de los conductores afirma que busca repostar carburante donde más baratos estén.

Por su parte, un 27,1% de los conductores asegura que realiza menos kilómetros con el objetivo de ahorrar gasolina, y un 24,3% de los encuestados circula más despacio como medida de ahorro.

Utilizar el transporte público en lugar del coche (22,9%), poner menos aire acondicinado (15,3%), dejar de hacer expresamente un viaje (11,8%) o cambiar a un coche más eficiente o de menor consumo (5,2%) son otras de las acciones llevadas a cabo.

Según los datos del estudio, el perfil de conductor más ahorrador corresponde a un varón de entre 45 y 55 años. El 84,2% de los hombres toma medidas de ahorro frente al 78,4% de las mujeres.

Por su parte, aunque no hay grandes diferencias por edades en las preferencias por unas medidas u otras (la favorita para todos es buscar gasolineras baratas), sí se observa que los jóvenes de 18 a 24 años se decantan en mayor medida por utilizar el transporte público y poner menos el aire a condicionado, mientras que los conductores mayores de 55 años prefieren hacer menos kilómetros o cambiar los neumáticos más a menudo, tal y como se refleja en el análisis de Rastreator.

Según datos del INE, el transporte es la tercera partida que mayor gasto supone a los hogares españoles, sólo por detrás de la vivienda y la energía, y los alimentos y bebidas. Concretamente, en 2015 los hogares gastaron de media 3.158 euros en transportes, el 11,5% del total de presupuesto.

El Supremo anula parcialmente una orden de peajes de 2013 recurrida por Iberdrola al no incluir los suplementos territoriales

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo anuló parte de la revisión de los peajes de electricidad en agosto de 2013, en la que se revisaban las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo semestre de 2013, al considerar que, como ya había ocurrido en enero de 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no incluyó entre los costes del sistema los distintos suplementos territoriales aplicados por las autonomías.

Estos suplementos, cuyo importe anual ronda los 200 millones de euros, tienen como objetivo que los consumidores de las comunidades autónomas donde se aplican tributos específicos a la actividad eléctrica sufraguen estos costes, sin que la obligación recaiga sobre el conjunto de los españoles. La ausencia de estos sobrecostes, fruto de tributos como los aplicados a la energía eólica en algunas comunidades autónomas, ya fueron denunciados por Gas Natural Fenosa a propósito de los peajes de enero de 2013, a lo que el Supremo respondió con una sentencia en la que también daba la razón a la empresa. Ahora Iberdrola cuestionaba la legalidad de esta ausencia ya que “carecía de justificación” y obedecía a un ejercicio de «puro voluntarismo político».

Así, en una sentencia fechada a finales de septiembre, el Supremo da la razón en este aspecto a Iberdrola en lo referido a los peajes de agosto de 2013 y anula el artículo 1 y el Anexo I de la orden ministerial de Industria 1491/2013. Esta orden vino acompañada de un real decreto ley urgente en la que se adelantaban las principales medidas de la reforma eléctrica. La nueva regulación establece que Industria debe incluir en los peajes de acceso el suplemento territorial en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas, cuyos consumidores cubrirán «la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo».

Tras recordar la normativa, el Tribunal Supremo aprecia en la actitud de Industria una «vulneración de las normas de rango legal que obligaban a la Administración a incorporar una determinada partida en la orden de peajes como ingreso a favor de las empresas que, llevando a cabo actividades, o siendo titulares de instalaciones, destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas con tributos o recargos propios de las comunidades autónomas». Industria no puede eludir su obligación «amparándose en la falta de un desarrollo reglamentario» de la norma, señala el Supremo, antes de indicar que la obligación de recoger los suplementos aparece en el real decreto ley 20/2012.

La sentencia también alude a la «cierta desafección» detectada en el escrito de contestación a la demanda presentado por el Abogado del Estado, cuyo planteamiento «no es compatible con el tenor de los preceptos legales reguladores del sector eléctrico». «El Abogado del Estado ni siquiera llega a identificar con precisión qué pronunciamiento hubiera sido manifiestamente omitido» y «no suscitó, ni siquiera a título subsidiario, ninguna de las cuestiones que ahora trata, inadecuadamente, de hacer valer ante el fallo parcialmente estimatorio».

El fallo da la razón a Iberdrola en lo referido a los suplementos territoriales, pero no acepta otras de sus pretensiones, entre ellas la de declarar nula la retribución recogida para la actividad de distribución tanto en la primera parte de 2013 como en la segunda. El tribunal tampoco acepta la pretensión de la empresa de declarar la ilegalidad del tipo de interés provisional recogido en la orden ministerial para los derechos de cobro del desajuste temporal de las liquidaciones del sistema eléctrico del ejercicio 2012, situado en el 2%.

Con esta última decisión, el Supremo vuelve a fallar a favor de las empresas energéticas después de que el pasado marzo tumbara parte de la orden IET/2442/2013 de peajes, que establecía las retribuciones para las actividades de transporte y distribución de energía para la segunda mitad de 2013. En aquella ocasión, el Alto Tribunal anuló el artículo 3 en lo que respecta a la retribución que establecía para Endesa Distribución en la actividad de transporte de electricidad de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, y para instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 2008.

El CERMI pide extender el bono social eléctrico a los hogares con discapacidad

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Europa Press/Servimedia.-El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido  al Gobierno que extienda la aplicación del bono social energético a los hogares en que residen personas con discapacidad, como «consumidores vulnerables».

Así lo ha manifestado la directora ejecutiva de la asociación, Pilar Villarino, que ha hecho hincapié en el mayor riesgo de pobreza energética del colectivo, en un marco en el que «el 11% de la población reconoce no poder mantener su hogar a una temperatura ambiente adecuada por falta de recursos económicos».

Esta mayor probabilidad de sufrir pobreza y, más concretamente, pobreza energética, se debe, según ha indicado, al «sobrecoste» que supone para las familias la discapacidad de alguno de sus miembros, así como la mayor permanencia en el hogar de las personas con discapacidad, lo que incrementa su consumo de energía.

Además, ha indicado que este riesgo se agrava en el caso de las mujeres que sufren discapacidad, cuya salud y autonomía personal «se ve más afectada» en caso de encontrarse en situación de pobreza energética.

Para revertir esta situación, la directora ejecutiva de la plataforma representativa de la discapacidad en España abogó por que se realicen estudios sobre pobreza energética en los que tanto la variable de género como la de discapacidad sean tenidas en cuenta y se ofrezcan datos desagregados, así como por implementar políticas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a la energía que necesiten en su hogar.

Villarino ha participado en una mesa redonda titulada ‘El binomio pobreza energética y discapacidad’ en el marco del programa ‘Hablamos de Europa’ impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en el que también han participado la eurodiputada de Izquierda Unida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Parlamento Europeo Paloma López Bermejo y la esponsable del Área de Consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), Carmen Redondo.

La bombona de butano sube un 4%, hasta 11,72 euros, y Facua denuncia que con Rajoy ha subido un 22%

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Redacción / Agencias.- La bombona de butano es un 22% más cara durante el Gobierno de Mariano Rajoy que en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, al pasar de 12,86 euros a 15,67 euros de media, según un análisis realizado por Facua, que reclama otros instrumentos de cálculo que eviten precios excesivos. Así se expresó la organización de consumidores después de que el precio máximo de la bombona de butano, con impuestos incluidos, experimentará una subida del 4%, hasta 11,72 euros.

Eso sí, el Ministerio de Industria destacó que la bombona se encuentra muy por debajo de los niveles registrados hasta marzo de 2015, ya que la revisión para los dos próximos meses supone una subida de 0,45 euros por bombona, pero deja el precio del butano un 33% por debajo del máximo de 17,5 euros marcado hasta el primer trimestre del año pasado. En la resolución que publica el BOE, el precio máximo de venta de la materia prima se sitúa en 0,76 euros/kilo. El nuevo precio de 11,72 euros estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando se revisará nuevamente.

En todo caso, las variaciones que se produzcan como consecuencia de esta fórmula están limitadas dentro de una banda al alza o a la baja del 5% sobre el precio del bimestre anterior. La subida del butano se producirá tras un descenso del 5% en la anterior revisión de julio, que se produjo tras dos bajadas bimestrales en marzo y mayo de la misma envergadura. En enero, subió un 3%. Las bajadas de las revisiones anteriores fueron provocadas por el menor coste de la materia prima y por los superávit del sistema. Las fuentes del sector consultadas indican que la materia prima se ha encarecido ahora y que el superávit ha quedado ya plenamente absorbido.

Las revisiones del butano afectan a cerca de 8 millones de consumidores y se realizan en función de variables como las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio, el flete (transporte) y los costes de las materias primas. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, consistentes en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos cuya tara sea superior a 9 kilogramos.

22% más cara con Rajoy

La organización de consumidores Facua denuncia que la bombona de butano es un 22% más cara durante el Gobierno de Mariano Rajoy que en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, al pasar de 12,86 euros a 15,67 euros de media. Además, recuerdan que el máximo histórico, 17,50 euros, se produjo durante casi la mitad de la décima legislatura.

Según Facua, durante los 1.735 días que han transcurrido desde la investidura de Rajoy, los precios máximos de la bombona de butano han cambiado 16 veces (dos de ellas por la introducción del impuesto de hidrocarburos y la subida del IVA del 18 al 21%). Prorrateados en función del número de días que han estado en vigor, el precio medio durante el Gobierno del PP ha sido de 15,67 euros.

En el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los precios máximos cambiaron en 13 ocasiones (uno de ellos por la subida del IVA del 16 al 18%). El análisis de Facua revela que el precio medio fue de 12,86 euros, un 19,1% más caro que durante la anterior legislatura del presidente socialista, en la que cambiaron 12 veces los precios máximos y la media fue entonces de 10,80 euros.

Según Facua, el máximo histórico de la bombona de butano con el Gobierno popular han sido los 17,50 euros que tuvieron que pagar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (672 días). El precio más alto que tuvo la bombona, según la organización de consumidores, durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero fue de 15,19 euros vigente desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

Facua reclama a Andalucía que inste a Endesa a devolver lo cobrado a los usuarios desde 2011 por los contadores

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EFE.- Facua reclama a la Junta de Andalucía que inste a Endesa a devolver a los usuarios lo cobrado de más con el “fraude” de los contadores durante seis años mediante el cobro de tarifas “ilegales” por el alquiler de contadores digitales no integrados mediante telegestión. Las eléctricas comenzaron a instalar sus nuevos contadores en 2011, por lo que la cantidad defraudada por Endesa «multiplica varias veces el importe de la reducida multa impuesta por la Junta de Andalucía», apuntó Facua.

La Junta impuso a Endesa una multa de 400.000 euros y el comiso de 1,39 millones de beneficio ilícito obtenido en 2014 por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados. Tras recordar que esta sanción se deriva de una denuncia interpuesta por Facua, la organización ha considerado «inaceptable» que «sólo plantee el comiso de 1,39 millones cobrados ilegalmente en 2014 ya que el fraude viene produciéndose desde 2011».

Los más de 350.000 usuarios que, según la Junta, han sufrido estas prácticas, han pagado 3,92 euros de más cada año. Por tanto, la cantidad que debería devolverse varía en cada usuario, ya que depende de la fecha en que le instalaron el contador y los meses que hayan transcurrido hasta su integración en la telegestión, momento en el que la tarifa facturada dejaría de ser ilegal, ha informado Facua. La federación recuerda que la Junta cuenta con estos datos, ya que Endesa está obligada legalmente a facilitar a la Dirección General de Industria información sobre el plan de instalación de contadores y su integración en el sistema de telegestión

Además, Facua se queja de que, pese a ser la denunciante ante la Administración, lleva un año sin recibir información sobre el expediente sancionador. Advierte de que «la falta de transparencia de la autoridad de consumo andaluza ha impedido que la federación pudiese presentar alegaciones ante las decisiones adoptadas durante la instrucción del expediente, algo que sólo permitió a Endesa».